El 24 de febrero de 2019 ha ganado el sí por la Constitución en Cuba. Poco más del 73 por ciento del electorado votó sí, algo más del siete por ciento votó no, pero entre sufragios negativos, boletas anuladas, en blanco y abstenciones, se acumuló más de dos millones de personas que no respaldaron el sí, lo que no es una cifra desdeñable para las tareas inmediatas del Estado cubano.
La gran campaña mediática por el sí tuvo buenos resultados, contra ella la más organizada propuesta del no vino de diferentes iglesias cristianas en todo el territorio nacional, que no se sintieron convencidas ante la eliminación del Proyecto de Constitución, después de la consulta popular, de la definición del matrimonio como la unión entre dos personas, porque la fórmula usada ahora de consideración de diferentes variantes de familias, deja la puerta abierta a una consagración del matrimonio igualitario en el futuro Código de Familia.
La Constitución que entrará en vigor cuando se publique en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, trae buenas nuevas a la institucionalidad política estatal, a la democracia local y a la defensa de los derechos humanos, pero abre interrogantes sobre las garantías socialistas a la igualdad, y sobre la prevalencia de la propiedad estatal socialista sobre la privada, en los próximos años.
Las oportunidades
Las buenas nuevas son, según mi criterio, la separación de funciones estatales, administrativas ejecutivas y políticas, dentro del sistema político cubano. Ahora el máximo órgano estatal será la Asamblea Nacional del Poder Popular, con su Consejo de Estado representativo, el jefe de Estado será el Presidente de la República, que deberá ser electo por la Asamblea Nacional- de una forma que deberá regular la próxima Ley Electoral, que en pocos meses se promulgará- y el jefe de gobierno será el Primer Ministro, designado por la Asamblea Nacional a propuesta del Presidente de la República.
La dirección política del Estado y la sociedad sigue siendo del Partido Comunista de Cuba, partido ahora definido como único, democrático y fidelista, como atributos novedosos en esta Constitución.
Esta diferenciación de funciones dentro del sistema político despeja un camino que nadie ha transitado en Cuba en más de cuarenta años, en los que la dirección del Partido, el Estado y el Gobierno estuvieron en manos de una sola persona, primero de Fidel Castro y después de Raúl Castro.
Desde que entre en vigor la Constitución del 2019, la política en Cuba se producirá desconcentradamente, y esto nadie sabe cómo será, ni si será viable, eficiente y resolutiva la práctica de la política dividida en entes y órganos distintos.
También deberá cambiar la estructura estatal local. Tendremos nuevo gobierno provincial, dirigido por un Consejo Provincial, donde liderarán Gobernadores y Vicegobernadores, electos por los delegados municipales, más los presidentes de las Asambleas Municipales y los Intendentes, electos los primeros, designados los segundos.
Aquí el problema a resolver será cómo lograr la autonomía municipal promovida por esta nueva Constitución, ante las directrices del gobierno provincial y nacional, y ante las indicaciones del Partido. Si los municipios logran defender su autonomía, manejar sus fondos y presupuesto, poner dineros en políticas públicas propias, en servicios locales estratégicos, en fin, en el desarrollo local, se habrá ganado una importante batalla por la democracia en Cuba.
El municipio deberá llenar el espacio de aspiraciones de participación política que ha sido más difícil de establecer a nivel nacional, para que la ciudadanía practique su poder soberano ahí donde es más útil y decisivo.
El ámbito de los derechos es otro trecho en el que se ha avanzado mucho en esta Constitución. En el nuevo texto constitucional se declara por primera vez en la historia de nuestro constitucionalismo la existencia de derechos humanos y de principios propios como los de indivisibilidad, imprescriptibilidad, su carácter irrenunciable, universal e interdependiente y la progresividad de ellos.
Pero los derechos deben ser realizados. Hasta ahora ha bastado con las garantías materiales que el tipo de sociedad protegida por el Estado, ha propiciado, pero desde este momento el contexto será otro, porque las desigualdades han crecido desde los años 90 hasta el presente y porque el Estado ya no es el único sujeto económico, y la Constitución prevé, también por primera vez, un tipo de recurso judicial para defender los derechos humanos, sin que sepamos todavía cómo será, quién lo podrá ejercer, ante qué autoridad judicial podrá ser interpuesto, y a qué derechos humanos protegerá.
