domingo, 28 de febrero de 2021

Los “aprietes” internacionales de Pfizer y su incumplimiento de contratos


Luego del acaparamiento de vacunas por parte de un puñado de países imperialistas, una nueva denuncia devela las apretadas de Pfizer a numerosos estados de la periferia: “La compañía farmacéutica Pfizer, con sede en Estados Unidos, está exigiendo un rescate a los países, interfiriendo con su legislación e incluso exigiendo bases militares como garantía” (Inventia, 26/2 y Wionews, 25/2).
 Esto fue calificado como un acto “terrorista” por parte de la farmacéutica norteamericana (ídem). 
 Las compañías farmacéuticas fueron financiadas por diferentes Gobiernos y organismos internacionales y por subas espectaculares de sus acciones. Utilizaron “su poder para lucrar y se aprovechan tanto de un hecho desafortunado que recurren incluso al acoso” (ídem). 
 Pfizer “parece haber olvidado la necesidad del momento y, en cambio, ha recurrido a tácticas baratas para ganar cuota de mercado y aumentar sus ventas”, en referencia al uso de la piratería y la extorsión. El socio alemán de Pfizer, BioNtech, recibió 445 millones de dólares del gobierno de Alemania; EEUU le pagó 2 mil millones de dólares en julio de 2020. 
 “Pfizer se encuentra en una ola de extorsión de países pobres en nombre de la vacuna Covid-19” (inventia, 26/2). Pfizer tiene acuerdos comerciales con muchos países latinoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uruguay. “Esto hace que uno se pregunte (...) a qué tuvieron que renunciar: ¿bases militares, activos soberanos?”. 

 Negocios y acaparamiento 

Pfizer está buscando ganar $ 15 mil millones con las ventas de vacunas este año. Está en conversaciones con 100 países y organizaciones de todo el mundo. El 22 de enero de 2021, Pfizer firmó un acuerdo con Covax, la alianza global de vacunas, comprometió 40 millones de dosis a países pobres este año, mientras que anunció que enviará en breve 300 millones de vacunas sólo a EEUU (para julio) y que tiene pensado producir 2.000 millones más. La compañía publicó un comunicado de prensa del presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla: “En Pfizer, creemos que cada persona merece ser vista, escuchada y cuidada, es por eso que desde el comienzo de nuestro programa de desarrollo de vacunas, Pfizer y BioNtech, se ha comprometido firmemente a trabajar por el acceso equitativo y asequible de las vacunas covid -19 para personas de todo el mundo”, una total y completa mentira.
 El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, advirtió sobre el acaparamiento, ante un anuncio del G-7 de donar 7.500 millones dólares al fondo COVAX, “si no podemos comprar vacunas, el dinero no sirve para nada”. Según las previsiones de la OMS, se esperan 337 millones de dosis totales a distribuir entre 145 países, algo que no llegaría a vacunar ni al 20% de la población de esos países (página12, 23/2).

 Argentina y Brasil 

Argentina y Pfizer negociaron en junio de 2020 un acuerdo para proteger a la compañía en caso de demandas judiciales que inicien los usuarios. La empresa solicitó cargar los costos de cualquier resarcimiento ordenado por la justicia sobre Argentina. Es lo que aprobó el parlamento argentino en octubre de 2020. Sin embargo, Pfizer protestó porque la ley no la cubría en casos de “negligencia”. Argentina ofreció enmendar la ley, para definir la negligencia para incluirla más claramente como “distribución y entrega de vacunas por negligencia” (Wionews), o sea a la logística. Pero Pfizer no acordó. “En los Estados Unidos, la ley PREP, que es la ley de preparación pública y preparación para emergencias, otorga total inmunidad a empresas como Pfizer y Moderna. Pero esto no se aplica a la negligencia, sino a la intencionalidad” (Inventia, ídem). Cuando Pfizer vio rechazado este reclamo, exigió que Argentina contrate un “seguro internacional” para pagar posibles causas judiciales contra la empresa”. Esto sí habría sido aceptado por Alberto Fernández. Para los desmemoriados, es oportuno recordar que en 2001 el gobierno de De la Rúa sacó un seguro para la convertibilidad. Cuando el peso se vino abajo, en 2002, ni el Deustche Bank, ni el Morgan cumplimentaron el contrato. 
 “Pero aquí no es donde Pfizer terminó su acoso: en noviembre, Pfizer regresó con más demandas. Esta vez quería activos soberanos como garantía. Pfizer quería que Argentina pusiera, contenga la respiración, ¡sus reservas bancarias, su base militar y los edificios de su embajada como garantía!” (ídem). El sabotaje de Pfizer, que había hecho pruebas clínicas en el Hospital Militar, como anticipo de un contrato de vacunas, forzó las urgentes negociaciones de Argentina con Rusia. Ahora espera convertirse en productor de ella en asociación con México. 
 Brasil, el tercer país más afectado del mundo por la pandemia, también recibió aprietes. Pfizer reclamó a Brasil que creara un fondo de garantía y depositara dinero en una cuenta bancaria extranjera, “una demanda tan extraña y despiadada” (ídem). El 23 de enero de 2021, el Ministerio de Salud de Brasil emitió una declaración en la que citaba a expertos de las cláusulas previas al contrato de Pfizer: “Brasil renunciaría a la soberanía de sus activos en el exterior a favor de Pfizer, las reglas del país no se pueden aplicar a Pfizer, Brasil toma en consideración el retraso en la entrega, Pfizer no será penalizado por el retraso en la entrega, en caso de efectos secundarios, Pfizer quedará exento de toda responsabilidad civil” (ídem). Como consecuencia, Pfizer retrasó la entrega de vacunas, lo que costará miles de vidas, en Brasil donde mueren 1.400 personas por día. Bolsonaro se agarró desesperado a la vacuna Sinopharm, a pesar de haber denunciado durante meses al “virus de Wuhan”. 

 Emiliano Monge 
 28/02/2021

Documental La Ruta del Che


sábado, 27 de febrero de 2021

Biden bombardea Siria


La naturaleza del imperialismo. 

 A tan solo un mes de su llegada a la presidencia, Joe Biden ordenó su primer bombardeo en Medio Oriente, lo que ya se ha convertido en una tradición de los mandatarios yanquis (desde Ronald Reagan en adelante, todos lo han hecho). Fue en Siria, en la frontera con Irak, y estuvo dirigido pretendidamente contra milicias proiraníes que operan en el país mesopotámico. 
 El ataque, que según algunas fuentes habría causado más de veinte muertos, se hizo en franca violación de la Carta de Naciones Unidas, que no autoriza respuestas armadas contra un país que no esté involucrado en la agresión previa. Fue justificado por el gobierno yanqui como una represalia ante un ataque contra objetivos norteamericanos en Irak a mediados de mes.
 Preocupado por los retrocesos norteamericanos en materia de política exterior en los últimos años, Biden ya había confirmado al comienzo de su mandato su intención de recuperar el terreno perdido, al expresar que “Estados Unidos está de vuelta”. Credenciales no le faltan: como presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado, apoyó las invasiones de Afganistán e Irak.
 Como parte de su política exterior, Biden prepara una línea más dura contra Rusia y mantendrá la guerra comercial con Beijing y los ejercicios militares en el Mar de China Meridional, lo que ya desató roces con el gigante asiático. Al mismo tiempo, ha expresado algunos contrapuntos con Trump, por ejemplo en el propósito de retomar los acuerdos con Irán abandonados por el magnate (este bombardeo, de todos modos, es una piedra en el zapato de esa tentativa). 
 El ataque aéreo llega cuando la guerra y las sanciones económicas han agudizado las penurias de las masas en Siria. Un funcionario de la ONU asegura que el 60% de la población no tiene “acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos” (Europa Press, 26/2). También advierte sobre el desarrollo de la desnutrición infantil. La guerra en Siria ya ha dejado más de 500 mil muertos y 11 millones de desplazados y refugiados, sobre una población de 22 millones al comienzo del conflicto.
 En el complejo escenario sirio se entrecruzan los intereses del imperialismo yanqui, de Rusia y otras potencias regionales, como Turquía e Irán, que están desangrando al país. Bachar Al-Assad, que cuenta con el apoyo de rusos e iraníes, ha logrado mantenerse en el cargo. La oposición islamista quedó reducida a algunas áreas de la provincia de Idlib, donde resisten grupos ligados a Al Qaeda y otros relacionados con Turquía. El Estado Islámico, por su parte, fue derrotado a partir de la acción de una coalición internacional. 
 Uno de los objetivos norteamericanos en Siria es el control del petróleo. Bajo el gobierno de Trump, en nombre de priorizar la situación doméstica, se ordenó en octubre de 2019 el retiro de las tropas norteamericanas en el país, cuando Turquía emprendió una ofensiva contra los kurdos en la frontera norte (lo que fue leído por estos como una entrega por parte de los yanquis). Sin embargo, estas tropas se fueron reubicando después sobre los pozos petroleros.
 La orden del retiro fue aprovechada por Putin para ganar una mayor gravitación en la región. Arribó a un acuerdo con Turquía para establecer una zona de seguridad (que desplazó a los kurdos) y patrullajes conjuntos. Pero posteriormente, a comienzos de 2020, Turquía y Rusia se vieron fuertemente enfrentados ante la ofensiva del gobierno sirio sobre Idlib.
 A contrapelo de Estados Unidos, Turquía, Rusia e Irán han ido ganando mayor influencia en Siria. 
 En Irak, donde operan las milicias proiraníes que fueron atacadas (el llamado Hezbollah iraquí y Kataib Sayyid al-Shuhada, integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular creadas en 2014 para enfrentar al Estado Islámico), Estados Unidos tiene desplazados 5 mil soldados. En 2019, estalló una rebelión popular contra el gobierno de Adel Abdul-Mahdi, debido al desempleo masivo y la falta de agua potable y luz. En la represión hubo cientos de muertos. Tras su caída, se instauró en 2020 un gobierno liderado por Mustafa al Kadhimi, apoyado tanto por Estados Unidos como por Irán. El régimen corrupto de reparto de esferas de influencia entre distintos grupos confesionales se mantiene. Este gobierno también ha reprimido de forma criminal las recientes movilizaciones contra la devaluación monetaria, que amenazan con agudizar el empobrecimiento de las masas. 
 En definitiva, allí donde están los intereses norteamericanos, las masas lo sufren. Pero no son solo los yanquis. Hay un incremento notable de la intervención militar de las potencias imperialistas para defender sus privilegios de exacción de las riquezas nacionales (Francia, Italia, etc.). La agudización de la crisis económica capitalista las “obliga” a crecientes aventuras militaristas y masacres de los pueblos. ¡Fuera yanquis e imperialistas de Siria, Irak y Medio Oriente! Para la izquierda norteamericana, en particular para los sectores que activan dentro del Partido Demócrata, es un deber imperativo denunciar y movilizarse contra estas acciones militaristas-imperialistas. El “progresismo” si no es antiimperialista deviene en cómplice reaccionario. 

