Trump apunta a realizar una depuración ideológica y política de los funcionarios públicos, además de un “achique del Estado”; impulsa detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes, generando un clima de terror; ha lanzado una persecución a activistas solidarios con Palestina (en especial estudiantes extranjeros amenazados de ser expulsados); y busca ejecutar recortes de gastos sociales ya votados por el Congreso.
Motosierra
El presidente y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) emitieron un memorando que congelaba temporalmente “todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal”, lo cual paralizó a unos dos mil programas que dependen del financiamiento del gobierno federal, tanto de gobiernos estatales y locales, universidades y escuelas públicas, comunidades indígenas y diversas ONG que atienden la alimentación u otras ayudas sociales a los sectores más empobrecidos de la población. La orden, firmada por el director interino de la OMB, instruía a todas las agencias federales a dejar de gastar en los programas que administran si “pueden estar implicados por cualquiera de las órdenes ejecutivas del presidente” o si “promueven la equidad marxista, transgénero y las políticas de ingeniería social del Nuevo Trato Verde”. La confusión sobre qué situaciones abarcaba este decretazo de tintes fascistas paralizó diversos servicios, incluidos los vinculados a la salud y las medicinas para una gran parte de la población, y generó una gran conmoción. La medida fue cuestionada por la oposición del Partido Demócrata y en forma no tan pública fue criticada incluso por sectores Republicanos, y finalmente fue dejada en suspenso por un juez federal. Trump debió recular al menos transitoriamente. Es el segundo revés judicial en apenas una semana (el anterior fue el referido a la orden ejecutiva que quita el derecho a la ciudadanía a los nacidos en EE.UU. de padres inmigrantes ilegales).
La crisis judicial que se ha instalado promete continuar. Elon Musk (el encargado de la motosierra) afirmó en el Wall Street Journal que Trump consideraba inconstitucional la Ley de Control de Embargos de 1974: esta ley obliga al gobierno a ejecutar los gastos votados por el Congreso, justamente el mandato que acaban de violar con la congelación decretada. “La congelación del gasto federal fue el primer paso de una enorme batalla constitucional sobre la separación y el equilibrio de poderes legales en Estados Unidos, en la que Trump y su equipo pretenden transferir la mayor cantidad posible de poder del poder legislativo al poder ejecutivo”, afirmó un articulista del Financial Times. El mismo analista destaca una frase del memorando de la OMB respecto a “alinear el gasto y la acción federales con la voluntad del pueblo estadounidense expresada a través de las prioridades presidenciales” (no del Congreso), y concluye: “El gobierno, en definitiva, de un solo hombre”. Y concluye: “Este ataque tanto al poder del Congreso sobre el dinero como al estado administrativo de Estados Unidos es un autogolpe de Estado tan grande como lo fue el acicate de los insurrectos el 6 de enero de 2021.”
El gobierno también ha lanzado una amenaza masiva de despidos, ante lo cual ofrece la alternativa de un retiro “voluntario”. Unos dos millones de funcionarios públicos han recibido un correo electrónico donde se les da la opción de renunciar antes del 6 de febrero, lo cual les permitiría continuar en planilla cobrando el sueldo hasta el 30 de septiembre. La oferta aplica a todos los empleados federales de tiempo completo, con algunas excepciones (personal militar, Servicio Postal, servicios de migración y seguridad nacional). Como han denunciado varios sindicatos (como por ejemplo el del Tesoro, que agrupa a unos 150.000 funcionarios) se trata de una intimidación y una amenaza de ser despedido sin indemnización alguna en caso de no acogerse a este plan. Los sindicatos han convocado a no aceptar el despido incentivado.
Otro elemento que generó gran confusión fue cuando el gobierno anunció la suspensión por 90 días de las ayudas establecidas a diversos países, tanto económicas como militares, lo cual obligó al Secretario de Estado Marco Rubio a aclarar que este congelamiento no afectaba a Ucrania.
Guantánamo
Tras la primera oleada de detenciones y deportaciones masivas, Trump provocó una crisis con el gobierno de Colombia, enviando cientos de personas en aviones militares y esposadas como si fueran criminales. De hecho existía ya un protocolo entre EE.UU. y Colombia que se había llevado a la práctica en gobiernos anteriores, que Trump no respetó. Lo mismo ha sucedido con otros países, como por ejemplo ha denunciado el gobierno de Brasil.
