El gobierno argentino acordó con el FMI

Al final se develó la incógnita y entre hoy y el comienzo de la próxima semana se cancelan 1.100 millones de dólares al FMI, en concepto de vencimientos de capital e intereses. 

 Eso ocurre porque se acordó con los negociadores del FMI un “préstamos de facilidades extendidas”, con 10 años de duración, cuyo primer vencimiento será dentro de 4 años y medio, o sea, a mediados del 2026, con cancelación prevista hasta el 2031. Es decir, el stand by de Mauricio Macri del 2018 con vencimiento en el 2024, se transforma en otro préstamo por idéntico monto en Derechos Especiales de Giro (DEG) con vencimiento en 2031. La hipoteca continúa. 

 Se alude a DEG, cuya cotización involucra a varias monedas de circulación internacional, en un tiempo en que el dólar viene devaluándose. Eso implica entonces que hacen falta más dólares para pagar los DEG desembolsados por el FMI. Los montos a devolver son mayores que los 44.500 millones de dólares de la cotización al 2018. Todo ello supone una mayor exigencia para devolver el préstamo del FMI.

 El acuerdo 

 Lo acordado deberá ser tratado en el Congreso Nacional y en el Directorio del FMI. Todavía falta para suscribir el acuerdo final y ahora viene el debate local y en el organismo internacional.

 El supuesto es de tratamiento y aprobación rápida, antes de los vencimientos de febrero y marzo, imposibles de cancelar sin desembolsos del FMI. La convocatoria del gobierno apunta a lograr el apoyo parlamentario del oficialismo y de la oposición. 

 Lo previsible será el voto de rechazo de la izquierda, que podrá extenderse a otros sectores políticos con diversas argumentaciones. Es un debate que juega en la disputa electoral hacia el 2023. 

 Según lo informado por el Ministro Martín Guzmán, una vez suscripto los acuerdos, con los memorándums técnicos correspondientes, el FMI desembolsará trimestralmente, previa revisión de que se cumplen con el “esquema de políticas macroeconómicas” y las “medidas de política económica” comprometidas, de mediano plazo, las que apuntan a la estabilización duradera de la economía local.

 En buen romance, el FMI auditará cada trimestre la evolución económica local y si da el acuerdo se efectivizan los desembolsos, y si no, se cae el acuerdo. 

El FMI se convierte en fiscal de la economía local. Claro que el acuerdo se presenta como un logro en defensa de la decisión soberana para mantener la senda del crecimiento de la producción y del empleo.

 Lo acordado es un programa por 2 años y medio, es decir, el tiempo que resta para cancelar el stand by del gobierno Macri. El FMI se compromete a desembolsar el equivalente de los vencimientos, incluido lo ya cancelado con el FMI en este tiempo, algo más de 5.000 millones de dólares, según dijo Guzmán. Según lo informado habría una meta de acrecentar las reservas internacionales en 5.000 millones de dólares, los que pueden integrarse con esos fondos recuperados desde el FMI.

 Los compromisos apuntan a bajar el déficit fiscal a -2,5% del PBI en 2022 (el Presupuesto sugería -3,3%); bajar a -1,9% en 2023 y a -0,9% en 2024, sin precisar detalles, solo señalando una “moderada” intervención sobre el crecimiento del gasto y una “mejora” en la administración recaudatoria. Se trata de ver las planillas en concreto sobre el ajuste por gastos e ingresos. 

 Es un tema de alarma en materia de ajuste fiscal. Se compromete el gobierno a reducir el financiamiento del BCRA al tesoro hasta prácticamente eliminarlo hacia 2024, con reducción de las emisiones monetarias y fortaleciendo el mercado de capitales en moneda local, cambiando el balance de la deuda pública en divisas a pesos. 

 Se informó que no habrá reformas laborales o previsionales, ni aliento a privatizaciones, aunque se continua con el plan de reducir subsidios por servicios públicos. 

 La apuesta es a crecer productivamente sobre la base de exportaciones y que se generen suficientes divisas para hacer frente a los compromisos que se asumirán. 