 Gustavo Montenegro

El partido de ultraderecha Vox, Eliécer Ávila y la “disidencia moderada” cubana


viernes, 26 de febrero de 2021

Vargas Llosa: elogio del narcogobierno


Decepcionado con el “modelo chileno” del cual fue un obstinado propagandista durante más de treinta años el novelista hispano-peruano acaba de publicar el pasado domingo un artículo que completa el proceso de descomposición moral de su pensamiento político. 
 Huérfano de referentes ejemplares a los cuales señalar en la región, en su desgraciada intervención no se le ocurre nada mejor que exaltar a los narcogobernantes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque como ejemplos que los demás países de Latinoamérica deberían emular. 
 Las afirmaciones que desgrana en ese artículo son una mescolanza de mentiras y disparates que exceden a las que ya nos tiene acostumbrados. Es más, un fiscal celoso podría llegar a considerarlas como apología del delito, dado que el narcotráfico está así tipificado en casi todos los países. Se nota que los años no pasan en vano y las tendencias al desvarío del escritor se tornan incontrolables, especialmente cuando voltea su mirada sobre Venezuela y sus adyacencias. Digo esto porque lo que origina su nota del domingo fue la promesa de Iván Duque de regularizar la situación de los inmigrantes venezolanos radicados en Colombia. 
 Esta iniciativa merece ser aplaudida, y ojalá que se convierta en realidad. Pese a una incertidumbre que llama a la cautela, el sólo anuncio de Duque desató la desbocada respuesta del peruano que escribió nada menos que “ningún otro (país) ha sido más libre, civil y democrático en ese mismo período” que Colombia. Se refiere a la etapa inaugurada con el Bogotazo, en 1948, y que llega hasta la actualidad. Con la furia y la ceguera propia de los conversos asegura que mientras las guerrillas mataban, secuestraban y perpetraban toda clase de atentados terroristas “la Colombia ‘civilizada’ (énfasis en el original) tenía una vida política democrática, con libertad de prensa y elecciones limpias, salvo el pequeño período de la dictadura militar de Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957.” La consecuencia de un clima político y social tan favorable, acota Vargas Llosa, no fue otra que facilitar las actividades del empresariado colombiano, que “ha hecho progresar al país a unos niveles que envidia el resto de América Latina.” Al otorgársele al casi millón de migrantes venezolanos sus documentos de identidad podrán “acceder a puestos de trabajo, así como a la seguridad social y a la educación en las instituciones colombianas.” Esto será posible debido a que supuestamente la población local no da abasto para satisfacer la demanda de mano de obra que existe en Colombia y que los que no consiguen trabajo saben que su bienestar está asegurado por la amplia cobertura de la seguridad social existente en el país y la extensión de su sistema de educación gratuita en todos los niveles.
 Sin embargo, los datos de la realidad no avalan las demenciales ocurrencias del autor de La Casa Verde. En efecto, según datos oficiales la tasa de desempleo nacional entre septiembre y noviembre de 2020 fue de 14,6 por ciento, aumentando 4,8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año 2019. Difícil que bajo estas condiciones los migrantes venezolanos encuentren el paraíso laboral que les promete Vargas Llosa. Por otra parte, la seguridad social es una planta exótica en Colombia que sólo una minoría puede disfrutar, y la educación pública, sobre todo la universitaria, está fuera del alcance de las grandes mayorías nacionales. De hecho, la mayoría del alumnado universitario está matriculado en instituciones privadas y las universidades públicas no son gratuitas, aunque los aranceles varían según los casos y la condición social del alumno. 
 Al elogiar la actitud de Duque hacia los migrantes el novelista destila su ponzoña en contra de quien por largos años fuera su ídolo, Sebastián Piñera, y resalta la diferencia entre la actitud del presidente colombiano y “la del Gobierno de Chile que acaba de expulsar a muchos venezolanos.” Nadie puede asegurar que la promesa de Duque de regularizar la situación de los migrantes venezolanos será concretada. Pero Vargas Llosa tiene una memoria selectiva y soslaya mencionar un ejemplo notable que no puede ignorar: la legalización de la situación de unos cuatro millones de residentes invisibilizados en Venezuela, buena parte de los cuales eran colombianos. Esas personas carecían de documentos de identidad, vivían en los cerros en calles sin nombres y ranchitos sin número y que gracias a Hugo Chávez se convirtieron en ciudadanas y ciudadanos de Venezuela. Ese masivo proceso se llamó la “cedulación”, y luego fue completado con un gigantesco programa de construcción de viviendas populares, la extensión de los servicios de salud por todo el país (Programa Barrio Adentro) y un enorme impulso a la educación. Ninguna de estas tres cosas figura en la agenda de Iván Duque. Mentiroso impenitente, Vargas Llosa oculta lo que conoce porque el objetivo de sus notas de opinión no es esclarecer e informar al público sino mentir, difamar a las personas y procesos que repudia y apoyar a sus “amiguetes” conservadores en la región o fuera de ella. O, para usar el lenguaje que él también usa, aupar a sus “hijos putativos” en Latinoamérica, que son más de los que quisiéramos. Sólo que ahora están en decadencia. Por eso exhorta a los gobernantes del Grupo de Lima para que imiten a Duque, que hagan lo que éste dice que quiere hacer: “legalizar la presencia de las decenas de miles (o millones) de venezolanos que han llegado a sus playas … esos exiliados podrían encontrar trabajo legal, acudir a la sanidad y sus hijos acceder a la escuela pública, que ahora les está vedada.” 
 ¿Podrían, de verdad? Basta una mirada superficial a los indicadores sociales de Colombia para comprobar que tal cosa es prácticamente imposible porque los ya mencionados índices de desempleo en Colombia, sumado a la desocupación encubierta, y la histórica desatención de la salud y la educación públicas frustrarán sin duda las rosadas aspiraciones del novelista. Una rotunda desmentida de las prédicas de Vargas Llosa lo brinda un reciente informe oficial de las Naciones Unidas, con base en cifras oficiales del Gobierno colombiano en donde se asegura que hay en el país unas ocho millones de personas desplazadas de sus lugares habituales de residencia a causa de la violencia del paramilitarismo, el narcotráfico, la apropiación de tierras y el conflicto armado. Colombia es el país con el mayor número de desplazados del mundo; 7.816.500 personas al final del 2018, seguramente a causa de la prosperidad y democracia que tanto ha alabado el novelista. ¿Podrá garantizar para los migrantes venezolanos lo que ha demostrado ser incapaz de hacer con su propia ciudadanía? 
 El homenaje que rinde a la “Colombia civilizada” sólo puede caracterizarse como una alucinación, un delirio que arroja un manto de ocultamiento sobre la brutal violación de los derechos humanos en ese país. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, un órgano del Estado colombiano, señala que “753 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2020” (573 durante la gestión presidencial de Duque) y que aparte “existen otras 4.281 víctimas de otras formas de violencia en Colombia.” ¿Éste es el Gobierno que Vargas Llosa propone nada menos que como “modelo a imitar” en Latinoamérica y el Caribe? ¿Está el novelista en su sano juicio? ¿Se puede llamar “democracia” o proponer como un ideal a emular un régimen de represión y violencia como el colombiano, que ha sembrado de fosas comunes todo el territorio y que perpetró, bajo Uribe, el crimen de los “falsos positivos”: humildes campesinos analfabetos y desempleados que eran reclutados por el Ejército, disfrazados luego como insurgentes de la FARC o el ELN y aniquilados a mansalva para ser presentados ante la prensa como prueba de la eficacia de la lucha antiguerrillera en Colombia, mientras sus familiares los buscaban con desesperación. ¿Es ese el modelo a imitar? 
 Una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUDH, comprobó que “la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. En 2020, se conoció de 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.” ¿Puede un intelectual público como él, tan atento a las vicisitudes que atribulan a Latinoamérica ignorar algo que cualquier medio de comunicación ha venido informando regularmente? 
 Suficiente con el tema de la violencia y la represión. Examinemos por último los vínculos con el narcotráfico del tan admirado Álvaro Uribe, supuesta víctima de la campaña de desprestigio de la omnipotente izquierda latinoamericana. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, inicialmente elaborado en Septiembre de 1991, desclasificado en el 2004 y filtrado a la prensa poco después más tenía por objeto lo que exhibimos a continuación: 
 Traducción: “Este informe suministra información sobre los narcotraficantes colombianos más importantes contratados por los cárteles para su seguridad, transporte, distribución, colección y ejecución de operaciones de narcóticos en Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son también contratados como “sicarios” por los líderes de los cárteles para perpetrar asesinatos.”
 En el número 82 de esa lista, al final de la página 10, figura Álvaro Uribe Vélez, que los redactores lo caracterizan de esta manera: “Político colombiano y senador, dedicado a la colaboración con el cártel de Medellín a los más altos niveles gubernamentales. Uribe está involucrado en negocios del narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para acceder a una posición de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas de un Tratado de Extradición”. (p. 10 y 11)
 Obviamente que a partir del descubrimiento de estos vínculos de Uribe con el narcotráfico el Gobierno de Estados Unidos observó con atención la progresión de su carrera política y en el momento oportuno algún funcionario de la CIA estacionado en Bogotá se apersonó a él y le dijo algo que imaginamos habrá sido más o menos así: “¡Hellow, Álvaro. Bienvenido a la compañía. Ahora trabajas para nosotros! Puedes negarte si quieres, pero en tal caso terminarás pudriéndote en una cárcel de máxima seguridad por el resto de tu vida.” La lambisconería de Uribe para con la Casa Blanca, y la de sus sucesores, todos cómplices del narco colombiano, hay que entenderla a partir de esta realidad. No sólo porque son oligarcas y reaccionarios. Es gente que carga con un tremendo prontuario sobre sus hombros y deben obedecer sin chistar lo que ordena el Gobierno de Estados Unidos. Si éste les dice que ataquen a Chávez o a Maduro lo hacen; si les pide que organicen un concierto/invasión a Venezuela desde Cúcuta lo hacen; si les ordenan que sus tropas penetren en territorio ecuatoriano en Sucumbíos y arrasen con un campamento guerrillero lo hacen; si les piden destruyan a la UNASUR acatan la orden sin chistar. No tienen opción, porque saben que están en “libertad condicional” que el amo del Norte puede interrumpir en cualquier momento y encerrarlos en un calabozo por el resto de sus días. Narcogobernantes con tales prontuarios son presas fáciles de cualquier extorsión que decida la Casa Blanca. 
 ¿Sólo Uribe? No. En marzo del año pasado la Agencia EFE informaba sobre “la tormenta que empezó a formarse sobre el presidente colombiano, Iván Duque, y su mentor, el senador Álvaro Uribe, por una supuesta compra de votos en 2018 con la ayuda de un presunto testaferro de narcotraficantes”, José Guillermo Hernández, alias el “Ñeñe”. Y el diario en el que Vargas Llosa publica sus brulotes, El País, informaba en su edición del 11 de marzo del 2020 que “el narcotraficante y testaferro, fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil y el propio expresidente y actual senador Álvaro Uribe manifestó en un trino que ‘causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera’. El homicidio sucedió en medio de una vendetta entre narcotraficantes, según las pesquisa. … Desde hacía unos meses, igualmente, en redes circulaban múltiples fotos del presidente Duque, senadores y altos dirigentes del partido Centro Democrático, fundado por Uribe y principal plataforma del actual Gobierno, con el Ñeñe.” 
 Estos delincuentes son los que Vargas Llosa, en su descomposición moral, propone como modelos para Nuestra América. Es el remate lógico de su defensa a ultranza del capitalismo y del neoliberalismo; de la protección de los intereses de sus compinches como el hiper corrupto rey emérito Juan Carlos o el mentiroso serial José M. Aznar y gran parte de la burguesía española y latinoamericana. Mentir y mentir hasta el fin, confiando en que algo quedará en la conciencia de sus lectores. Se equivoca, y debe ser amargo reconocerlo; desesperante también tener que aferrarse en medio del naufragio de sus proyectos políticos a dos bandidos como Álvaro Uribe e Iván Duque. Como apasionado lector de sus novelas, pletórica de personajes queribles y admirables, siento lástima por aquel joven inconformista de San Marcos y la célula Cahuide del Partido Comunista Peruano que el ultraja irreparable de los años –por cierto no para todos- convirtieron en un bárbaro adalid de la derecha, incluyendo a sus más desprestigiados narcogobernantes. 
 Vergüenza debería sentir por proponer tamaño desatino, movido por su odio visceral, incandescente contra quienes luchan por una sociedad mejor basada en el humanismo, la solidaridad, la felicidad colectiva. 

