lunes, 14 de julio de 2025
domingo, 13 de julio de 2025
Burkina Faso también está en las miras del imperialismo
El caso más emblemático es el de Burkina Faso. Desde el 30 de septiembre de 2022 gobierna Ibrahim Traoré, luego del golpe de Estado que derrocó al presidente de facto Paul-Henri Sandaogo, quien había derrocado a un gobierno civil ocho meses antes.
Traoré es uno de los muchos oficiales formados en la lucha contra el yihadismo en el norte del país y ha obtenido una fuerte popularidad -que trasciende fronteras y continentes- levantando las banderas del líder revolucionario burkinés Thomas Sankara, quien fue asesinado por orden de Francia en 1987. En los cuatro años que duró su mandato, Sankara estableció estrechas relaciones con Cuba e impulsó campañas de vacunación masiva y de alfabetización, y sostuvo un programa panafricano y antiimperialista.
En la actualidad, en el plano económico se ha dado un crecimiento del PIB del país entre 2022 y 2024, de aproximadamente 18.800 millones de dólares en 2022 a 22.100 millones en 2024. El gobierno de Burkina Faso ha rechazado préstamos del FMI y el Banco Mundial. Le quitó el manejo de los los recursos naturales a Francia, y para la explotación del oro, por ejemplo, creó un sistema mixto - un acuerdo con la empresa rusa Nordgold, que adquirió una participación del 85 % en un proyecto de extracción. El gobierno, que conservó el 15 % de la propiedad, impuso que el oro se refinara en el país. Con esto se espera el aporte de 101 millones de dólares a sus arcas en un período de ocho años.
También nacionalizó la tierra, reconoció los derechos consuetudinarios a las tribus locales y distribuyó maquinaria agrícola e insumos para impulsar una reforma agraria, al tiempo que fomentó la obra pública. Con Rusia firmó un acuerdo para construir una central nuclear.
Además, redujo los salarios de ministros y parlamentarios un 30 % y aumentó los de los funcionarios públicos un 50 %.
En 2023 expulsó a las fuerzas francesas que operaban en el territorio con la excusa de combatir al yihadismo, -y con las cuales, según Traoré, bien por el contrario, colaboraban-. Las fuerzas norteamericanas también se retiraron del territorio.
Con Rusia tiene acuerdos económicos y de seguridad. Estuvo invitado por Putin a Moscú en el aniversario del triunfo frente a los nazis, pero Traoré es el único de los tres gobernantes del Sahel que se negó a darle el control del territorio a las fuerzas rusas. Por eso la presencia militar de mercenarios rusos es la menor de la región, lo cual es una demostración de soberanía, aunque al mismo tiempo lo debilita frente a los yihadistas. Para enfrentar este déficit, Traoré creó las milicias de Voluntarios en Defensa de la Patria (VDP).
Burkina Faso, junto con las juntas militares de Malí y Níger, impulsaron una nueva alianza regional denominada Alianza de Estados del Sahel (AES), la cual tiene alcance en materia económica, política y militar. Esto último cobra importancia por la lucha contra el yihadismo, el cual controla parte del territorio de Burkina Faso cercano a la triple frontera.
La AES aspira a convertirse en una confederación estatal, con autonomía financiera propia, con una política exterior común y unificar la ciudadanía de sus habitantes. Surge como una alternativa a la organización regional CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), a la que acusan de servir a intereses imperialistas, rivalizando en la región principalmente con Nigeria y Costa de Marfil.
La lucha contra Al Qaeda
La principal consigna de Traoré es liberar la totalidad del territorio y con esta excusa ha pospuesto las elecciones para 2029, para consagrar la democracia en todo el país al mismo tiempo. Sin embargo, más de 17.000 personas han muerto a causa de la violencia yihadista desde que tomó el poder, más del triple de la cifra de muertos en los últimos tres años de gobierno civil, según un análisis del Centro Africano de Estudios Estratégicos, perteneciente a la Universidad Nacional de Defensa del Pentágono (Geopol21, 19/05).
Según el Índice de Terrorismo Global (GTI), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Burkina Faso es considerado el epicentro del terrorismo mundial (idem), con 1.500 muertos a causa del terrorismo solo en 2024.
La principal amenaza a la que se enfrenta la Junta Militar en Burkina Faso es la organización terrorista, de naturaleza yihadista y filial de Al Qaeda, Jama´at Nasr al-Islam Muslimin (conocida por sus siglas como JNMI).
