La China de Xi Jinping: Un monarca para tiempos turbulentos

El XX Congreso del Partido Comunista Chino y sus tensiones El fin de semana que pasó el XX Congreso del PC convirtió al líder de China en un virtual rey sin corona, pero con pretensiones vitalicias. Esto representa una ruptura con el régimen vigente desde los tiempos en que se inició la apertura china y que disponía un máximo de dos mandatos de 5 años. 

 La entronización de Xi Jinping, lejos de ser un síntoma de fortalecimiento, es una manifestación de debilidad del régimen. El refuerzo de las tendencias bonapartistas apunta a consolidar un sistema de poder personal que permite al presidente actuar de árbitro frente a las crecientes tensiones internas y externas que atraviesa el país y que vienen sacudiendo a la elite dirigente china y sus estructuras de poder, empezando por el propio PCCH. 

 Los frentes de tormenta son múltiples. En estas décadas, China se catapultó como una potencia mundial, pero, al mismo tiempo, ese poderío ha ido de la mano de crecientes contradicciones de alcance explosivo. El prodigioso crecimiento ha empezado a chocar con límites. El gigante asiático no ha sido inmune a la crisis capitalista. China ya no es la locomotora que fue en el 2008 cuando permitía neutralizar la declinación de la economía mundial. Por el contrario, 14 años después es una de las fuentes de su agravamiento.

 La desaceleración económica actual no nace con la pandemia sino que ya venía abriéndose paso previamente. El Estado chino procuró contrarrestar esta caída inyectando grandes proporciones dinero en el mercado y con crédito barato. Este enorme rescate estatal, sin embargo, no logró sacarla del atolladero. Por el contrario, dio pie a un endeudamiento incontrolable y a un salto en la especulación. Recordemos que la deuda china casi triplica su PBI y es la que ha crecido en forma más veloz en la última década. La crisis del gigante inmobiliario Evergrande es apenas la punta del iceberg de una gigantesca burbuja inmobiliaria. Es necesario tener presente que el sector inmobiliario es responsable a través de sus ramificaciones del 20 % del PBI y que el colapso ya está actuando como un poderosos factor de freno de la actividad económica. La crisis está lejos de circunscribirse, de todos modos, a un solo sector, y está presente en toda la economía. 

 La pandemia ha agravado lógicamente la situación. XI Jinping en su discurso inaugural no dio señales de relajar los rígidos controles que fueron establecidos para enfrentar el Covid. Recordemos que, hasta el día de hoy, Pekín viene apelando a confinamientos severos, aunque esto sea a costa de la paralización de la actividad económica. El levantamiento de estas restricciones viene siendo materia de una fuerte presión externa por parte del gran capital internacional que ve con preocupación la ruptura de la cadena de suministro y el perjuicio que esto provoca en el movimiento económico global. 

 Este malestar se replica internamente en los círculos empresarios del país. Pero también las restricciones han aumentado el descontento de la población por las crecientes penurias y desigualdad (que, por supuesto, aumentan al quedar parte de los habitantes privados de sus fuentes usuales de subsistencia) y porque ven los controles ejercidos por la burocracia como un instrumento aprovechado para acentuar la represión y la censura en el país. El clima general de regimentación de la vida política y social se ha incrementado sensiblemente bajo los mandatos de XI. 

 Escalada imperialista 

El XX Congreso se celebra en medio de una exacerbación de la guerra comercial y de la tendencia bélica. El desacople chino-norteamericano que asomaba en el 2017 pegó un enorme salto en el segundo mandato del líder chino. Estamos frente a una agresiva escalada liderada por EEUU que tiene como blanco principal a China. La guerra de Ucrania apunta a Moscú, pero es un tiro por elevación contra el gigante asiático. Como telón de fondo está la tentativa del imperialismo de superar su impasse completando el proceso de restauración capitalista, lo cual exige someter a ambos países. Biden no solo mantuvo las represalias de Trump, sino que las ha profundizado. Recordemos que los demócratas dieron continuidad a los aranceles impuestos por el magnate inmobiliario. El XX Congreso se da en momentos en que Washington acaba de imponer prohibiciones severas a la exportación de chips informáticos avanzados y equipos de fabricación de chips a China. Los perjuicios para la industria china son tanto o más dañinos que los dispuestos tiempo atrás contra Huawei. 

 Pero además, esta escalada cada vez más virulenta se traslada al plano militar. Estados Unidos está decidido a utilizar todos los medios, incluidos los militares, para impedir que China desafíe el dominio mundial estadounidense. El gobierno de Biden puso cada vez más en tela de juicio la política de “Una sola China”, bajo la cual EEUU reconoció de facto a Pekín como el gobierno legítimo de toda China, incluyendo a Taiwán.

 Xi dijo que China busca la “reunificación pacífica” con Taiwán, pero que “no excluye el uso de la fuerza como último recurso”. En una crítica apenas velada a Estados Unidos, añadió: “Resolver la cuestión de Taiwán es un asunto de los chinos, es un asunto que debe ser resuelto por los chinos”.

 La perspectiva de la guerra se extiende como amenaza cierta en el continente asiático (El País, 16/10).

 La escalada imperialista en curso terminó por hacer naufragar las expectativas de una restauración capitalista pacifica en los ex estados obreros. Hay una incompatibilidad entre las ambiciones de las grandes metrópolis capitalistas y los apetitos e intereses de la burocracia y la burguesía nativas que se han ido desenvolviendo en las antiguas economías estatizadas. La restauración capitalista es concebida por el imperialismo como un proceso de colonización económica y política bajo su tutela y control, lo cual colisiona con las pretensiones de autonomía que alientan tanto Moscú como Pekín. 

 Choques y purgas 

El panorama aquí descripto, como no podría ser de otra forma, tiene su impacto en el aparato del Estado. El PCCH, y en general los principales estamentos del poder, no han sido inmunes a las tensiones internas y externas. Aunque no se exprese en forma abierta y reine un gran hermetismo en su interior, están instalados una deliberación, choques y divisiones que fueron creciendo con el tiempo.

 “En el vértice del poder de China hay amplio acuerdo con respecto a mantener la apertura y el desarrollo del consumo. Pero han sido fuertes las fricciones sobre la profundidad que debe adoptar el cambio. Esos desacuerdos tuvieron su reflejo en oleadas de purgas desde que Xi asumió el control a comienzos de 2013” (Clarín, 14/10). 

 Giro dirigista 

Como telón de fondo lo que está en debate es el giro más dirigista que Xi estaría promoviendo. El presidente chino pretende tener el control total de la economía, un ámbito que manejaba el premier. 

 La crisis mundial y la escalada en la que está embarcado el imperialismo ha acentuado las contradicciones de la burocracia dirigente china, que oscila entre adaptarse a las exigencias de una mayor apertura económica y a las leyes de mercado, por un lado, y recurrir al intervencionismo estatal para pilotear un descalabro económico y evitar que la situación social se desmadre, por el otro. En la conciencia de la cúpula dirigente china está latente la amenaza que representa la clase obrera cuyo descontento ha ido en aumento a medida que crecen la inflación, la desocupación y el parate económico. 

 La consigna que ha pasado a presidir el discurso oficial es la “prosperidad común para todos”. Hay una preocupación fundada de los jerarcas chinos por la creciente desigualdad, una tendencia que podría desestabilizar al país. El impulso a la “prosperidad compartida” abarca, según la prédica gubernamental, desde el freno a la evasión fiscal y la limitación de las horas que pueden trabajar los empleados del sector tecnológico hasta la prohibición de las clases particulares con fines lucrativos en materias escolares básicas. Tengamos presente que China es una de las sociedades más desiguales del mundo. Los habitantes de la quinta parte de los hogares chinos disfrutan de una renta disponible más de diez veces superior a la de la quinta parte inferior, según las cifras oficiales. El 1 % más rico posee el 30,6 % de la riqueza de los hogares, hay 600 millones de pobres que viven con apenas 1.000 renminbi al mes (154 dólares). La retórica “social” va unida a la enorme regimentación ya señalada. 

 Conjuntamente se han reforzado los controles y regulaciones sobre la actividad privada. Recordemos la nueva legislación de regulación de los monopolios puesta en marcha por el gobierno y la injerencia del PCCH en la vida y el funcionamiento de las empresas privadas. Grandes empresas, como JD Digits, Ten cent, Baída y Rufas reestructuraron y restringieron su operatoria para evitar represalias. En ese contexto, las tensiones con la burguesía china han ido en aumento. 

 El PC chino, resumiendo, ha buscado tener una intervención más activa en las decisiones de negocios. El gobierno chino viene apelando a la persecución directa, encarcelamiento y hasta la desaparición de prominentes hombres de negocios de la floreciente burguesía de su país. 

 La intervención creciente del Estado chino, que como vimos, coexiste con la apertura de la economía, tiene como propósito salvar la restauración capitalista. De ningún modo está dirigida a suprimirla. Pero ese arbitraje excepcional del Estado, contradictoriamente, es una fuente de choques con el gran capital internacional y con la propia burguesía china que creció a la sombra y bajo la protección de la elite dirigente oficial. Lo cual, a su turno, es un indicador del carácter inconcluso de la restauración capitalista. 

 El destino de China 

La crisis china es un componente cada vez más gravitante de la crisis mundial capitalista. A las contradicciones explosivas de la economía mundial capitalista se le unen las propias del gigante asiático. Ingresamos en un escenario convulsivo de la historia china, cuyo desenlace estará signado, como ya ocurrió en el pasado, por la lucha de clases nacional e internacional. 

 Pablo Heller

El negocio del miedo: la mano invisible del mercado

Sólo por considerar lo ocurrido en Estados Unidos después del 11 de septiembre podemos ver que ningún grupo terrorista islámico puso nunca la existencia de este país en peligro, pero en nombre de “la seguridad nacional” se exterminaron derechos de los mismos ciudadanos estadounidenses a la privacidad de su información y se desató una tormenta de censuras y autocensuras en los medios, para no hablar de la escandalosa e impune violación sistemática de los derechos humanos de millones de personas alrededor del mundo. 

 Poco después de la destrucción nuclear de Hiroshima y Nagasaki, el presidente Truman declaró a la prensa: “Le damos gracias a Dios porque esto haya llegado a nosotros antes que a nuestros enemigos, y rezamos para que Él nos pueda guiar para usarlo según Su forma y Sus propósitos”. Literalmente alguien (Dios, para una mente fanática) puso las bombas atómicas en sus manos, ya que el presidente Truman no supo del Proyecto Manhattan hasta después de la muerte del presidente Roosevelt, unos meses antes, en 1945. 

