jueves, 3 de abril de 2025
miércoles, 2 de abril de 2025
La guerra arancelaria hace tambalear la economía mundial
La guerra arancelaria es una expresión de la envergadura de la crisis capitalista
Las nuevas tarifas comerciales aplicadas por Donald Trump entran en vigencia el 2 de abril, que ha sido autodenominado por el magnate como el “Día de la liberación”, asimilándolo a un día de fiesta patria para Estados Unidos. Wall Street ha recibido, sin embargo, la noticia con amplias pérdidas ante la inminente aplicación de la nueva normativa. La onda expansiva se hizo sentir en todo el globo, con derrumbes bursátiles en la Unión Europea (UE) y particularmente en Japón.
La política de Trump, quien ya ha entrado en su tercer mes de mandato, ha provocado un caos e incertidumbre en el mercado y esto es lo que explica que antes de este nuevo colapso, la bolsa ya fuera afectada por sucesivas sacudidas y que las acciones sufrieran un 10 por ciento de desvalorización en sus cotizaciones.
Industria automotriz
Uno de los sectores más afectados es la industria automotriz mundial. El anuncio de Trump de consagrar un 25 por ciento de impuesto a los automóviles supuestamente “fabricados en el extranjero”, significa un cimbronazo, empezando por las propias corporaciones estadounidenses, cuyas cadenas de producción y suministro están altamente integradas, en primer lugar con los países vecinos (México en especial), pero también con otros países del mundo. El producto final de los autos norteamericanos es el resultado de un complejo proceso de armado y ensamblaje que circula entrando y saliendo por las fronteras. Se calcula que las interrupciones en las cadenas de suministro que cruzan EE.UU., Canadá y México podrían reducir para mediados de abril la producción en las fábricas estadounidenses en 20.000 vehículos diarios, una caída del 30 por ciento. Estaría unido a un encarecimiento de los costos internos desde el momento que un 60% de los componentes provienen del exterior. Esto ya ha provocado un descenso de las acciones de Ford y GM en Wall Street, esta última con una caída superior al 8 por ciento. Ambas empresas esperan una reducción del 30 por ciento en sus niveles de rentabilidad.
Las autoridades norteamericanas han dado marcha atrás con los componentes provenientes de Canadá y México que seguirán libre de aranceles, pero la situación sigue siendo incierta, teniendo en cuenta los permanentes bandazos que viene dando Washington sobre la materia.
En ese escenario la situación más delicada es la que atraviesa Tesla, que ya venía experimentando un retroceso como resultado de haber quedado rezagada en la carrera con modelos anticuados y la creciente competencia china. La integración de Elon Musk, el dueño y CEO de la compañía, al gobierno de Trump, y su nombramiento al frente del polémico Departamento de Eficiencia gubernamental (Doge, según sus iniciales en inglés), una entidad que está impulsando la eliminación de agencias federales y el despido de miles de empleados públicos ha despertado una corriente creciente de rechazo en la opinión pública y esto ha incidido en el propio mercado norteamericano, en el que el número de propietarios que reemplazan vehículos de esa marca ha llegado a máximos históricos.
Estos factores combinados están en la base del severo desplome que han sufrido las acciones de Tesla. Lejos de ser una fuente de recomposición de sus negocios, la asociación de Musk con Trump se ha convertido en un bumerán. Importa señalar que Tesla no es inmune a los nuevos aranceles, pues depende ella misma de los insumos importados. Por otra parte, las posibles represalias chinas podrían afectar sus negocios en el país asiático, donde, pese al desplazamiento que viene sufriendo por parte de la empresa china BYD, que ha convertido en su rival número 1, mantiene una importante presencia.
En este marco, no debe sorprender que Musk no vea con entusiasmo el aumento de aranceles, lo cual puede ser una fuente de cortocircuitos con el magnate republicano, que podrían sumarse a otras tensiones ya reinantes, en especial por la injerencia y recortes que Musk está realizando en las dependencias públicas, que ya ha provocado choques en el gabinete. No hay que descartar que el romance entre Musk y Trump culmine en un divorcio, si la situación se sigue desmadrando.