Luego, y mientras le ponía la firma a la ley fascista “Laken Riley” (que permite detener y deportar a inmigrantes sin papeles acusados de delitos menores), Trump anunció que instruyó al Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional que ampliara las instalaciones del Centro de Operaciones para Migrantes de la Bahía de Guantánamo (GMOC) para que pueda encarcelar a 30.000 migrantes. Se trata de la cárcel de la base de Guantánamo (base instalada ilegalmente en territorio cubano), conocida como un verdadero campo de concentración y de torturas, que ha sido utilizada para encerrar indefinidamente a detenidos sin orden ni proceso judicial de todo el mundo (particularmente del Medio Oriente), y también en determinados momentos a inmigrantes ilegales latinoamericanos bajo administraciones anteriores (de Haití, Cuba, etc.). En este, como en muchos aspectos, Trump no inventa nada, sino que lleva al extremo las tendencias más reaccionarias de la política del imperialismo, saltándose toda restricción legal y proclamando abiertamente lo que antes se hacía en secreto. Esto no es solo un cambio en cantidad, sino que implica un salto en calidad que impulsa un gobierno y un régimen que no admite restricciones legales para llevar adelante el programa que demanda el capital imperialista.
En el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, el jefe del declinante imperialismo anuncia la instalación de un campo de concentración para detenidos sin proceso ni garantías.
La “oposición” del Partido Demócrata parece emular a los gobernadores y parlamentarios peronistas: una parte de los Senadores y Congresistas del PD votaron la fascista Ley Laken Riley, lo cual fue elogiado por el presidente: “Esto es algo que ha unido a demócratas y republicanos”. El senador demócrata de Pensilvania, John Fetterman, estuvo presente en la firma del proyecto de ley por parte de Trump.
Aranceles
La palabra preferida de Trump en este inicio del gobierno es “aranceles”, con los cuales amenaza a diestra y siniestra, no solo a los competidores comerciales (China, Rusia) sino también a los socios y aliados (México, Canadá, Unión Europea).
Trump reiteró que a partir del 1° de febrero se establecerá una tasa del 25 % a las importaciones provenientes de México y Canadá, países integrantes del tratado de libre comercio de Norteamérica, que sería así olímpicamente violentado. Una medida de este tipo, que hasta ahora no ha sido descartada, sería un golpe brutal a la economía de estos países. Por otra parte, tendría un impacto sobre la carestía de la vida en los propios Estados Unidos, por más que Trump diga que no necesita el petróleo y la madera proveniente de Canadá, porque podría producirlos en el propio país. De hecho, Canadá tiene una balanza del comercio industrial deficitaria con EE.UU., o sea que es un destino de exportaciones importante para la producción yanqui. El pretexto de Trump es que así propiciará el trabajo dentro de EE.UU., pero los aranceles de la principal potencia del planeta no tienen un objetivo meramente defensivo sino ante todo ofensivo. Apunta a descargar la crisis sobre los competidores en el mercado mundial. Más que “proteccionismo” es una agresión económica, un arma en la guerra por la dominación del mercado mundial.
Resistencia
Mientras tanto, aumentan las protestas en diversas ciudades contra la política represiva contra los inmigrantes. Fue el caso de la manifestación del 28/1 frente a la Junta de Educación del Estado de Oklahoma, repudiando la resolución que exige pruebas de ciudadanía o estatus migratorio a las familias de las escuelas públicas. La resolución viola la 14a Enmienda, y jurisprudencia de la Suprema Corte que establece que los Estados deben permitir que los hijos de inmigrantes sin papeles asistan a escuelas públicas en las mismas condiciones que los hijos de los ciudadanos. El gobierno de Trump, del cual el superintendente de las escuelas estatales de Oklahoma es partidario, ha convertido las escuelas públicas en un coto de casa de inmigrantes ilegales. Esta persecución ha generado un temor generalizado pero también las primeras protestas públicas.
Unos días antes, el 17 de enero, los estudiantes de las escuelas US Grant y Capitol Hill organizaron una manifestación y un paro escolar, en el que se movilizaron acompañados de sus padres y educadores, y portando pancartas y carteles muy contundentes: “Desde Palestina hasta México, todos los muros tienen que caer”; “Los niños inmigrantes son niños”; “Las familias no tienen fronteras”; “Ser mexicano no me convierte en un criminal”. Aun más clara era una pancarta que recordaba: “Hitler comenzó con deportaciones masivas”.
Rafael Fernández
31/01/2025
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