Con frecuencia las agencias secretas saben más que los presidentes que, desde el punto de vista de quienes no deben rendir cuentas al pueblo, son flores de un día. Los presidentes pasan, las agencias secretas permanecen. Esta tradición de espionaje y de ejecución de políticas propias (siempre “por una buena causa”) sufrió un intento de supervisión por parte de comisiones especiales del parlamento, luego de las revelaciones de la comisión Church en 1975, pero nunca fue muy efectiva ni sistemática. Los mismos integrantes de la Comisión de Seguridad del parlamento de Estados Unidos son fanáticos defensores de las intervenciones ilegales en otros países, como el senador de Florida Marco Rubio, o, cuando no lo son, reciben una cuota limitada y fraccionada de información clasificada. “Somos como honguitos” se quejó uno de los miembros de la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia, Norman Mineta, en los 80s. “Ellos [la CIA] nos dejan en la oscuridad y nos alimentan con un montón de bosta”. 

 Según la profesora y miembro del directorio de la poderosa contratista militar Kratos, Amy Zegart, “la protección de la información de las fuentes y de los métodos es para la seguridad nacional de Estados Unidos; ninguna democracia puede ser totalmente trasparente”. Cien páginas más adelante, en su libro Spies, Lies, and Algorithms (2022), reconoce: “el trabajo de los espías y de los soldados se ha vuelto indistinguible en muchas formas; los ataques de drones son planeados y ejecutados en conjunto tanto por la CIA como por el Pentágono, a veces juntos y a veces cada cual por su parte”. Según el profesor de la Universidad de Texas, Bobby Chesney, “los ataques con drones de la CIA se realizan bajo la autoridad de acción encubierta del Título 50, lo que significa que las operaciones no deben ser reconocidas ni informadas”. 

 Claro, tampoco los ciudadanos publican las claves de acceso a sus cuentas de banco, pero ese derecho al “secreto” desaparece cuando el secreto esconde actividades ilegales. La vieja excusa de la “seguridad nacional” radica en la elasticidad semántica del término. Sólo por considerar lo ocurrido en Estados Unidos después de 9/11, podemos ver que ningún grupo terrorista islámico puso nunca la existencia de este país en peligro, como puede serlo una verdadera guerra, pero en nombre de “la seguridad nacional” se exterminaron derechos de los mismos ciudadanos estadounidenses a la privacidad de su información y se desató una tormenta de censuras y autocensuras en los medios, para no hablar de la escandalosa e impune violación sistemática de los derechos humanos de miles y millones de personas alrededor del mundo. John Mueller, profesor de la Universidad Estatal de Ohio lo puso de forma didáctica: “el número de personas que cada año son asesinadas por terroristas musulmanes en todo el mundo es, más o menos (…) la misma cantidad de personas que mueren ahogadas en la bañera”. 

 Pese a todo, y no por casualidad, el presupuesto de Washington invertido en “seguridad nacional” desde los misteriosos atentados del 11 de septiembre se ha incrementado tanto como toda la economía de Brasil o de cualquier país europeo. Prácticamente nada de esas fortunas hicieron a los ciudadanos estadounidenses más seguros sino más paranoicos y menos libres. En el proceso, unas pocas corporaciones multiplicaron sus fortunas. 

 La misma existencia de estas super poderosas agencias fue varias veces cuestionada, con resultados trágicos. La primera vez fue cuando fracasó la invasión a Cuba en 1961. El presidente John Kennedy había heredado este plan de la CIA que debía repetir el éxito del golpe de Estado en Guatemala siete años antes. El plan contaba con que la población cubana se iba a unir a los invasores luego de una campaña de propaganda mediática. Pero Ernesto Che Guevara había estado en Guatemala cuando se puso en práctica esta estrategia y, una vez la Revolución cubana expulsó al títere de Washington, Fulgencio Batista, Guevara afirmó: “Cuba no será otra Guatemala”. Se refería al control nacional de la prensa para evitar la inoculación de la CIA en un nuevo sabotaje social. Ocurrió que Guevara estaba en lo cierto y la nueva invasión planeada por la CIA fracasó debido a que los cubanos se pusieron del otro lado. Furioso por el fiasco, Kennedy amenazó con disolver la CIA, despidió a su poderoso director, Allen Dulles y le informó a su vicepresidente, Lyndon Johnson, que no contaría con él para la reelección… Unos meses después fue asesinado en Dallas. El agente cubano de la CIA Antonio Veciana asegurará, en su libro Trained to Kill (2017), que había visto al asesino Lee Oswald unas semanas antes en Texas, hablando con su jefe, David Atlee Phillips. 

 Un nuevo intento de disolución de la CIA llegó poco después de la Guerra Fría, en 1990. El ex agente de la Agencia y autor de varios libros sobre política internacional, William G. Hyland, en 1991 afirmó que “nunca antes Estados Unidos había estado menos amenazado como ahora”. El teniente General y ex jefe de la NSA, William Odom y el senador Daniel Patrick Moynihan directamente recomendaron abolir la CIA. El New York Times informó: “Sin la amenaza soviética, ¿por qué no abolir la CIA y dejar que el Departamento de Estado se haga cargo? La CIA es el producto por excelencia de la guerra fría y, ahora que la guerra ha terminado, la agencia pertenece al pasado”. En 1991, Moynihan presentó un proyecto de ley para abolir la Agencia. La misma CIA publicó un documento, ahora desclasificado, mencionando los repetidos fracasos de la agencia, incluido su incapacidad para ver los problemas económicos de la Unión Soviética y mucho menos su posterior colapso. Claro que lo más probable es que estos “fracasos” como el que llevó a la Guerra en Irak “basado en información de inteligencia incorrecta” se deban a otra tradición entre los mismos agentes, jefes y funcionarios de estos poderosos agencias secretas: su tendencia a exagerar las amenazas ficticias y no ver (o ver tarde) las amenazas reales, como el ataque a las Torres Gemelas. La idea es alimentar la idea de que son indispensables para la seguridad nacional. Es decir, todo aquello que mantenga y amplifique el estado de paranoia de la población.

 Nadie puede abolir agencias que son más poderosas que cualquier congreso y hasta que cualquier gobierno. Menos cuando son la mano invisible de las grandes corporaciones. Como el mismo presidente de la Comisión Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes Lee Hamilton confirmó en 2007, citando al comic The wizard of ID, “Todos tenemos que vivir según la regla de oro: es decir, quien controla el oro hace las reglas”. 

 Jorge Majfud | 28/10/2022

Simplemente Camilo

Google, YouTube y la «moralfare»

En marzo de 2022, un mes después del inicio de la guerra en Ucrania, el gigante Google, dueño de YouTube, advirtió a los productores de contenido (aunque con derechos cosméticos, son los principales empleados de la superplataforma; quienes logran al menos 1.000 subscriptores y 4.000 horas de visualizaciones reciben el primer dólar) que tengan cuidado con sus productos audiovisuales y se abstengan de expresar alguna idea u opinión que “explota, descarta o aprueba” la guerra en Ucrania.

 Naturalmente, ninguna de estas advertencias fue nunca ejercida para las guerras lideradas por la OTAN, ni siquiera las más recientes en Medio Oriente y Noráfrica. Por el contrario, la brutal invasión de Irak en base a “información falsa” y narrativas para niños, la que dejó un millón de muertos, millones de desplazados y medio continente sumido en el caos más violento que se hubiese podido imaginar, fue apoyada por estos mismos medios en base, por ejemplo, al “Patriot Act” aprobado en Washington en octubre de 2001, por el cual ni siquiera estaba permitido publicar las fotos de los muertos propios retornando al país ni los muertos ajenos hundiéndose en el olvido; por otra parte, se exigía que cada reporte “desde el lugar de los hechos” fuese acompañado con la repetida referencia al ataque de las Torres Gemelas. 

 Por no mencionar guerras más recientes, masacres, bombardeos sistemáticos de drones, matanzas ocultadas a la opinión pública, rebeliones inoculadas o secuestradas, magnicidios de dictadores o líderes rebeldes, como el de Muamar el Gadafi, y más violaciones en curso de los derechos humanos por parte de gobiernos poderosos, como los abusos y exterminios en masa de los pueblos en Yemen, Siria y Palestina.Una forma sutil y por demás efectiva de censura de los pequeños y grandes productores de contenido cultural, de entretenimiento o de noticias en YouTube, consistió en la mejor estrategia de censura que cualquier sistema democrático o dictatorial conoció en los últimos siglos, desde el Panóptico de Jeremy Bentham en el siglo XVIII hasta el miedo de los usuarios de que la CIA o la NSA y otras agencias secretas estén vigilando sus actividades en Internet, pasando por innumerables dictaduras, como las dictaduras militar-capitalistas en América Latina durante el siglo XX. 

 En este caso, la autocensura comenzó con la amenaza, por parte de Google y YouTube, de una desmonetización. Es decir, eres libre de pensar lo que quieras, pero si dices algo con lo cual no estamos de acuerdo, dejaremos de pagarte por tu trabajo y no hay gremio que pueda defenderte. De hecho, es lo que le ocurrió a muchos de los periodistas independientes en la plataforma, algunos de los cuales son mis amigos.En otras palabras, las mega plataformas, nacidas y con residencia legal en Estados Unidos, no respetan siquiera la constitución de su país, la cual, en su Primera enmienda, garantiza la libertad de expresión, sin importar si ésta es la expresión del KKK o de los nazis, neonazis y renazis. Hecho que resulta en una grave contradicción al derecho extraterritorial de las mismas leyes estadounidenses que se aplican, incluso, en países como China, en las instalaciones de compañías como Apple o Microsoft, como si tuviesen inmunidad diplomática. 

 Google remató su amenaza con el siguiente sermón moral, propio de la doble vara de las grandes potencias y de las grandes corporaciones: las políticas de la empresa se violan cuando, por ejemplo, se publica “contenido peligroso o despectivo… que incite a la violencia o niegue eventos trágicos” en Ucrania. Si existe un lawfare, está claro que los poderosos de siempre han inventado un moralfare (sobre todo en empresas privadas que escriben sus propias leyes) para secuestrar principios caros a los de abajo. 

 Las víctimas son víctimas en cualquier caso (desde el Sahara hasta Madrid, desde Libia hasta Paris, desde Sud África y el Congo hasta Londres y Bruselas, desde Guatemala y Chile hasta Washington, desde Siria y Palestina hasta Ucrania), pero la moralfare se usa solo para compadecerse y apoyar con toda la fuerza de los medios, la propaganda y la narrativa internacional, a unas víctimas e invisibilizar a otras. 

 La mafia de las corporaciones del Primer Mundo son un pulpo con tentáculos globales y todas tienen un factor común: dinero, medios y poder. La selección de Rusia fue excluida del mundial de fútbol de Catar de 2022, sin que nadie se horrorice por los 7.000 inmigrantes muertos para preparar la fiesta mundial del fútbol en esa petrodictadura del Golfo Pérsico, donde, como en Arabia Saudita, no hay espacio para la indignación de las mujeres oprimidas ni indignación de las mujeres de la OTAN por razones mediáticas y estratégicas. 