El impacto de los aranceles será igual de severo para las empresas japonesas, coreanas y alemanas que exportan vehículos a EE.UU. Casi la mitad de los automóviles de pasajeros vendidos en Estados Unidos en 2024 fueron ensamblados fuera del país. Toyota vendió el año pasado 2,3 millones de vehículos en EE.UU., de los cuales, la mitad provenía del exterior.
El impacto en la UE podría ser aún mayor. La industria automotriz representa el 7 por ciento de su producción total. En Alemania, donde el sector automotor es la columna vertebral de su base industrial, las exportaciones de vehículos a EE.UU. representan alrededor de medio punto porcentual del valor agregado anual de su economía. Una de las principales automotrices alemanas, BMW, ha declarado que espera perder 1.000 millones de euros por el efecto combinado de los aranceles estadounidenses a México, los aranceles al acero en EE.UU. y las tarifas impuestas por la UE a los vehículos eléctricos chinos. Se calcula que el impacto global sobre la industria automotriz podría ascender a la friolera de 110.000 millones de dólares.
Durante la campaña electoral, Trump prometió repetidamente introducir un arancel universal del 10% o el 20% sobre todas las importaciones. Poco después de asumir el cargo, esa idea fue suplantada por la promesa de aranceles "recíprocos", con gravámenes que igualarían las barreras que supuestamente otros países imponen a los productos estadounidenses.
El resultado probablemente será un universo de diferentes niveles arancelarios, aplicados a cada país. Scott Besen, secretario del Tesoro, está concentrado en el 15% de los países que, según el secretario del Tesoro estadounidense mantienen grandes superávits con EEUU, lo que incluye a las principales potencias capitalistas, sus históricos aliados. Una diversificación de esa naturaleza (que según algunos cálculos podría llegar a 2,6 millones de tasas distintas), dependiendo del producto y el país, está llamada a crear una confusión y un caos en las relaciones comerciales y aumenta notoriamente los márgenes de incertidumbre y discrecionalidad. Si se aplicara este criterio, India estaría sometida a aranceles promedio del 28 por ciento mientras que los de Alemania treparían al 20%.
Recesión e inflación
El impacto de la guerra arancelaria se empieza a sentir en el nivel el de actividad. La incertidumbre ya está provocando una retracción en los planes de inversión de las empresas y también un freno en el consumo de los hogares. Entre las consultoras hay una certeza de que vamos a una desaceleración de la economía, llamada a terminar con el “excepcionalismo norteamericano” por el cual EEUU había tenido la capacidad para escapar a un parate de su economía como el que viene ocurriendo en las otras grandes economías occidentales. Hasta el propio Trump abrió el paraguas y señaló que no había que descartar una recesión, aunque plantea que esta retracción tendría un carácter pasajero y que hay luz al final del túnel.
Las supuestas ventajas y méritos de la nueva política arancelaria quedarían corroborados, según el presidente republicano, en los anuncios que han realizado un conjunto de empresas líderes sobre una expansión y relocalización de su actividad fabril dentro de EEUU. Estas van desde Apple, un gigante tecnológico estadounidense, hasta TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo. La última fue Hyundai, un fabricante de automóviles surcoreano, que anunció el 24 de marzo que invertiría 21.000 millones de dólares en sus operaciones estadounidenses y crearía 14.000 empleos para 2028. “El dinero está llegando a raudales y queremos que siga así”, declaró Trump en un evento en la Casa Blanca junto a ejecutivos de Hyundai. La propia Nvidia, la empresa número uno en el ranking de capitalización bursátil, habla de una inversión de 500.000 millones de dólares. Pero atención que estos anuncios pueden resultar engañosos. “Las empresas saben cómo halagar al presidente. Muchos de sus anuncios se refieren a planes de gasto que ya estaban en marcha antes de que asumiera el cargo. Además, por cada acuerdo anunciado, otros se estancan. Encuestas recientes de las oficinas de la Reserva Federal en Nueva York y Filadelfia registran fuertes caídas en las perspectivas de los fabricantes para la economía durante los próximos seis meses” (The Economist, 30/3).
