miércoles, 25 de junio de 2025

Escalada de violencia política en EE.UU.


En las ciudades de Champlin y Brooklyn Park, al norte de Minneapolis, en el estado de Minnesota, un hombre disfrazado de policía y con máscara de látex atacó, con precisión militar, a dos matrimonios en sus casas, distantes 13 kilómetros una de otra. El hecho ocurrió en las últimas horas del viernes 15 o primeras del sábado 16 de junio. El sospechoso, que ya fue detenido, se llama August Vance Luther Boelter, tiene 57 años, y aparentemente utilizó un fusil de asalto tipo AK. En cuanto a las víctimas, Melisa Hortman y su esposo, Mark, perdieron la vida, en tanto John Hoffman y su esposa, Yvette, quedaron gravemente heridos. Dos hijos en el primer caso, una hija en el segundo, resultaron ilesos. Hortman y Hoffman revistan como legisladores en el Partido Demócrata. 
 En cuanto se confirmó la muerte de la legisladora, el gobernador Tim Walz salió a decir que se trató de “un asesinato político”. Ambos congresistas representaban al norte de Minnesota. Hortman, de 55 años, era la principal líder demócrata en la Legislatura estatal y colaboró en la aprobación de varias políticas sobre el derecho al aborto y la marihuana, entre 2023 y 2024. En tanto Hoffman, de 60 años, es senador por el Partido Demócrata y siempre se ha desempeñado en temas relacionados con los servicios para personas con discapacidad y las necesidades de niños y familias. 
 Vance Boelter, por su parte, el hombre detenido por los atentados, es un exfuncionario público de Minnesota, primero en la administración del gobernador Mark Dayton desde 2016, reelegido en 2019 por el gobernador Tim Walz, ambos demócratas. Su mandato terminó en enero de 2023. Está asociado con una empresa de seguridad, Praetorian Guard Security Services, donde su esposa, Jenny Boelter, figura como Directora Ejecutiva. A pesar del nombre rimbombante de la compañía y del alto cargo que opstenta la esposa de Boelter, a la agencia no se le conocen clientes y está registrada en el domicilio familiar. 
 Pero Boelter es, además, un exmilitar y pastor evangélico asociado al movimiento de Christian Nationalism y la New Apostolic Reformation. Fundó Revoformation Ministries y predicaba consignas antiaborto y anti LGTBQ, enmarcadas en una visión de “guerra espiritual”. Tras su huida, August Vance fue buscado por más de 40 horas en una cacería policial y del FBI. Lo capturaron en una zona rural de Sibley County, vestido con atuendo militar, tras ser identificado por vecinos. En el vehículo que usó para los atentados -camuflado como vehículo policial- se encontró una libreta con setenta nombres, que incluía políticos demócratas y figuras proderechos reproductivos. 
 Lejos de ser un lobo solitario, Boelter expresa un síntoma de un proceso de radicalización de la derecha político-religiosa en EE. UU., donde el nacionalismo cristiano articula odio ideológico, violencia política y utopía teocrática. El nacionalismo cristiano (Christian Nationalism) es una corriente político-religiosa que sostiene que Estados Unidos debe ser una nación explícitamente cristiana, donde las leyes, instituciones y autoridades se rijan por preceptos bíblicos. Rechaza el secularismo y propugna un “retorno” a los valores cristianos tradicionales. Es la base que utiliza la escritora canadiense Margaret Atwood para su conocida obra de ciencia ficción social, The Handmaid’s Tale (“El cuento de la criada”), trasformada en serie de televisión. Revoformation Ministries, por otra parte, el movimiento religioso fundado por Boelter, deja ver en la denominación una mixtura entre “revolución” y “reforma” para su idea religiosa en clave política (o viceversa), que deja atrás por varias vueltas a un Lutero aminorado. 
 El tiroteo tuvo lugar en medio de profundas divisiones políticas en Estados Unidos y grandes protestas contra las políticas de Trump. El trumpismo (no nos referimos solamente al movimiento político que propugna el magnate, sino a la dinámica social, en sentido amplio, que impulsa) es un crisol donde arde una miríada de episodios de violencia política. No aludimos, por caso, a confrontaciones en las calles, entre trabajadores y fuerzas policiales o la Guardia Nacional, ni siquiera a la explotación y los abusos del poder que llevaron a estas confrontaciones, como las que hemos visto en California en estos días. Hablamos, en cambio, de episodios puntuales, donde atacantes individuales o grupales -pero por fuera de la clase obrera movilizada por la agresión contra sus condiciones de vida- atacan a individuos, grupos, comunidades enteras y también infraestructura simbólica o funcional como edificios públicos, religiosos o de servicios como salud, transporte, comunicación, etcétera. Desde Lincoln, probablemente, ha habido en la historia norteamericana una cantidad considerable de este tipo de ataques, pero ciertos estudios arrojan que han aumentado en cantidad con el ascenso político de Donald Trump, donde 2017, el año de su primera asunción como presidente, parece ser un año distintivo.
 Por supuesto ha habido violencia política antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, incluso extrema, pero era menos frecuente, más marginal y menos centrada en la política partidaria inmediata que la que se registra a partir de enero de 2017, con antecedentes en 2016 (otros estudios registran el inicio del alza de atentados en ese año), y las amenazas contra funcionarios electos eran mucho menos intensas y más fáciles de controlar. Veamos algunos datos:

