sábado, 21 de febrero de 2026
viernes, 20 de febrero de 2026
Millonarios del algoritmo
La semana pasada, en un tribunal de Los Ángeles, un dato atravesó el debate sobre el llamado «diseño adictivo» de las redes sociales. El director de Instagram, Adam Mosseri, reconoció bajo juramento que cobra alrededor de 900 000 dólares anuales, más bonificaciones ligadas al desempeño, y paquetes de acciones que algunos años han alcanzado «decenas de millones de dólares». La cifra surgió durante el juicio colectivo por daños a menores contra su empresa matriz, Meta Platforms.
El momento fue revelador porque puso sobre la mesa algo que suele quedar fuera del debate público. Las grandes plataformas digitales no son servicios neutrales, sino negocios privados cuya lógica central es maximizar tiempo de uso, datos y segmentación publicitaria. Cada minuto que una persona pasa deslizando el dedo se traduce, directa o indirectamente, en valor bursátil. Y ese valor acaba concentrándose en salarios ejecutivos, acciones y patrimonios personales.
Mosseri negó que Instagram sea «adictivo» en sentido clínico, y defendió una distinción entre adicción médica y uso problemático. También aseguró que proteger a los menores es «bueno para el negocio a largo plazo». Sin embargo, los documentos internos exhibidos por la acusación mostraron que la propia empresa conocía los efectos nocivos de ciertos filtros sobre la autoestima de jóvenes, y que eliminarlos podía restar competitividad en mercados claves. Es decir, el conflicto entre bienestar social y rentabilidad no es abstracto: aparece en correos corporativos y decisiones de producto.
Su testimonio sirve como antesala de la comparecencia del fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, cuyo patrimonio personal se cuenta en decenas de miles de millones de dólares. El modelo de plataformas ha producido una nueva élite económica basada en la captura de atención a escala planetaria. A diferencia de la industria clásica, aquí el «recurso» principal no es una materia prima física, sino el tiempo y la conducta de millones de usuarios.
La concentración es aún más visible si se amplía el foco. Google, propietaria de YouTube, ha construido uno de los imperios publicitarios más grandes del mundo apoyándose en datos de navegación y consumo audiovisual. X (antes Twitter), ahora en manos de Elon Musk, ilustra cómo incluso plataformas deficitarias pueden convertirse en herramientas de poder político y mediático, además de activos financieros estratégicos.
Lo que está en juego en los tribunales estadounidenses es un precedente legal. Las demandas ya no se centran únicamente en contenidos publicados por terceros, sino en el diseño mismo del producto. Eso que motiva el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes, los sistemas de recomendación. Es un intento de señalar que el daño no proviene solo de lo que se ve, sino de cómo se induce a mirar sin parar.
Las plataformas privadas operan con un incentivo estructural: cuanto más tiempo pasamos dentro, más ganan. Lo que hacemos allí se traduce en fortunas personales que crecen mientras se externalizan los costos sociales, desde la ansiedad juvenil hasta la polarización política. El juicio de Los Ángeles abre una grieta en ese relato de éxito tecnológico. Obliga a preguntar quién se beneficia realmente del ecosistema digital y quién paga sus efectos.
Entender esta relación entre algoritmo y riqueza es un primer paso para un debate más amplio. No se trata solo de regular pantallas, sino de discutir un modelo económico que convierte la vida cotidiana en mercancía. Detrás de cada experiencia en las grandes plataformas globales hay accionistas, ejecutivos y patrimonios colosales, y del otro lado millones de personas cuya atención sostiene ese edificio financiero.
Emilia Reed, especial para Granma | internet@granma.cu
19 de febrero de 2026 22:02:28
Argentina: La contundencia del paro y algunas lecciones para Adorni
La contundencia de la medida de fuerza fue destacada hasta en los medios de comunicación más embanderados con la reforma laboral, pero desde el gobierno trataron de mostrarse indemnes. Con Milei otra vez haciendo de lustrabotas de Trump en Washington, el que tuvo que salir a decir algo fue el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien como no pudo desestimar el impacto adujo que “el paro es perverso porque, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar no podés hacerlo”. Lección 1: si todos los días la gente va a laburar es porque hay un conjunto de trabajadores que hace funcionar el transporte; sin esa fuerza de trabajo, nada sería como es.