No hay que olvidar además que la imposición de más aranceles puede provocar represalias de los países afectados, lo cual puede terminar minando las exportaciones yanquis y echar leña al fuego a las tendencias depresivas.
Más allá de la euforia que pretenda transmitir Trump, lo cierto aquí es que lo que avanzan son los nubarrones que van cubriendo el escenario económico y social estadounidense.
La inflación está llamada a aumentar. Deutsche Bank estima que, si Trump opta por imponer impuestos máximos, podría añadir 1,2 puntos porcentuales a la tasa de inflación, elevándola por encima del 3% interanual. El aumento de los costos de importación complicará la situación tanto de bienes finales extranjeros como de los insumos importados, provocando un salto en el nivel de precios. El Laboratorio de Presupuesto de Yale, un grupo de investigación, estima que los hogares en la parte inferior de la escala de ingresos verán una caída de sus ingresos disponibles de aproximadamente un 2,5% debido a la primera ola de aranceles sobre China, México y Canadá, en comparación con una disminución del 0,9% para los hogares más adinerados. A medida que Trump aumenta los aranceles, el impacto se agravará aún más (WSWS, 30/3).
Deuda y bolsa
El avivamiento de la tendencia inflacionaria ha redundado en que la Fed haya decidido postergar sus planes de recortar la tasa de interés, a pesar de la desaceleración económica. Pero la persistencia de una tasa de interés elevada potencia las tendencias recesivas. Al mismo tiempo, aumenta la carga de la deuda que ha ido creciendo como bola de nieve. Nos referimos no a la deuda pública que supera el PBI norteamericano (36 billones dólares) sino a la deuda corporativa y de los particulares. La morosidad e impagos de las deudas de los hogares con tarjeta de crédito y por préstamos por vivienda se han ampliado notablemente en la última etapa.
Lo mismo vale para la bolsa, en la que se ha generado una burbuja sin precedentes, sostenida a través de un gran apalancamiento. Las altas tasas de interés amenazan con desatar un colapso, que puede provocar un derrumbe histórico de la bolsa dado la valorización ficticia que tienen las cotizaciones accionarias de las empresas, que no se compadecen con su desempeño en la economía real. Por lo pronto ya tenemos algún aviso en los temblores que se vienen sucediendo en la última etapa.
Hay que tener presente que los hogares norteamericanos aumentaron sus ahorros en acciones, muy superiores a su promedio histórico. Una caída del mercado bursátil, más en la actual condición, tiene profundas implicaciones en los consumos de los hogares. A través del llamado “efecto riqueza” tienden a variar sus gastos. Los dos últimos meses, la pérdida accionaria ascendió a 4 billones y medio de dólares y eso redunda en un recorte en el consumo popular de varios miles de millones de dólares, lo cual echa más leña al fuego en el parate de la actividad económica.
Ante la huida de los inversores de la renta variable, suben los activos considerados refugio como el oro, que alcanzó nuevos máximos, el último, por encima de los USD 3.100 por onza. A su turno, en el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos cae.
En ese contexto, Trump viene presionando por un descenso de la tasa de interés y eso explica las crecientes tensiones que lo enfrentan con las autoridades de la Reserva Federal que ha metido en el freezer su plan de recortes de los tipos de interés. Aunque viene al caso señalar que se ha reservado una carta flexibilizando la política restrictiva que venía sosteniendo, al contraer el ritmo de ventas de los bonos que tiene en su poder, resolviendo desprenderse de 5.000 millones de dólares en lugar de 25.000 millones como lo hacía hasta ahora. Hay un temor fundado que pueda precipitarse una crisis de liquidez que pueda afectar el conjunto del sistema bancario.