Donde JNIM controla el territorio realiza proselitismo religioso como base para reclutar nuevos combatientes entre la población muy joven. Está muy infiltrada e identificada de manera indirecta con la etnia fulani. Esta etnia está compuesta por millones de personas que se extienden por el Sahel y África Occidental, carece de estado propio, pero consta de una unidad cultural con un fuerte componente islamista, idioma propio y en gran medida con una forma de vida nómada muy marcada por la ganadería (ídem).
Esta asimilación difusa de los fulani con los grupos terroristas ha dado lugar a campañas de represión desproporcionadas del gobierno de Burkina Faso contra la población fulani, a las que acusa de colaboracionistas con los grupos armados, y esto genera un espiral que retroalimenta al JNIM.
Pero, sin dudas, la principal fuente de apoyo a los yihadistas es el imperialismo que, como ya demostró en Medio Oriente, está decidido a resolver cada escollo que se le presenta de la mano del fundamentalismo islámico más reaccionario. En Siria y Afganistán el imperialismo los está reconvirtiendo en señores de traje y corbata como agradecimiento por los servicios prestados, aunque continúen con los viejos métodos fascistas en nombre de la Sharia. Este apoyo queda evidente en Burkina Faso en la mejora de la calidad del armamento y en la profesionalización de las tropas de Al Qaeda desde que se enfrentan contra el gobierno de Traoré. Las zonas en que el JNIM no logra asentarse debido al apoyo popular al gobierno y al rechazo que ellos mismos generan, realizan ataques pirañas de asalto y ejecuciones masivas a civiles.
A mediados de mayo han demostrado esta capacidad de combate, llegando a tomar poblaciones de envergadura local al norte del país como Djibo o Diapara, causando centenares de bajas entre las filas gubernamentales.
Traoré ya tuvo varios intentos de golpe de estado, el último en abril, el cual fue rechazado por la fuerza y por una fuerte movilización popular.
La puesta en escena internacional y la orden la dio -el 3 de abril, durante la Audiencia de las Fuerzas Armadas del Senado-, el general Michael Langley, comandante del AFRICOM, cuando acusó al régimen de Burkina Faso de estar sobornado por China y usar “sus reservas de oro para proteger el régimen de la Junta”, lo cual habilitaba a acciones oficiales de Washington en contra del gobierno burkinés.
Aldana González
10/07/2025
Trump recargado
“Ahora tengo más poder”, afirmó Donald Trump tras la aprobación de la ley fiscal en el Congreso. La ley pasó, pese a no contar con el apoyo de tres senadores y dos representantes republicanos, debiendo resolver un empate en el senado con el voto del vicepresidente J. D. Vance.
La ley no se limita a cuestiones fiscales, se trata de una “ley ómnibus” en la cual se refuerza la guerra contra los inmigrantes, se atacan los beneficios sociales en salud y alimentación para millones de personas, se aumenta el presupuesto militar y se rebajan los impuestos a los capitalistas y megarricos. En otras palabras, es un paquete de guerra contra los trabajadores, que potencia la militarización y el régimen bonapartista de Trump.
La aprobación de la ley no provocó una corrida financiera como la sufrida por la exprimer ministra británica Liz Truss en 2022 –cuando una reducción de impuestos al capital, en el marco de un creciente déficit estatal, provocó su caída-. La apuesta de Trump es que la reducción impositiva favorezca el crecimiento de la burbuja especulativa en Wall Street, atrayendo capitales hacia los Estados Unidos.
La motosierra aumenta el déficit y la deuda
Las amputaciones realizadas por DOGE (departamento de “Eficiencia” creado para Elon Musk) y los masivos recortes en políticas sociales en la ley trumpista, no han producido una caída del déficit fiscal, de hecho, van acompañados por aumentos del gasto militar y en el presupuesto de ICE (inmigración) y de rebajas impositivas para las grandes fortunas.
La ley incluye recortes brutales al gasto social, especialmente en salud y alimentación, que según diferentes estimaciones rondan entre 1.2 a 1.6 billones de dólares en 10 años, siendo los aspectos fundamentales:
Medicaid (seguro de salud): Le quita la cobertura a entre 12 y 17 millones de estadounidenses, ahorrando alrededor de 1 billón de dólares en 10 años.
