Más de 40 mil personas se concentraron frente a la sede del Parlamento, en Wellington, el martes 19, para rechazar un proyecto de ley que busca reinterpretar el tratado de Waitangi, de 1840, en perjuicio de los maoríes, la población aborigen de Nueva Zelanda que conforma casi el 20% de la población local. Miles habían partido, desde nueve días antes, hacia la capital desde los puntos más remotos del archipiélago, y mucha gente se sumó en apoyo al reclamo.
El proyecto de ley fue presentado por el legislador David Seymour, del ACT (Asociación de Consumidores y Contribuyentes), una formación de derecha que integra la coalición de gobierno, junto al Partido Nacional y Nueva Zelanda Primero. Seymour aduce que el tratado, por el cual las tribus maoríes aceptaron las autoridades coloniales británicas, a cambio de protección y el respeto de sus tierras y recursos, configura un privilegio para estos sectores, y que las prerrogativas deberían extenderse al conjunto de los neozelandeses. Una curiosa manera de plantear el problema, ya que la realidad es exactamente la opuesta: los maoríes no son privilegiados sino víctimas de discriminación, y padecen niveles de pobreza y encarcelamientos más altos que el promedio.
Durante su primera consideración en el parlamento, el jueves 14, una diputada del Te Pati Maorí (partido maorí que obtuvo un 3% de los votos en las últimas elecciones) rompió una copia del proyecto y encabezó un haka, la impactante danza maorí popularmente conocida a nivel mundial porque la practican los All Blacks antes de sus presentaciones. A raíz de ello, fue sancionada.
La reinterpretación del tratado es la cabeza de playa de una avanzada contra los derechos de los pueblos aborígenes por parte del gobierno. Si bien el primer ministro Christopher Luxon, del Partido Nacional, dice estar en contra del texto presentado por Seymour, habilitó su tratamiento parlamentario, y su gobierno se propone terminar con las políticas “basadas en la raza”, una manera pérfida de referirse a los derechos de los maoríes.
El ataque se integra a una agenda de ajuste y entrega de recursos naturales para favorecer a grandes grupos capitalistas. Desde su llegada al poder, Luxon impulsó políticas de recorte del gasto público, redujo impuestos al gran capital (los verdaderos privilegiados) y, con el propósito de seducir inversiones extranjeras, posibilitó que proyectos mineros e inmobiliarios puedan evadir las normas de evaluación ambiental. En esta misma línea, se prepara para rehabilitar este semestre la exploración petrolera y gasífera off-shore.
Las autoridades británicas usaron del tratado de Waitangi lo que les convenía y pisotearon lo demás. Durante la colonización de Nueva Zelanda, hubo una confiscación masiva de tierras de los maoríes. En la década de 1970, se produjo una ola de movilizaciones indígenas por la reparación de los atropellos de la colonización. Hoy, el movimiento indígena se reactiva.
La derecha arribó al poder tras las elecciones del 2023, que marcaron un fuerte retroceso del Partido Laborista. A comienzos de ese año, había renunciado a su cargo la primer ministro Jacinda Andern, de esa formación política, cuyo segundo mandato se vio marcado por un salto de la inflación (hasta el 7% anual) que golpeó el poder adquisitivo de los trabajadores. Andern, más allá de cultivar una imagen progresista, se alineó estrechamente con Estados Unidos y la Unión Europea en el apoyo de Ucrania, proporcionando armas y entrenamiento a sus tropas. Es el mismo camino que continúa hoy el gobierno de Luxon.
Las imágenes de los maoríes ganando masivamente las calles de la capital con sus banderas y vestidos tradicionales ha sido una respuesta acorde a la provocación de la derecha. La pregunta que queda flotando es si la estrategia de polarización con los indígenas pergeñada por el ACT (que algunos medios definen como los “libertarios” neozelandeses) no puede terminar siendo un tiro por la culata.
Gustavo Montenegro
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