Comentario final
Como se puede apreciar, son demasiados los frentes de tormenta, en tanto los márgenes de maniobra para pilotear la crisis resultan cada vez más endebles y precarios.
La guerra arancelaria es una expresión de la envergadura de la crisis capitalista, de contradicciones irreprimibles y explosivas en la economía mundial que no encuentran una vía de salida y que se agravan. Esto intensifica los enfrentamientos entre los Estados y las corporaciones que buscan escapar del impasse a expensas de sus rivales. Viene al caso señalar que el uso de aranceles por parte de todas las principales economías ha aumentado rápidamente desde la crisis financiera mundial de 2008. Según Global Trade Alerta, con sede en Suiza, que rastrea las políticas comerciales, existen actualmente 4.650 restricciones a la importación —incluyendo aranceles, cuotas, medidas antidumping y otras limitaciones— en vigor dentro del G20. Esto representa un aumento del 75 por ciento desde que Trump ganó las elecciones en 2016 y casi 10 veces más que las restricciones vigentes al final de 2008. Ahora, con el segundo mandato de Trump, esta tendencia va a potenciarse sensiblemente.
Lo que quedaba del orden mundial de posguerra se ha definitivamente derrumbado. El sistema financiero y monetario establecido en Breton Woods, así como las relaciones comerciales que tenían a la OMC como marco regulatorio, han estallado por los aires. El libre comercio y la cooperación entre las naciones ha sido sepultado. La guerra arancelaria representa un salto en la guerra comercial y los choques ente los Estados y pavimenta las tendencias que se vienen configurando progresivamente hacia una guerra mundial.
Pablo Heller
El sionismo ocupa Gaza para proceder a la “transferencia” étnica de su población
Los médicos en Gaza describen un desastre humanitario que supera al de los meses anteriores: hospitales sin lo más elemental, médicos que tienen que elegir a quién tratar y a quién dejar morir, bebés desnutridos sin acceso a suplementos alimenticios, cientos de miles de personas casi sin agua potable, 30.000 enfermos de cáncer sin tratamiento, familias que no pueden huir porque no tienen una silla de ruedas en la que transportar a su hijo amputado, padres perturbados por pensamientos suicidas porque no saben cómo ayudar a sus hijos hambrientos, enfermos, heridos, aterrados. Más de 10.000 pacientes necesitan ser evacuados de manera urgente e Israel no les autoriza la salida. La descripción completa de este genocidio se puede encontrar en El País.
El ejército ordenó la evacuación, pero nadie sabe hacia dónde ir, ni cómo, alquilar un burro para el traslado cuesta una fortuna, Israel sembró Gaza con miles de explosivos que no han explotado y que cuando lo hacen “provocan heridas catastróficas”. La evacuación conlleva ese riesgo. La gente se amontona entre las ruinas, en los hospitales, en donde puede, y espera. Faltan por lo menos un millón de carpas, ni siquiera durante el cese del fuego Israel permitió que entraran.
Durante varios días de esta semana, por primera vez desde que Israel invadió Gaza, algunos cientos de personas desesperadas se manifestaron entre los escombros de Beit Lahiya, Jabalia, un barrio de la ciudad de Gaza, y en Khan Younis y Nuseirat (BBC 26/3), todos lugares arrasados repetidamente por los israelíes durante meses. Llevaban banderas blancas, pedían el fin de la guerra: “Queremos vivir. Detengan el genocidio”, insultaban a Israel.
Sin embargo, entre las consignas aparecieron algunas pidiendo la dimisión de Hamás y la Yihad en la ilusión -le explicaron a la BBC- de que eso detendría a los sionistas. Unos pocos atacaron a las milicias con argumentos caros a Netanyahu: “Son una banda de asesinos”, “Hamás terrorista”, “Hamás destruyó Gaza”.