Según sus estimaciones, “hoy probablemente tengamos una pérdida de $600 millones de dólares”. Es cierto que las cifras que tira Adorni no sirven mucho para tener en cuenta, pero más allá del número nos lleva a la lección 2: otra vez, la riqueza del país solo se produce si la clase obrera está dispuesta a poner su fuerza de trabajo; sin ese trabajo, las máquinas, rieles, puertos, barcos, energía y computadoras no podrían valorizar ni un centavo el capital invertido.
También afirmó que van a demandar a los sindicatos del transporte por la medida de fuerza (un derecho consagrado que precisamente se busca liquidar con esta reforma laboral esclavista), y lo fundamentó diciendo que los gremios “nos contestaron que el paro no se hacía por un reclamo salarial sino por la oposición a la reforma. Están reconociendo que es un paro político”. Lógicamente, la ley que quieren sancionar afecta el salario, además de una larga lista de derechos laborales colectivos que los trabajadores están defendiendo con esta acción. Pero además los "paros políticos" del movimiento obrero modelaron la historia de este país, empezando por las huelgas del Centenario que antecedieron a los derechos políticos, el 17 de octubre, el Cordobazo, contra el Rodrigazo en el '75, o el Argentinazo de 2001. En menor medida, pero más fresco, las movilizaciones de aquel diciembre de 2017 enterraron la reforma laboral de Macri, a pesar de la sanción del robo jubilatorio. Lección 3: la huelga política de masas es la perspectiva que tenemos que desarrollar para aplastar la reforma esclavista y a este gobierno antiobrero.
El paro, que la CGT se resistió a convocar hasta que la indignación era generalizada y se rehusó a darle un carácter activo, vuelve a poner sobre la mesa quiénes hacemos funcionar al país todos los días. Con este intento de legalizar la superexplotación laboral buscan que el capital se apropie de una porción mayor del valor que producimos con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y eso no para un crecimiento económico, sino para seguir fugando capitales y hundiendo al país en la decadencia. Como quedó al descubierto con las críticas de Caputo a la centrales empresarias por la falta de entusiasmo y con el cierre de Fate, esto solo mejora las condiciones para que descarguen la crisis sobre los trabajadores. Los parásitos son los capitalistas.
La conclusión del paro nacional es que para derrotar al gobierno antiobrero de Milei y la destrucción masiva de puestos de trabajo necesitamos un plan de lucha hasta la huelga general. Es el camino que planteó una vez más el sindicalismo combativo frente al Congreso, y que el Sutna pone en práctica junto a los mil obreros del neumático que se plantan en Fate.
Ivan Hirsch
jueves, 19 de febrero de 2026
miércoles, 18 de febrero de 2026
Trump redobla las amenazas sobre Haití
Haití entró en una nueva crisis de poder cuando venció oficialmente el mandato del Consejo Presidencial de Transición. Este órgano colegiado había asumido el poder en 2024 con la misión de estabilizar el país, reorganizar el Estado y convocar elecciones tras años de crisis agravada por el asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, en 2021.
Antes de disolverse, el Consejo intentó destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, pero Donald Trump lo “persuadió” con el arribo de tres buques de su armada que se encuentran desplegados en el Caribe. Fue una clara declaración de respaldo a Alix Didier Fils-Aimé y a su continuación en el poder. Así, el Consejo se disolvió sin haber logrado elecciones ni un acuerdo político para reemplazarse a sí mismo.
El Poder Ejecutivo quedó concentrado de facto en el primer ministro, quien continúa ejerciendo funciones sin que exista presidente ni Parlamento activo; su capacidad real de control es muy limitada.
Las pandillas dominan el 90 % de Puerto Príncipe y de otras grandes zonas, ya que en los últimos seis meses se han expandido con una velocidad inusitada hacia el centro y el norte del país. Alix Didier Fils-Aimé sigue ahí por la sola voluntad de Trump.
Las pandillas se dividen los territorios y conviven organizadas bajo una coalición. La cara visible de esta asociación de pandillas es Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue. Todas compran en forma unificada las armas que vienen desde Estados Unidos.