 En síntesis, se aprueba la continuidad de los compromisos del Estado, aun cuando el Jefe de Gabinete habló de la “irresponsabilidad” del gobierno Macri en la suscripción del préstamo. El Ministro Guzmán aludió al “fracaso” de las políticas comprometidas y que el dinero se usó para cancelar deuda y fugar capitales. Aun cuando se alude a las múltiples causas de la inflación, las medias enunciadas siguen el rumbo de la estabilización y el ajuste.

 Argentina vuelve a perder otra oportunidad de investigar a fondo el endeudamiento y para actuar en consecuencia en el rechazo de la deuda ilegal, ilegitima, fraudulenta y odiosa. La campaña por el rechazo al acuerdo con el FMI, la suspensión de pagos y auditoría deberá profundizar su campaña para esclarecer los efectos del acuerdo favorable a legitimar una deuda odiosa que hipoteca recursos públicos alejando soluciones demandas por la sociedad empobrecida.

 Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Entrevista con Santiago O’Donnell: Las torturas a Julian Assange

Historia de los pactos de Argentina con el FMI // ¿La 22 es la vencida?

Protestas en Colombia y Cuba: contrastes en la prensa de EEUU

África: golpe de Estado en Burkina Faso

¿Complicidad de Francia? 

 Las fuerzas armadas detuvieron y depusieron a comienzos de esta semana al presidente Roch Kaboré, quien se hallaba en el poder desde 2015. En una declaración firmada por el nuevo hombre fuerte del país africano, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, se anuncia también la suspensión de la Constitución, la disolución del parlamento, el cierre de fronteras y un toque de queda nocturno. El derrocamiento se suma a los recientes golpes en Malí, Guinea y Sudán, y a la crisis en Chad, si bien cada uno de estos sucesos tiene sus características particulares.

 La tensión entre el presidente y los militares venía creciendo al calor de las derrotas ante Al Qaeda y el Estado Islámico. Según el corresponsal del diario español El País, hoy el Estado “apenas controla la seguridad de la capital y su entorno y de las grandes ciudades del país” (24/1), en una nación mayoritariamente rural, donde el 90% de los trabajadores se desempeña en el sector agrícola. Más de 7 mil personas murieron en los últimos siete años de conflicto y hay más de un millón de desplazados, sometidos al hambre, la falta de agua y de atención médica. 

 El episodio que marcó un salto en la crisis entre el presidente y el sector castrense fue en noviembre, cuando 53 efectivos murieron en un ataque islamista. Los militares redoblaron sus exigencias de mayores recursos y atribuciones. 

 El progreso de los grupos islamistas en Africa Occidental, que comenzó en Malí en 2012, muestra los serios problemas que está encontrando Francia en el terreno. En 2013, el imperialismo galo desplegó 5 mil soldados para proteger sus intereses económicos y políticos en el Sahel, una región rica en recursos minerales (como bauxita y manganeso), en una misión que lleva actualmente por título “Operación Barkhane”. En 2021, frente a los obstáculos, Macron anticipó una reducción de tropas, mientras presionaba por un mayor involucramiento de los ejércitos nacionales africanos. 

 En el caso de Burkina Faso, el presidente Kaboré aceptó la presencia de tropas francesas en las inmediaciones de la capital, Ougadougou, como parte de la operación “Sabre”, pero recelaba de Barkhane. Francia venía presionando al mandatario para que adoptara cambios en su política de seguridad y defensa. 

 Por eso, aunque París condenó formalmente el golpe, hay dudas de si no pudo haber desempeñado un rol en el mismo, o bien dejarlo correr. Nada menos que la cadena estatal France 24, publicó un artículo con el título: “Burkina Faso: ¿jugó Francia un papel en el derrocamiento del presidente Kaboré?” (26/1). Allí se señala, citando fuentes, que “desde septiembre, oficiales y diplomáticos franceses estaban trabajando en escenarios para una toma de posesión por parte de los militares”. 