 Atilio A. Boron
 | 26/02/2021 |

Pablo Hasél y la “justicia” española


El rapero fue condenado a nueve meses de prisión.

 Las togas que condenaron a Pablo Hasél por delitos de opinión, y cuyo encarcelamiento ha provocado una ola de protestas en todo España, están cortadas con la misma tijera: la tijera del franquismo. 
 La jueza Concha Espejel, casada con un coronel de la Guardia Civil, fue condecorada hace un tiempo con la Cruz al Mérito por este mismo cuerpo policíaco-militar de fuerte tradición franquista. Aparte, tiene estrecha relación con el derechista Partido Popular al que intentó favorecer en sus numerosos juicios por corrupción. Es también la jueza que caratuló como “terrorismo” una simple pelea de bar en Altsasu, por la que varios jóvenes ligados al independentismo vasco fueron condenados a penas de cárcel de varios años.
 Por su parte, el otro juez, Nicolás Poveda, directamente fue candidato a senador por el fascista partido Falange en el año 1979. Una joya. Evidentemente no se trata de una casualidad sino que estamos ante un problema de raíz: la columna vertebral del Estado español, la que forman las fuerzas armadas y la judicatura, son herencia política directa del régimen político derivado del triunfo franquista en la Guerra Civil.
 La llamada “Transición española” fue un operativo político de recambio, organizado por Franco en persona, donde se pasó del régimen fascista a una monarquía constitucional encabezada por Juan Carlos I, que garantizó la impunidad de todos los crímenes del franquismo y preservó su aparato político-represivo para asegurar la continuidad de los mismos privilegios económicos. Este operativo, tutelado por la llamada “oligarquía madrileña”, contó con el apoyo de las burguesías vasca y catalana y la complicidad fundamental del Partido Comunista de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo. 
 En el ámbito judicial destaca en esa transición la Audiencia Nacional, un verdadero tribunal de excepción sin jurisdicción ni competencias claramente establecidas, que fue creado en 1977 con los mismos funcionarios y en el mismo edificio donde, hasta el día anterior, funcionaba el tristemente célebre Tribunal de Orden Público franquista. Utilizado en los ’80 y ’90 para la represión política contra el movimiento vasco, con el juez “kirchnerista” Baltasar Garzón como punta de lanza y Felipe [González] en el gobierno, cuando se cambiaron las leyes para tipificar como terrorista cualquier manifestación o declaración política de apoyo a la izquierda abertzale y el terrorismo de Estado del GAL [Grupos Antiterroristas de Liberación] secuestró, torturó y asesinó a cientos de personas. Más recientemente se dedica a perseguir al independentismo catalán y a los luchadores sociales en general.
 La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, llamada “ley mordaza”, ha sido un salto cualitativo en esta deriva fascistoide de la Justicia española. Aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015, regimenta el derecho de manifestación, blinda la impunidad policial, le otorga discrecionalidad a la hora de sancionar el derecho a protesta y ha permitido el encausamiento y la condena de miles de activistas y luchadores sociales. Desde los afectados por los desahucios, pasando por los que luchan contra los recortes en sanidad y educación, hasta los militantes de los CDR [Comités de Defensa de la República] catalanes. 
 Justamente en octubre de 2019 una ola de protestas e indignación, similar a la de estos días por la condena a Hasél, sacudió Catalunya. El Tribunal Supremo condenó a altas penas por sedición (entre 9 y 14 años de prisión) al gobierno de la Generalitat que organizó un referéndum de autodeterminación, que fue brutalmente reprimido. Además, los Jordis (los dos líderes de los movimientos civiles catalanes Jordi Cuixart y Jordi Sánchez) sufrieron condenas de 10 años por el solo hecho de subirse a un coche de la Guardia Civil para desconvocar una concentración. 
 El mensaje fue claro: el Estado español no piensa tolerar ningún movimiento que ponga en entredicho el statu quo dominante. El mismísimo rey Felipe VI pronunció un discurso el 3 de octubre de 2017 donde apoyó el uso de la fuerza contra el pueblo catalán. 
 A partir de la experiencia de este frustrado intento secesionista, un sector importante de la burguesía española empieza a ver con buenos ojos, y dar alas y publicidad mediática, al abiertamente fascista partido Vox, un partido surgido de dentro del propio Estado monárquico y con alta adhesión, tanto entre las fuerzas represivas como en el sistema judicial. 
 Pero, producto de la crisis política derivada del proceso independentista catalán, el gobierno de Rajoy cayó en 2018 con una moción de censura y de las elecciones convocadas salió el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias [PSOE y Podemos, respectivamente] que llegaron al poder con la etiqueta de gobierno “de izquierdas y progresista” y que prometió derogar la “ley mordaza” y emprender una reforma del Poder Judicial. Sin embargo, 15 meses después, las promesas no solo no fueron cumplidas sino que se siguen utilizando las mismas leyes y a la misma Justicia para criminalizar y someter al incipiente movimiento de la juventud que se organiza para hacer frente a la insostenible situación de miseria, precariedad y explotación a la que este régimen monárquico podrido (y salpicado por la corruptela y los desfalcos millonarios de Juan Carlos I) las está condenando.

 Sebastián Fischer 
Desde Barcelona

lunes, 22 de febrero de 2021

Cooperación médica cubana: ¿esclavitud o justa redistribución?


Vacunación VIP: todo un régimen de privilegios contra el pueblo en Argentina


Despiden a Gines González García. 

 La revelación, por parte de Horacio Verbitsky, de que recibió la vacuna en el Ministerio de Salud luego de llamar a su “viejo amigo” Ginés González García, junto a altos funcionarios gubernamentales, de una forma totalmente irregular, puso de nuevo de manifiesto un régimen de privilegios y atropellos contra el pueblo. Se vacunaron en el Ministerio, a escondidas, junto con Eduardo Valdez, Jorge Taiana, y otros funcionarios kirchneristas, en un operativo que arrancó con el desvío de dosis de vacunas del Hospital Posadas. Luego de las revelaciones de Verbitsky, salió a la luz la denuncia de que Hugo Moyano, su mujer y su hijo también se habrían dado la vacuna. Antes, Beatriz Sarlo había denunciado el ofrecimiento que le realizaron de dársela antes de que le correspondiera. Posteriormente, se dio a conocer la información sobre el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Vázquez, y una lista de intendentes, concejales, una jueza de paz, un comisario de policía, vinculados al oficialismo. 
 Esta manipulación de la influencia política por parte del Estado, en favor de una camarilla de funcionarios, no es un caso aislado. Ocurre luego de que en diciembre se anunciara la llegada de millones de dosis en enero, algo que nunca ocurrió. En un momento en el cual los laboratorios son incapaces de abastecer la demanda mundial, pero se conserva estrictamente el secretismo y el derecho a las patentes que impiden masificar la fabricación. En un momento en el cual los países del primer mundo acaparan la parte del león de las dosis, dejando a ciudades, países, e incluso continentes enteros sin acceso a la vacuna.
 Mientras se producía la vacunación VIP, hay todavía trabajadores de la salud que no han podido acceder a la vacuna. Colapsa el sistema de la Ciudad de pedido de turnos para adultos mayores, y no se ha vacunado a prácticamente ningún docente mientras se fuerza el regreso a las clases presenciales. 
 Lo que estalla con el escándalo de Ginés no es solamente un régimen de privilegios o un tráfico de influencia. Es una manifestación, particularmente visible, del manejo capitalista de la pandemia, que distribuye el acceso a la inmunidad de acuerdo con los mismos parámetros que rigen el conjunto de la vida social: en función del poder del capital y su Estado. Entre los millones sin acceso a la vacuna, de un lado, y el Estado y los laboratorios que la manejan, por otro, hay un abismo. Y hay que recordar que la mayoría de las vacunas fueron financiadas con patrimonio público. Los Verbitsky y Ginés, el “progresismo” nacional y popular, como también los Moyano y la burocracia sindical mostraron de nuevo blanco sobre negro su carácter de clase. 
 La oposición de Cambiemos denuncia la manipulación, pero sólo para defender las manipulaciones en gran escala que realizan los grandes laboratorios, los Pfizer, junto a las potencias imperialistas que los han financiado y pretenden acaparar las vacunas e imponer condiciones prohibitivas para los países atrasados. 

