La primera vuelta de las elecciones ecuatorianas se caracterizó por una fuerte polarización entre el actual presidente Daniel Noboa (en el poder desde los comicios anticipados de 2023) y Luisa González, la candidata del correísmo. La Acción Democrática Nacional (ADN) de Noboa obtuvo el 44,15% de los votos en la categoría presidencial, mientras que Revolución Ciudadana-Reto, de González, logró un 44% -son menos de 30 mil votos de diferencia.
Para darse una idea de las dimensiones de esta polarización, basta decir que Noboa crece casi 20 puntos con respecto a los últimos comicios, y el partido del expresidente Rafael Correa otros 10 puntos. En contraste, el resto de los partidos se desvanece o directamente se hunde. La tercera fuerza fue Pachakutik, que tuvo como candidato a Leónidas Iza (dirigente de la Conaie), quien logró ingresar unos ocho legisladores con el 5% de los votos, performance que, de todos modos, está muy lejos de aquella resonante elección de 2021 en que, con el 20%, Pachakutik consiguió 30 diputados y casi entró al ballotage.
El cuarto lugar fue para Andrea González (2,7% de los votos), una candidata que fue parte del armado de Fernando Villavicencio en 2023 (asesinado durante la campaña electoral), y que quedó lejos del 16% que supo obtener entonces el Movimiento Construye con sus denuncias de la corrupción. Otro dato significativo es que el Partido Social Cristiano (PSC), uno de los más tradicionales de la política ecuatoriana, apenas rozó el 0,7% de los votos, cuando había rondado el 14% en las elecciones pasadas.
Con estos resultados, ADN y Revolución Ciudadana se aseguran bancadas de entre 65 y 66 legisladores en la Asamblea Nacional, pero estarán obligados a negociar con terceros partidos para alcanzar la mayoría absoluta de 77.
El ballotage, pautado para el 13 de abril, aparece abierto.
Militarización y crisis social
Las elecciones se enmarcaron en el “estado de excepción” y la militarización “a lo Bukele” impuesta por Noboa desde enero de 2024, en medio de un crecimiento meteórico del narcotráfico y los homicidios, que alcanzaron un pico de 47 por cada 100 mil habitantes en 2023 (Infobae, 3/2).
El gobierno fue a las urnas a plebiscitar su política represiva, a pesar de que la violencia criminal apenas mermó (en 2024 hubo 38 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifra extraordinariamente elevada) y las fuerzas armadas procedieron a todo tipo de detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos. El caso más grave fue la desaparición seguida de muerte de cuatro menores de entre 11 y 15 años, cuyos cuerpos aparecieron calcinados un mes después del secuestro. Las grandes movilizaciones por justicia consiguieron la detención de 16 uniformados involucrados.
El correísmo hizo una campaña centrada en la denuncia de la pobreza, violencia y desempleo, lo que le bastó para canalizar un amplio malestar popular ante la crisis en todos los terrenos que envuelve a Ecuador, desde los crímenes del narcotráfico hasta los apagones eléctricos, pasando por el deterioro de los ingresos populares. La debacle ecuatoriana es tan honda que el programa de gobierno de González se permite reivindicar la presunta “década ganada” con Correa (2007-2017), pese a que no alteró el carácter esencialmente petrolero de su economía, la dolarización ni el dominio de los grandes conglomerados empresarios. A su vez, esa "década ganada" -en la que fueron reprimidos docentes y ambientalistas- desembocó en la gestión derechista de Lenín Moreno, quien llegó al poder auspiciado por Correa, con el que rompió más tarde.
El retroceso electoral de Pachakutik merece una reflexión especial. El peso de la enorme bancada que conquistó en 2021, en las elecciones que llevó a Yaku Pérez como candidato presidencial, se diluyó ante la falta de una línea de independencia política, con muchos legisladores emigrando directamente a la derecha. Ya en los comicios anticipados de 2023, la crisis en el seno de este bloque llevó a que la Conaie retirara el apoyo político a Pérez, quien compitió por la alianza Claro que se Puede (integrada por Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano), cayendo al 4%.
La candidatura de Iza, quien fue uno de los referentes de la Conaie durante los levantamientos de 2019 y 2022, se resume bastante bien en estas declaraciones a la prensa: “soy crítico al capitalismo, al neoliberalismo, a la forma de producción actual, que prácticamente está acabando con la humanidad. Efectivamente, pueden decir que somos radicales, pero no va a ser por imposición, sino a partir de lo que dice la Constitución” (Primicias, 6/1). Es decir, un planteo que denuncia el avasallamiento de los pueblos indígenas y la depredación de los recursos naturales por parte del gran capital, pero desde una línea de conciliación de clases.
Además de Iza, se presentó como candidato el referente docente Jorge Escala, por Unidad Popular, un frente impulsado por el Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador (PCMLE), que llegó al 0,4%. La vice de Escala fue “Pacha” Terán, del movimiento indígena de la Sierra norte. En tanto, Pedro Granja, un abogado enfrentado al crimen organizado, sacó el 0,53% de los votos como candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). En cuanto a Yaku Pérez, terminó directamente como el primer candidato a legislador de una variante derechista marginal (Amigo), cuyo candidato presidencial, Juan Cueva, hizo campaña -a lo Espert- con su programa “plan plomo, cero delincuencia”, e incluso sostuvo que “hay que pensar en la flexibilidad del horario laboral de las personas” (ídem, 26/12/24).
La izquierda ecuatoriana necesita establecer un planteo de independencia política clara frente a los dos grandes bloques políticos patronales (la derecha y el correísmo) que han dominado la vida política de los últimos veinte años.
Gustavo Montenegro
No hay comentarios:
Publicar un comentario