 La presencia de soldados galos ha generado el rechazo de la población burkinense, como la de otros países de la región (Malí, Chad, Senegal). En noviembre pasado, un convoy francés que se dirigía a Malí fue detenido por manifestantes cerca de Ougadougou. 

 Francia despliega unidades militares y esquilma los recursos del continente, mientras las masas se encuentran sumergidas en la miseria. Planteamos: fuera el imperialismo de Africa.

Gustavo Montenegro

   

La renuncia de Máximo Kirchner, una crisis política en el acuerdo con el Fondo

Con la renuncia de Máximo Kirchner, el acuerdo con el Fondo Monetario abrió una crisis en el bloque oficialista. Los términos de la renuncia recuerdan a los de Chacho Alvarez, quien también prometió no obstaculizar al gobierno de De la Rúa pero cuya caída fue un hito fundamental en la descomposición del gobierno de la Alianza, que culminó empujando a la Argentina al abismo de la mano, justamente, del Fondo Monetario. Así como ayer Alvarez no jugó ningún rol en la lucha contra De la Rúa – Cavallo, ahora Máximo Kirchner asume que no romperá el bloque de diputados del Frente de Todos, con lo cual seguirá integrando las filas del oficialismo mientras éste se compromete a cogobernar con el FMI. Con esta política, busca contener dentro del Frente de Todos al sector díscolo contra el pacto con el FMI. De la misma manera, Lozano, otro crítico del acuerdo con el Fondo, aseguró que seguirá al frente del Banco Nación, como si se pudiera separar la orientación del gobierno hacia la banca pública de su orientación general de entrega colonial. 

 Esta situación muestra lo que tiene de maniobra de la renuncia de Máximo Kirchner, que se refuerza cuando se mira la permanencia en el gabinete de toda la tropa de La Cámpora o el apoyo de Axel Kicillof al pacto con el Fondo. Los términos de la carta también apuntan en esta dirección, puesto que mientras se critica el actual acuerdo se reivindica haber votado el canje de la deuda privada. Ahora, Kirchner recuerda que el mismo no tuvo quita de capital, un aspecto que en su momento fue encubierto con mentiras sobre el Valor Presente Neto de los bonos. Lo que la carta encubre, fundamentalmente, es el rol de la propia bancada de diputados del Frente de Todos en el ajuste que pavimentó el acuerdo con el Fondo. ¿O no fue fundamental el cambio en la fórmula jubilatoria que le dio otro golpe a los haberes en el ajuste fiscal que condujo al pacto? ¿O no fue fundamental la votación del canje de deuda privada? ¿O la defensa de los presupuestos de ajuste de 2021 y el malogrado de 2022? Todas estas medidas defendidas por Kirchner en el Congreso fueron medidas de ajuste y sembraron el terreno para el acuerdo, que lejos de ser un rayo en el cielo sereno, es la culminación de toda la orientación política del oficialismo desde, incluso, antes de asumir.

 Pero el aspecto de maniobra no agota la cuestión. Porque la renuncia de Kirchner al liderazgo del bloque ha abierto una crisis, no solo en el oficialismo, sino en el acuerdo mismo. Leopoldo Moreau, quien denunció que el gobierno llegó a la instancia de precipitar un acuerdo por la falta de reservas, le atribuyó los motivos de esta última a haber pagado desde el principio al organismo, y sostuvo que “revisaría” el pacto con el Fondo. Cristina Fernández permanece en silencio. Pero una revisión de los términos del endeudamiento en el Congreso es incompatible con un pacto con el Fondo: la votación deberá hacerse a libro cerrado para llegar a acordar. El Fondo no reclama un debate, sino que el Congreso oficie de escribanía de los pactos con Guzmán. 

Por eso los pactos anteriores de endeudamiento no pasaron por el Congreso: el capital financiero reclama un poder ejecutivo que oficie como un comando bonapartista capaz de imponer sus condiciones sin peros ni enmiendas. Por esto, ha surgido la versión de que el acuerdo podría no pasar por el Congreso. Una medida semejante hundiría definitivamente toda la crítica realizada al pacto macrista, justamente en nombre de que… no pasó por el Congreso. Sería un golpe al gobierno, que abriría la etapa de cogobierno con el Fondo Monetario que implica el acuerdo en condiciones de mayor debilidad.