Asistencia Nutricional (SNAP): Recorta los cupones de alimentación a millones de familias, lo cual afectaría alrededor de 2 millones de niños. El ahorro para el gobierno federal sería de 375.000 millones en 10 años. La motosierra aplicada a estos programas sociales (y a los achiques del Estado realizados por DOGE) no alcanza para financiar la rebaja de los impuestos (sobre todo a los más ricos) que llega a unos 4 billones de dólares. El aumento en gasto militar por 350.000 millones de dólares y el incremento presupuestario de ICE en unos 170.000 millones para su guerra contra los migrantes, son otros aspectos fundamentales del paquetazo. Ese gasto en la guerra a los migrantes se aplica en particular para las prisiones para alojar a las personas detenidas (45.000 millones) y la logística de las deportaciones (30.000 millones), así como para continuar con la construcción del muro fronterizo (otros 46.5 millones). La meta establecida es la deportación de al menos un millón de inmigrantes al año.
El déficit estatal se incrementará en unos 4 billones de dólares, mientras que el techo de endeudamiento sube en 5 billones (un billón más de lo votado inicialmente en la cámara de representantes). Con esto la deuda puede superar los 41 billones, lo que la llevaría hasta un 140 % del PBI.
Divergencias en “MAGA”
La amplia base derechista que llevó al triunfo trumpista ha crujido, pero no se ha quebrado. En el senado, tres republicanos terminaron votando contra la ley fiscal. Algunos porque aumentaba el déficit y el techo de la deuda, otros porque recortaba demasiado los beneficios sociales de salud -por ejemplo, el republicano Thom Tillis, al cual Trump amenazó con impedir su reelección apoyando a un candidato alternativo, lo que llevó al senador a anunciar que no se postularía para un nuevo mandato y a mantener su voto en contra. La presión del presidente se impuso finalmente en ambas cámaras, ratificando el control de Trump sobre el Congreso.
Otro opositor a la ley, desde las redes sociales, fue el magnate Elon Musk, que también amenazó a los legisladores con combatirlos en las próximas elecciones, pero en este caso si aprobaban la ley. Musk ha fracasado en su intento de bloquear la ley y ha anunciado que lanzará el “Partido América” en oposición tanto a Demócratas como Republicanos. El CEO de Tesla -que sigue viendo caer sus ventas y sus acciones- ha salido muy golpeado tanto de su participación en el gobierno como de su ruptura con Trump. La presentación de un tercer partido podría quitar votos al trumpismo, por más que no alcance representación en el Congreso, por lo que el planteo ha sido atacado desde otras expresiones del movimiento MAGA, como el ultraderechista Steve Bannon, quien había planteado a Trump la deportación de Musk así como cortar sus contratos con el Estado (por ejemplo, con la NASA).
Bannon había tomado cierta distancia frente al bombardeo contra Irán, que también fue cuestionado por otras figuras “MAGA”, como la representante por Georgia Marjorie Taylor Greene o el exconductor de la cadena Fox, Tucker Carlson.
Bannon ya había proclamado al inicio del actual gobierno que “nuestro movimiento irá hacia donde nos lleve el presidente Trump. Y puedo no estar de acuerdo en [determinadas] políticas. (…) Pero al final del día, si dice que vamos en esta dirección, yo le diré: está bien, no estoy de acuerdo con esto y no creo que sea la dirección correcta, pero estoy totalmente de acuerdo. Sigamos adelante.” (NYT, 31/1). Trump confía en que los demagogos e influencers de su base pueden protestar eventualmente frente a tal o cual medida, pero terminarán disciplinándose en función de la orientación general del gobierno.