 La misma FIFA fue cómplice del fascismo italiano que hizo posible la obtención de los campeonatos de fútbol en 1934 y 1938; el mismo caso de Argentina 1978, cuando la brutal dictadura del general Videla no fue castigada sino premiada por la mafia internacional. Estados Unidos participó del mundial de 2002 en Corea del Sur y Japón, pese a los masivos bombardeos, torturas y masacres en Irak.En 2011 el jugador de fútbol del Sevilla, Frederic Kanouté, fue sancionado por mostrar su apoyo al pueblo palestino. Apenas iniciada la guerra en Ucrania, todas las transmisiones de los partidos de la popular y poderosa La Liga española fueron acompañadas sin tregua por una bandera de ese país al lado del cronómetro, como forma de solidaridad ante la agresión de un país más fuerte (los medios informan de una guerra de Rusia contra Ucrania, no la más obvia guerra de Rusia contra la OTAN). Clubes de fútbol europeos, como el Atlético de Madrid, iluminaron sus estadios con los colores de la bandera ucraniana, por lo cual recibieron felicitaciones por su acto de heroísmo y solidaridad con los Derechos Humanos. Lo mismo ocurrió en otros estadios, como el Wembley de Inglaterra. En muchos partidos de la también poderosa Premier League de Inglaterra, los jugadores fueron obligados a entrar al campo de juego con la bandera ucraniana, como signo de neutralidad deportiva.Como lo estableció y practicó el padre de la propaganda moderna, Edward Bernays, la mejor forma de administrar una democracia es diciéndole a los ciudadanos lo que deben pensar. “La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática”.

 Según un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) publicado en 2022, “la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció en 1936 que ‘un público informado es la más poderosa de todas las restricciones contra los abusos del gobierno. Sin embargo, hoy en día, gran parte de los asuntos de nuestros gobiernos se llevan a cabo en secreto. Existe una multitud de agencias secretas, de comités secretos del Congreso, tribunales secretos e, incluso, existen leyes secretas. Este estado secreto en permanente expansión representa una amenaza seria a la libertad individual y socava la misma noción de gobierno de, por y para el pueblo”. 

 Jorge Majfud | 17/10/2022 | 

 Nota: Este texto forma parte del próximo libro del autor, Moscas en la telaraña (2024).

Se extienden las huelgas y se intensifican las protestas en Irán

Nuevos gremios iraníes se han unido al llamado a huelga de los petroquímicos en apoyo a las movilizaciones de las mujeres y la juventud. 

 El Consejo para la Organización de Protestas de Trabajadores de los Contratos del Petróleo ha informado que los conductores de camiones cisterna de combustible se han sumado masivamente a este llamado ya no sólo por sus reivindicaciones, sino llamando al derrocamiento del gobierno.

 Esto se debe a que, durante las primeras huelgas convocadas por los petroleros, el gobierno ha detenido y encarcelado a más de 250 camioneros y conductores. El rol de los camioneros en el levantamiento de Irán ha sido fundamental, puesto que ante el sabotaje de las telecomunicaciones por parte del régimen, éstos se han transformado en un instrumento de información, coordinación y propaganda entre las ciudades. 

 Los trabajadores tercerizados del petróleo han bloqueado las entradas a las centrales petroleras; estáan en huelga los petroleros de las refinerías privadas con salarios devaluados producto de la inflación, los empleados del complejo de gas de South Pars, los empleados de comercio, los siderúrgicos y más recientemente los trabajadores de la caña de azúcar en Juzestán. 

 Las huelgas obreras, especialmente las de los petroquímicos, se han extendido por todas las provincias del Golfo Pérsico y las provincias limítrofes con Irak. Ahora, junto con el reclamo de contratación en planta de los tercerizados y el aumento de los salarios, reclaman la apertura pública de los informes de ganancias de las compañías. Las patronales denuncian además el ‘riesgo’ de la coordinación entre ocupados, tercerizados y desocupados de las ciudades de Asalouye y Bandar Abbas.

 Las manifestaciones y protestas, especialmente de las mujeres y estudiantes secundarias y universitarias, se extienden por todo el país desde la provincia del Kurdistán iraní pasando por Teherán hasta la provincia de Jorasán Razaví, en el límite con Afganistán. 

 Las mujeres asisten a sus escuelas y facultades sin el hiyab, y las estudiantes secundarias en Arak y Sanandaj protagonizan diariamente ‘sentadas’ en el patio de sus escuelas en forma de protesta. En Bukan, las adolescentes denuncian que las fuerzas represivas entran con vehículos blindados en sus escuelas y les lanzan bombas lacrimógenas a quemarropa. También son atacadas en las calles con granadas de sonidos.

 Frente a esto, el Consejo Coordinador Sindical de Organizaciones Culturales de Irán anunció 3 días de paro y duelo por las estudiantes detenidas, desaparecidas y asesinadas. Las docentes también anunciaron paros en sus establecimientos permitiendo la entrada de las estudiantes para protestar en su interior, pero sin dar clases. 

 También la comunidad médica de Mashhad han protestado a las fueras de sus hospitales exigiendo el cese de la represión y la no injerencia del régimen en los tratamientos médicos de los detenidos, los que son sacados de los centros de salud para llevarlos a las cárceles.

 La agencia Harana, especializada en derechos humanos en Irán, calcula que sólo en las últimas 4 semanas han sido detenidos y encarcelados más de 12.000 manifestantes. Las cárceles se encuentran totalmente hacinadas. En Teherán hay cuatro manifestantes procesados por ‘delitos de guerra’ por lo que se encuentran en riesgo de ser condenados a pena de muerte. 

 Las protestas en las provincias de Isfahan (zona centro del país), Chahar, Azerbaiyán occidental y oriental, Kurdistán y Teherán se han intensificado significativamente. En las ciudades más grandes del país, las movilizaciones están convocando entre 70.000 y 200.000 personas. 

 Frente a la imposibilidad de detener los levantamientos, la llamada ‘policía de la moral’ ha endurecido sus ataques ya no sólo contra las mujeres movilizadas y sin hiyab, sino que especialmente contra las madres. La policía ha comenzado a arrebatar y secuestrar a los hijos e hijas de las mujeres que organizan y participan de las protestas. 

 En ciudades como Tabriz, Azerbaiyán oriental, las mujeres han comenzado a organizar asambleas por barrios para discutir mecanismos de resistencia a los ataques relámpago de la policía contra las mujeres que no usen la hiyab y las madres que protestan con sus hijos en brazos. 

 La intensificación de las protestas y huelgas en Irán ahora juegan un rol en el escenario de la guerra mundial. Irán ha entrado en la guerra entregando drones de alto alcance a Rusia y enviando altos mandos de la Guardia iraní para el entrenamiento en el uso de estos drones en Crimea. El régimen de Irán entra en la guerra y con ello, las mujeres, estudiantes y obreros iraníes abren con su lucha una perspectiva revolucionaria para Medio Oriente y el mundo.

 Javiera Sarraz 

 24/10/2022

"El bloqueo económico contra Cuba y el ataque mediático y psicológico van en la misma dirección"

Reino Unido: un amigo de la banca al poder

Rishi Sunak reemplaza a Liz Truss, quien cayó la semana pasada.

 Tras la efímera gestión de Liz Truss, quien renunció la semana pasada (el cuarto gobierno que cae en apenas cinco años), Rishi Sunak fue elegido por los diputados y la dirigencia del Partido Conservador como el nuevo primer ministro del Reino Unido. El camino quedó allanado luego de que una de sus rivales internas, Perry Mordaunt, no lograra el apoyo necesario de un centenar de legisladores para poder competir en una elección interna. Y Boris Johnson, que también ansiaba el puesto, bajó su candidatura al constatar que no gozaba de suficiente respaldo. 

 Si Truss había sido ungida, para culminar el período de Johnson, con el módico respaldo de los afiliados conservadores (0,3% del padrón electoral), la elección de Sunak es aún más restringida, limitándose a la cúpula de la organización. 

 Sunak es un hombre de confianza para el gran capital. Analista de Goldman Sachs entre 2001 y 2004, luego socio de dos fondos de inversiones, es él mismo un multimillonario, casado con Akshata Murty, hija de uno de los dueños de Infosys, una megaempresa de servicios india. 

 Como ministro de economía de Johnson, en 2020, a Sunak le tocó comandar un paquete económico de rescate a las grandes empresas en el momento más crítico de la pandemia. El Estado, por ejemplo, se hizo cargo del pago de una parte de los sueldos. 

 El incremento del déficit y la deuda, sin embargo, abrió una grieta en el Partido Conservador. Sunak planteó que debía retomarse una agenda de ajuste ortodoxo, como lo hicieran los conservadores tras la crisis de 2007-2008. Johnson era más reacio, porque apostaba a lograr su reelección. El portazo de Sunak en julio de este año fue uno de los últimos episodios del gobierno de Johnson. 

 En la disputa interna con Truss, de la que salió derrotado, Sunak se postuló como un halcón del ajuste fiscal. Ahora que aquella cayó en desgracia tiene su revancha. 

 A fines de octubre, el nuevo gobierno debe presentar un plan económico que reemplace el de Truss-Kwarteng. Los mercados le bajaron el pulgar a este último porque, si bien tenía una orientación rabiosamente capitalista, proponía financiar rebajas impositivas a los hombres de negocios a través de un mayor endeudamiento, lo que, en un escenario de suba de las tasas de interés, parecía inviable. 

 Es probable que Sunak debute con un ajuste del gasto público. Está en juego qué se hará con las pensiones y prestaciones sociales. Como antecedente inmediato, el ministro Jeremy Hunt, quien permanecería en su cargo, volteó un plan de subsidios que el gobierno anterior había impulsado para suavizar el impacto del alza de las tarifas energéticas. 

 El otro asunto crítico que deberá enfrentar Sunak es el del protocolo sobre Irlanda, uno de los aspectos más espinosos dejados por el Brexit. El DUP, partido unionista del Ulster, está boicoteando la formación de un nuevo gobierno en esa región como mecanismo de presión para que los tories se endurezcan en las negociaciones con Bruselas (demandan que se levanten los controles aduaneros entre Gran Bretaña y la isla, y rechazan la jurisdicción en su territorio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Londres impulsa el reclamo, pero al mismo tiempo amenaza con nuevas elecciones en Irlanda del Norte si el DUP no se atiene a acordar con el Sinn Fein. 

 A su vez, está pendiente la cuestión de Escocia. Nicola Sturgeon, ministra principal de ese territorio, dio una bienvenida envenenada a Sunak, recordando el pedido de un nuevo referéndum de independencia.

 Los trabajadores, que están protagonizando una gran ola de huelgas para recomponer los salarios, frente a una inflación que ya ronda el 10% interanual, se enfrentan a un nuevo gobierno antiobrero. Las luchas en curso han dejado planteada la necesidad de un paro general. 

 Gustavo Montenegro

Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz”: 50 años de formación, cultura y ciencia

La punta del iceberg: Credit Suisse nuevamente en problemas

¿Es un caso aislado o el emergente de una nueva crisis financiera?

 ¿Un nuevo Lehman Brothers? 

El banco Credit Suisse es uno de los más importantes bancos suizos, acaparó la atención por el derrumbe del precio de sus acciones que cayeron a la mitad en el transcurso del año. La suma de varios negocios fallidos con grandes pérdidas fueron ahuyentado a sus inversores. 