 Crisis política 

El destape de este escándalo terminó con el pedido de renuncia al Ministro de Salud. Se coló en esto la interna gubernamental. Muchos atribuyen a Verbitsky una operación para voltear al Ministro. Clarín había accedido a información sobre la vacunación clandestina antes de que Verbitsky la revelara, y estaba investigando el tema. Los choques entre Carla Vizzotti y Ginés González García fueron públicos durante meses. Todo el episodio va a agravar los choques al interior del oficialismo. 
 El Ministerio de Ginés concluye con datos demoledores. Mas de dos millones de infectados, 50.000 muertos, un sistema de salud con los trabajadores en pie de lucha contra el ajuste salarial y la falta de condiciones para enfrentar la pandemia. Este fracaso se explica, por un lado, por la subordinación del Estado a los lobbys empresariales y clericales de la medicina privada y los laboratorios, que lucran además con las obras sociales. Estos intereses bloquearon sistemáticamente la centralización del sistema de salud que permitiría concentrar los recursos para el combate a la pandemia. Por otro lado, por los requisitos del ajuste, que condenó, durante esta emergencia, a miles de trabajadores de la salud a seguir precarizados, con salarios congelados y sin condiciones de trabajo adecuadas. 
 El escándalo de la vacuna es la gota que colma el vaso de esta situación. 

 Juan García

domingo, 21 de febrero de 2021

Manifestaciones en Catalunya por la libertad de Pablo Hasél


Miles de personas en todas las ciudades del Estado Español reclaman la libertad del rapero Pablo Hasél, detenido el martes para cumplir condena por cantar y tuitear contra la monarquía y el régimen. En Catalunya, centro de las mayores movilizaciones, los manifestantes chocaron con la Guardia Civil, con un saldo de medio centenar de detenidos y numerosos heridos, algunos de gravedad. 
 Pablo Hasél, cuyo nombre es Pablo Rivadulla Duró, es un joven catalán de 32 años. En 2005 publicó su primer demo titulado “Esto no es el paraíso”. También ha publicado libros y poemarios. Su aparición en escena, junto con otra camada de artistas como Arma X, LaTecnika o Mentenguerra, han dado forma al rap político de España. Desde 2014 enfrenta diversas causas en su contra por el contenido de sus letras y la participación en varias actividades políticas. En sus letras no se salvan desde el fascista Vox hasta los “izquierdistas” de Podemos e Izquierda Unida (IU). 
 Hasél fue detenido el pasado martes 16 en la Universidad de Lleida (Catalunya), donde se parapetó junto a centenares de jóvenes para resistir su arresto. El rapero fue condenado a dos años de prisión e inhabilitado por seis años a ejercer cargos públicos, por los delitos de injurias y calumnias contra la corona y “enaltecimiento del terrorismo”. Este caso ha conmovido a un sector de la juventud. Un grupo de más de 200 artistas, entre ellos, Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat y Javier Bardem, firmaron un manifiesto defendiendo al artista. También Amnistía Internacional y otros organismos internacionales de Derechos Humanos se pronunciaron contra este atropello.
 Los problemas de Pablo Hasél con la justicia vienen de lejos. Su primera detención se produjo en 2011, después del lanzamiento de su tema “Democracia su puta madre” (“Mira a los puercos del PSOE comiéndosela a la monarquía / Los dispararía uno a uno, sería oportuno algo mejoraría”), bajo la acusación de enaltecer a las GRAPO (Grupo de Resistencia Antifacista “Primero de Octubre”, creado en 1975).

 Persecución 

En los fundamentos de su veredicto condenatorio, la Audiencia Nacional se ampara en la Ley de Seguridad Pública, conocida como “Ley mordaza”, aprobada la presidencia de Rajoy (PP). Anteriormente, otro rapero, Valtonyc fue condenado bajo la misma carátula. El artista en este caso optó por exiliarse en Bélgica, cuyo gobierno rechazó un pedido de extradición “alegando que sus acciones no constituyen delito bajo la ley belga” (Infobae, 16/02). 
 La Audiencia Nacional cita los “antecedentes” de Hasél, incluyendo una causa abierta por “por su participación en el intento de asalto a la Subdelegación del Gobierno de Lleida el 25 de marzo de 2018, en los actos de protesta por la detención del expresidente prófugo Carles Puigdemont en Alemania” (El País, 16/02), una imputación por resistencia a la autoridad y otra causa, en suspenso, con una carátula similar por recriminar las ejecuciones de militantes de la ETA y el GRAPO, grupos nacionalistas considerados terroristas por el Estado Español. Como puede observarse, la mayoría de las causas en su contra son políticas. 
 Los partidos de gobierno -PSOE y Podemos- se encuentran divididos ante la sentencia. Pedro Sánchez ha manifestado que plantearía “una revisión de los delitos relacionados con excesos (SIC) en el ejercicio de la libertad de expresión”, con el objetivo de que se impongan penas ´disuasorias´ y no de cárcel” . Mientras que sus socios exigirán en el Parlamento un indulto (Infobae, 16/02). 
 El Tribunal Supremo también alega que el artista es culpable de incitar al odio y ensalzar los actos terroristas a través de su cuenta de Twitter. Según la sentencia, en 64 tweets Hasél ´ensalza´ la figura de miembros pertenecientes a ETA. También precisa que, en 1.915 tweets suyos, aparecen palabras como ‘GRAPO’, ‘Borbón’, ‘Bomba’ o ‘terrorismo’, entre otras. Entre las canciones que lo ´incriminan´, la más conocida es “Juan Carlos, el Bobón”, en la que recorre la vida Juan Carlos I, asociándola a la corrupción, la defensa del régimen de Franco, la venta de armas a Arabia Saudi y llama a “que la revolución tome el palacio real” y vitorea “viva la república popular de la clase trabajadora”.
 Como él mismo ha declarado en varias ocasiones, Hasél no va a pedir el indulto. También ha rechazado una reducción de la pena a cambio del pago de una multa de 30 mil euros y se ha negado a presentarse voluntariamente a cumplir condena. Descarta seguir al exilio a su colega Valtonyc. Como dijo en una reciente rueda de prensa en Lleida: «si lo que buscan es silenciar el mensaje y que otros no lo reproduzcan, el hecho de que me encarcelen va a conseguir todo lo contrario y puede ser más provechoso para la causa que estar exiliado”. 
 Está en juego la misma monarquía, esta es la razón de la persecución al artista. 

 Mariano Busatto y Joaquín Antúnez
 18/02/2021

jueves, 18 de febrero de 2021

Una oposición cubana “responsable, atractiva y unificada”: el viejo objetivo de la CIA


La segunda absolución del golpista Donald Trump


Demócratas y Republicanos pactan juicio exprés; Biden pide hablar de otro tema 

 El Senado de Estados Unidos absolvió a Donald Trump por segunda vez de un juicio político, este sábado 13 de febrero. Si bien en este caso la mayoría de los votos fueron por la condena (50 demócratas y 7 republicanos), no llegaron a la mayoría especial de dos tercios establecidos para una condena. 
 Este desenlace llegó en el marco de un acuerdo bipartidario por un juicio exprés sin testigos, que ahorró una mayor diferenciación interna al Partido Republicano. Biden busca de esta manera ahorrar choques y cuestionamientos a los republicanos que son sus aliados parlamentarios, así como dar una señal de gobernabilidad política al gran capital, que no quiso un gobierno del fascista Trump, pero se opone al conflicto político que significaría un desmantelamiento de su movimiento reaccionario.
 Que se evite de esta manera la condena por “incitar a la insurrección” en relación al copamiento del capitolio de una columna armada convocada y arengada por Trump, marca un nuevo punto de decadencia y quiebra del sistema político del país imperialista. Trump llevó adelante estas acciones a la luz del día y con transmisión por streaming al mundo entero.
 La absolución no fue el resultado de un trabajo de su equipo de defensa, cuya ineptitud e inestabilidad fueron imposibles de esconder. Por momentos estos parecían estar haciendo tiempo. En otros, acusando a la izquierda de la responsabilidad por la violencia política e incluso, escandalosamente, por el propio intento de ocupación del Capitolio. Se centraron, de todas maneras, en la idea de la inconstitucionalidad de enjuiciar a un mandatario cuyo periodo de gobierno ya había terminado. 
 Tampoco incidió en el resultado que el viernes un diputado republicano, Jaime Herrera Beutler, haya dado a conocer una conversación del jefe de su bancada, Kevin McCarthy con Trump durante el copamiento del capitolio donde este declaró su simpatía con el intento de golpe. “Bueno, Kevin, se ve que esta gente está más angustiada por la elección que vos”, le espetó el entonces presidente. 
 El resultado no era inexorable. Los 43 senadores republicanos que impusieron la absolución están divididos entre un sector que mantiene una lealtad política directa a Trump y otro que ha roto políticamente con él pero no llegó al punto de votar una condena, preocupado por su futuro en un Partido Republicano que parece dominado electoralmente por el movimiento de apoyo a Trump. Esa débil unidad pudo ser preservada ateniéndose a los argumentos de inconstitucionalidad del proceso de juicio al ex mandatario. Mitch McConell, jefe de la bancada republicana del senado, combinó la absolución a Trump por argumentos técnicos con una declaración de que éste “hizo un abandono vergonzoso de sus tareas”, es “responsable moral y práctico” (de la toma del 6 de enero), que “quienes tomaron el edificio lo hacían de acuerdo a los deseos e instrucciones de su presidente”. 
 Lejos de poner esa contradicción a la luz y golpear ahí, llamando a un proceso de deliberación o movilización popular, el Partido Demócrata ha querido ahorrarse el choque con los republicanos y decidió acordar cerrar el proceso de impeachment sin convocar a ningún testigo. Cuando la querella demócrata logró hacer votar en el senado que se empiece a convocar testigos, los republicanos presentaron una lista de 100 testigos propios. En vez de seguir adelante, pactaron cerrar el proceso y pasar a la votación, que era cantado que daría lugar a una absolución. 
 La convocatoria a declarar a los republicanos que chocaron con Trump alrededor del intento golpista, desde su vice Mike Pence al propio McConell, o las autoridades republicanas de Georgia que hicieron públicas las amenazas sufridas por Trump para cambiar los resultados en su Estado, hubiera sin duda profundizado las grietas entre republicanos y desarrollado su crisis. Los demócratas han preferido evitar este proceso y dejar una constancia sin efectos concretos de un repudio suyo a la intentona trumpista. Objetivamente han colaborado para encubrir a los co-conspiradores de Trump, incluidos quienes desde las fuerzas de seguridad armaron la zona liberada que permitió el copamiento. 