Musk ha vuelto a explotar en las redes el tema de los “archivos de Epstein” (un millonario acusado de tráfico sexual de menores), acusando al gobierno de encubrir a los pedófilos clientes de dicho tráfico. La fiscal general trumpista, Pam Bondi, anunció que no existe una lista de clientes y que está confirmado que Epstein se suicidó en prisión (y no fue asesinado); lo mismo aseguraron el director y subdirector del FBI, Kash Patel y Dan Bongino. Lo que tienen en común Bondi, Patel y Bongino es que durante años agitaron que existía un archivo con los clientes de Epstein y que Biden lo encubría. Ahora son la fiscal y los jefes del FBI los que están sospechados de encubrimiento en la base “MAGA” y, por elevación, el propio Donald Trump (por otra parte, existen muchas fotografías y videos de años atrás donde el actual presidente participaba en fiestas con Epstein). Musk busca explotar a su favor las teorías conspirativas derechistas que habían favorecido el ascenso de Trump. Si bien Trump ha mantenido las riendas tanto de los congresistas como del universo MAGA, las recientes elecciones primarias demócratas en Nueva York mostraron que no pocas personas que votaron por el presidente en noviembre se han volcado a favor del “socialista demócrata” Zohran Mamdani, motivados por su agenda de reformas sociales. Los líderes del establishment demócrata fueron incapaces de impulsar la más mínima movilización contra la ley trumpista, y se limitaron a tediosos torneos oratorios en el congreso. Son incapaces de generar la más mínima fuerza de atracción no solamente sobre la base trumpista sino incluso sobre la parte de la población que ni siquiera vota. Ahora están alarmados por el muy probable triunfo de Mamdani en la principal ciudad de EE.UU., que implicaría un castigo no solamente contra el gobierno federal sino contra la “oposición” demócrata.
Los jueces dan vía libre
Trump ha salido fortalecido también en los tribunales, con distintos fallos judiciales a su favor. Un Tribunal de Apelaciones de California dictó sentencia a favor del presidente, declarando que el envío de la Guardia Nacional (sin el aval del gobernador) estaba dentro de sus atribuciones. Trump celebró su victoria, y afirmó que el alcance de este fallo va más allá de California, confirmando que su política de militarización de la guerra contra los migrantes y contra las protestas sociales será profundizada. Trump ha amenazado con enviar a la Guardia Nacional a otros ciudades y estados que obstaculicen sus políticas migratorias. Tanto o más relevante es el fallo de la Corte Suprema que limita la potestad de los jueces federales de bloquear la aplicación de una orden ejecutiva presidencial. El caso que dispara el fallo refiere a la ciudadanía por nacimiento, que Trump pretende eliminar para los hijos de inmigrantes ilegales, algo que viola claramente la constitución. Ante un fallo de un tribunal inferior que había fallado en contra del gobierno y establecido un amparo de alcance nacional para todos los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU., la Corte Suprema decretó que los tribunales sólo pueden bloquear las resoluciones a nivel del Estado o de distrito (dependiendo de las características del tribunal) y no a nivel de todo el país. Esto implicará que en cada Estado o eventualmente en cada distrito podría haber un criterio diferente respecto al derecho a la ciudadanía por nacimiento. La decisión no solamente favorece al gobierno en su pretensión de expulsar millones de inmigrantes, sino que además establece jurisprudencia que puede extenderse a otros temas. El fallo no elimina en términos absolutos la potestad de un tribunal federal para establecer un amparo de alcance nacional, pero lo limita al extremo y lo hace muy difícil de alcanzar para los abogados y organizaciones que impulsen una demanda contra una orden ejecutiva.
“Alligator Alcatraz”
El gobierno ha inaugurado una mega cárcel para inmigrantes detenidos en espera de su deportación, a la que ha llamado “Alligator Alcatraz”, ya que evitaría posibles fugas al estar rodeada de caimanes, cocodrilos y serpientes pitón, en la Florida. La cárcel puede albergar hasta 3.000 presos y será ampliada a 5.000 próximamente. La ley ómnibus fiscal estableció la posibilidad de ampliar en unas 60.000 plazas destinadas a la detención de inmigrantes, muchas de ellas en prisiones privadas de las empresas que lucran con la “seguridad”, como el grupo GEO (al cual están vinculados tanto la fiscal general Pam Bondi como el “zar de la frontera” Tom Homan). Tras la inauguración de la prisión, Trump dejó abierta la posibilidad de utilizarla no solamente contra indocumentados sino también contra inmigrantes legales e incluso ciudadanos estadounidenses: “Muchos de ellos nacieron en nuestro país”, declaró, “Creo que deberíamos sacarlos de aquí también. (…) Así que tal vez ese sea el próximo trabajo” (Washington Post, 30/6).
El gobierno ha revocado el estatus de protección a medio millón de haitianos, que se suman a todas las medidas anteriores en el mismo sentido contra inmigrantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países. Con esta medida se apunta a facilitar la expulsión por “vía rápida” de gran cantidad de inmigrantes que tenían hasta ahora un estatus legal y a los cuales se les cambiaron las reglas de juego de la noche a la mañana.