Estas protestas callejeras habían sido precedidas por mensajes de ese tipo en las redes por parte de personajes vinculados al gobierno israelí y a la Autoridad Nacional Palestina, cuyos voceros se apresuraron a reclamar que Hamás “oiga la voz del pueblo”, abandone el poder y se lo entregue a la ANP (El País, 26/3).
Los medios de comunicación israelíes editaron (recortaron) inmediatamente las imágenes para dar su propia versión de las manifestaciones. Con cierto pudor, Times of Israel dijo que participaron “cientos, si no miles, de palestinos”. La BBC, la CNN, el NYT menciona cientos. La usina sionista y sus repetidoras expandieron urbi et orbi que los gazatíes exigían desalojar del gobierno a Hamás.
Tras unos días de silencio, un comunicado de Hamás calificó de “espontáneas” las consignas en su contra y ratificó el “legítimo derecho de los palestinos a expresar sus opiniones y participar en manifestaciones pacíficas”. Las protestas, aseguran, “no reflejan la posición nacional general”. “Más bien -agrega- son el resultado de la presión sin precedentes que está experimentando nuestro pueblo y de los constantes intentos de la ocupación de incitar a la lucha interna y desviar la atención de sus continuos crímenes”.
Los más fieles voceros del imperialismo (CNN, TWP, NYT 26/3) destacan que “sigue siendo poco menos que milagroso que, tras diecisiete meses de guerra, la sociedad palestina siga mostrando profundas formas de solidaridad interna”.
Hace apenas dos meses, en enero, el entonces secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, no tuvo más remedio que admitir que “Hamás ha reclutado casi tantos nuevos militantes como ha perdido. Cada vez que Israel completa sus operaciones militares y se retira, los militantes de Hamás se reagrupan y resurgen”.
Las Facciones de la Resistencia Palestina (un órgano de coordinación compuesto por 12 grupos de resistencia armada palestinos) y la Asamblea Nacional de Tribus, Clanes y Familias Palestinas han emitido, por separado, sendas declaraciones advirtiendo contra los “movimientos sospechosos destinados a socavar la resistencia”, y acusando a individuos de colaborar con Israel y trabajar para desestabilizar la unidad palestina. Las Facciones advirtieron que estos esfuerzos se alinean con la estrategia más amplia de Israel para eliminar la resistencia palestina a través del desplazamiento, el hambre y la división interna. “La resistencia es un derecho legítimo de nuestro pueblo... afirmado por todas las cartas y leyes internacionales”, afirmaron, prometiendo “hacer responsables a quienes trabajen contra la resistencia”.
Las declaraciones cierran el paso a “los esfuerzos israelíes para explotar las divisiones internas con el fin de debilitar la resistencia y desviar la presión política de las acciones militares de Israel”. Tanto las Facciones como la Asamblea afirmaron que “Israel sigue siendo el único responsable del sufrimiento continuo en Gaza” y dijeron que cualquier colaboración con Israel “sería tratada como una traición directa a la causa palestina” (dropsites news).
Ya el año pasado Israel había tratado de negociar con algunos clanes que despojaran a Hamás y a la UNRWA de la distribución de la ayuda humanitaria, intento que fracasó estrepitosamente.
El carnicero Netanyahu declaró inmediatamente que las manifestaciones demostraban que “la decisión de renovar su ofensiva estaba funcionando en Gaza” (Reuters 26/3), convirtiendo las imágenes de la protesta en un elemento central de la justificación de la limpieza étnica. La ofensiva militar es necesaria, predican los medios oficialistas, para que los palestinos reconozcan que ellos mismos provocaron la violencia y se atribuyan la responsabilidad del genocidio.
El régimen sionista enfrenta movilizaciones masivas que exigen un alto el fuego para garantizar el retorno de los rehenes, en repudio al despido del jefe del Shin Bet, Ronen Bar; contra el despido de la fiscal general del Estado y contra la aprobación de un proyecto de ley de reforma judicial que entrará en vigor en la próxima Knesset y coloca a los jueces bajo la férula del poder político. Existe una guerra civil en el interior del aparato sionista, que se refleja en las calles.