 Pasemos a otra cosa, no quiero hablar de eso 

La acción de los trumpistas en el capitolio es una expresión de un movimiento de extrema derecha que se ha desarrollado con el apoyo de funcionarios estatales de ambos partidos, miembros de las fuerzas de seguridad y empresarios. 
Biden quiere lograr un acuerdo con muchos de ellos, que se apuran para alejarse de Trump en un momento que el futuro político de este no es claro. La gobernabilidad que pide Wall Street exige un cambio de política respecto al intento de un gobierno bonapartista de Trump, pero también un manto de amnistía implícita para todos los sectores de la burguesía que se embarcaron allí. Biden ha esquivado referirse al tema en entrevistas luego de la absolución. “Estoy cansado de hablar de Donald Trump”, declaró. La clase obrera y los oprimidos de Estados Unidos deben tener claro que, contra lo que quiera sugerir el actual presidente, la organización de grupos armados fascistas no es un problema que se evapora si deja de tener atención mediática. 
 Trump, por su lado, reaccionó con un ataque virulento contra McConell. Las secciones locales republicanas han sacado sendos comunicados atacando a los siete senadores que votaron por la condena, reafirmando el control del partido por Trump. 
 Se han lanzado, luego del sábado, una serie de distracciones para disimular el operativo de encubrimiento bipartidario puesto en marcha en Washington. Nancy Pelosi, la jefa de la cámara baja que dominó la táctica de la querella en el juicio político, ahora habla de una comisión investigadora especial con miembros de ambos partidos. Una versión devaluada de los procesos de estas semanas, que llegará a los mismos resultados. Se trata nada menos que de un pacto de impunidad. 
 Hay algunas querellas privadas presentadas por un diputado demócrata, Bennie Thompson, contra Trump, su abogado Rudolph Giuliani y algunos militantes derechistas. Fiscales federales también han presentado acusaciones contra miembros de los Proud Boys, uno de los grupos de choque trumpistas. 
 La idea de que sea la justicia la encargada de desmantelar a los movimiento fascistoides tiene que ser señalada a todos los movimientos de lucha por los trabajadores, la juventud, las mujeres, la población negra y latinoamericana y la comunidad LGBTI como un camino sin salida. Es necesaria una política de frente único para derrotar a los fascistas en las calles y la conformación de comisiones de investigación independientes constituidas por las organizaciones populares para imponer la destitución y el encarcelamiento de cada policía, funcionario y empresario culpable de colaborar y promover a las organizaciones fascistas, racistas y reaccionarias. Aplastar a la reacción en cada lugar que levanta cabeza está en el interés de los trabajadores del mundo entero. 

 Guillermo Kane

martes, 16 de febrero de 2021

¿La crítica por la crítica misma?


El síndrome de Sansón Carrasco: “El Caballero de los Espejos” 

 Desconectada de las luchas sociales, sin lugar beligerante contra la opresión, la crítica sirve de bastante poco. A lo sumo se reduce a una especie de “entretenimiento ingenioso” para encontrarle “peros” a todo y ganarse unas palmadas, o unos pesos, “espantando al burgués”. No se negarán aquí los talentos desplegados por algunos “críticos” reconocidos (y temidos) en territorios diversos. No obstante el brillo de los geniecillos críticos suele quedar eclipsado por el individualismo que sofoca al talento con cataratas de egolatría. Toda esa crítica solipsista conduce al aplauso de ellos mismos. Un tedio.
 Otra cosa es la crítica, y sus métodos, inflamando las inteligencias populares con escrutinios históricos, dialécticos, éticos y estéticos para fortalecer las tácticas y las estrategias emancipadoras en la lucha de clases. O dicho de otro modo: la fuerza de la crítica -que realmente importa- no está en las contorsiones de los silogismos (o sofismas) lenguaraces, sino en la efectividad de una fuerza del razonamiento sistematizado que esclarece el escenario de las batallas y permite, organizadamente, ascender a la praxis victoriosa, sin reclamar “derechos de autor” ni aplausos para la vanidad. 
 Aunque estén de moda algunos centros promotores del “pensamiento crítico”, bajo modalidades diversas en cursos, conferencias, talleres o guruísmos… aunque se ofrezcan a crédito (o con “tarjetas de débito”) el asunto es, también, cuánta crítica promueven para ejercer la crítica sobre ellos mismos. Y generalmente no lo resisten. En las refriegas que libra el pueblo trabajador, cotidianamente, contra las condiciones objetivas y subjetivas, impuestas por el capitalismo, se necesita un arsenal creativo de dispositivos críticos capaz de confrontarse a sí mismo en el terreno decisivo de la práctica emancipadora. Crítica fraguada en la crítica de sí, como estrategia dialéctica de acción que garantiza confianza en las organizaciones para las luchas decisivas que se encadenan a diario. No sirven los corpus críticos escleróticos que tanto gustan a las instituciones burocratizadas. No sirven los guiños críticos, de autor, cincelados en el histrionismo de esgrimas lenguaraces. No sirve cualquier cosa en una lucha cruda con objetivos precisos. Especialmente, no sirve el santoral de los sabelotodo críticos, expertos en esconder o negar la lucha de clases. 
 La clase dominante se esmera en desactivar toda iniciativa de organización transformadora, parida por las bases para emanciparse. Atacan, ridiculizan y desfiguran todo aquello que toque las fibras íntimas de la propiedad privada y la ideología de la clase dominante. Todo aquello que enriquece a los pueblos con las armas de la crítica y la crítica de las armas. En esa guerra por perpetuarse, el capitalismo compra o crea “expertos”, universidades, liceos, academias, “think tanks”, iglesias y todo género de “opio” contra los pueblos. Es decir, los arsenales de guerra ideológica que nosotros debemos someter al campo de la denuncia y de la crítica científica y revolucionaria. O será nada. O seremos nada. 
 Por definición, todo autoritarismo es enemigo rabioso de la crítica que no puede controlar. Y ha convertido su enemistad en pedagogía para que, a los oprimidos, ni se les ocurra, por miedo o por ignorancia, cultivar las habilidades críticas necesarias para la supervivencia de la libertad. Alguna vez se consideró, incluso bajo el capitalismo, el desarrollo de las capacidades críticas como una virtud de la educación y un logro “civilizatorio” indispensable en las sociedades contemporáneas. Pero duró poco. El desarrollo de las industrias bélicas, la manipulación de conciencias con las industrias mediáticas y el saqueo económico global orquestado por las industrias bancarias… necesitó anular de las cabezas y los corazones todo fundamento o aliento crítico que pudiera exhibir la avaricia burguesa intoxicada de propiedad privada. Para eso han satanizado, perseguido y linchado públicamente a los mejores talentos críticos que han proliferado en las bases sociales y en las luchas emancipadoras. Pero acosada, desfigurada o prostituida, la crítica tiende a sobrevivir sacudiéndose los fardos ideológicos burgueses. Gracias a la fuerza de las luchas hartas de saqueo y humillaciones. 
 Nuestros arsenales con métodos críticos, no pueden ser armatostes para reverenciar santorales ingeniosos. Por más que estén de moda en los corrillos iluministas. Necesitamos municiones de crítica creativa e inagotable, lúcida y accesible, profunda y portátil, perfectible y autosustentable. Que sea letal contra la economía y la ideología de la clase dominante; que sea fértil en la constitución dialéctica de nuestro programa humanista emancipatorio, que actúe también y sobre sí misma. Un arma inédita para la emancipación de la consciencia. La crítica, como herramienta en manos del pueblo trabajador, debe ser un organismo vivo y producto social, que se necesita a sí mismo para sobrevivir en el medioambiente idóneo que es el aporte y el avance. El acto creador. Por eso es indispensable mantener ajustadas las agujas de sus objetivos, mantener prístinas sus metas y no permitir las desviaciones o las deformaciones que se infiltran al confundir la crítica con el pleito. La crítica necesita sentido y dialéctica. Suele hacerse rancia si se la infecta con cánones repetitivos, si se la aleja de la ciencia y si se dogmatiza. El sentido de la crítica lo aporta la comunidad. La crítica no democratizada suele ser sospechosa y falsa. Nos ha costado mucho aprender que la falsa crítica sirve sólo para poner a la vista las partes que esconden a un todo.
 Guardemonos de incurrir en el error, añejamente encumbrado, de abrazar la crítica de los amargos, por más sesuda que parezca. La lucha emancipadora no consiste en propiciar torneos de odios razonados; no consiste en hacer de la amargura un baluarte ni de la revancha un mérito. Y aunque predominen los malestares como atmósfera tóxica donde prospera la crítica, es de urgencia advertir que su fase de realización, su ascenso a la práctica, se logra gracias a los combustibles de la alegría, del espíritu creativo, colaborativo, participativo… organizado, que los pueblos saben darle a todo lo que sueñan, y hacen, para el bienestar común. Se entronizó como un “cliché” la imagen del “crítico” como un mal-encarado espécimen proclive a la intolerancia y a la propagación de verdades a destajo. Pero la crítica debe ser, necesariamente, una alegría. “La creatividad es la inteligencia divirtiéndose” A. Einstein 
 Hay una crítica que nace, crece y se transforma con el fin de fortalecer a la especie humana en sus luchas y la hay, contrariamente, la que se infiltra para desmoralizar, inhibir y desactivar luchas, luchadores y luchadoras. Nosotros requerimos de un método de crítica fecundo y muy dinámico, generado en todos los frentes permanentemente para que sea capaz de aprovechar las mejores herencias sin caer en emboscadas canónicas. Método de crítica revolucionaria en manos de los pueblos como bandera, como escudo como poesía. De todos, para todos y desde todos. “Deseable, posible y realizable”. (Sánchez Vázquez) 

 Dr. Fernando Buen Abad Domínguez
Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús.Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad.Miembro de la Red Verdad contra las Fake News. Miembro de la Internacional Progresista. Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

lunes, 15 de febrero de 2021

Un mensaje para los lectores cubanos #QuédateEnCasaLeyendo


Aniversario 60 de “Palabras a los intelectuales”: una fiesta de la cultura cubana


Con la presentación de Alonso se inició oficialmente la campaña en homenaje a la intervención del líder revolucionario después de tres encuentros en la BNJM con artistas y escritores, que se convirtió en la plataforma que establece los principios esenciales de la Política Cultural de la Revolución cubana

 Concebimos este aniversario como una verdadera fiesta de la cultura cubana, expresó Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba, al presentar en la Biblioteca Nacional José Martí (BNJM) el programa con que se celebrará el aniversario 60 del discurso pronunciado por Fidel Castro en junio de 1961, conocido como Palabras a los Intelectuales. 
 Con la presentación de Alonso se inició oficialmente la campaña en homenaje a la intervención del líder revolucionario después de tres encuentros en la BNJM con artistas y escritores, que se convirtió en la plataforma que establece los principios esenciales de la Política Cultural de la Revolución cubana. 
 El Ministro dijo sentirse honrado con que sea en primer lugar una fiesta de la juventud; han sido los jóvenes quienes han asumido con toda su energía la concepción de esta celebración como una nueva oportunidad para continuar con el diálogo que se inició precisamente con Palabras a los Intelectuales, y que no ha sido interrumpido, puntualizó. 
 Alonso ratificó el compromiso y apoyo del Gobierno al trabajo de los artistas y la defensa de la cultura cubana, ante las constantes amenazas subversivas que recibe de los enemigos del país.
 La campaña que arrancó recién se extenderá durante los próximos meses y dará continuidad a las acciones que desarrolla el Ministerio de Cultura con el fin de perfeccionar su sistema institucional y articular el Programa Nacional de Desarrollo Cultural hasta el año 2030.
 Tienes la palabra es el mensaje principal de la conmemoración, con la invitación a volver a la frase final de las Palabras a los Intelectuales y a la vigencia de su espíritu en el contexto cubano. 
 El programa conmemorativo organizado tenderá al diálogo honesto y la crítica responsable, como principales atributos del razonamiento que se busca promover en torno a los desafíos actuales de la política cultural cubana.
 Miguel Barnet, intelectual cubano en 1961 con solo 21 años y hoy Presidente de Honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), expresó que aún siente en su cuerpo las vibraciones que le provocó escuchar el discurso de Fidel Castro. 
 Me estimula esta conmemoración porque está dirigida, sobre todo, a la intelectualidad joven de este país, y yo me sigo sintiendo joven, compartió. Precisamente a ese sector de la población lo invitó a releer el texto, porque considera es la agenda de la política cultural de la Revolución. 
 A la presentación de la campaña en la Biblioteca Nacional asistieron, entre otras personalidades, Luis Morlote, presidente de la UNEAC, y Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas.