La administración Trump también ha demandado a la ciudad de Los Ángeles por las políticas de “santuario” para los inmigrantes, que limitan la cooperación de la policía local con la ICE y su cacería de indocumentados. “Los Ángeles ha tratado de nada menos que prohibir [al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] operar dentro de los límites de la ciudad, directamente en contra de la ley federal de inmigración”, afirma la demanda contra la ciudad, su alcaldesa y su ayuntamiento (WSJ, 30/6). “Trump también ha amenazado con retener la financiación federal a lugares que limiten la cooperación con las autoridades de inmigración”.
Paralelamente, el gobierno ha ordenado al Departamento de Justicia (DOJ) que inicie investigaciones y demandas por la vía civil para despojar de la ciudadanía a inmigrantes legales no solamente por eventuales fraudes o declaraciones falsas durante el proceso de naturalización, o por haber cometido determinados crímenes, o “Representar un peligro para la seguridad nacional”. La directiva es muy vaga y amplia respecto a quiénes podrían ser perseguidos por el DOJ, según abogados especializados en la cuestión migratoria. Se trata de una amenaza para millones de ciudadanos naturalizados y especialmente cualquiera que haga oposición a Trump, quien ha deslizado amenazas él mismo contra Elon Musk y muchos de sus seguidores han agitado la posibilidad de desnaturalizar y deportar a Zohran Mamdani.
Por cierto, Trump ha amenazado con “tomar” la ciudad de Nueva York en caso de un triunfo de Mamdani. “Si un comunista es elegido para gobernar Nueva York, nunca volverá a ser lo mismo. Pero tenemos un poder tremendo en la Casa Blanca para gobernar lugares cuando sea necesario”, declaró durante una reunión del gabinete.
Aunque Trump ha manejado la posibilidad de flexibilizar la persecución de los migrantes que trabajan en la agricultura, la hotelería y la industria frigorífica, a partir de pedidos de los empresarios de esos sectores, la realidad es que esta guerra contra los inmigrantes -ya no solamente los indocumentados- permite unificar y galvanizar a su base política, y avanzar en el ataque a las libertades democráticas contra toda oposición.
Lucha de clases
La movilización del 14 de Junio (“No Kings”) contra Trump, en la que participaron entre 6 y 11 millones de personas (según las estimaciones) en más de 2.000 ciudades y pueblos, demostró que el curso fascista del régimen trumpista despierta la reacción de las masas. La contrarrevolución derechista genera una radicalización creciente, como se expresó en las revueltas en Los Ángeles y en las acciones en solidaridad en todo el país. La guerra contra la clase obrera y los recortes a las políticas sociales van a agudizar esta polarización social y política. El creciente control de Trump de todos los resortes del poder político y judicial, refuerza la conclusión de que la única salida está en la movilización de masas, las huelgas, los piquetes, la huelga general, sin depositar ninguna expectativa en la “oposición” demócrata sometida a Wall Street.
Rafael Fernández
11/07/2025
sábado, 12 de julio de 2025
jueves, 10 de julio de 2025
Trump lanza un golpe económico contra Brasil, con la mira puesta en un golpe de estado
Donald Trump anunció el miércoles 9 que establecería una sobretasa arancelaria del 50% contra la totalidad de los productos de exportación de Brasil – se encuentren ya tasados, como el acero, el aluminio, el azúcar y el bíoetanol, o no. En el caso de este tarifazo “recíproco” no hizo casi alusión al intercambio comercial con ese país, que registra un pequeño superávit a favor de Estados Unidos dentro de un marco de exportaciones de 40 mil millones de dólares cada uno.
Lo bizarro, en apariencia, de todo el asunto, es que Trump ha justificado ese arancelamiento recargado en lo que ha llamado “la persecución judicial” contra Jair Bolsonaro. El expresidente de ultraderecha se encuentra acusado de tentativa de golpe de estado, en enero de 2023, y destrozos de propiedades y patrimonios públicos. Trump denuncia “una caza de brujas” y ha reclamado el indulto al golpista incluso antes de recibir una condena. Las autoridades brasileñas caracterizan la extorsión de Trump como un ataque a las instituciones del Estado, especialmente contra el Tribunal Superior Federal. Dentro de una guerra arancelaria que nunca ha sido solamente comercial, sino que forma parte de una guerra mundial imperialista propiamente dicha, la bravuconada del mandatario norteamericano representa un ostensible salto, o sea a la guerra política. Trump ha cargado sobre sus espaldas la orientación a un golpe de Estado en Brasil, con la expectativa de obtener un éxito mayor que los fracasados golpes que él y su compinche brasileño intentaron, respectivamente. En el juicio a Bolsonaro se encuentran acusados de sedición varios jefes militares brasileños.
