El Parlamento de Perú, de mayoría opositora, aprobó una ley que limita las facultades del Ejecutivo para disolver el Congreso, cuando éste haya rechazado dos ponencias del primero. Deja en pie, sin embargo, el derecho del Congreso a remover al Ejecutivo, sin importar la solvencia política o jurídica para ello. (Martín Vizcarra, en 2019, fue destituido por el Congreso por “incapacidad moral"). Tenemos aquí un minué de dos pasos: Castillo que busca nuevas elecciones parlamentarias, y el Congreso que quiere voltear a Castillo, y llamar a nuevas elecciones ejecutivas. En definitiva, el impasse político creado en las elecciones pasadas será definido por vía extraparlamentaria. Los gestos de apaciguamiento de Castillo con las petroleras, a quienes entregó la cabeza de su primer jefe de ministros, no han servido de gran cosa.
Castillo asumió con la promesa de nacionalizar los hidrocarburos y de convocar a una Asamblea Constituyente. Enseguida ratificó al presidente del Banco Central, en ese puesto hace 16 años, al servicio de todos los gobiernos y el FMI, y entregó el ministerio de Economía a un funcionario de un partido rival, Pedro Francke del Frente Amplio, un ex Banco Mundial; y luego la jefatura de Gobierno a la ambientalista de ese mismo partido, Mirtha Vázquez. Lo que consiguió con esto fue dividir a su propio partido, Perú Libre, que ha pasado a la oposición, sin dejar por completo el gobierno.
El "voto de confianza" que tendrá lugar el jueves que viene, ocurre en medio de este cruce. Las encuestas dan que el gabinete cuenta con la aprobación de 2 de cada 3 peruanos (prensalatina, 31/10). La "premiere" Mirtha Vásquez cuestionó la remoción de la ley que permite la disolución del Congreso por el Ejecutivo, como “una Ley que pone en riesgo la democracia” y presentó una demanda al Tribunal Constitucional (TC). El TC fue el árbitro final que reconoció la victoria de Castillo en agosto pasado, luego de una prolongada demora.
La derecha (Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País) pretende dar el visto bueno si se retiran dos ministros y se abandona el proyecto de Asamblea Constituyente. Los bloques del centro recelan de las promesas del nuevo gabinete acerca de la nacionalización del petróleo y gas natural, pero advierten de la necesidad de que el estado aumente la recaudación del excedente minero. Mirtha Vázquez dijo que el país “quiere recaudar”, y que nadie atenta contra la “seguridad jurídica de las empresas” (bloomberg, 27/10).
Más allá de estos "vaivenes", no se ha disipado la amenaza de un golpe militar. Grupos como La Resistencia, Los Combatientes o La Insurgencia, están a punto de concretar una alianza anticomunista con grupos de militares, según el portal periodístico Epicentro, para reclamar en las calles la vacancia de Castillo, a quien acusan de “terrorista” (ídem). Sobre los países latinoamericanos opera una cuadrilla de trumpistas y bolsonaristas, que impulsan el golpismo, con el argumento de frenar la revolución social, que consideran el desemboque inevitable de la pandemia.
Emiliano Monge
02/11/2021
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