 Karla Castillo Moret

domingo, 14 de febrero de 2021

El Frente de Todos y Cambiemos, unidos en la reivindicación de Carlos Menem


Sus máximos referentes, de Alberto Fernández a Mauricio Macri, lo despiden en Twitter con elogios.

 Ante la muerte de Carlos Menem, los principales referentes tanto del Frente de Todos como de Cambiemos salieron a reivindicarlo vía Twitter. En un notable encubrimiento, omitieron toda referencia a la desocupación, el hambre, las privatizaciones, la represión y la corrupción que marcaron sus gobiernos. Con sus elogios, no hacen más que demostrar que todos ellos son parte de un mismo régimen de explotación social contra las masas. 
 El presidente Alberto Fernández no solo evitó toda mención al hambre del menemismo, sino que incluso sostuvo que Menem «fue perseguido en dictadura», sin mencionar que su gobierno dictó el indulto a los genocidas. Además, dictó tres días de duelo nacional. 
 Otros funcionarios del gobierno «nacional y popular» también salieron a reivindicarlo. El ministro de desarrollo social, Daniel Arroyo, ponderó a Menem como un «hombre de diálogo». Una gran mentira: bajo el menemismo, la represión contra las luchas de ocupados y desocupados se cobró las vidas de Víctor Choque y Teresa Rodríguez, entre muchos otros. 
 También lo despidieron con «lamentos» y «gratitud» el secretario de seguridad bonaerense, Sergio Berni; el excandidato presidencial Daniel Scioli; y el canciller Felipe Solá, que fue secretario de agricultura en los ’90. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más contenida, solo envió sus condolencias a la familia, pero no hizo ninguna referencia crítica al gobierno del expresidente. Es que los Kirchner fueron parte del gobierno menemista, al frente de Santa Cruz.
 Del otro lado de la «grieta», Mauricio Macri dio una cálida despedida al ex mandatario. Es el reconocimiento a un defensor de los intereses de la burguesía y a un peón del imperialismo. También lo despidieron la exministra de seguridad Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
 Finalmente, la reivindicación de Menem por todos ellos es la reivindicación de las políticas de ajuste en esta etapa. La clase trabajadora, que tuvo en Menem a uno de sus mayores enemigos, sacará su propio balance. 

Prensa Obrera

Ante las ansias imperialistas, es necesario una "campaña de alfabetización martiana"


¿Cuál es el ineficiente sistema que genera emigración?


Bitcoins: la amenaza virtual contra el ambiente


El criptomercado, una especulación improductiva pero energéticamente cara.

 Recientemente, la Universidad de Cambridge publicó un informe sobre el consumo energético anual del bitcoin. El mismo supera al de toda la Argentina, país en el puesto 31° del ranking de consumo mundial. Esto hizo resurgir las críticas que desde hace años hacen los activistas ambientales por el impacto ambiental desmedido e incontrolado que traen aparejadas las criptomonedas. 
 Ocurre que el criptomercado necesita de computadoras encendidas ininterrumpidamente. Estas computadoras -conocidas como “mineras”- realizan todas las transacciones y resuelven cada uno de los algoritmos matemáticos que emiten nuevas criptomonedas. Con cada una de esas operaciones, alzas del valor bursátil o holding del criptomercado, las mineras aumentan en cantidad y por ende crece su consumo energético. Esto, por efecto dominó, se traduce directamente en enormes emisiones de carbono (CO2), propiciantes del calentamiento global.
 Para tener una idea, solo en el año 2017 el bitcoin emitió 69 millones de toneladas de carbono. Actualmente, se estima que cada transacción equivale al uso eléctrico de una casa tipo durante un mes. Si se mantiene este ritmo, en diez años el bitcoin resultaría responsable de aumentar 2° la temperatura global. Por si esto fuera poco, cabe aclarar que estas estimaciones valen solo para el bitcoin, pero las cifras reales del impacto ambiental de todo el criptomercado es aún mayor, ya que existen más de 7.000 criptomonedas y una gran parte logra evadir todo tipo de regulaciones, índices o estudios. 
 La investigación de Cambridge encuentra una limitación. Contabiliza el consumo total del bitcoin pero no consigue determinar la ubicación de las grandes mineras. Si bien se intenta instalar la idea de que los inversores son unos cuantos gamers o aficionados del mundo informático y la deep web, lo concreto es que detrás de cada minera aparecen agentes con capital suficiente para costearse miles de computadoras, grupos electrógenos, sistemas de refrigeración y ventilación constante, con una infraestructura acorde y en terrenos de clima seco. En pocas palabras, son los grandes capitalistas pero de manera disimulada, para evadir las presiones impositivas o limpiar a su empresa del atentado ecológico. 
 Sobre las mineras apenas se sabe que las dos más grandes de Argentina se encuentran en Tierra del Fuego (una pertenece a Newsan, la otra a Bit Patagonia), pero no se sabe con exactitud cuánta energía consume cada una, cuántas mineras tiene en funcionamiento o a quiénes pertenecen. Sin embargo, sus máximos inversionistas exponen los “beneficios redituables” a todo el mundo, buscando ganar adeptos; desde los referentes empresariales Bill Gates o Mark Cuban hasta una variopinta lista de empresas como Starbucks, MasterCard o KFC. Inclusive las entidades bancarias incursionan en la arena: el JP Morgan ya abrió cuentas bancarias en criptomonedas para Coinbase y Gemini; y el Banco Popular de China emitirá su propia criptomoneda en los próximos meses. 
 Cuando el magnate Elon Musk anunció en Twitter que invirtió 1.500 millones de dólares en bitcoins y que evalúa utilizarla como método de pago, las controversias se dispararon contra Tesla porque echa por tierra su supuesta conciencia de “empresa verde”. Las acciones crecieron y ahora el bitcoin cotiza en un valor que oscila los 48.000 dólares. También crecieron los “hackers verdes”, que ahora arengan por redes sociales un boicot masivo a las criptomonedas. 
 Si el bitcoin dejará o no de existir en 2032, si el resto de las criptomonedas se convertirán o no en los nuevos medios de pago, está por verse. Lo que es innegable es que es un fruto de la crisis capitalista. La criptomoneda nació en 2009 como producto de la depresión abierta por la quiebra de Lehman Brothers, en aras de evadir las entidades bancarias y para escaparle a las presiones tributarias, a las devaluaciones y leyes del mercado más en general. Sin embargo, no lo logró: acabó por hundirse de lleno en todas y cada una de las contradicciones históricas del capitalismo, incluida su tendencia a la depredación ambiental. 
 Es vital detener cuanto antes la emisión improductiva y ociosa de esas toneladas de carbono, muestras de una especulación financiera disociada de las necesidades sociales, fruto del intento del capital por superar los límites que le impone su ley del valor. Para terminar con ello, necesitamos de una sociabilización de la producción, centralizada y planificada de la economía en manos de los trabajadores.

 Álvaro Chust

viernes, 12 de febrero de 2021

Crisis en Black Lives Matter


Disyuntiva entre la lucha contra el Estado policial y la cooptación demócrata 

 Tal como lo anticipamos en Prensa Obrera en ocasión de dos artículos (La izquierda norteamericana, entre el voto a Biden y la necesidad de un partido independiente, y Opresión racial y lucha de clases), al interior del Black Lives Matter, el movimiento que comenzó bajo la presidencia de Obama contra el racismo sistémico y la violencia policial y se transformó el año pasado en la principal fuerza organizada en el alzamiento tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, se estaba gestando una divergencia estratégica. La ruptura se precipitó como consecuencia de un salto de la integración de este movimiento a la política del Partido Demócrata, que es enfrentada por sectores que reivindican una perspectiva de independencia del régimen político.
 Un hito en la integración de la dirección del Black Lives Matter, tal como lo reflejamos en Prensa Obrera, fue la conformación de un Political Action Comittee (PAC) para financiar y respaldar candidatos del Partido Demócrata en la última elección. Estos fondos fueron parte de una avalancha de donaciones empresariales a BLM que sirvieron para que las empresas se lavaran la cara frente a la rebelión, pero también para tratar de avanzar en la institucionalización de las organizaciones que participaron de la rebelión.
 Este influjo de fondos modificó a BLM tanto en forma como en contenido. Las disidencias que han surgido comentan cómo se pasó de un movimiento que se declaraba horizontal a un manejo personalista que tiene la adjudicación de fondos como principal herramienta de disciplinamiento.
 Ha sido una operación de la clase dominante, su Estado y su partido para intentar neutralizar una rebelión que iba en franco choque contra los intereses capitalistas. No solo se puso, por ejemplo, sobre el tapete la cuestión de las brechas salariales o la discriminación laboral a la comunidad afroamericana y/o afrodescendiente; sino que también se plegaron al curso de la rebelión popular desatada sectores de trabajadores con reivindicaciones y demandas específicas. Se escucharon planteos directamente revolucionarios como la exigencia del desmantelamiento del aparato represivo en respuesta a la brutalidad policial y el régimen racista. 