De acuerdo a la prensa brasileña (Folha de Sao Paulo), Bolsonaro estaría preparando su fuga y el asilo político por parte de Trump. El hijo mayor del golpista frustrado, Eduardo Bolsonaro, ha obtenido residencia en Estados Unidos, donde se ha declarado “diputado en el exilio”. El mismo Bolsonaro se habría refugiado en la embajada de Hungría en Brasilia durante 48 horas, luego que la Justicia le retirara el pasaporte. Aunque el Congreso de Brasil ampara políticamente a Bolsonaro, en el marco de una política para consagrar al ultraderechista gobernador de Sao Paulo como próximo presidente de la nación, Trump apunta sus dardos con el Tribunal de Justicia, a quien acusa de atacar la libertad de expresión y acallar las redes sociales, por los límites que le ha impuesto a las noticias falsas y políticamente desestabilizadoras que promueven Elon Musk y la camarilla oficialista MAGA de Donald Trump. Es claro para cualquiera que el candidato a dictador de Estados Unidos (por de pronto ha vulnerado principios constitucionales decisivos como el derecho de nacionalidad) proyecta una suerte de fascismo universal bajo los pliegos de un bonapartismo militarizado internacional.
El tiro golpista contra el gobierno y el poder judicial brasileño apunta a objetivos más ambiciosos. Donald Trump ha amenazado con la guerra a los BRICS, la coalición que integra Brasil, junto a Rusia, China, India y Sudáfrica, si continúan “socavando” la primacía del dólar, en referencia a los acuerdos comerciales de esos países mediante el uso de monedas locales. Trump mira a Brasilia pero apunta a Pekín y Moscú. Como ocurrió con el simulacro engañoso que utilizó para bombardear a Irán mientras pretendía públicamente lo contrario, el objetivo de Trump son las cabezas de sus rivales económicos y, en última instancia, geopolíticos e imperialistas de cuño propio. En un reciente pre-acuerdo comercial con Vietnam, Trump ha impuesto un desalojo de China del sudeste asiático. Cuando las principales potencias, y en especial el imperialismo norteamericano y la OTAN, dan los pasos necesarios para desarrollar una guerra mundial, es que estamos en una guerra mundial. Los planes para proceder a una “limpieza étnica” en Gaza y en Cisjordania prosiguen sin pausas; en cuanto a Ucrania, la guerra se ha convertido en ilimitada – involucra al territorio ruso y lo mismo ocurrirá con las naciones que bordean el Mar Negro, sin exceptuar a Turquía.
Una semana antes de estos improperios imperialistas contra Brasil, Lula y Milei habían convenido en una lista de 150 posiciones arancelarias para negociar con Trump una serie de concesiones recíprocas, en especial, acero, aluminio, etanol, azúcar, carne y otros. El asalto de Trump contra Brasil va dirigido a desintegrar al Mercosur, sin reparar los privilegios que esta asociación ofrece a industrias y agroindustrias de sus países. La declaración de guerra a América Latina que comenzó con la amenaza de ocupar por la fuerza el canal de Panamá, gana un nuevo desarrollo. A esto se añade el régimen de deportaciones arbitrarias por parte de Trump; las amenazas contra México, que so pretexto de la lucha contra los carteles de la droga está dirigido a quebrar el sistema bancario mexicano; o el proyecto de una base militar en Tierra del Fuego.
Las campañas electorales de medio término, en Argentina, ignoran olímpicamente el alcance de la guerra, salvo cuando se escapa la tortuga, ocasionalmente, y dos legisladoras de condición judía, una por la LLA y la otra por UxP, se acusan, también recíprocamente, de “antisemitismo”, una, y de “genocidio”, la otra, sin que el juez Daniel Rafecas sea convocado o se ofrezca a laudar.
Las compras de todo tipo de pertrechos militares a Estados Unidos, los protocolos represivos de todo orden, el uso abundante de la Gendarmería contra los trabajadores en lucha y la extensión del espionaje a la ciudadanía, muestran que la tendencia al golpe de estado no es exclusiva de Trump contra Brasil; el ex secretario de Carlos Saúl Menem, Alberto Kohan, acaba de exhortar a una disolución del Congreso, como respuesta a los obstáculos (ficticios) que enfrentan Caputo y Milei en el Senado y Diputados.