 Si el acuerdo llegara al Congreso, por otro lado, cabe la posibilidad de que el gobierno termine votando el pacto con la oposición de La Campora, apoyado en el macrismo y el PJ -cuyo aparato de gobernadores, a través de Manzur, viene terciando en favor de acordar con el Fondo. En todo caso, el pacto con el Fondo abre una etapa de crisis y choques políticos. El elemento central de los mismos es la gravedad del ajuste y de los condicionamientos a la economía argentina que se vienen. 

 El debate en la izquierda 

Es evidente que la renuncia de Máximo Kirchner confirma la denuncia del carácter del acuerdo con el Fondo Monetario que viene realizando la izquierda, que ahora aparece puesta en boca de uno de los principales dirigentes del oficialismo. En la izquierda, la renuncia de Máximo Kirchner abrió un debate. El Nuevo MAS, en el plenario de Parque Lezama, propuso ir a golpear la puerta de las organizaciones kirchneristas para organizar una movilización común. Pretende erigir en principales opositores a la política del gobierno a quienes hasta hoy forman parte del Frente de Todos. El plenario, en cambio, votó una iniciativa de lucha concreta: salir a la calle el próximo 8 de febrero, contra el pacto con el Fondo, con una movilización multitudinaria contra el programa de ajuste que implica. La resolución del plenario fue adecuada a la situación, porque apuntan a explotar la crisis política y las vacilaciones del campo patronal y el gobierno con una posición independiente y de lucha. 

 Es que la izquierda enfrenta el pacto con el FMI con un programa propio: para que la crisis la paguen los capitalistas, por un salario igual a la canasta familiar, por el 82% móvil, por el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por la ruptura con el imperialismo y para destinar los recursos que genera el país a resolver los grandes problemas de los trabajadores. Máximo Kirchner no formula en su renuncia ningún planteo programático, pero reivindica en cambio toda su trayectoria como espada parlamentaria del gobierno del Frente de Todos y su política de ajuste. 

 La crisis al interior de la coalición oficialista es una oportunidad para golpear el acuerdo con el Fondo y la política de ajuste del gobierno, no porque haya que ir a buscar a Máximo Kirchner sino por otros motivos. Los choques parlamentarios van a contribuir a mostrar el verdadero carácter del pacto y sus implicancias. Las crisis por arriba puede contribuir a crear las condiciones de una intervención popular contra el acuerdo. La marcha del 8 apunta a consolidar estas tendencias. Planteamos organizar charlas y asambleas para convocar a todo el pueblo argentino a enfrentar esta política de ajuste y entrega colonial. 

 Juan García

Los acuerdos con el FMI en el mundo y sus consecuencias

El expte. ucraniano Petro Porochenko, junto a la exdirectora del FMI, Christine Lagarde. 

Ucrania, Ecuador y Colombia, tres casos emblemáticos. 

 Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tienen dos características bien visibles. Una es que están atados a toda clase de condicionamientos económicos. La otra es que no resuelven los problemas de los países, a punto tal que éstos -como la Argentina- terminan muchas veces recayendo en las redes del organismo financiero. La deuda externa se vuelve así, en definitiva, un mecanismo de opresión por parte del capital imperialista. Veamos algunos últimos ejemplos. 

