El régimen trumpista profundiza su guerra contra los inmigrantes y la clase obrera.
“Ahora tengo más poder”, afirmó Donald Trump tras la aprobación de la ley fiscal en el Congreso. La ley pasó, pese a no contar con el apoyo de tres senadores y dos representantes republicanos, debiendo resolver un empate en el senado con el voto del vicepresidente J. D. Vance.
La ley no se limita a cuestiones fiscales, se trata de una “ley ómnibus” en la cual se refuerza la guerra contra los inmigrantes, se atacan los beneficios sociales en salud y alimentación para millones de personas, se aumenta el presupuesto militar y se rebajan los impuestos a los capitalistas y megarricos. En otras palabras, es un paquete de guerra contra los trabajadores, que potencia la militarización y el régimen bonapartista de Trump.
La aprobación de la ley no provocó una corrida financiera como la sufrida por la exprimer ministra británica Liz Truss en 2022 –cuando una reducción de impuestos al capital, en el marco de un creciente déficit estatal, provocó su caída-. La apuesta de Trump es que la reducción impositiva favorezca el crecimiento de la burbuja especulativa en Wall Street, atrayendo capitales hacia los Estados Unidos.
La motosierra aumenta el déficit y la deuda
Las amputaciones realizadas por DOGE (departamento de “Eficiencia” creado para Elon Musk) y los masivos recortes en políticas sociales en la ley trumpista, no han producido una caída del déficit fiscal, de hecho, van acompañados por aumentos del gasto militar y en el presupuesto de ICE (inmigración) y de rebajas impositivas para las grandes fortunas.
La ley incluye recortes brutales al gasto social, especialmente en salud y alimentación, que según diferentes estimaciones rondan entre 1.2 a 1.6 billones de dólares en 10 años, siendo los aspectos fundamentales:
Medicaid (seguro de salud): Le quita la cobertura a entre 12 y 17 millones de estadounidenses, ahorrando alrededor de 1 billón de dólares en 10 años.
Asistencia Nutricional (SNAP): Recorta los cupones de alimentación a millones de familias, lo cual afectaría alrededor de 2 millones de niños. El ahorro para el gobierno federal sería de 375.000 millones en 10 años. La motosierra aplicada a estos programas sociales (y a los achiques del Estado realizados por DOGE) no alcanza para financiar la rebaja de los impuestos (sobre todo a los más ricos) que llega a unos 4 billones de dólares. El aumento en gasto militar por 350.000 millones de dólares y el incremento presupuestario de ICE en unos 170.000 millones para su guerra contra los migrantes, son otros aspectos fundamentales del paquetazo. Ese gasto en la guerra a los migrantes se aplica en particular para las prisiones para alojar a las personas detenidas (45.000 millones) y la logística de las deportaciones (30.000 millones), así como para continuar con la construcción del muro fronterizo (otros 46.5 millones). La meta establecida es la deportación de al menos un millón de inmigrantes al año.
El déficit estatal se incrementará en unos 4 billones de dólares, mientras que el techo de endeudamiento sube en 5 billones (un billón más de lo votado inicialmente en la cámara de representantes). Con esto la deuda puede superar los 41 billones, lo que la llevaría hasta un 140 % del PBI.
Divergencias en “MAGA”
La amplia base derechista que llevó al triunfo trumpista ha crujido, pero no se ha quebrado. En el senado, tres republicanos terminaron votando contra la ley fiscal. Algunos porque aumentaba el déficit y el techo de la deuda, otros porque recortaba demasiado los beneficios sociales de salud -por ejemplo, el republicano Thom Tillis, al cual Trump amenazó con impedir su reelección apoyando a un candidato alternativo, lo que llevó al senador a anunciar que no se postularía para un nuevo mandato y a mantener su voto en contra. La presión del presidente se impuso finalmente en ambas cámaras, ratificando el control de Trump sobre el Congreso.
Otro opositor a la ley, desde las redes sociales, fue el magnate Elon Musk, que también amenazó a los legisladores con combatirlos en las próximas elecciones, pero en este caso si aprobaban la ley. Musk ha fracasado en su intento de bloquear la ley y ha anunciado que lanzará el “Partido América” en oposición tanto a Demócratas como Republicanos. El CEO de Tesla -que sigue viendo caer sus ventas y sus acciones- ha salido muy golpeado tanto de su participación en el gobierno como de su ruptura con Trump. La presentación de un tercer partido podría quitar votos al trumpismo, por más que no alcance representación en el Congreso, por lo que el planteo ha sido atacado desde otras expresiones del movimiento MAGA, como el ultraderechista Steve Bannon, quien había planteado a Trump la deportación de Musk así como cortar sus contratos con el Estado (por ejemplo, con la NASA).
