El ex director de BAE Systems, segundo mayor contratista militar del mundo y constructora de aeronáutica comercial, Mike Turner, recientemente declaró en medios británicos que el Reino Unido mantiene una dependencia operativa en términos de defensa con los Estados Unidos. Turner señaló que en un conflicto de alta intensidad como el de las Islas Malvinas, en 1982, el Reino Unido se encontraría en una “total dependencia” de EE. UU., en “relación a componentes críticos y marcos regulatorios que condicionan el uso, modificación y sostenimiento de parte de su material aéreo” (Escenario Mundial, 18/2).
Turner, que no es un improvisado en la materia, señaló que la defensa británica mantiene una problemática de base, ya que gran parte de las aeronaves de la Real Fuerza Aérea funcionan con componentes, software, armamento o certificaciones que dependen de las normas de control que se encuentran bajo la égida estadounidense, y que en un cuadro de conflicto “podría traducirse en restricciones operativas si Washington decide no acompañar" (ídem).
El telón de fondo de la dependencia tecnológica del Reino Unido son los controles de exportación de armamentos digitado por los EE. UU. desde 1976, a través del Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR, por sus siglas en ingles), ente encargado de suministrar licencias o imponer restricciones para la comercialización y el uso de materiales destinados a defensa. El cumplimiento del ITAR consiste en salvaguardar la tecnología de defensa y la propiedad intelectual de Estados Unidos. Según la Lista de Municiones de los Estados Unidos (USML), los artículos de defensa y los datos militares restringidos incluyen algunos de los siguientes: vehículos de lanzamiento, misiles balísticos, torpedos, armamento en general, aviones y naves espaciales. Para proteger esta información, cualquier empresa o gobierno que quiera hacer negocios con los EE. UU., o con contratistas del gobierno, debe adherirse al ITAR, y su incumplimiento puede dar lugar a fuertes multas, pérdida de privilegios de exportación e incluso a cargos penales. El ITAR, a través de las décadas, se ha convertido en una poderosa herramienta que cercena la autonomía industrial y la operatividad en materia de defensa a “socios o enemigos” de los EE. UU.
La gestión Biden, durante 2021, comenzó a flexibilizar las reglas impuesta por el ITAR para alguno de sus socios, y en esta línea de acción rubricó un acuerdo con el Reino Unido y Australia -conocido como AUKUS- una nueva alianza estratégica militar, autónoma de la OTAN, que tiene como objetivo final por un lado contrarestar el avance chino en el área geográfica del Indopacífico, y por el otro, el control de las rutas marítimas árticas, el control del Atlántico Sur, que sirvan como puente para el ingreso a la Antártida. Siguiendo los pasos de Biden, Trump introdujo en la Declaración de Seguridad Nacional, aprobada a finales del 2025, la lógica de “disuación por negación” en el Indopacífico para coartar el despliegue chino en la zona, mediante la combinación de superioridad militar, alianzas regionales y el control del entorno operativo. Así las cosas, la AUKUS se presenta como una alianza militar a medida de los intereses geoestratégicos de los EE. UU. y mantiene bajo su órbita la operatividad y dependencia en materia de defensa a sus socios.
En lo que concierne al Atlántico Sur, el Reino Unido mantiene con base en el archipiélago de las lslas Malvinas, una presencia militar permamente con un despliegue de 1.200 efectivos constantes, que realizan permanentes ejercicios aéreos, marítimos y terrestres, reforzando su presencia y su capacidad de respuesta en la zona, con una lógica de “dispositivo sostenido” más que de despliegue ocasional (ïdem). Dando cuenta del lugar estratégico que tiene la zona para el Reino Unido, a comienzos de febrero, las Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) recibieron la visita de la contralmirante Jude Terry, Secretaria Naval y Directora de Personal y Entrenamiento de la Real Armada Británica, en las Islas Malvinas. La funcionaria mantuvo reuniones con personal desplegado y recorrió instalaciones militares, incluido el complejo de Mount Pleasant, principal base operativa en el archipiélago (Escenario Mundial, 10/2).
En su dependencia tecnológica y operativa, el Reino Unido se ha convertido en un peón norteamericano en el Atlántico Sur en su tablero guerrerista, ya que su capacidad militar se encuentra atada a los devaneos de Trump. Pero como los movimientos y reacomodamientos en una época de guerras no son lineales, en los últimos días se conoció que el primer ministro británico Keir Stamer no autorizó a los EE. UU. para que utilice bases militares de Fairford, en Gloucestershire -que alberga bombarderos pesados estadounidenses- y la base conjunta en Diego García, en el océano Índico, para que sean utilizados en una posible embestida norteamericana sobre Teherán. Por los acuerdos bilaterales entre ambos países, cualquier operación militar lanzada desde estas bases militares necesita el permiso previo del Reino Unido. Ante el revés británico, “Trump anunció la retirada del respaldo estadounidense al acuerdo impulsado por Starmer para transferir la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio. El mandatario calificó la cesión como un “gran error” y sostuvo que Diego García constituye un activo estratégico irremplazable para la proyección militar estadounidense” (Escenario Mundial, 19/2), lo que traducirá en un resquebrajamiento de las relaciones diplomáticas entre los “aliados”, con implicancias sobre la Islas Malvinas.
El largo brazo guerrerista del trumpismo no solo busca un cambio de régimen en Medio Oriente que le permita hacerse de los recursos petroleros y energéticos de la región, sino que, a su vez, busca establecer “un cerco político y económico contra todos sus rivales internacionales, en primer lugar, China y Rusia, pero también contra sus ‘aliados’ de la Unión Europea”. Si bien los esfuerzos militares de los EE. UU. se encuentran concentrados en una avanzada sobre Irán, en la trumpista Declaración de Seguridad Nacional, en lo que concierne a América Latina, redefine el concepto de “America First” (América Primero) y, en este sentido, legitima el uso de instrumentos militares, económicos y coercitivos para impedir la presencia o influencia de potencias rivales, en especial China y Rusia, en zonas consideradas vitales para la seguridad estadounidense, como Groenlandia, el Canal de Panamá o las principales rutas marítimas del continente americano, como el paso bioceánico del Estrecho de Magallanes, sin descartar enfrentamientos con naciones “aliadas”. Desde esta perspectiva se plantea una militarización en regla de la seguridad hemisférica, y tiene en el gobierno de Milei un activo político estratégico, para convertir a la Argentina no solo en un protectorado económico-financiero de facto, sino en una base militar que le permita avanzar sobre el Atlánco Sur y la Antártida.
Lucas Giannetti
26/02/2026