 Una ruptura de principios contra el Estado racista e imperialista

 La completa ausencia de cualquier instancia de deliberación interna o régimen democrático del movimiento fue delineando la naturaleza de una dirección absolutamente burocrática. Así lo detallan en un comunicado reciente los representantes del Black Lives Matter – Inland Empire, sección que integró hasta hace poco el Black Lives Matter y decide romper con su órgano dirigente, la “Global Network” (Red Global en español). Critican la falta de transparencia del financiamiento, y cómo la Red Global utilizó una nutrida caja para imponerse en varias secciones donde los referentes del movimiento eran discordantes a su orientación. Hacen a su vez críticas muy agudas: señalan, por ejemplo, que la misma avala la degradación del movimiento en aras de una mercantilización y liquidación del contenido político del Black Lives Matter. “El uso del nombre del BLM ahora se utiliza para vender productos, adquirir ofertas de libros, ofertas de televisión y conferencias. Nos oponemos a un movimiento para sustituir el capitalismo blanco por el capitalismo negro”, apuntaron. Luego, subrayan las cuestiones fundamentales de la alianza política con el Partido Demócrata. Lo señalan como un hecho “hipócrita en el mejor de los casos”, atendiendo que los demócratas “han ignorado reiteradamente las exigencias del BLM, que son pro-policía, pro-prisión y una fuerza decididamente capitalista”. 
 Sobre este punto, los integrantes del Black Lives Matter – Inland Empire -que luego de romper definitivamente con el movimiento se han renombrado como The Black Power Collective- han concluido con un recorrido histórico sobre las políticas racistas pergeñadas por los ‘dems’ en Estados Unidos. Esto constituye una enorme bofetada a la dirección integrada al Partido Demócrata, porque señala que ha sido esa misma orientación la que ha dado lugar al nacimiento del Black Lives Matter como respuesta: 
 “Desde el apoyo de Obama a la policía y su traición a Erica Garner, hasta la denegación de justicia de «Poli Jefa» Kamala Harris para Matrice Richardson, incluso volviendo al Proyecto de Ley contra el Crimen de 1994 escrito por Joe Biden junto con la Ley de Reforma de Litigios de Prisioneros que eliminó Derechos Humanos básicos de innumerables personas negras: el Partido Demócrata ha creado literalmente las condiciones que llevaron a la formación de este movimiento. Incluso ahora, el Partido Demócrata sigue apoyando al imperialismo, matando a jefes de estado africanos, bombardeando Somalia, abusando de los inmigrantes (incluidos los de la diáspora negra) y esparciendo el ejército estadounidense en los países negros y marrones de todo el mundo. Este es un partido que es una amenaza tanto aquí como a nivel internacional. Aliarse con ellos es aliarse contra nosotros mismos”, sellaron.
 The Black Power Collective se ha alejado entonces de forma definitiva del Black Lives Matter. Pero su separación no se da solo bajo su propia cuenta. Este comunicado de ruptura se formuló recogiendo, por ejemplo, otro presentado por los denominados #BLM10, diez secciones que aún permanecen bajo las banderas del Black Lives Matter, aunque se han desafiliado formalmente; y que también han esgrimido una crítica tenaz a la dirección y manifiestan un síntoma creciente al interior del movimiento.

 La Red Global, integración al Estado y burocratización 

 El hecho final que desencadenó la ruptura fue la designación de Patrisse Cullors, quien fuera cofundadora del Black Lives Matter, como Directora Ejecutiva sin que esto sea siquiera consultado o informado a los representantes de las distintas secciones. Este atropello grafica la conformación de una burocracia que opera en nombre del movimiento a espaldas de sus bases. 
 El Black Lives Matter a nivel nacional recauda fortunas (Más de 13 millones de dólares a fines de junio de 2020, según informa un artículo en Político el 10 de diciembre del pasado año), pero sus distintas secciones apenas reciben financiamiento de su parte. En su carta, los #BLM10 explicitan textualmente “la mayoría de las secciones han recibido poco o ningún apoyo financiero de Black Lives Matter Global Network (Red Global) desde su lanzamiento en 2013. Fue solo en los últimos meses que los capítulos seleccionados parecen haber sido invitados a solicitar una subvención de US$500.000 creada con recursos generados debido a la labor organizativa de las secciones. Esta no es la equidad y la responsabilidad financiera que merecemos”. 
 Estas cuestiones sobre la transparencia financiera, sin embargo, ya habían sido planteadas en 2016. De igual forma, los integrantes del #BLM10 iban a plantear todas estas denuncias en público una vez subida Cullors al podio del aparato directivo del Black Lives Matter, pero se resguardaron en vistas de poder saldarlas reuniéndose directamente con ella. Según la principal referente del Black Lives Matter Filadelfia, YahNé Ndgo, las conversaciones no condujeron a nada. Todo esto denota que el proceso de burocratización está abierto hace ya mucho, pero ahora se ha acelerado al compás de la integración del Black Lives Matter al aparato del Partido Demócrata. 
 Amika Tendaji, principal referente del Black Lives Matter Chicago, subrayó “Este es nuestro nombre, hemos trabajado para ello. Y siento que las secciones realmente han honrado ese nombre y lo han hecho fuerte”. Por su parte, Dickerson, referente del Black Lives Matter Oklahoma, señaló “La gente reconoce nuestro poder dentro de nuestras comunidades (…) No somos una marca. Somos una revolución”. 
 La diferenciación política en Black Lives Matter ha llegado al punto de la ruptura. Estas polémicas muestran la enorme reserva política y el avance en la conciencia en el activismo que protagonizó la rebelión del año pasado. Estos anticuerpos contra la integración al Estado y al régimen empresarial muestran la necesidad de la conformación de un partido independiente de la clase obrera de Estados Unidos, de todas las razas, de todos los oprimidos. La independencia política respecto a los opresores es la condición indispensable para terminar con el sistema capitalista que engendra al racismo y a la violencia policial. 

 Guillermo Kane, Manuel Taba

jueves, 11 de febrero de 2021

Vacunas: por qué es necesario abolir la ley de patentes


A continuación, reproducimos una columna publicada el 11/2 por el diario Perfil. 

 En los últimos días se ha instalado como tema de debate a nivel internacional, producto de la crisis del retraso de los laboratorios en la producción de vacunas de Covid-19, el planteo de la abolición de la ley de patentes y la producción pública de las mismas.
 Sucede que tanto AstraZeneca, como Pfizer y Gamaleya –que produce la Sputnik V– han asumido compromisos de entrega de vacunas que no pueden cumplir. Por estos compromisos, sin embargo, recibieron subsidios de los gobiernos y se financiaron cobrando por adelantado una producción que incumplen. Por ejemplo AztraZeneca, el líder mundial en cantidad de acuerdos previos a la compra, ofertando nada menos que 1.520 millones de vacunas, anunció que reducirá la provisión en un 60% en el primer trimestre, lo que ha desatado la crisis con la Unión Europea. 
 El negocio que están haciendo los laboratorios es histórico. Según previsiones para Pfizer esta será la vacuna más rentable de todas las producidas en la historia. La vacuna es la coronación de las ganancias y crecimiento de la cotización en la bolsa de los laboratorios durante toda la pandemia. Moderna, por ejemplo, tuvo una ganancia sideral de casi 600% en su cotización de mercado, pasando de 7.600 a 45.350 millones de dólares. 
 Las ganancias de los grandes laboratorios contrastan con el agravamiento de la crisis sanitaria que sigue su curso: los contagios por Covid-19 siguen tendencias crecientes en todo el mundo. El 23 de enero fue el día con más muertes desde que comenzó la pandemia a nivel global. 
Frente a la falta de vacunas, los gobiernos han asumido como medida aislamientos parciales, cierres de fronteras, toques de queda, límites a la circulación y cuarentenas cuyos costos ha pagado en todos los casos la población trabajadora y que, a su vez, le han abierto focos de crisis con otros sectores capitalistas que reclaman la apertura económica y, aún más, la vacunación para garantizar la producción. Esta situación no escapa a nuestro país: la Unión Industrial Argentina reclama 1.200.000 vacunas para no paralizar la producción. En Brasil las grandes corporaciones empresariales ya han logrado dar pasos en esa dirección, consiguiendo abolir el monopolio de compra de la vacuna por parte del Estado. 
 La situación ha puesto de manifiesto que el problema para afrontar la pandemia es efectivamente la producción capitalista. La contradicción que genera la propiedad privada de las patentes de las vacunas que controlan los laboratorios y se niegan no ya a socializar sino a vender, para que puedan ser fabricadas por otras compañías o por los propios Estados, a pesar de su incapacidad de cumplir con la producción. La población mundial se encuentra presa de las posibilidades e imposiciones de producción de un puñado de laboratorios, que, a su vez, cuentan con contratos secretos. Por caso, se desconoce el precio al cual los gobiernos han comprado las vacunas que aún no han recibido y cuál es el verdadero costo de producción de las mismas. 
 Las patentes y el secretismo sobre la elaboración y fabricación de vacunas opera como un bloqueo a la inmunización urgente que reclama el combate del Covid-19. Los especialistas advierten que la única forma de combatir las nuevas mutaciones de virus e incluso el surgimiento de uno nuevo es avanzar rápidamente en la vacunación de al menos dos tercios de la población mundial – unas 4.000 millones de personas. El impedimento para lograr este objetivo no radica en problemas científicos ni técnicos sino en el monopolio de cada laboratorio sobre su propia vacuna. 
 Las patentes hacen a la esencia del propio capital, pues son la manifestación más pura del derecho de propiedad. Sin embargo, los laboratorios se valen para la fabricación de las mismas del conocimiento generado por la humanidad hasta el momento. Buena parte de las investigaciones abstractas son realizadas por las universidades, que son a su vez financiadas por los estados, y éstos de modo directo subsidiaron a sus monopolios farmacéuticos. Así, la apropiación privada de la vacuna choca con su creación social. 
 Paradójicamente, el derecho de propiedad que reclaman los laboratorios termina perjudicando al conjunto del capital, pues la extensión de la pandemia afecta el funcionamiento dinámico de la acumulación capitalista. Pero esta contradicción es insoluble para el capital, pues los monopolios en todas las esferas hacen valer sus patentes y el secreto de investigación y comercial. Abolirlo para los laboratorios abre un precedente peligroso que no quieren enfrentar. Por el lado de los estados imperialistas esto se combina con las disputas internacionales y la guerra comercial en marcha. Cada estado defiende a sus propios monopolios farmacéuticos y se asocia a ellos como parte de sus disputas internacionales.
 Por otra parte, han sido los gobiernos imperialistas los que concentraron gran parte de la posible producción de vacunas. Canadá negoció dosis por una cantidad equivalente a cinco veces su población. El 80% de las 87 millones de dosis distribuidas en enero en todo el mundo se concentraron en Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y China. 
 En este cuadro internacional, el Grupo de Puebla no se ha pronunciado por la abolición de la ley de patentes, que terminaría con la dependencia de los laboratorios imperialistas y sus Estados. Por el contrario, sus gobiernos no han hecho más que subordinarse a la situación, a la espera en la larga cola del reparto de vacunas. 
 La abolición de la ley de patentes y la fabricación pública de las vacunas debe extenderse al conjunto del material de salubridad de los que ha habido desabastecimiento desde el inicio de la pandemia. La lucha contra la pandemia es la lucha contra el sistema social que la engendró y se beneficia con ella. 