Bannon había tomado cierta distancia frente al bombardeo contra Irán, que también fue cuestionado por otras figuras “MAGA”, como la representante por Georgia Marjorie Taylor Greene o el exconductor de la cadena Fox, Tucker Carlson.
Bannon ya había proclamado al inicio del actual gobierno que “nuestro movimiento irá hacia donde nos lleve el presidente Trump. Y puedo no estar de acuerdo en [determinadas] políticas. (…) Pero al final del día, si dice que vamos en esta dirección, yo le diré: está bien, no estoy de acuerdo con esto y no creo que sea la dirección correcta, pero estoy totalmente de acuerdo. Sigamos adelante.” (NYT, 31/1). Trump confía en que los demagogos e influencers de su base pueden protestar eventualmente frente a tal o cual medida, pero terminarán disciplinándose en función de la orientación general del gobierno.
Musk ha vuelto a explotar en las redes el tema de los “archivos de Epstein” (un millonario acusado de tráfico sexual de menores), acusando al gobierno de encubrir a los pedófilos clientes de dicho tráfico. La fiscal general trumpista, Pam Bondi, anunció que no existe una lista de clientes y que está confirmado que Epstein se suicidó en prisión (y no fue asesinado); lo mismo aseguraron el director y subdirector del FBI, Kash Patel y Dan Bongino. Lo que tienen en común Bondi, Patel y Bongino es que durante años agitaron que existía un archivo con los clientes de Epstein y que Biden lo encubría. Ahora son la fiscal y los jefes del FBI los que están sospechados de encubrimiento en la base “MAGA” y, por elevación, el propio Donald Trump (por otra parte, existen muchas fotografías y videos de años atrás donde el actual presidente participaba en fiestas con Epstein). Musk busca explotar a su favor las teorías conspirativas derechistas que habían favorecido el ascenso de Trump. Si bien Trump ha mantenido las riendas tanto de los congresistas como del universo MAGA, las recientes elecciones primarias demócratas en Nueva York mostraron que no pocas personas que votaron por el presidente en noviembre se han volcado a favor del “socialista demócrata” Zohran Mamdani, motivados por su agenda de reformas sociales. Los líderes del establishment demócrata fueron incapaces de impulsar la más mínima movilización contra la ley trumpista, y se limitaron a tediosos torneos oratorios en el congreso. Son incapaces de generar la más mínima fuerza de atracción no solamente sobre la base trumpista sino incluso sobre la parte de la población que ni siquiera vota. Ahora están alarmados por el muy probable triunfo de Mamdani en la principal ciudad de EE.UU., que implicaría un castigo no solamente contra el gobierno federal sino contra la “oposición” demócrata.
Los jueces dan vía libre
Trump ha salido fortalecido también en los tribunales, con distintos fallos judiciales a su favor. Un Tribunal de Apelaciones de California dictó sentencia a favor del presidente, declarando que el envío de la Guardia Nacional (sin el aval del gobernador) estaba dentro de sus atribuciones. Trump celebró su victoria, y afirmó que el alcance de este fallo va más allá de California, confirmando que su política de militarización de la guerra contra los migrantes y contra las protestas sociales será profundizada. Trump ha amenazado con enviar a la Guardia Nacional a otros ciudades y estados que obstaculicen sus políticas migratorias. Tanto o más relevante es el fallo de la Corte Suprema que limita la potestad de los jueces federales de bloquear la aplicación de una orden ejecutiva presidencial. El caso que dispara el fallo refiere a la ciudadanía por nacimiento, que Trump pretende eliminar para los hijos de inmigrantes ilegales, algo que viola claramente la constitución. Ante un fallo de un tribunal inferior que había fallado en contra del gobierno y establecido un amparo de alcance nacional para todos los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU., la Corte Suprema decretó que los tribunales sólo pueden bloquear las resoluciones a nivel del Estado o de distrito (dependiendo de las características del tribunal) y no a nivel de todo el país. Esto implicará que en cada Estado o eventualmente en cada distrito podría haber un criterio diferente respecto al derecho a la ciudadanía por nacimiento. La decisión no solamente favorece al gobierno en su pretensión de expulsar millones de inmigrantes, sino que además establece jurisprudencia que puede extenderse a otros temas. El fallo no elimina en términos absolutos la potestad de un tribunal federal para establecer un amparo de alcance nacional, pero lo limita al extremo y lo hace muy difícil de alcanzar para los abogados y organizaciones que impulsen una demanda contra una orden ejecutiva.