 Los rumores de insolvencia se propagaron y esto ocasionó la caída también de los bonos de deuda emitidos por el banco, calificado de “importancia sistémica” según el banco central de Suiza (BNS). Nadie le quiere prestar, dudan de su capacidad de pago. Los seguros ante un eventual default del banco se dispararon. No queda otra salida para el banco que la necesidad de vender activos para cubrir garantías bancarias, vender divisiones del banco, propiedades, un lujoso hotel, etc. 

 Un “salvataje” a cargo del BNS (banco central) parece distante. El mismo banco central de Suiza acaba de anunciar también las mayores pérdidas desde 1907. Durante la primera mitad del año perdió 100 mil millones de dólares por inversiones en moneda extranjera. Las pérdidas del BNS siguen aumentando por sus inversiones en acciones (en baja) y otras monedas (que se devalúan). 

 El Credit Suisse rescatado en la crisis financiera del 2008

 La crisis financiera del 2008 se inició en Wall Street, con la insolvencia de grandes bancos originada por inversiones en hipotecas y derivados de hipotecas, luego la expandieron a nivel global. La quiebra de Lehman Brothers no fue un episodio aislado, los grandes bancos estaban en problemas y requirieron el socorro de la Reserva Federal uno de los mayores rescates de la historia. Inicialmente se solicitó un auxilio de 700 mil millones de dólares, pero luego se extendió a varias iniciativas de compra de activos y préstamos al sistema bancario. 

 Entre los bancos rescatados se encontraba el Credit Suisse y el UBS, los dos mayores bancos de Suiza. Al primero se le otorgaron préstamos por 261 mil millones de dólares y al segundo 287 mil. Encabeza la lista por el monto del rescate Citigroup, con 2,51 billones de dólares y sigue Morgan Stanley con 2,04 billones. En total, los diversos programas, auxiliaron al sistema bancario en 16,11 billones de dólares, por esos años el Producto Bruto de Estados Unidos era de 14,5 billones. El rescate consistió en diversos programas de compra de activos devaluados y facilitar crédito a los bancos. Una auditoría del Senado investigó e informó sobre la magnitud del rescate del Estado al sistema bancario.

 En la lista de los bancos auxiliados figuran varios bancos extranjeros, BNP Paribas y Société Générale (Francia); Barclays y Royal Bank of Scotland (Reino Unido); Deutsche Bank y Dresdner Bank de Alemania; Dexia de Bélgica. Fue un rescate al sistema bancario global ya que los bancos europeos habían comprado derivados de hipotecas que se convirtieron en activos tóxicos cuando los precios de la vivienda se hundieron y las propiedades no cubrían el monto de la deuda.

 El rescate se transformó en programas de facilidades financieras 

Desde la crisis del 2008, los bancos centrales mantuvieron con un pulmotor a los bancos, al mantener bajas tasas de interés y financiar al Estado comprando bonos de deuda. También compraron bonos hipotecarios para impulsar el crédito hipotecario. Las compras de bonos desde 2008 a la actualidad superan los 30 billones de dólares. 

 Las recientes pérdidas del Banco de Inglaterra se produjeron por la abrupta caída de los bonos de deuda, luego que el gobierno de Liz Truss anunciara la reducción de impuestos a los empresarios y financiada con nuevas emisiones de deuda. La baja de los bonos golpeó a los fondos de pensión, que son tenedores de esos bonos que usaron como garantías para tomar crédito y con lo obtenido comprar más bonos y operar con derivados. Esto produjo una venta en cascada que obligó a una intervención de emergencia del Banco de Inglaterra para comprar bonos y detener el derrumbe. 

 Varios fondos de pensión llegaron a estar “amenazados de bancarrota debido a la presión de operaciones con derivados” dice un columnista del Financial Times. Un exsecretario del Tesoro de Estados Unidos (Larry Summers), comenta que “una política equivocada junto con la falta de credibilidad del banco central (de Inglaterra), y el apalancamiento tóxico retroalimentan a un resultado desastroso”. Y proyecta que la situación “es muy frágil y eso podría tener implicaciones preocupantes para una estabilidad global más amplia”. 

 La alta volatilidad y caída de bonos del Reino Unido produjeron un impacto en las tenencias de los fondos de pensión para jubilados, que tienen un billón en activos. Acumulan en cartera bonos de deuda como inversión para afrontar pago de pensiones futuras. Y protegen sus tenencias con derivados. El súbito derrumbe de los bonos produjo un impacto imprevisto y dieron la alarma ante la posible quiebra en cadena de los fondos de pensión y obligó al Banco de Inglaterra a intervenir para frenar la caída de la libra y de los bonos. 

 En conjunto estos fondos pensión, fondos de inversión, acumulan más de 40 billones de dólares, llamados el sistema bancario “en las sombras”, tienen menos regulaciones que los bancos para su funcionamiento, no tienen reservas para absorber pérdidas. Y se ha revelado que duplican las inversiones, tomando dinero prestado con garantía de los bonos y comprando más, o sea inversiones apalancadas. La baja de los bonos en cartera les ha producido enormes pérdidas. 

 La crisis de la deuda del Reino Unido se expande produciendo grandes pérdidas a tenedores de bonos de deuda.

 Los bancos centrales principales compradores de deuda pública 

El banco central de Australia anunció pérdidas de 37 mil millones de dólares “por sus tenencias de bonos”, comprados durante la pandemia. La magnitud de las pérdidas ha dejado al banco con patrimonio negativo. 

 A los países emergentes no les va mejor. La estabilidad del sistema financiero ha “empeorado considerablemente”. Cuando las tasas de interés aumentan tan rápido “las vulnerabilidades quedan expuestas” dice un funcionario del FMI. Y agrega que las economías emergentes son particularmente vulnerables en un periodo de ajuste financiero. Los más perjudicados son las deudas de países “emergentes”, donde en 14 países ya negocian con tasas de interés más elevadas y seis países no cumplen o deben reestructurar sus deudas.

 Otro banco central en problemas es el Banco de Japón. El yen perdió una cuarta parte de su valor frente al dólar en el año. Esto tiene implicancias en su economía al encarecer las importaciones y presiona la inflación interna. Japón es el más endeudado del G7. La deuda supera tres veces su producto interno. La persistencia en mantener tasas bajas y negarse a subirlas se refleja en la continua devaluación del yen. Un aumento de las tasas será explosivo por el incremento del déficit para pagar el servicio de la deuda. Acaba de informar pérdidas por 54 mil millones debido a las intervenciones para frenar la devaluación del yen y por la caída de bonos extranjeros en su balance.

 Japón y China son los mayores tenedores de deuda de Estados Unidos, juntos suman más de 2,2 billones de dólares en bonos del Tesoro. 

 Si deciden intervenir en el mercado vendiendo bonos para frenar la devaluación de sus monedas van a impulsar una caída de los bonos del Tesoro dificultando el financiamiento de EE.UU. 

 “El momento Lehman” del sistema financiero, alto endeudamiento y derivados 

Desde 2008 los bancos centrales de países de mayor desarrollo impulsaron un aumento del endeudamiento del Estado para impulsar la economía. Diversos planes de facilidades financieras (QE) que consistían en compra de la deuda que emitía el propio Estado. 

 El endeudamiento global de países, empresas, bancos y familias ha estado aumentando. Según los datos del FMI a fines de 2020 alcanzó el 256% del PBI global, cuando en 2007 era 195%. Es el mayor aumento desde finalizada la Segunda Guerra mundial. Las economías que más se endeudaron son las “economías avanzadas”, donde el Estado participa con la mitad.

 También el uso de derivados financieros para intentar maximizar beneficios se ha incrementado. Grandes bancos como J. P. Morgan, Goldman Sachs, Citibank National, Bank of America y Wells Fargo Bank sumados tienen apuestas en el mercado de derivados por 184,7 billones según la agencia de control. 

 Los riesgos del sistema financiero global se han incrementado, con el aumento del endeudamiento de Estado, empresas y familias. La suba de las tasas de interés pone al descubierto la precariedad del sistema financiero global.

 La corrida de los fondos de pensión del Reino Unido para obtener fondos y cubrir garantías de sus apuestas financieras con derivados revela el incremento del riesgo del sistema financiero global. Los fondos de pensión son promovidos en los países desarrollados y acumulan 40 billones de dólares, gran parte invertidos en bonos que ahora están evaporando el ahorro de millones de trabajadores.

 Así el capital financiero que los administra está dilapidando la riqueza creada por la producción, y también el resguardo de la vejez de quienes la produjeron. 

 Sergio Rivero

Introducción al materialismo dialéctico

La crisis energética en Europa

Reunión del Consejo Europeo 

El Consejo Europeo, que está integrado por los 27 jefes de Estado de la Unión Europea (UE), se reunió esta semana para discutir la crisis energética en un continente impactado por el aumento de los precios y las contra-sanciones rusas.

 En medio de fuertes tensiones entre los socios, el cónclave habría arribado a un acuerdo preliminar para establecer un tope en el precio que se paga por las importaciones de gas; compras conjuntas para lograr un abaratamiento; y la adopción de un mecanismo que ya rige en la península ibérica que limita el precio del gas que abastece a las centrales eléctricas.

 El problema es que los “detalles” de la implementación se trasladaron a los ministros de energía. Esto dilatará la efectivización del plan por semanas, si acaso no se empantana antes la discusión. 

 Dentro de la UE, hay una divergencia de criterios e intereses respecto a la cuestión energética. En vísperas de la cumbre, Alemania lideraba la posición de los Estados que resistían la implementación de un precio tope, argumentando que eso llevaría a mayores sanciones por parte de Rusia. A favor de esta tesis, hay que decir que Gazprom amenazó con frenar completamente el suministro del fluido si se avanza en esa senda. 

 Alemania es el país más dependiente del gas ruso, de ahí su postura cautelosa. Además, Berlín alegó que el establecimiento de un precio tope podría llevar a los proveedores a redirigir sus exportaciones a otros mercados, como el asiático. A raíz de las sanciones en su contra, Moscú reorientó parte de sus ventas a India y China. Para sortear este problema, algunos Estados proponen que en vez de un precio tope se establezca una banda, pagando siempre un poco por encima de Beijing.

 Más allá de estas controversias, Alemania ya tomó una decisión unilateral para enfrentar el problema del alza en los precios, al instrumentar un desembolso de 200 mil millones de euros en subsidios a empresas y ciudadanos que se financiará por medio de un mayor endeudamiento estatal. 

 El telón de fondo es la presión de un sector de la clase capitalista. La cámara patronal Businees Europe alertó a comienzos de mes de un “riesgo inminente de parón de miles de empresas europeas” ante el alza en las tarifas de electricidad y el gas (Nius, 1/10). 

 El resto de los gobiernos europeos reaccionó con furia frente al anuncio alemán, dado que consideran que el premier Olaf Scholz se cortó solo, aprovechando las mayores espaldas de Berlín, para trazar una política que, además, establece una ventaja para la industria alemana con respecto a sus competidoras. 