La crisis humanitaria en Haití ha alcanzado niveles extremadamente graves, con implicaciones en seguridad alimentaria, desplazamientos, educación, salud y protección. 5,7 millones de personas —más de la mitad de la población— enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. La violencia armada y la inseguridad han causado desplazamientos internos masivos: aproximadamente 1,4 millones de personas han huido de sus hogares, lo que representa cerca del 12 % de la población total. Más de la mitad de estos desplazados son niños. En muchos casos viven en condiciones precarias en escuelas, edificios públicos o albergues improvisados, con acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios sanitarios. La venta de los niños, por parte de familias que están en estado de inanición, es alarmante. La mitad de los miembros de las pandillas son menores de edad.
Más de 1.600 escuelas cerraron durante el ciclo escolar 2024-2025, dejando sin acceso a la escuela a más de 240.000 estudiantes. Solo el 11 % de las instalaciones hospitalarias con capacidad de internación está funcionando plenamente y ha habido reaparición de brotes de cólera.
La situación caótica de Haití es responsabilidad de la intervención internacional permanente bajo la batuta de Estados Unidos.
Junto con los gobiernos de Canadá y Francia, George W. Bush organizó en 2004 el golpe de Estado contra el primer presidente electo democráticamente en Haití, Jean-Bertrand Aristide. El Consejo de Seguridad de la ONU fue cómplice de la operación al hacerse cargo del país a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Fue la operación internacional más prolongada del siglo XXI en el país. Muchos países enviaron efectivos —que cometieron vejámenes y oprimieron a los haitianos— para relevar al ejército yanqui ocupado en otras invasiones.
En 2017, la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) —formada solo por civiles y policías— reemplazó a MINUSTAH debido al desastre que habían hecho todos los efectivos militares. Después de eso, hubo diversas “misiones de seguridad”, todas con intervención extranjera, que fracasaron una tras otra.
El año pasado, las autoridades de Haití contrataron a una empresa paramilitar de Erik Prince —cofundador de Blackwater— para hacerse cargo de la seguridad del país. Prince está acusado de crímenes de guerra y su trayectoria ha demostrado que solo sabe atacar a población civil desarmada. El contrato con estos mercenarios se ha mantenido en secreto, sin publicarse ni el monto de la paga, ni el reglamento, ni la cantidad de efectivos, ni el prontuario de cada uno. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los operativos de la empresa privada mataron a más de 970 personas de marzo a diciembre del año pasado, incluidos 39 civiles, 16 de ellos niños. Luego de eso, Estados Unidos, con el apoyo de Panamá, impuso una resolución para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5.550 miembros, conocida como la “Fuerza de Supresión de Pandillas”, con derecho a detener y encarcelar a haitianos.
En todos los casos, lo que Estados Unidos busca es mantener una intervención en la cual los costos estén socializados entre varios países. La importancia de Haití no radica en la relevancia de sus recursos -como sería el caso de Venezuela-, sino en su ubicación en el Caribe, tan próxima a Estados Unidos, y en la necesidad de mantener un castigo histórico que, por carácter transitivo, el imperialismo yanqui le asesta a Haití en nombre del imperialismo francés. El castigo no solo por haber declarado la primera independencia de América, sino por haber realizado la primera revolución de esclavos del continente. El crimen de Aristide —que le valió el golpe en 2004— había sido reclamarle a Francia que devolviera la “indemnización” que Haití había sido obligada a pagar en 1825 por haber declarado su independencia, cuyo monto actualizado calculó en 20 000 millones de dólares.
El otro problema que representa Haití para la gestión Trump es la inmigración.
Estados Unidos requiere el control del país para frenar el flujo migratorio, al tiempo que busca repatriar a todos los exiliados haitianos que en Estados Unidos viven en carácter de refugiados.
Trump ha revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, pero esto fue revertido por un fallo judicial de una magistrada de origen latino.
Ana Reyes rechazó por segunda vez el recurso del Gobierno para forzar la eliminación de las protecciones migratorias de más de 300.000 haitianos y denunció montones de amenazas de muerte que le llegaron a través de las redes sociales.
Aldana González
16/02/2026
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