 Gabriel Solano

En cuarentena con Silvio


miércoles, 10 de febrero de 2021

Lo que deja la primera vuelta electoral en Ecuador


La primera vuelta de las elecciones ecuatorianas le dieron el triunfo a Andrés Arauz, el candidato de Unión por la Esperanza, apoyado por el expresidente Rafael Correa, con algo más del 31% de los votos. El segundo lugar, que determinará quién lo enfrente en el ballotage de abril, lo disputan voto a voto el banquero Guillermo Lasso (candidato de un frente de Creo y el Partido Social Cristiano) y Yaku Pérez, de Pachakutik (ligado a la Conaie), ambos con alrededor del 20% de los votos (serán claves para definir la cuestión una gran cantidad de actas electorales en observación. Pérez denuncia maniobras y la posibilidad de un fraude). En cuarto lugar quedó el empresario agroexportador Xavier Hervas, de Izquierda Democrática, que obtuvo un gran resultado (16%) con un perfil “antipolítico” y anticorrupción. 
 El gobierno y la derecha son los más golpeados por la elección. En el primer caso, Lenín Moreno deja el poder repudiado por la población, debido a las políticas de ajuste y acuerdo con el FMI. Sobre el final de su mandato suscribió un compromiso por 6.500 millones de dólares con el organismo internacional, que tiene como contracara un posible aumento del IVA, despidos y rebajas salariales en el sector público. Esto condicionará completamente el futuro gobierno. Pero además, el mandatario saliente paga el costo del pésimo manejo de la pandemia, con los cadáveres amontonándose en las calles de Guayaquil en los comienzos del Covid-19. La candidata más afín a Lenín Moreno, Ximena Peña, quedó por debajo del 2% de los votos. 
 En cuanto a Lasso, había obtenido más votos en la elección pasada (28%), incluso sin necesidad de alianza con los social cristianos. En el caso de la elección para la Asamblea Nacional, donde su partido se presentó en soledad, ni siquiera alcanzó el 10% de los votos. Su suerte política depende enteramente del ingreso al ballotage, en el que podría compensar esta mala performance por el apoyo de otras fuerzas. 

 Pachakutik 

 Con independencia de que entre o no a la segunda ronda, el resultado de Pachakutik es el dato más sobresaliente de la elección. En las presidenciales de 2017, había apoyado al general “Paco” Moncayo, quien apenas superó el 6% de los votos. Con más del triple de votos que éste, el exgobernador de Azuay (región abrumadoramente indígena), Yaku Pérez, capitaliza la rebelión popular de 2019 contra la anulación de los subsidios al combustible, si bien su campaña tuvo una tónica completamente conciliadora. 
 Pérez se alzó con la mayor cantidad de provincias, ganando en 13 de ellas (en ocho de las cuales obtuvo más del 40%), contra 8 de Correa y 2 de Lasso.
 El planteo más destacado de Pachakutik consiste en una defensa de los pueblos originarios y el medio ambiente. Reclama, por ejemplo, la prohibición de la minería contaminante (en paralelo con la elección presidencial, se desarrolló una consulta en que el 80% se pronunció a favor de detenerla en la cuenca de algunos ríos). Pero no plantea la ruptura de todos los proyectos en marcha “porque nos llegarían demandas internacionales”, según Pérez (El Telégrafo, 14/11/20). 
 Pachakutik, precisamente, no tiene un planteo de ruptura con el régimen. Defiende expresamente la dolarización (“sería un crimen terminar con ella, nos guste o no, porque ha dado estabilidad económica al país y confianza a muchos sectores”, dice Pérez -ídem) y no plantea la expropiación del gran capital. Con respecto al acuerdo con el FMI, reclamó una “revisión”. 
 Estos límites políticos explican que el banquero Guillermo Lasso haya anticipado su voto por Pachakutik en caso de que esta fuerza pase al ballotage. Peor aún, buena parte de la coalición indigenista llamó a votar por Lasso en el ballotage anterior, que lo enfrentó con Lenín Moreno. 
 Aun así, la debacle del candidato más confiable de la burguesía (Lasso), que podría quedar directamente fuera del segundo turno, y el ascenso de la formación indigenista, configuran un escenario convulsivo. 

 ¿Revival? 

 El correísmo ganó las elecciones, lo que lo reposiciona políticamente tras la ruptura con Lenín Moreno y la proscripción electoral de su líder. Sin embargo, obtuvo menos votos que los que Lenín Moreno había sacado como candidato oficialista en 2017 (39%).
 El economista Andrés Arauz, candidato de la Unión por la Esperanza, hizo una campaña basada en una crítica al ajuste del gobierno, en el reclamo de recuperar el empleo y el mercado interno, un mayor papel del Estado en la educación y la salud, etc. Pero al mismo tiempo, defiende expresamente la dolarización en su plataforma y frente al acuerdo con el FMI se ha limitado a plantear una renegociación. 
 En oposición a Lenín Moreno, reivindica las gestiones anteriores de Correa, que se valieron de la bonanza petrolera (y minera) para sostener un endeudamiento creciente y financiar una malla de contención social y megaobras de infraestructura. Correa complementó el manejo social de la renta petrolera con la regimentación de las organizaciones sindicales y populares (límites al derecho a huelga y quita de la personería al gremio de maestros) y una férrea oposición a la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. 
 Un regreso del correísmo al poder tendría aún más límites que en el pasado, debido al cuadro de recesión internacional y caída de los precios del petróleo, de cuya exportación el país depende enormemente. 
 El futuro gobierno ecuatoriano, sea cual sea el ganador, estará condicionado por el acuerdo con el FMI y la bancarrota económica, así como por la sombra de la rebelión de 2019. 

Gustavo Montenegro

lunes, 8 de febrero de 2021

“Assange ha sido torturado psicológicamente de manera intencional”


El investigador de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura en el mundo y ex Cruz Roja, Nils Melzer, habló por primera vez sobre su investigación en el caso de Wikileaks que involucra a Julian Assange. Dijo que “Assange ha sido torturado psicológicamente de manera intencional”. Assange se encuentra en Reino Unido detenido en una prisión de máxima seguridad. En Estados Unidos podría enfrentar hasta 175 años de prisión por exponer crímenes de guerra. 
Assange había denunciado la tortura sistemática que gobierno y ejércitos imperialistas ejercen sobre poblaciones civiles, las masacres y las violaciones, los acuerdos secretos y las transgresiones a los derechos humanos más elementales. 

 Wikileaks 

Wikileaks se transformó en una amenaza para la élite política en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia luego de la publicación de información estatal secreta que involucra a esos gobiernos e crímenes de guerra. Melzer explica la estrategia imperialista: “Imagina el cuarto oscuro. De repente, alguien ilumina al elefante en la habitación, a los criminales de guerra, a la corrupción. Los gobiernos están brevemente en estado de shock, pero luego cambian la atención con acusaciones de violación. El elefante vuelve a desaparecer en la oscuridad, detrás del foco. Y Assange se convierte en el foco De repente, todos sabemos que es un violador, un hacker, un espía y un narcisista. Pero los abusos y crímenes de guerra que descubrió se desvanecen en la oscuridad” (Republik, 31/1). 

 El proceso 

Melzer indica que la policía sueca armó un caso de abuso contra Assange: “había una contradicción que no tenía sentido para mí con mi amplia experiencia legal: ¿Por qué una persona estaría sujeta a nueve años de una investigación preliminar por violación sin que se hubieran presentado ni siquiera cargos? (…) Imagínese ser acusado de violación durante nueve años y medio por todo un aparato estatal y por los medios de comunicación sin tener la oportunidad de defenderse porque nunca se habían presentado cargos”. Desde ese momento, Assange fue encarcelado y sufrió lo que Amnesty Internacional reconoció como “tortura”. Assange no huyó para evitar la cárcel, sino que “denunció a las autoridades suecas en varias ocasiones porque quería responder a las acusaciones. Pero las autoridades bloquearon cualquier posibilidad (…) nunca ocurrió ninguna violación” (ídem). 
 El representante de la ONU dijo que la declaración policial fue “manipulada” y “modificada” por la policía de Estocolmo. De allí Assange fue a Londres, pidiendo asilo en la embajada de Ecuador. Por siete años, sus abogados hicieron más de 30 ofertas para organizar la visita de Assange a Suecia, a cambio de una garantía de que no sería extraditado a EEUU. Los suecos se negaron argumentando que EEUU no había presentado una solicitud formal de extradición. Sus abogados finalmente solicitaron a la Corte Suprema de Suecia que obligara a la fiscalía a presentar cargos o cerrar el caso, y Gran Bretaña ejerció presión para no cerrar el caso. Luego de ser sacado de la embajada, Assange fue sentenciado sumariamente para que EEUU preparara su caso de espionaje en su contra. Luego, Suecia abandonó el caso en su contra en noviembre de 2019, al cabo de casi una década. 
 Melzer dice que Assange en EEUU “no recibirá un juicio compatible con el estado de derecho. Esa es otra razón por la que no debería permitirse su extradición. Assange recibirá un juicio con jurado en Alexandria, Virginia, el notorio «Tribunal de Espionaje» donde EEUU juzga todos los casos de seguridad nacional. La elección del lugar no es una coincidencia, porque los miembros del jurado deben ser elegidos en proporción a la población local, y el 85% de los residentes trabajan en la comunidad de seguridad nacional: en la CIA, la NSA, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado (…) el veredicto es claro desde el principio. Los casos siempre se juzgan ante el mismo juez a puerta cerrada y sobre la base de pruebas clasificadas. Nadie ha sido absuelto allí en un caso como ese” (ídem).
 Agrega que “Mientras los empleados del gobierno estadounidense obedezcan las órdenes de sus superiores, pueden participar en guerras de agresión, crímenes de guerra y tortura sabiendo muy bien que nunca tendrán que responder por sus acciones. Hoy, Estados Unidos se ha retirado del Consejo de DDHH de la ONU, y ni la masacre del «asesinato colateral» ni la tortura de la CIA tras el 11 de septiembre ni la guerra de agresión contra Irak han dado lugar a investigaciones penales. Ahora, el Reino Unido está siguiendo ese ejemplo. El Comité de Seguridad e Inteligencia del propio parlamento del país publicó dos informes extensos en 2018 que muestran que Gran Bretaña estaba mucho más involucrada en el programa secreto de tortura de la CIA de lo que se creía anteriormente. El comité recomendó una investigación formal. Lo primero que hizo Boris Johnson después de convertirse en primer ministro fue anular esa investigación”.
 La intimidación tiene como objetivo “crear un sistema asesino ante nuestros propios ojos”. No se enjuicia la tortura ni los crímenes de guerra. “Están circulando videos de YouTube en los que los soldados estadounidenses se jactan de llevar a las mujeres iraquíes al suicidio con violaciones sistemáticas. Nadie lo está investigando. Al mismo tiempo, una persona que expone tales cosas está siendo amenazada con 175 años de prisión”. 
 ¡Libertad ya a Julian Assange! 

 Emiliano Monge 
 05/02/2021