 Pero son varios los Estados que se están lanzando, cada uno dentro de sus posibilidades, a la aplicación de planes de subsidios para empresas y consumidores. 

 Con independencia de la capacidad de consenso que logren en las próximas semanas los ministros de Energía, la unanimidad será inalcanzable. El gobierno de Hungría salió de la cumbre festejando que logró su eximición del plan en gateras. Budapest se opone a cualquier tipo de sanción contra Moscú, ya que depende de sus combustibles casi en un 100%. La exención es la manera que encuentra el club de los 27 de evitar que el gobierno de Viktor Orban aplique su poder de veto como miembro de la Unión.

 El fin de la “energía barata”

 El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, reconoció recientemente el gran papel que jugaba “la energía barata de Rusia” para el desarrollo del continente, y reflexionó que esa era ha terminado. 

 Para reducir la dependencia de los combustibles del Kremlin, tras el estallido de la guerra en Ucrania, los Estados europeos incrementaron las compras de gas (por ductos) y gas natural licuado (por barcos) desde Noruega, Argelia, Estados Unidos, Qatar, Israel y Egipto. Y si bien, tomada en términos globales, la UE diversificó sus fuentes de aprovisionamiento, estos “aliados” no le venden barato. Para peor, la OPEP+ recortó en 2 millones de barriles diarios la producción este mes, lo que tiende a incrementar los precios del crudo. 

 A medida que se acerca el invierno, se acentúan las medidas de ahorro energético en las ciudades europeas, por ejemplo, la restricción de la publicidad nocturna y la sugerencia a los usuarios para que desenchufen aparatos. El objetivo es incrementar las reservas para los tiempos fríos que vienen. La duración de las mismas dependerá del nivel de consumo y de la benignidad de las temperaturas. 

 En el período enero-agosto de este año, el consumo de gas en el viejo continente cayó un 10% en relación al año pasado (La Nación, 19/10), en parte porque el aumento en los precios empuja a las industrias a disminuir su actividad, acentuando de paso las tendencias a la recesión. 

 La movilización popular 

Los Estados europeos se han visto forzados a intervenir también debido a la movilización popular, que tiene como base la monumental suba de las facturas. En Escocia e Italia, hubo quemas públicas de boletas. En Albania, protestas. Los aumentos energéticos echan leña al fuego de la inflación, lo que desató un reguero de huelgas en demanda de una recomposición salarial (Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania). 

 Este cuadro complejo lleva a los gobiernos a operar con idas y vueltas. Liz Truss, la primera ministra británica, que acaba de renunciar, y su ministro Kwaki Kwarteng, resolvieron un plan de subsidios para morigerar el aumento de las tarifas, pero el sucesor del primero, Jeremy Hunt, lo borró de un plumazo en nombre de la disciplina fiscal. 

 El rechazo a los tarifazos, el aumento salarial indexado por la inflación, la nacionalización de las grandes empresas energéticas bajo control obrero, un plan energético y ambiental discutido por los trabajadores, y la lucha contra la guerra imperialista, son consignas para la etapa. 

 Gustavo Montenegro

Paraguay, la interna feroz del Partido Colorado

El mapa político hacia las internas presidenciales 

 El país guaraní entró en camino hacia las elecciones internas presidenciales y legislativas, que se llevarán a cabo el 18 de diciembre. Los comicios generales están previstos para el 30 de abril del año próximo. 

 La campaña se caracteriza por un brutal enfrentamiento entre las dos principales fracciones del gobernante Partido Colorado: la del actual presidente Mario Abdo Benítez, que postula como candidato a sucederlo a Arnoldo Wiens, y la del expresidente Horacio Cartes, que tiene como delfín a Santiago Peña. 

 Para darse una idea del voltaje de la elección, vale decir que los referentes del oficialismo acusan cotidianamente a Cartes de contrabando de cigarrillos (es dueño de la tabacalera Tabesa), mientras los hombres del expresidente tildan abiertamente a Abdo Benítez de traidor y de corrupto. 

 Es una despiadada lucha de poder que hay que ver hasta dónde escala. De todos modos, se trata de dos sectores que han gobernado juntos en estos años. Lo ha reconocido el candidato a vice de Cartes, Pedro Alliana, quien, a modo de reproche, le recordó al actual presidente que, como titular de la Cámara de Diputados, intervino para salvarlo del juicio político en su contra, en 2021, en medio de una rebelión popular que acorralaba al actual titular del Ejecutivo debido al pésimo manejo de la pandemia y a la corrupción. Alliana también rememoró sus servicios a la hora de habilitar desde el recinto las políticas de endeudamiento que necesitaba el jefe de Estado (La Nación de Paraguay, 17/10). 

 Otro elemento explosivo de la previa de la campaña fueron las denuncias de Estados Unidos. La Casa Blanca incluyó al vice Hugo Velásquez, hombre del presidente, y al propio Cartes, en un listado de “corrupción significativa”, bajo acusaciones de sobornos y contrabando. Como se ve, golpeó a las dos alas del partido. Velásquez anunció su renuncia a la vicepresidencia, pero después se retractó. 

 Washington está operando con fuerza para instalar sus reclamos. Según distintas versiones periodísticas (Tiempo Argentino, 16/10; La Política Online, 26/9), aspira a que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano participe en la realización de un “plan maestro” de navegabilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná, en el tramo guaraní.

 Esta arteria, clave para el país, está en el centro de atención, de acuerdo a algunos medios, por otros dos posibles negocios de interés para el Departamento de Estado: la pastera Paracel (una inversión conjunta de 3.200 millones de dólares entre un empresario local y capital foráneo) y un proyecto de hidrógeno verde a cargo de Honeywell UOP, que es una firma estadounidense (LPO, 25/8). 

 Para completar el panorama, algunos testimonios hablan de un interés norteamericano por establecer una base militar en la Triple Frontera (ídem, 14/8) con Argentina y Brasil. Según estas mismas versiones, Washington vería con preocupación el crecimiento de los vínculos comerciales entre Paraguay y China. Cofco, una compañía del gigante asiático, se ha convertido en uno de los diez principales exportadores de granos del país (ídem). 

 A todos los efectos, los yanquis no quieren competencia ni intromisiones en lo que consideran parte de su “patio trasero”, y apuntan a mantener disciplinados a los jerarcas colorados. En el mismo sentido, agitan denuncias sobre una supuesta presencia del grupo libanés Hezbollah –considerado terrorista por Estados Unidos- en la Triple Frontera para marcar la cancha y evitar cualquier aproximación.

 La “opo” 

La oposición guaraní se ha aglutinado mayoritariamente en una Concertación que lidera el Partido Liberal. En la interna de este conglomerado competirán seis precandidatos (el liberal Martín Burt, del Movimiento de la Victoria; el también liberal Efraín Alegre; Sebastián Villarejo -Patria Querida-; Herminio Ruiz Díaz, del Movimiento siglo 21; Hugo Portillo, demócrata cristiano; y Hugo Fleitas, de Nuevo País). 

 El Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, cuya candidatura a senador está en duda debido a problemas de salud (se encuentra internado en Buenos Aires), se dividió. Inicialmente, propuso a la senadora Esperanza Martínez como candidata presidencial, pero fue ignorada por los liberales. Peor aún, el Frente no logró tampoco una candidatura a vice. Y aunque, aun así, Martínez decidió mantenerse dentro de la alianza, otros partidos la abandonaron y se sumaron a la candidatura de Euclides Acevedo (Nueva República), un exministro del Interior y de Relaciones Exteriores de Abdo Benítez que compite por fuera de la Concertación. El médico y senador Jorge Querey, del Guasú, es el compañero de fórmula de Acevedo. 

 Tanto los dirigentes del Guasú que se quedaron dentro de la Concertación como los que rompieron, han terminado a la cola de la política tradicional. 

 Legado

 Abdo Benítez dejará como saldo un aumento de la pobreza, la deuda y el crimen organizado. Según denuncias de la fracción colorada disidente, la pobreza creció y la deuda casi se duplicó (La Nación, 15/10). En cuanto a la criminalidad, una Comisión Bicameral de Investigaciones del Senado sobre lavado de dinero ha concluido que el país es un “corredor logístico de la criminalidad internacional” (ABC Color, 18/10), marcado por el tráfico de armas y drogas. El informe sugiere investigar a las Aduanas, la Armada y la Policía “por formar parte del esquema de protección del contrabando”. 

 Frente a esta podredumbre, se vuelve fundamental el desarrollo de una alternativa política independiente de los trabajadores y los campesinos. 

Gustavo Montenegro

Octubre nuclear

Chile: Boric y la derecha intentan reeditar a Pinochet

Ante la total disgregación y fracturas de los partidos políticos del oficialismo y la oposición, Boric encabeza la tarea de reunificarlos en un proyecto común de derecha. 

 El oficialismo, que actualmente lo compone el Frente Amplio y parte de la ex Concertación, ha negociado con la oposición 12 bases políticas sobre las cuales se redactaría una nueva constitución, otra vez. Aunque este acuerdo se ha anunciado durante los últimos días, las negociaciones entre el gobierno y la oposición anteceden al plebiscito en el que ganó el Rechazo. 

 Estas ‘12 bases’ para una nueva constitución, son tan o más reaccionarias que la constitución de Pinochet. En ella se establece que la soberanía tiene como límite los DDHH, y que cualquier acto considerado terrorista atenta contra los DDHH y esa soberanía. Este punto busca perseguir y criminalizar la protesta social en nombre de los DDHH, puesto que cualquier manifestante (que son comunmente procesados por cargos de terrorismo) pueda arriesgar penas de cárcel correspondientes a las de un violador de DDHH, y ya no sólo por ‘desorden público’ o ‘maltrato a carabineros’. 

 En la misma línea represiva, oficialismo y oposición acordaron que la nueva constitución debe ratificar las atribuciones de las fuerzas armadas y las fuerzas de orden y seguridad, con expresa mención a Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI). También deben ser ratificados los cuatro estados de excepción existentes en la actual constitución: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Estos últimos tres son los que vienen rigiendo para el territorio mapuche en La Araucanía.

 Respecto de la situación de los pueblos indígenas, los abanderados de la plurinacionalidad del oficialismo acordaron con la derecha ratificar el carácter unitario del Estado de Chile y el carácter indivisible de la nación. También los oficialistas simpatizantes de un ‘parlamento unicameral’ acordaron sin embargo ratificar las cámaras de diputados y senadores, donde oficialismo y oposición son mayoría, respectivamente.

 Sobre los derechos sociales de esta supuesta nueva constitución, sólo se estableció que quedan bajo sujeción de ‘responsabilidad fiscal’, y que pueden ser otorgados a través de medios privados. Es decir, que las pensiones o la salud pueden seguir siendo negocio de las AFP y las ISAPRES (prestaciones privadas de salud). 

 Los derechos que sí quedarían expresamente garantizados según esta negociación, serían la libertad (objeción) de conciencia y culto; la libertad de enseñanza (y no el derecho al acceso a la educación), que ratifica el negocio de la educación privada, contra la cual los estudiantes chilenos se han movilizado desde hace décadas. Sobre la educación sexual y el derecho al aborto, oficialismo y oposición acordaron ratificar la libertad preferente de las familias a educar a sus hijos bajo sus preferencias de culto, así como también ratificar el derecho preferente de los ‘no nacidos’. 