A pesar de los choques con el Poder Judicial, la Corte Suprema de Israel acaba de darle un espaldarazo al genocidio con un fallo que afirma que es legítimo imponer la hambruna y bloquear el ingreso de toda ayuda humanitaria en la Franja porque "la legislación internacional sobre la guerra no se aplica en Gaza".
Simultáneamente, el gobierno ha dado instrucciones al Mossad para que “busque países que puedan recibir a gran cantidad de palestinos”. La agencia Axios reveló que Israel está sondeando a países de África Oriental como Somalia y Sudán del Sur, además de Indonesia.
Este sábado se espera que miles de personas se manifiesten en todo el país para pedir la liberación de los rehenes, así como contra la renovación de la reforma judicial, el despido del jefe del Shin Bet, Roner Bar y el avance del despido del fiscal general Gali Baharav-Miara.
Aunque la principal protesta será en Tel Aviv, también habrá concentraciones en todo el país, incluidas Jerusalén, Carmiel y la intersección de Sha'ar HaNegev. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas instó “a todos los israelíes, de cualquier origen y punto de vista político” a asistir a las protestas.
Esta semana, también Israel estrenó movilizaciones que no se habían visto en más de dos décadas. Por primera vez desde entonces, decenas de personas hicieron un plantón levantando fotos de niños palestinos masacrados. En Jerusalén varios miles de jóvenes marcharon pidiendo a los soldados que no acepten participar de la masacre. En Tel Aviv, activistas contra el genocidio de @RadicalBlocTLV se manifestaron frente a la sede del Ejército y el Ministerio de Defensa portando carteles que decían: "Cualquier persona que lleve uniforme es cómplice del asesinato de decenas de miles".
Una encuesta emitida ayer por el Canal 12 mostró un resquebrajamiento de la férrea adhesión al genocidio por parte de los israelíes: el 69 % apoya el fin de la guerra a cambio de un acuerdo que libere a todos los rehenes que quedan en Gaza, frente al 21 % que se opone. Incluso entre los votantes de la coalición de gobierno, una mayoría (54 %) respalda un acuerdo, frente al 32 % que se opone a ella.
Olga Cristóbal
31/03/2025
martes, 1 de abril de 2025
Bolsonaro irá a juicio por golpismo; la derecha busca la intervención del golpista Trump
Cinco magistrados del TSF aceptaron el pedido de la fiscalía de llevar a Bolsonaro a juicio, argumentando que existen indicios razonables “que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal”, cuyo plan contemplaba el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes y la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa”. La conspiración se inició desde antes de los comicios de octubre de 2022 y culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023. El objetivo era desconocer la victoria de Lula da Silva en las elecciones de 2022, pero el complot no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército. Tras esa negativa, Bolsonaro animó a sus partidarios a asaltar la capital el 8 de enero de 2023, pocos días después de que Lula asumiera su mandato. Entre las pruebas figura los testimonios del teniente coronel Mauro Cid, ayudante del expresidente. Los exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea dijeron haber recibido una propuesta de golpe de Estado de parte de Bolsonaro. El juez del TSF, Alexander de Moraes, afirmó que no hay duda de que Bolsonaro conocía la existencia de un documento llamado “propaganda golpista”, que fue discutido con el alto mando de las Fuerzas Armadas y con quienes intentaron anular el resultado de las elecciones de 2022. La sumatoria de pruebas llevaron a que Bolsonaro sea imputado por cinco cargos, entre los que se destacan el intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del estado de derecho (por su ataque a los poderes Legislativo y Judicial) y organización criminal armada (que, según explica la justicia, se desarrolló con orden jerárquico, contaba con influencia de sectores militares y presentó una división de tareas entre sus integrantes).