Los retos
Todos estos escenarios dan calor a la esperanza, pero también a la desazón, porque significan otro socialismo, con propiedad privada y mixta, con presencia del mercado, aun limitado por el Estado, con protagonismo económico de la inversión extranjera, con nuevas instituciones dentro del aparato estatal que deberán demostrar su capacidad de dirigir la nueva Cuba, con una sociedad provista de derechos humanos pero desprovista de la cultura de su uso, reivindicación y realización.
Otros contenidos constitucionales dejan ver una sociedad más libre, justa e inclusiva, como la regulación sobre la igualdad, que incluye nuevas razones de no discriminación, como la orientación sexual, la identidad de género, el origen territorial, el origen étnico, y la edad. También es trascendental la nueva protección a la mujer contra la violencia de género, la declaración de que se deberán crear instituciones por el Estado para realizar esta labor, el reconocimiento de la existencia de la violencia dentro de las familias y contra niños y niñas, así como su persecución por la ley.
Todo lo anterior crea retos al socialismo cubano, porque este deberá insertarse en una institucionalidad basada en las limitaciones y garantías propias del estado de derecho, la legalidad y la consideración del principio de supremacía constitucional, pero en todo caso anuncia una sociedad más justa, y no al contrario.
Retos al nuevo diseño de desarrollo económico, y la sociedad socialista como la presenta la Constitución de 2019, son también, la mantención de la soberanía en el pueblo, frente a un Partido único y director de la sociedad y el Estado, la mantención de la legitimidad política de un régimen que se declara democrático basado en un sistema electoral donde abundan formas indirectas de votación, instituciones mediadoras entre el pueblo y sus representantes, como las Comisiones de Candidaturas, formas variadas de representación política alejadas del mandato y por lo tanto de la democracia directa, y demasiadas remisiones constitucionales a leyes posteriores que podrían limitar derechos y otras ganancias sociales, propias del socialismo conocido por el pueblo de Cuba.
Algunas conclusiones
Podemos concluir que la Constitución de 2019 trata de mediar entre diferentes propósitos e ideologías, que proponen estrategias y tácticas, distintas, tanto políticas, como económicas, y sociales, para lograr el desarrollo del socialismo cubano, con prosperidad, democracia y sostenibilidad.
La Constitución resultante es una muestra de que las tesis a favor de la conservación de las garantías originales del proyecto social concebido en 1976, estuvieron presentes en esta nueva hechura, pero que también estuvieron sobre la mesa nuevos expedientes, como el de la reforma de la economía, que debería abrirse a la mixtura del mercado junto al Estado, y el de la convivencia con la propiedad privada.
El nuevo texto constitucional fue resultante de un pulso entre defensores de los derechos humanos y otros que creían que las libertades no son las que nos han llevado hasta el presente de independencia y autonomía frente a la codicia del imperialismo de los EEUU, y de esta tensión resulta una Carta Magna con muchos derechos sociales y no todos los derechos políticos que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos prevén.
También la Constitución es el producto de una conciliación entre una propuesta de Estado centralizado y otra de Estado descentralizado, lo que ha permitido que el resultante sea un texto con un municipio que se dispone a luchar por la autonomía en un ambiente político todavía dominado por un Estado centralizado.
Este documento histórico, refrendado por gran parte del pueblo de Cuba, el 24 de febrero de 2019, puede ser el marco legal y político de una lucha por la democratización y eficiencia económica de la sociedad cubana, pero también puede ser el marco legal general, de la transición a una Cuba más diversa, más compleja, más expuesta a las ambiciones foráneas, más abierta al mercado y sus males conexos.
Cuando entre en vigor la Constitución cubana que nos introduce en el siglo XXI, se verá si el socialismo se fortalece o sufre, si se vigoriza con derechos y oportunidades o si cede ante el empuje del reformismo capitalista y sus augurios de desarrollo sin justicia social.
Julio A. Fernández Estrada
La Tizza
