El Consejo Europeo, que está integrado por los 27 jefes de Estado de la Unión Europea (UE), se reunió esta semana para discutir la crisis energética en un continente impactado por el aumento de los precios y las contra-sanciones rusas.
En medio de fuertes tensiones entre los socios, el cónclave habría arribado a un acuerdo preliminar para establecer un tope en el precio que se paga por las importaciones de gas; compras conjuntas para lograr un abaratamiento; y la adopción de un mecanismo que ya rige en la península ibérica que limita el precio del gas que abastece a las centrales eléctricas.
El problema es que los “detalles” de la implementación se trasladaron a los ministros de energía. Esto dilatará la efectivización del plan por semanas, si acaso no se empantana antes la discusión.
Dentro de la UE, hay una divergencia de criterios e intereses respecto a la cuestión energética. En vísperas de la cumbre, Alemania lideraba la posición de los Estados que resistían la implementación de un precio tope, argumentando que eso llevaría a mayores sanciones por parte de Rusia. A favor de esta tesis, hay que decir que Gazprom amenazó con frenar completamente el suministro del fluido si se avanza en esa senda.
Alemania es el país más dependiente del gas ruso, de ahí su postura cautelosa. Además, Berlín alegó que el establecimiento de un precio tope podría llevar a los proveedores a redirigir sus exportaciones a otros mercados, como el asiático. A raíz de las sanciones en su contra, Moscú reorientó parte de sus ventas a India y China. Para sortear este problema, algunos Estados proponen que en vez de un precio tope se establezca una banda, pagando siempre un poco por encima de Beijing.
Más allá de estas controversias, Alemania ya tomó una decisión unilateral para enfrentar el problema del alza en los precios, al instrumentar un desembolso de 200 mil millones de euros en subsidios a empresas y ciudadanos que se financiará por medio de un mayor endeudamiento estatal.
El telón de fondo es la presión de un sector de la clase capitalista. La cámara patronal Businees Europe alertó a comienzos de mes de un “riesgo inminente de parón de miles de empresas europeas” ante el alza en las tarifas de electricidad y el gas (Nius, 1/10).
El resto de los gobiernos europeos reaccionó con furia frente al anuncio alemán, dado que consideran que el premier Olaf Scholz se cortó solo, aprovechando las mayores espaldas de Berlín, para trazar una política que, además, establece una ventaja para la industria alemana con respecto a sus competidoras.
Pero son varios los Estados que se están lanzando, cada uno dentro de sus posibilidades, a la aplicación de planes de subsidios para empresas y consumidores.
Con independencia de la capacidad de consenso que logren en las próximas semanas los ministros de Energía, la unanimidad será inalcanzable. El gobierno de Hungría salió de la cumbre festejando que logró su eximición del plan en gateras. Budapest se opone a cualquier tipo de sanción contra Moscú, ya que depende de sus combustibles casi en un 100%. La exención es la manera que encuentra el club de los 27 de evitar que el gobierno de Viktor Orban aplique su poder de veto como miembro de la Unión.
El fin de la “energía barata”
El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, reconoció recientemente el gran papel que jugaba “la energía barata de Rusia” para el desarrollo del continente, y reflexionó que esa era ha terminado.
Para reducir la dependencia de los combustibles del Kremlin, tras el estallido de la guerra en Ucrania, los Estados europeos incrementaron las compras de gas (por ductos) y gas natural licuado (por barcos) desde Noruega, Argelia, Estados Unidos, Qatar, Israel y Egipto. Y si bien, tomada en términos globales, la UE diversificó sus fuentes de aprovisionamiento, estos “aliados” no le venden barato. Para peor, la OPEP+ recortó en 2 millones de barriles diarios la producción este mes, lo que tiende a incrementar los precios del crudo.
A medida que se acerca el invierno, se acentúan las medidas de ahorro energético en las ciudades europeas, por ejemplo, la restricción de la publicidad nocturna y la sugerencia a los usuarios para que desenchufen aparatos. El objetivo es incrementar las reservas para los tiempos fríos que vienen. La duración de las mismas dependerá del nivel de consumo y de la benignidad de las temperaturas.
En el período enero-agosto de este año, el consumo de gas en el viejo continente cayó un 10% en relación al año pasado (La Nación, 19/10), en parte porque el aumento en los precios empuja a las industrias a disminuir su actividad, acentuando de paso las tendencias a la recesión.
La movilización popular
Los Estados europeos se han visto forzados a intervenir también debido a la movilización popular, que tiene como base la monumental suba de las facturas. En Escocia e Italia, hubo quemas públicas de boletas. En Albania, protestas. Los aumentos energéticos echan leña al fuego de la inflación, lo que desató un reguero de huelgas en demanda de una recomposición salarial (Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania).
Este cuadro complejo lleva a los gobiernos a operar con idas y vueltas. Liz Truss, la primera ministra británica, que acaba de renunciar, y su ministro Kwaki Kwarteng, resolvieron un plan de subsidios para morigerar el aumento de las tarifas, pero el sucesor del primero, Jeremy Hunt, lo borró de un plumazo en nombre de la disciplina fiscal.
El rechazo a los tarifazos, el aumento salarial indexado por la inflación, la nacionalización de las grandes empresas energéticas bajo control obrero, un plan energético y ambiental discutido por los trabajadores, y la lucha contra la guerra imperialista, son consignas para la etapa.
Gustavo Montenegro
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