La decisión del tribunal entierra aún más las aspiraciones del líder opositor de regresar en algún momento al poder. A pesar de que Bolsonaro, que ya se encuentra inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, el expresidente insiste en que “por el momento, soy candidato”, aclarando que él es el plan “A, B y C” para 2026. En su cuenta de la red social X denuncia una persecución política y afirma que “el proceso contra mí avanza 14 veces más rápido que el de Mensalao y al menos 10 veces más rápido que el de Lula en Lava Jato”. Afirma que buscan proscribirlo debido a que ningún candidato lo vencería en 2026.
Es cierto que en estos momentos la imagen positiva del actual mandatario Lula se encuentra en su punto histórico más bajo del 24 %, debido a la crisis económica brasileña. Pero el bolsonarismo tampoco da muestras de vitalidad. El clan Bolsonaro buscó consolidar antes de la sentencia un apoyo político en el Estado y en las calles, con escaso resultado. Una protesta convocada en su apoyo en Río de Janeiro a principios de este mes, en la cual el expresidente buscaba reunir al menos un millón de personas, congregó apenas a cerca de 18.000 manifestantes. No son pocos los analistas que sostienen que su capacidad de movilización se ha desplomado. Bolsonaro ha convocado una nueva manifestación para el próximo 6 de abril en São Paulo.
A falta de un apoyo al interior de Brasil, la familia Bolsonaro busca la intervención de Estados Unidos. En una entrevista con The Wall Street Journal en noviembre pasado, Bolsonaro había afirmado que contaba con el apoyo de la administración Trump para poder eludir la prohibición de presentarse a las elecciones de 2026, y que éste ejercería presión sobre el gobierno de Lula mediante sanciones económicas contra Brasil. Ahora, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, miembro del Congreso, sostuvo que dejará el Congreso y buscará asilo político en Estados Unidos, donde espera conseguir apoyo político para amnistiar a los condenados del motín del 8 de enero e impulsará sanciones contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. En una entrevista con el Financial Times el mes pasado sostuvo que Moraes cumplía los requisitos para las sanciones estadounidenses bajo la Ley Magnitsky, originalmente diseñada para castigar a funcionarios rusos y congelar sus activos en el país. “Mientras los problemas legales de su padre empeoran, afirma el Financial Times (25/3), Eduardo ha pasado gran parte de este año en Washington presionando a miembros del Congreso de Estados Unidos y a la administración Trump”. Según este diario mismo, “hay indicios de que la administración Trump está prestando atención a la campaña de la familia Bolsonaro”. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en febrero de este año el proyecto de ley “No Censors on our Shores Act” que despojaría al juez brasileño de Moraes de su visa estadounidense, junto con las de otros funcionarios extranjeros acusados de censurar la libertad de expresión de las personas en Estados Unidos. La campaña de Eduardo Bolsonaro busca apoyarse en el conflicto que se desató el año pasado entre el ahora funcionario de la administración Trump, Elon Musk, y el juez de Moraes, cuando la justicia brasileña cerró su plataforma X durante más de un mes en Brasil por acusaciones de que difundía discursos de odio. Musk calificó al juez de dictador en X, acusándolo de usar las facultades del tribunal para investigar, procesar y silenciar a los adversarios de Da Silva en redes sociales. El grupo de medios de Trump demandó a de Moraes en febrero de este año por sus medidas para impedir que los brasileños accedan a Rumble, una plataforma de video con sede en Florida.
En su gira en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro aseguró que "todas las reuniones que solicitamos son aceptadas", remarcando los estrechos vínculos que mantiene con el equipo de Trump, aunque se negó a revelar con qué funcionarios de la administración estadounidense se reunió durante tres viajes a Washington en enero y febrero, o dar detalles de las conversaciones. Aseguró que no estaba pidiendo una intervención directa de Estados Unidos sino “la restauración de la democracia y la libertad”.