“Alligator Alcatraz”
El gobierno ha inaugurado una mega cárcel para inmigrantes detenidos en espera de su deportación, a la que ha llamado “Alligator Alcatraz”, ya que evitaría posibles fugas al estar rodeada de caimanes, cocodrilos y serpientes pitón, en la Florida. La cárcel puede albergar hasta 3.000 presos y será ampliada a 5.000 próximamente. La ley ómnibus fiscal estableció la posibilidad de ampliar en unas 60.000 plazas destinadas a la detención de inmigrantes, muchas de ellas en prisiones privadas de las empresas que lucran con la “seguridad”, como el grupo GEO (al cual están vinculados tanto la fiscal general Pam Bondi como el “zar de la frontera” Tom Homan). Tras la inauguración de la prisión, Trump dejó abierta la posibilidad de utilizarla no solamente contra indocumentados sino también contra inmigrantes legales e incluso ciudadanos estadounidenses: “Muchos de ellos nacieron en nuestro país”, declaró, “Creo que deberíamos sacarlos de aquí también. (…) Así que tal vez ese sea el próximo trabajo” (Washington Post, 30/6).
El gobierno ha revocado el estatus de protección a medio millón de haitianos, que se suman a todas las medidas anteriores en el mismo sentido contra inmigrantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países. Con esta medida se apunta a facilitar la expulsión por “vía rápida” de gran cantidad de inmigrantes que tenían hasta ahora un estatus legal y a los cuales se les cambiaron las reglas de juego de la noche a la mañana.
La administración Trump también ha demandado a la ciudad de Los Ángeles por las políticas de “santuario” para los inmigrantes, que limitan la cooperación de la policía local con la ICE y su cacería de indocumentados. “Los Ángeles ha tratado de nada menos que prohibir [al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] operar dentro de los límites de la ciudad, directamente en contra de la ley federal de inmigración”, afirma la demanda contra la ciudad, su alcaldesa y su ayuntamiento (WSJ, 30/6). “Trump también ha amenazado con retener la financiación federal a lugares que limiten la cooperación con las autoridades de inmigración”.
Paralelamente, el gobierno ha ordenado al Departamento de Justicia (DOJ) que inicie investigaciones y demandas por la vía civil para despojar de la ciudadanía a inmigrantes legales no solamente por eventuales fraudes o declaraciones falsas durante el proceso de naturalización, o por haber cometido determinados crímenes, o “Representar un peligro para la seguridad nacional”. La directiva es muy vaga y amplia respecto a quiénes podrían ser perseguidos por el DOJ, según abogados especializados en la cuestión migratoria. Se trata de una amenaza para millones de ciudadanos naturalizados y especialmente cualquiera que haga oposición a Trump, quien ha deslizado amenazas él mismo contra Elon Musk y muchos de sus seguidores han agitado la posibilidad de desnaturalizar y deportar a Zohran Mamdani.
Por cierto, Trump ha amenazado con “tomar” la ciudad de Nueva York en caso de un triunfo de Mamdani. “Si un comunista es elegido para gobernar Nueva York, nunca volverá a ser lo mismo. Pero tenemos un poder tremendo en la Casa Blanca para gobernar lugares cuando sea necesario”, declaró durante una reunión del gabinete.
Aunque Trump ha manejado la posibilidad de flexibilizar la persecución de los migrantes que trabajan en la agricultura, la hotelería y la industria frigorífica, a partir de pedidos de los empresarios de esos sectores, la realidad es que esta guerra contra los inmigrantes -ya no solamente los indocumentados- permite unificar y galvanizar a su base política, y avanzar en el ataque a las libertades democráticas contra toda oposición.
Lucha de clases
La movilización del 14 de Junio (“No Kings”) contra Trump, en la que participaron entre 6 y 11 millones de personas (según las estimaciones) en más de 2.000 ciudades y pueblos, demostró que el curso fascista del régimen trumpista despierta la reacción de las masas. La contrarrevolución derechista genera una radicalización creciente, como se expresó en las revueltas en Los Ángeles y en las acciones en solidaridad en todo el país. La guerra contra la clase obrera y los recortes a las políticas sociales van a agudizar esta polarización social y política. El creciente control de Trump de todos los resortes del poder político y judicial, refuerza la conclusión de que la única salida está en la movilización de masas, las huelgas, los piquetes, la huelga general, sin depositar ninguna expectativa en la “oposición” demócrata sometida a Wall Street.
Rafael Fernández
11/07/2025