 Incremento de amenazas a miembros del Congreso

 En 2017 se registraron 3.939 casos investigados por la Policía del Capitolio. Para 2021, esta cifra había ascendido a 9.625 -un aumento de más del doble– y se mantuvo alta en 2022 (7.500) y 2023 (8.000) (counterterrorismgroup.com, tampabay.com).

 Más ataques terroristas motivados por razones partidarias

 Entre 2016 y abril de 2024 ocurrieron alrededor de 21 ataques o planes violentos dirigidos a funcionarios o lugares gubernamentales por motivos partidarios, frente a solo dos incidentes en los 20 años previos (csis.org). Otra fuente eleva esa cifra a 25 casos entre 2016 y 2025, con una marcada mayoría de origen extremista de derechas.

 Creciente normalización del discurso violento 

 Encuestas indican que, aunque una minoría apoya directamente la violencia política, el porcentaje subió del 7 % al 20 % desde 2017, reflejando una erosión de las normas pacíficas (reddit.com, theguardian.com). El número de amenazas procesadas por los tribunales federales pasó de un promedio de 38 por año (2013-16) a 62 por año entre 2017 y 2022 (nolabels.org). 

 Atentados de alto perfil 

 Entre 2022 y 2023 hubo múltiples episodios: intentos de asesinato contra Trump (en julio de 2024; en septiembre, un segundo intento fue abortado en un campo de golf del multimillonario, cuando un francotirador escondido entre arbustos fue interceptado sin disparar, y en julio del año siguiente fue desbaratado otro plan para matarlo, sin que llegara a la fase de intento) y Pelosi (2022); ataque incendiario a la casa del gobernador Josh Shapiro (2022); intento de toma y violencia en oficinas de campaña demócrata (Arizona 2022) (npr.org). 
 Es necesario aclarar que la gran mayoría de los ataques que estamos comentando entran en lo que el FBI y el Departamento de Justicia consideran “terrorismo doméstico”. Ahora bien, también hay que aclarar que la definición no hace hincapié en la nacionalidad del atacante, sino en la de quien lo dirige; vale decir que si un norteamericano cometiera un atentado bajo las órdenes o los planes de una organización foránea, sería considerado un acto de terrorismo internacional. Sin embargo, lo relevante en el análisis presente es que en el 95 % de los casos se trata de ataques de nativos contra nativos, en razón de violentas discrepancias políticas: supremacistas blancos contra afroamericanos, judíos, latinos o el Estado; milicias antigobierno contra funcionarios electos; antiabortistas contra clínicas; grupos de izquierda radical contra instalaciones policiales o símbolos de derecha (casos mucho menos frecuentes); etcétera. 
 Por otro lado, dejamos aparte la ocupación del Capitolio del 6 de enero de 2021, porque representó un fuerte salto cualitativo en la crisis política. Fue la primera vez en la historia moderna de EE. UU. que una turba (más de 1.200 personas fueron arrestadas: una cifra inusitada en la “democracia” norteamericana), en gran medida armada, motivada políticamente y alentada por el propio presidente en ejercicio, irrumpió en el Congreso con la intención explícita de frenar una transición democrática. Vale decir: un golpe de Estado. Trump, que no aceptaba la derrota electoral y que había incitado directamente a la sedición, no sólo no condenó el ataque en tiempo real, sino que lo minimizó después, consolidando un precedente de validación presidencial de la violencia y/o la asunción de parte de mucha gente con opinión heterogénea respecto de que la violencia explícita es un recurso legítimo, cuando no el único, para salir de contradicciones. 

 Ceferino Cruz
 23/06/2025

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