El Wall Street Journal afirma que la decisión del TSF “supone un golpe a uno de los aliados más cercanos del presidente Trump en América Latina” (26/3). Eduardo Bolsonaro ha viajado varias veces a Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la presidencia. Un legislador del PT solicitó al Tribunal Supremo el 27 de febrero la incautación de su pasaporte debido a que Eduardo Bolsonaro ha intentado negociar con legisladores estadounidenses un proyecto de ley para "atacar e intimidar" al Tribunal Supremo de Brasil desde la investidura de Trump.
Algunos analistas dan por descontado que Bolsonaro será condenado por los delitos de los que se lo acusan. La situación, sin embargo, dependerá probablemente de los vaivenes políticos nacionales e internacionales. El periódico brasileño Folha de Sao Pablo (26/3) aseguró que uno de los cinco miembros del TSF, Luiz Fux, allanó el camino para cuestionar el acuerdo de culpabilidad de Cid y revisar las sentencias del 8 de enero, cuando expresó sus desacuerdos respecto a las posiciones del juez de Moraes y sostuvo que “juzgamos con una emoción violenta tras la tragedia del 8 de enero. Fui a mi antigua oficina, donde la ministra Rosa [Weber] era mi vicepresidenta, y vi un escritorio quemado, papeles quemados. Pero creo que los jueces, en su vida, siempre deben reflexionar sobre sus errores y aciertos”. Según Folha, “la postura de Fux esta semana sería, más que un giro hacia un mayor conflicto con Moraes, la marcación de posiciones y un llamado a la reflexión sobre detalles y matices de los casos que se tramitan en la Corte Suprema”.
El gobierno de Lula, por su parte, acorralado por la aceleración de la inflación y la caída de su imagen, busca no hacer olas y complacer las demandas de los sectores militares, los cuales brindaron un amplio apoyo al bolsonarismo en su ascenso al poder. Para este año, el gobierno de Lula decidió mantener la política adoptada desde 2023 de ignorar el aniversario del golpe militar de 1964, que cumple 61 años el próximo lunes 31. El diario Folha asegura que “Lula y militares mantienen un pacto de silencio en el aniversario del golpe de 1964”. El acuerdo prevé que la fecha no será celebrada en los cuarteles ni repudiada por el gobierno. “El silencio es parte del esfuerzo del ministro de Defensa, José Mucio Monteiro, para conciliar las demandas del gobierno del PT con el ánimo de los militares”. El gobierno de Lula evalúa que la fecha para la realización de actos en defensa de la democracia ya no sean el 31 de marzo sino el 8 de enero, en referencia a los atentados contra las sedes de los Poderes ocurridos en 2023. Esa iniciativa, sin embargo, “también ha sido una fuente de tensión en la relación entre Lula y los militares, (…) en parte por las acusaciones contra generales por participar en el intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro” (Folha, 26/3).
El candidato del presidente Lula a la jefatura del PT y favorito para las próximas elecciones internas, el ex alcalde Edinho Silva, adoptó por su parte una posición derrotista frente a un Bolsonaro en retirada. Aseguró públicamente que el bolsonarismo tiene base y que el PT, en cambio, tiene que “sudar sangre” para sacar 10 mil personas a las calles. Edinho Silva es el nombre que apoya Lula para liderar el PT.
Diversos medios han asegurado que la decisión del TSF de llevar a Bolsonaro a juicio se trata de una decisión histórica, ya que es la primera vez en la historia de Brasil que acusados de intentar un golpe de Estado serán juzgados por ese crimen. La dictadura militar (1964-1985), de la cual Bolsonaro es un ferviente admirador, culminó con una ley de amnistía para todo el personal militar. Pero los volantazos políticos en Brasil han demostrado una extrema volatilidad. Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero por el juez de primera instancia Sergio Moro en 2017 y, luego de más de un año y siete meses de prisión, fue liberado y en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia, para volver a la presidencia en 2022. El futuro político de Brasil no se definirá en los tribunales sino, antes que eso, en el terreno de la crisis mundial.
El Be
29/03/2025
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