 Sin embargo, según la prensa chilena, las negociaciones ahora estarían empantanadas en torno a los órganos que redactarían esta supuesta nueva constitución. Tanto el gobierno como la oposición son partidarios de distintos órganos redactores. El sector más pinochetista de la derecha exige que la nueva constitución sea redactada por el Congreso, preferentemente por el Senado. La derecha que dirigía Piñera propone que la redacten diputados y senadores, o una convención de 50 miembros supervisada por una comisión parlamentaria que vele por el cumplimiento de las 12 bases acordadas. Esta preferencia es compartida por el Partido Socialista, miembros dirigentes del oficialismo. 

 El resto del oficialismo preferiría una convención similar a la que ya fracasó (paritaria y con escaños reservados para los indígenas), con una comisión de ‘expertos’ designados por el Congreso o la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, que vele por el cumplimiento de las 12 bases negociadas. 

 Frente a la falta de acuerdo de cómo se repartirán la torta con este segundo proceso constitucional, el oficialismo amenaza a la oposición con plebiscitar todas estas opciones. El empantanamiento de este nuevo proceso de redacción constitucional es total, aunque todo el arco de los partidos patronales acuerdan que el valor de esta nueva constitución no debe ser los cambios estructurales, sino que ‘sea escrita en democracia’, aunque cuando sea idéntica a la que se escribió en dictadura. 

 La derechización del joven mandato de Boric es absoluta. Esto se refleja en las negociaciones que ha llevado adelante con la derecha para una nueva constitución, pero también en su giro anti inmigrantes y en la extensión de la militarización del wallmapu. 

 Detrás de la fraseología derechohumanista dirigida a su clientela, Boric ha condenado categórica y sistemáticamente la violencia organizada de los manifestantes de la rebelión y de las últimas movilizaciones estudiantiles. Y durante el tercer aniversario de la rebelión, respaldó desde La Moneda la represión de Carabineros, de los cuales, 25 mil de ellos fueron desplegados para reprimir durante esa jornada sólo en Santiago.

 En este tercer aniversario de la rebelión, aprovechó de señalar que “el estallido no fue una revolución anticapitalista”; pero también desaprobó a ‘las fuerzas políticas en dispersión’ porque las demandas que provocaron la ‘dolorosa fractura social’ durante el estallido de octubre del 2019 seguían siendo parte del malestar de la población. Fue un llamado a no demorar este segundo proceso constitucional. 

 Boric tiene claro que este segundo intento de renovar la constitución, tanto más trucho que el anterior, debe ser rápido y acompañado de una cierta atención de las demandas sociales. La sobrevivencia de las familias trabajadoras se agrava aceleradamente. La inflación de la canasta básica acumulada durante los últimos doce meses llega al 20,6%. El Propio Banco Mundial ha llamado a Boric a atender el problema de la pobreza de manera prioritaria para su presupuesto del 2023. En pocas palabras, el Banco Mundial está invitando a Boric a no perder la gobernabilidad. Según la encuesta Cadem, la misma que alertó sobre la impopularidad de Piñera previa a la rebelión del 2019, sólo el 27% de la población aprueba al gobierno de Boric. 

 En efecto, las demandas de la rebelión siguen vigentes. También las reservas de lucha de la población. Así quedó demostrado durante las movilizaciones del tercer aniversario del 18O, donde miles de manifestantes salieron a reivindicar el levantamiento popular. 

 Javiera Sarraz 

 20/10/2022

La guerra no convencional del imperio contra Cuba

Hace sesenta años, la amenaza de una guerra nuclear

Lo que se conoce como la “crisis de los misiles” se conmemora, seis décadas más tarde, en medio de una guerra entre la OTAN y Rusia, donde la amenaza de ataques nucleares son lanzados, por una y otra parte, sin restricciones de lenguaje. Entre el 14 y el 28 de octubre de 1962, esa posibillidad fue blandida por los gobiernos de John Kennedy, de Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, el jefe de gobierno de la entonces Unión Soviética. Kennedy no había renunciado a derrocar al gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro, ni tampoco a invadir la Isla, incluso después del fracaso de la invasión a Cuba un año antes, en abril de 1961. En esa ocasión, una movilización relámpago de más de un millón de cubanos aplastó un ataque a Playa Girón en el corto lapso de 48 horas. La planificación de una nueva invasión había quedado a cargo de la CIA bajo la responsabilidad de Robert Kennedy, secretario de Seguridad Nacional y hermano del Presidente. Encabezaba el “Special Group”, encargado de las operaciones encubierta para derrocar a Fidel Castro (“covert efforts to topple Fidel Castro”). Planeaba un ataque de falsa bandera contra la base norteamericana en Guantánamo (operación Bingo) –un nuevo “hundimiento del Maine”, en referencia a una acción similar a la que se usó para justificar la intervención norteamericana, a fines del siglo XIX, en la guerra contra España-.

 El 14 de octubre del 62, un avión espía norteamericano había detectado la instalación de bases misilísticas soviéticas en territorio cubano, que serían justificadas durante el desarrollo de la crisis ulterior como un medio de defender a la Revolución Cubana de una invasión de Estados Unidos en mucho mayor escala que la precedente. El régimen norteamericano, ante la presencia de cohetes de alcance intermedio a apenas 140 kilómetros de su costa más próxima, decide el bloqueo de Cuba, al que resuelve denominar “cuarentena naval”. Nikita Khruschev dice en sus Memorias que una conversación que había sostenido con Raúl Castro, en Moscú, en 1960, lo había convencido de que el establecimiento de bases misilísticas en Cuba sería el único medio efectivo para prevenir una invasión estadounidense. La operación soviética incluía el envío de submarinos que portaban 160 ojivas nucleares y 40 mil tropas. Al momento del estallido de la crisis, los submarinos se encontraban cerca de su objetivo. De acuerdo a una narrativa coincidente, la necesidad de un submario soviético de subir a la superficie estuvo a punto de provocar un intercambio nuclear con los navíos norteamericanos a cargo de implementar el bloqueo. 

 Las alternativas militares no detuvieron la actividad diplomática ni tampoco la preparación de la invasión a la Isla o el bombardeo de las bases soviéticas. El Pentágono y la CIA no solamente promovían este curso de acción, sino que bloqueaban diferentes arreglos en discusión. El bloqueo naval de Cuba fue completo, de él participaron los destructores Espora y Rosales de Argentina. Robert Kennedy advirtió la posibilidad de un golpe de Estado contra los intentos de llegar a un acuerdo de retiro de los misiles –lo que en cierto modo habría de ocurrir luego, con el asesinato de su hermano y después de él mismo-. En materia diplomática, Kennedy movilizó al gobierno brasileño de Joao Goulart, derrocado dos años después por un golpe militar guiado desde Estados Unidos. También a Ben Bella, jefe del gobierno de Argelia y líder del tercermundismo. El objetivo era lograr que Fidel rompiera con la URSS. La moneda de cambio era respetar un “comunismo nacional”, a la yugoslava o la polaca, aunque con una salvedad –“independientmente de que lo fuéramos a cumplir”, añadía el Consejo de Seguridad Nacional bajo el mando de Robert Kennedy (“BackChanel to Cuba”, Peter Kornbluh)-. Un día antes del acuerdo final, el 26 de octubre, el derribo de un avión espía norteamericano U-2 estuvo a punto de desatar el temido duelo nuclear. Un año después, sin embargo, con la garantía de no volver a invadir Cuba, por parte de Estados Unidos, continuaron los planes para “derrocar a Castro, de lo contrario explota el sistema interamericano”. El falso final del bloqueo a Cuba se manifestó muy rápido cuando una seguidilla de golpes de Estado convirtió a América Latina en un continente de dictaduras –para salvar al “sistema interamericano”-. 

 La posición de Fidel Castro fue, en todo esto, singular. Primero, porque propuso a Khruschev una alianza militar con la URSS en lugar de la instalación de bases militares. Segundo, porque planteó hacer pública la intención de establecer estas bases, para poner a prueba la firmeza de Khruschev ante un descontado rechazo norteamericano. Los rusos se opusieron. Claramente, Fidel intentaba desmarcarse de los intereses de potencia de la burocracia rusa y defender la independencia de Cuba. Es que, en las negociaciones norteamericano-soviéticas, Khrushchev ofreció sacar los misiles de Cuba a cambio de un retiro de las potencias occidentales de Berlín. Cuando se llegó al acuerdo final que terminó con la crisis de los misiles, Kennedy se avino a retirar las bases norteamericanas de Turquía (instaladas en 1959), en la frontera de la Unión Soviética. El pacto que desactivó la crisis y otorgó garantías de que Estados Unidos no invadiría Cuba se alcanzó a espaldas del gobierno de la Isla. Los intereses nacionales de Cuba no fueron tenidos en cuenta, como lo demuestra la continuidad y la acentuación del bloqueo internacional y económico contra Cuba que sigue en el momento actual. En consecuencia, Cuba pasó a depender económicamente de la URSS hasta la disolución de esta última.

 ¿Cómo debe verse la amenaza de una guerra nuclear, hace 60 años, en el contexto de la disposición a utilizarlas ahora, que manifiestan Rusia, de un lado, y la OTAN, del otro? Para usar una expresión conocida, aquello fue “un ensayo general”. En la guerra del Vietnam, apenas una década después de la crisis cubana, Estados Unidos reiteró el método de la extorsión nuclear, cuando amenazó con lanzar bombas atómicas contra el Norte, para detener la ofensiva en el Sur. En la guerra de Malvinas, Thatcher hizo lo mismo contra Argentina, para disuadir los ataques contra la flota británica. Desde la crisis de Cuba, el arsenal de misiles creció en forma exponencial: Rusia y EE. U.U. reúnen, en la actualidad, 12.000 cohetes nucleares. La amenaza de una carrera armamentista espacial, por parte del norteamericano Ronald Reagan, fue un factor importante para empujar a la burocracia rusa al desmantelamiento de la propiedad estatal de la URSS y, al final, a su disolución federal. La crisis cubana aceleró el pasaje de la “coexistencia pacífica” entre el imperialismo y la burocracia, a los pactos internacionales que aceleraron la restauración capitalista en los países del llamado ‘bloque socialista’. En cuanto hace a la URSS, el desmantelamiento de la propiedad estatal redujo a Rusia a una potencia vulnerable a la conquista del capital financiero. La reivindicación de las salidas diplomáticas, como la lección principal de aquella crisis de los 60, por encima de las que impulsan los halcones, es engañosa. La crisis cubana inauguró el período en que las guerras del imperialismo tienen cada vez más la impronta de la guerra nuclear. 