 Ucrania

 La nación del este europeo que hoy está en la mira por el conflicto entre la Otan y Rusia, es una de las que más ha sufrido las políticas del Fondo. En 2014, tras la caída del gobierno de Viktor Yanukovich, afín a Moscú, y el establecimiento de un gobierno “pro-occidental”, el organismo otorgó un préstamo por 17 mil millones de dólares. De estos, sin embargo, solo 12 mil millones quedaban en neto, dado que otros 5 mil eran para devolver a la institución por créditos anteriores. A cambio de la ayuda, Ucrania procedió al despido inmediato de 24 mil empleados públicos, aumentó impuestos al consumo (alcohol, cigarrillos) y se comprometió a una reforma energética (aumento de los precios) y la libre fluctuación de la grivna, la moneda nacional, o sea, su devaluación. De ese acuerdo, solo se desembolsaron 4.600 millones. Se rediscutió en 2015, añadiéndose préstamos más pequeños por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y el Banco Mundial. En ese momento, el FMI saludó el ajuste fiscal realizado (hubo un déficit del 4,6% en 2014, frente al 5,8% previsto), la suba del gas y de los combustibles. Pero el organismo es insaciable: exigió al gobierno avanzar en un mayor control de las empresas públicas, en una reforma judicial, tributaria y jubilatoria. En abril de 2020, el parlamento votaba, a instancias de un reclamo del FMI, una ley de tierras que permite la venta de hasta 10 mil hectáreas. En el medio de la duración del acuerdo, Ucrania reestructuró su deuda con los acreedores privados (excepto los rusos), pero al día de hoy ésta todavía ronda el 60% del PBI. 

 Las políticas del Fondo terminaron por consagrar a Ucrania como el país más pobre de Europa. Y en junio de 2020, Kiev volvió a suscribir un acuerdo stand-by con el organismo, esta vez por 5 mil millones de dólares, a asignar en distintos tramos, condicionados al cumplimiento de ciertas metas. Se desembolsaron entonces algo más de 2 mil millones, y en noviembre del año pasado unos 700 millones más. Claro que para destrabar el último envío Ucrania debió presentar un memorándum con metas de déficit fiscal en el presupuesto 2022 (3,5% del PBI), y el compromiso de privatización parcial o total de los bancos PrivatBank y Oschadbank. En pocas palabras, la deuda y los acuerdos con el FMI son la avanzada de una colonización económica por parte del imperialismo. 

 Ecuador 

Poco antes de finalizar su mandato, el gobierno de Lenín Moreno suscribió en noviembre de 2020 un acuerdo con el FMI por 6.500 millones de dólares. El gobierno se comprometió a aumentar el IVA, a despidos y rebajas salariales en el sector público, y a aplicar “reformas estructurales”. El actual gobierno del banquero Guillermo Lasso está tratando de imponer esa agenda, lo que ya ha desatado movilizaciones de rechazo. Busca aprobar una reforma laboral que habilite la contratación a tiempo parcial y temporal; ya entró en vigor una reforma tributaria que aumenta la recaudación para asegurar el repago del préstamo; y además dispuso un aumento de los combustibles en octubre. Este es un punto sensible: en 2019, la supresión de los subsidios por parte de Lenín Moreno desató un levantamiento popular cuya sombra aún perturba al poder político. 

 Colombia 

A fines de marzo de 2021, siguiendo las recetas del FMI, el gobierno de Iván Duque implementó una reforma tributaria regresiva que imponía o aumentaba el IVA en productos básicos (café, azúcar, chocolate) y sumaba cientos de miles de trabajadores al pago del impuesto a la renta. El 90% de los ingresos a recaudar recaían sobre la clase trabajadora, y solo el 10% restante sobre los capitalistas.

 Aquella reforma, que se intentó aplicar en uno de los peores momentos de la pandemia, en medio de un aumento de la pobreza, desató también un levantamiento popular, que obligó al gobierno a retirarla, lo mismo que a un proyecto de reforma de salud.

 Las reformas fondomonetaristas son un instrumento de sometimiento de naciones enteras y acarrean grandes penurias para la población trabajadora. Por eso mismo, también, pueden desatar la respuesta de las masas. La movilización del pueblo ecuatoriano y del pueblo colombiano muestra que es posible enfrentar los planes del FMI. Cuando el gobierno de Alberto Fernández afirma falsamente que el acuerdo que anudó no contempla un ajuste, se está previniendo de esta situación. 

 Gustavo Montenegro