Jorge Altamira
10/07/2025
miércoles, 9 de julio de 2025
Milei ofrenda las Malvinas y sigue comprando armamento obsoleto según las exigencias de la Otan
Mientras hambrea al pueblo, Milei sigue rematando el país para congraciarse con las potencias imperialistas, colocando a la Argentina como peón de la Otan en la región. Según la revista británica The Economist, el gobierno está negociando con el Reino Unido “moderar o incluso desactivar” el reclamo sobre las Islas Malvinas y comprarle pertrechos militares.
Las tratativas son secretas. Estamos ante un intento del imperialismo por imponer la venta de sus armas –cuando no hay ninguna hipótesis de conflicto militar en la región– y de avanzar en una mayor colonización económica y política de la Argentina. Desde la Guerra de Malvinas, el Reino Unido impuso un embargo a las exportaciones de armamento hacia Argentina, que incluye la prohibición de vender equipos y componentes militares fabricados en suelo británico. Dicho embargo se levantaría si Argentina abandona su reclamo de soberanía sobre las Islas.
EE.UU. y el Reino Unido buscan reforzar su injerencia en Argentina y América Latina, en el marco de la crisis capitalista y las disputas con China y Rusia. Son países que, como las demás potencias capitalistas, vienen aumentando sus presupuestos militares –incluso en armamento nuclear– al calor de la escalada en los choques comerciales y bélicos que amenazan con llevar a una nueva conflagración mundial.
Milei ha dado sobradas muestras de proimperialismo en el tema Malvinas, al punto de defender la “autodeterminación” de los kelpers ocupantes. Su gobierno permitió al Reino Unido extender su control sobre el Mar Argentino y no dice nada sobre los ejercicios militares que realiza en las Islas.
The Economist señaló que el ministro de Defensa, Luis Petri, impulsa la integración de Argentina como “socio global de la Otan” –categoría que ya tienen países como Colombia, Japón y Corea del Sur. Actualmente, Argentina es “aliado extra Otan”, un estatus obtenido durante el gobierno peronista de Menem cuando estableció las “relaciones carnales” con Estados Unidos.
Ser “socio global” traería consigo un mayor alineamiento con el imperialismo en conflictos bélicos y temas de “seguridad” y “terrorismo”, mayor intromisión de los países miembro en el aparato militar, un reforzamiento de la participación en misiones de la Otan y la inclusión en entrenamientos para operaciones futuras.
Milei viene profundizando la subordinación de Argentina a las grandes potencias. Ya sumó al país a iniciativas como la fuerza marítima proimperialista en el Medio Oriente e incrementó la participación en ejercicios militares internacionales –incluso con fuerzas británicas.
Además, hay negociaciones con EE.UU. para permitir el atraque de sumergibles nucleares en Tierra del Fuego, donde quiere construir una base militar. A esto se suma la intención de comprar submarinos franceses y helicópteros.
El gobierno libertario nos alinea con el imperialismo en su intento por ir a una nueva guerra por el reparto del mundo. La tendencia hacia una tercera guerra se ve en los conflictos en Medio Oriente (con los ataques del imperialismo e Israel a Gaza, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán), en Europa (guerra en Ucrania), en el aumento de las tensiones en el Pacífico (Estados Unidos-China) y en los conflictos armados en África.
Milei afirmó que Argentina es la 23° potencia militar mundial, dato desmentido, pero que no oculta que aumenta el presupuesto de defensa mientras aplica un brutal ajuste contra los trabajadores: recortes a jubilaciones, salarios, despidos masivos y reducción de fondos para salud y educación.
El gobierno adquirió 24 cazas F-16 estadounidenses de segunda mano a Dinamarca, la mayor inversión aérea en décadas, y vehículos blindados Stryker 8x8 (con capacidad para lanzagranadas y ametralladoras). Además, planea comprar fragatas, más blindados, fusiles y aviones de transporte. Todo esto es impulsado por un gobierno que entrega la soberanía nacional en un país sin hipótesis de conflicto armado.
El elenco gobernante refuerza a las Fuerzas Armadas para aumentar la represión y regimentación de la clase obrera, como parte de su intento por poner en pie un régimen totalitario donde las libertades democráticas queden reducidas a su mínima expresión.
Abajo el gobierno represor. Fuera el imperialismo de Argentina y América Latina.
Nazareno Suozzi
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