 La cuestión de fondo se puede resumir de este modo: “la paz imperialista” es un intervalo de “la guerra imperialista”. La guerra actual ha roto por completo el precario equilibrio imperialista que se estableció con la disolución de la URSS y la apertura de China al capital financiero internacional (“globalización”). Un retorno a ese equilibrio es imposible; la obtención de un nuevo equilibrio deberá pasar por crisis y guerras mucho más violentas que las conocidas, y por revoluciones que plantean desde ya una articulación política revolucionaria de los trabajadores 

 Jorge Altamira 

 17/10/2022

El dardo de la NASA

Otro escenario de la carrera espacial. 

 La NASA ha divulgado en estos días que la misión Prueba de Redirección de Asteroides Dobles (DART) ha logrado desviar efectivamente la trayectoria del asteroide Dimorpho, impactado el pasado 27 de septiembre. Había sido lanzado en noviembre del 2021. La principal intención del programa DART era comprobar si este tipo de maniobras espaciales se demuestran efectivas para desviar las trayectorias de asteroides presuntamente peligrosos para la Tierra. Dimorphos fue elegido por su tamaño, puesto que se encuentra dentro de los tamaños que podrían ocasionar serias catástrofes a la Tierra en caso de una colisión. La NASA considera a todos los asteroides en un rango inferior a 48,3 millones de kilómetros de la Tierra como objetos próximos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés). En esta categoría se encuentran, actualmente, más de 27 mil asteroides de todas las formas y tamaños. Ninguno representa una amenaza hasta el momento. El cohete enviado por la NASA tenía la forma de un colectivo urbano, siendo 100 veces más pequeño que su objetivo (Dimorphos mide unos 160 metros de diámetro y orbita alrededor de Didymos que tiene aproximadamente 780 metros de diámetro). Puesto que el objetivo de la misión era alterar la trayectoria del asteroide y no destruirlo se buscó esta proporción, como deseable. En la previa del impacto, Edward Reynolds, director del proyecto DART en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins había señalado “Dimorphos tarda 11 horas y 55 minutos en completar una órbita de Didymos. Si DART tiene éxito, ese tiempo podría disminuir en 73 segundos, pero en realidad creemos que lo cambiaremos en unos 10 minutos" (CNN, 26/09). El impacto ocurrido a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra fue calificado como un éxito que sobrepasó las expectativas, en palabras del administrador de la agencia espacial, Bill Nelson: “Hubiera sido un éxito si la hubiera ralentizado solo unos 10 minutos, pero la redujo de hecho 32” (Clarín, 12/10). La información de la trayectoria y el impacto de la nave DART, fue registrada por ella misma y asistida, fundamentalmente en el momento del impacto, por los telescopios Hubble y James Webb. Además, con el apoyo de la cámara LICIAcube, una nave lanzada por la Agencia Espacial Italiana (Idem)

 En el plano científico, bajo el capital, las diversas actividades relacionadas con el espacio exterior se han convertido en una disputa espacial de defensa. La posibilidad misma de desviar asteroides abre las puertas a una manipulación del espacio exterior cercano. Así ha quedado demostrado con la intervención del magnate Elon Musk, dueño de Tesla, en relación a su provisión de internet a Ucrania mediante Starlink -un sistema de internet satelital- que ha permitido sostener las transmisiones del ejército ucraniano (de la OTAN) durante todo el conflicto. Rusia ha intentado, por ahora de manera infructuosa, voltear las antenas y receptores terrestres. 

 De igual manera, este control sobre la defensa del espacio cercano se asocia a la disputa por la extracción de minerales de la Luna. Carrera que por el momento ha encontrado a China a la cabeza de la misma. Estados Unidos, por su parte, ha hecho de su servicio satelital la piedra angular de sus acciones bélicas. Lo que ha sido abordado por otros países, principalmente Rusia y China. Sin embargo, la privatización de las expediciones y desarrollos espaciales ha generado una carrera entre los grandes capitalistas por ocupar este mercado. En estos momentos, Musk amenaza con retirar su protección satelital a Ucrania si este costo no es absorbido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El magnate sudafricano reclama una cifra de 20 millones de dólares por mes mientras dure la protección satelital. Estos costos podrían verse seriamente alterados si Rusia utiliza armamento contra los propios satélites. 

 El dardo de la NASA ha estallado a 11 millones de kilómetros de la Tierra, pero sus repercusiones políticas y sociales se sienten con fuerza en el marco de una economía quebrada y la extensión imparable de una guerra imperialista mundial.

 Joaquín Antúnez 

 16/10/2022

Reino Unido: la crisis del gobierno de Truss

Liz Truss y su exministro Kwasi Kwarteng 

Cae el principal funcionario de Economía

 La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, destituyó este viernes a su máximo funcionario del área económica, Kwasi Kwarteng, para tratar de calmar la crisis abierta con la presentación del “minipresupuesto”, un plan de rebajas impositivas por 45 mil millones de libras que favorece sobre todo al gran capital. 

 El plan de Truss-Kwarteng, tributario de la famosa “teoría del derrame”, pontifica que la reducción de impuestos a los más ricos va a llevar a una mayor inversión y crecimiento económico. Pero despertó la alarma de la clase dominante británica y del FMI, recelosos sobre su financiamiento. Se mencionan dos variantes: o se sostiene con un mayor endeudamiento, que en un cuadro de suba internacional de tasas de interés puede resultar inviable, o se instrumenta un recorte salvaje del gasto público, que sería indigerible para la población. 

 En las últimas semanas, la libra se devaluó hasta alcanzar casi la paridad con el dólar, y el Banco de Inglaterra debió reiniciar compras masivas de bonos del Tesoro para mantener su cotización. Como los fondos de pensiones, que en el Reino Unido son privados, tienen la mitad de sus activos en instrumentos financieros de ese tipo (casi un billón de euros), la caída en la cotización amenazaba con llevarlos al colapso. 

 Además de eyectar a Kwarteng, que ha terminado por ser uno de los ministros del rubro con menos duración en el puesto, Truss debió retroceder en algunas de las podas impositivas. Y nombró como nuevo ministro a Jeremy Hunt, un hombre del establishment del Partido Conservador. 

 De todos modos, todo esto resultó hasta ahora insuficiente. Truss sigue cuestionada y más de un diputado conservador se muestra partidario de desplazarla del cargo, apenas poco más de un mes después de haber llegado al mismo. El afiebrado plan de Truss-Kwarteng hundió en la consideración pública a los conservadores: los laboristas le llevan hoy más de 30 puntos en las encuestas.

 Truss llegó a Downing Street elegida por nadie: el 0,3% del padrón, es decir, la militancia del Partido Conservador, que la escogió para culminar el mandato del renunciante Boris Johnson. Ahora depende del humor de los parlamentarios conservadores, que la consideran un ancla para las aspiraciones electorales futuras del partido. 

 Desde la renuncia del “tory” David Cameron en 2016, sucedido por Theresa May, el Reino ya contó con cuatro mandatarios diferentes. Los tres primeros renunciaron y la cuarta parece moverse en la cuerda floja. Es el síntoma de una crisis de fondo en el Reino Unido, atravesado por tendencias recesivas, el retroceso de los indicadores sociales y la amenaza de la disgregación territorial (Escocia, Irlanda del Norte).

 Aunque la crisis del plan de Truss se procesa sobre todo por arriba, hay una ola de huelgas en curso que recorre el país. Ferroviarios, carteros, portuarios, y tantos otros, están en lucha en defensa de sus salarios, ante una inflación interanual que bordea el 10%. Las conducciones sindicales ligadas al Partido Laborista, hoy dirigido por Keir Starmer, rehúyen la convocatoria a un paro general que unifique y potencie los reclamos. 

En el marco actual, sería la medida más oportuna.

 Gustavo Montenegro

América Latina vista por la CIA

Revelan financiamiento desde Estados Unidos a incendios en Pinar del Río y Villa Clara

El FMI advierte que América Latina sufrirá el viento de frente de la crisis mundial

Mientras promueve la aplicación de programas de ajuste contra los trabajadores. 

 Un informe elaborado por economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que los países latinoamericanos se tendrán que enfrentar, en el futuro próximo, a mayores y más poderosas sacudidas de la crisis capitalista internacional. El documento vio la luz a la par de otro, en el cual el organismo le exige al gobierno argentino avanzar en la implementación de un programa que deja al país sin herramientas para hacer frente al shock externo en curso. 

 Los economistas del Fondo han dicho que a los efectos de la guerra en Europa y de la pandemia se sumarán los de un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. La suba de la tasa de interés en la que se han embarcado las principales potencias, principalmente Estados Unidos, está impactando negativamente en América Latina. Algunos síntomas de esto son la creciente estampida de capitales hacia activos más seguros como los bonos del Tesoro norteamericano y la desaceleración de los ingresos de capitales en los mercados emergentes. 

 En Argentina, agosto fue el tercer mes consecutivo de fuga de capitales. Los últimos datos del BCRA han registrado, en ese mes, 177 millones de dólares que correspondieron a la denominada formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero (FAE). “Entre la última etapa de Guzmán y la llegada de Massa la fuga de capitales alcanzó u$s341 millones, o sea, casi el 44% de la FAE acumulada en lo que va de 2022” (Sitio Andino, 5/10). 

 El gobierno nacional, incluso, ha venido subiendo las tasas de interés internas con el objetivo de que los capitalistas que poseen tenencias en pesos no las abandonen y huyan hacia el dólar. No solo se trata de una política que profundiza el negocio parasitario que existe alrededor de las Leliqs y los bonos del Tesoro, sino que refuerza las tendencias a la recesión y abre la posibilidad de que algunas empresas quiebren. No por nada el informe marca cómo la deuda corporativa ha venido creciendo considerablemente en la región. 

 A su vez, como fruto de la suba de las tasas, el crédito externo se está encareciendo y es cada vez más escaso. Argentina, que está excluida del mercado de crédito, pagará intereses más usurarios al propio FMI. Esto, junto a la disminución de los precios de las materias primas (debido a la recesión y a la suba de tasas, que hacen bajar la demanda), complicará mucho más al gobierno arribar a las metas de acumulación de reservas que el FMI le impuso al país, a la vez que acicateará las tendencias devaluatorias de la economía nacional. 

 El FMI ha señalado que alrededor de un tercio de la economía mundial corre el riesgo de contraerse el próximo año. Sus estudios revisaron hacia abajo las previsiones de crecimiento del conjunto de los países. En el caso de Argentina, “prevé que el crecimiento se ubique en 2% el próximo año, contra el 4% del presente” (Ámbito, 13/10). Es decir, augura un estancamiento económico, sobre todo si se tiene en cuenta el crecimiento vegetativo de la población, y reconoce que el programa fondomonetarista es un bloqueo para el desarrollo del país. En este marco, el documento llama “mantener la sustentabilidad fiscal”, o sea, a reforzar el ajuste y que la crisis la paguen los trabajadores. 

 Los Fernández y Massa son los ejecutores de este plan. Todo en función de satisfacer intereses capitalistas y parasitarios. Los trabajadores debemos terminar con este régimen de hambre y robo. 

 Nazareno Kotzev

“Argentina, 1985”, gran relato fílmico sobre el Juicio a las Juntas (y unos señalamientos)

No hay espectador indiferente a la película “Argentina, 1985”: en las butacas de las salas de cine hombres y mujeres se emocionan, lloran, ríen también ante el film dirigido por Santiago Mitre que ficcionaliza un hecho central de la década de 1980 en el país: el Juicio a las Juntas, que a tan solo dos años del fin de la dictadura sentó en el banquillo de los acusados a los comandantes de las tres fuerzas armadas que habían liderado la sangrienta dictadura que asoló al país entre 1976 y 1983. Los espectadores, en un hecho que se ve pocas veces ante la proyección de un film, estallan en aplausos durante varias escenas de la película, produciendo de este modo una respuesta colectiva a las imágenes en la pantalla, prueba del valor cinematográfico del film, a la vez que da cuenta de la respuesta del público de todas las edades ante el retrato de un episodio que marcó la lucha por los derechos humanos y las libertades democráticas, que anida en la memoria histórica del pueblo (pese a los cucos de Milei, Espert, Arietto y ese personal político del régimen en reserva para los momentos de alza de la clase obrera). Se puede afirmar que esta película, una obra cinematográfica narrada con las herramientas clásicas del cine industrial, no sólo constituye a estas alturas un acontecimiento de taquilla de masas, sino que se trata de un film que ya se ha ganado un lugar en la historia del cine argentino. 

 El film de Santiago Mitre (director de “El estudiante”, “La cordillera”, también de un corto en homenaje a Mariano Ferreyra realizado junto a Mariano Llinás y la reciente “Pequeña flor”, ganadora del BAFICI 2022, entre otras) tiene como centro el proceso judicial que llevó al banquillo de los acusados a los comandantes (y sólo a los comandantes) de las tres armas que, en varias etapas, se pusieron al frente de la dictadura, que estableció un régimen antiobrero mediante la represión, la detención, la tortura, el exilio, el asesinato y la ejecución de 30 mil desapariciones establecidas como método desde su inició en 1976 e incluso más allá de la llegada de la democracia. 

 “Argentina, 1985” ficcionaliza los hechos reales ocurridos alrededor del Juicio durante los primeros meses luego de que cayera la dictadura hasta el dictado de las sentencias y pone el eje narrativo en el fiscal Julio Strassera (quien funciona en el armado de la narrativa fílmica como el héroe -un héroe desmesurado- que lleva adelante su misión pese a no haber buscado esa tarea ni esos laureles) y su equipo de jóvenes asesores liderados por Luis Moreno Ocampo, además de introducirse en la vida familiar de los Strassera, conmovidos no sólo por la tarea del fiscal, sino también por las constantes amenazas recibidas por parte de grupos ultramontanos en su hogar. Las amenazas a los testigos (ex detenidos, ex detenidos desaparecidos o víctimas de la represión en distintas formas) y al equipo de investigación del equipo del fiscal también eran moneda corriente: no se debe olvidar el poder que aún tenían los militares en diferentes esferas sociales e institucionales del país a la vez que los grupos de tareas continuaban sueltos realizando trabajos privados (y no tanto) como los que solían hacer bajo el gobierno militar.

 Sobre estos hechos Mitre, autor también del guión junto a Mariano Llinás, construye una película de corte clásico, a la medida del cine industrial, efectiva en todos sus aspectos y que no soslaya en ningún momento el uso del humor como parte de los hilos narrativos. Ricardo Darín como Strassera, Peter Lanzani como Moreno Ocampo, Alejandra Flechner como la esposa del fiscal y Carlos Portaluppi como León Arslanian encabezan un elenco impecable en el que se destacan los roles de los jóvenes miembros del equipo de investigación de la fiscalía, el de Héctor Díaz como abogado de los comandantes o Laura Paredes, como la sobreviviente Adriana Calvo, entre otros. A partir de un recorte de la realidad de ese entonces, la realización produce una ficción que da cuenta de un juicio producido por la presión de la movilización popular, a la vez que el mismo juicio se transformaba en una movilización de las víctimas, que se convirtieron en los 709 testigos que dieron testimonio de los años oscuros que habían vivido y cuyas voces eran escuchadas en la radio día tras día del proceso desde que se inició el 22 de abril hasta la sentencia leída el 9 de diciembre del mismo año. Sentencia que, luego del alegato del fiscal -inscripto en la Teoría de los Dos Demonios-, condena sólo a Videla y Massera a cadena perpetua y al resto a penas irrisorias (condenas que el film señala).

 “Argentina, 1985” no debe dejar de verse. A través del prisma elegido por su director Mitre el público más joven tiene acceso a una historia real que suele contarse poco y llena las salas con reacciones emotivas, de humor, pero también de severa tensión cuando cobran vida fílmica los testimonios de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura. El duro testimonio de Adriana Calvo, que cuenta cómo dio a luz en medio de torturas y sin que se le dejase ver a su hija recién nacida -reproducido miméticamente con el vertido en el estrado de los testigos por aquella luchadora de los derechos humanos, luego fundadora del Espacio Memoria, Verdad y Justicia-, muestra el nivel no sólo de inhumanidad, sino señala un método sistemático para quebrar el espíritu y los cuerpos de los detenidos. La importancia de que la juventud sostenga la memoria histórica de estos acontecimientos es fundamental y este sector lo hace llenando cada función en cada sala, desde las cadenas más sofisticadas a las barriales periféricas, logrando realizar un hecho cultural-político de importancia. Estas circunstancias deberían bastar para sacar el ticket en la boletería o por la web (o verla cuando se estrene en la plataforma Amazon dentro de pocas semanas) pero sobre todo porque se trata de una película impecable y de gran factura técnica. El señalar estas características ampliamente positivas permite también tratar de introducir algunos elementos de la realidad omitidos en el film y sin cuyo establecimiento es imposible comprender aquella Argentina en el año 1985. 

 Amnistía, obediencia debida, indulto 

El film muestra el funcionamiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, primera instancia que debía "juzgar" a los "responsables" de los crímenes bajo la dictadura, que exonera de culpa y cargo a cada uno de los acusados y recomienda, en cambio, revisar las actividades delictivas de las víctimas. Un despropósito, una provocación pero, en suma, el modo inevitable en el que iban a actuar los militares del régimen dictatorial para juzgar a los suyos. ¿Cómo se había llegado a ese punto?

 Los milicos habían dictado, antes de traspasar el poder a Alfonsín, una autoamnistía que los liberaba de cualquier acusación. El peronista Ítalo Luder y la derecha sindical habían sellado un pacto para avalar ese fraude jurídico, político y moral (pese a esto, no se debe olvidar, el Partido Comunista Argentino había llamado a votar a Luder como presidente). Raúl Alfonsín había denunciado la amnistía y tenía como plan que el citado Consejo Supremo juzgara a los genocidas. No tenía en cuenta un par de cuestiones. 

 Las fuerzas motrices más potentes de la lucha antidictatorial habían sido el movimiento obrero (cuya máxima expresión tuvo lugar durante la huelga del 30 de marzo de 1982, llamada por la CGT por "Paz, pan y trabajo" y que produjo combates callejeros masivos en las inmediaciones de Plaza de Mayo durante toda la jornada, hasta el anochecer, y que culminó con más de 4.000 detenidos por la policía del régimen) y el movimiento por los derechos humanos. Lo conformaban diversas organizaciones de familiares, ciudadanos y también políticas (Política Obrera tenía una influencia en el movimiento, editaba clandestinamente el periódico “Libertades” y sus militantes participaron de la organización de los familiares). Las Madres de Plaza de Mayo y sus pañuelos eran los baluartes de lucha y simbólicos de la lucha por la aparición con vida de todos los detenidos-desaparecidos y sus rondas en la Plaza eran masivas. El movimiento por las libertades democráticas se había instalado en la conciencia popular de la nación. Este fue, quizás, el talón de Aquiles de las aspiraciones peronistas para las elecciones, que supo aprovechar Alfonsín. La posterior Conadep también se convirtió en una movilización masiva de las víctimas para dejar constancia de los vejámenes de la dictadura, pese al discurso alfonsinista de la Teoría de los Dos Demonios, que rubricaría Ernesto Sábato mediante la publicación del informe que, de cualquier manera, fue presentado en la Casa Rosada con una movilización de masas. Es decir, el pueblo estaba atento, despierto y en estado de movilización para no permitir que ningún Consejo Supremo absolviera a los asesinos, motivo que llevó a la realización del Juicio a las Juntas pese a la voluntad primigenia de Alfonsín (que en la película es representado como una sombra en la oscuridad que deja hacer).

 La figura heroica de Strassera, que funciona como motor narrativo del film, también deja ver en la narración unos parches que no terminan, ni empiezan, de explicarse. Por ejemplo, cuando las Madres acceden a colaborar con los investigadores de la fiscalía pero les advierten que Strassera esta vez haga algo y no como durante la dictadura. Ante la pregunta de uno de los jóvenes del equipo, la Madre repite: "Nada, no hizo nada". O en una tensa discusión con Moreno Ocampo. En realidad, Strassera había sido juez bajo la dictadura, un juez que se había ocupado de rechazar uno tras otro los hábeas corpus llegados a su juzgado en favor de detenidos-desaparecidos (tanto como Raúl Zaffaroni y tantos otros). Los jueces que actuaban en la dictadura juraban a favor de los Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional. Como Strassera. A la vez, el alegato del fiscal en el Juicio, que el film reproduce, también está anclado en la Teoría de los Dos Demonios. Strassera elevó, luego del Juicio a las Juntas, las demás denuncias realizadas por las víctimas de la dictadura militar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. 

 Otro planteo del guión es que debía ganar el favor de la condena a las clases medias para garantizar que los milicos fueran presos. Este planteo de Moreno Ocampo se desliza al interior de su familia, de origen patricio, militar y de misa con Videla los domingos. La clase obrera, principal enemigo de la dictadura y que engrosó la mayor parte de las desapariciones, está ausente del film. Este es sólo un señalamiento, pero que también muestra el prisma con el que fue encarado el traslado de los acontecimientos a la pantalla grande

. Los títulos del final hablan sobre las Leyes de Impunidad. Se refieren a que dos años después del Juicio a las Juntas el propio Alfonsín firmaría las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final que evitarían que los represores por debajo del rango de las comandancias de la dictadura fueran juzgados. Tanto estas leyes como los Indultos menemistas y los intentos de liberar a los genocidas con el 2x1 de los primeros tiempos macristas fueron derrotados por la movilización popular, masiva y permanente a lo largo de estas décadas. Es una reserva política del campo obrero y popular que sigue en pie. 

 Todas estas observaciones, como se dijo, no van en desmedro de la película -que debe verse– sino que se tratan de un aporte para debatir no sólo la instancia de la crítica técnica sino intentar reponer aspectos ausentes en un film que, por su eje temático, es un film político. Más allá de su bienvenido carácter industrial y efectivo, “Argentina, 1985” se interna en hechos políticos que no sólo marcaron las últimas décadas del siglo XX, sino que llegan a nuestra actualidad en este 2022. 

 Diego Rojas 

 09/10/2022