jueves, 30 de julio de 2026

Perú: con fraude asume Keiko Fujimori la presidencia


Reorganizar al movimiento obrero y de los explotados en forma independiente 

 El 28 de julio 1821, hace 205 años, el General San Martín proclamó, en la plaza central de Lima, la independencia de Perú, mientras todavía continuaba la lucha por expulsar de América Latina al imperio español. El 28 de julio de este año, el día de la conmemoración de la independencia, fue el elegido para que Keiko Fujimori -hija del dictador Alberto Fujimori que se fugó en el 2000 acusado de múltiples crímenes y casos de corrupción- asumiera como presidenta del Perú. A la ceremonia vino la flor y nata de la reacción derechista: en primer lugar, el rey de España, Felipe VI, junto al presidente argentino Javier Milei y los presidentes derechistas latinoamericanos, José Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Santiago Peña (Paraguay), José Mulino (Panamá) y, también el centroizquierdista presidente uruguayo Yamandu Orsi. Donald Trump mandó al vicesecretario de Estado, Christopher Landau. El fraude La Fujimori es la cuarta vez que intentaba llegar a la presidencia, siendo derrotada las tres veces anteriores en segunda vuelta. Ahora, fraude mediante, asumió. Las denuncias de fraude fueron contundentes. En las elecciones del 7 de junio, Roberto Sánchez, de la coalición liderada por Juntos Por el Perú, ganó la elección dentro de las fronteras nacionales del Perú. Pero… la “justicia” declaró, finalmente, ganadora a Keiko Fujimori gracias a los resultados fraudulentos de las urnas del exterior (particularmente de EEUU y Argentina) que vinieron por “valija diplomática”, fuera de todo control efectivo. El resultado final declarado por la Justicia Electoral fue de una ¡diferencia de 49 mil votos a favor de Keiko Fujimori, sobre un total de casi 20 millones de votantes! 

 Cómo se llego al fraude 

 El presidente constitucional Pedro Castillo fue volteado por un golpe (diciembre 2022), impulsado por Keiko desde el parlamento. El golpe fue enfrentado por grandes movilizaciones populares, especialmente de las comunidades indígenas, que se extendieron varios meses, donde la represión de las fuerzas armadas se cobró la vida de más de 70 trabajadores y campesinos, centenares de heridos y presos políticos. En estos tres años y medio, donde se sucedieron diversos “presidentes” nombrados por el Parlamento Unicameral derechista, Fujimori se dedicó a copar todos los estamentos del aparato estatal peruano. Particularmente la justicia incluida, especialmente, la electoral. Para blindar que en un proceso electoral pudiera llegar a la presidencia. Incluso impulsó una “reforma constitucional”, sin pasar por una Asamblea Constituyente, modificando el Poder Legislativo, pasando de un sistema Unicameral a otro Bicameral, más antidemocrático y más caro (incorporando 60 senadores al presupuesto público). Incluso, días antes de asumir el cargo, una de las últimas votaciones de la Unicameral fue la de blindar a los mandos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, con leyes de impunidad por los crímenes que hubieran cometido, o que cometan en el futuro, reprimiendo al pueblo (por ejemplo: no serían juzgados por los tribunales ordinarios que abarcan a todo el pueblo, sino por sus propios tribunales). Terminó así de constituir un bloque común con los altos mandos de las fuerzas represivas. 
 Keiko constituyó en la Unicameral, lo que el pueblo denominó un “pacto mafioso”, que fue vacando presidentes y ministros si estos no conformaban las expectativas de Keiko Fujimori, el derechista Aliaga y otros exponentes oportunistas, reaccionarios, racistas y antiobreros. El Parlamento Unicameral tenía un rechazo popular del ¡97% de la opinión pública!, según diversas y reiteradas encuestas de opinión. Toda movilización era reprimida. Se trataba de una “dictadura parlamentaria” asociada a los mandos de las fuerzas policiales y militares, a la Confiep (federación empresaria) y la Embajada norteamericana. 
 El frente que se constituyó a último momento en torno a Roberto Sánchez y Juntos por Perú, canalizó el voto de la bronca popular y expuso, a pesar de todas las maniobras realizadas, que Keiko Fujimori había perdido, otra vez, la elección. Tuvieron que intervenir Donald Trump (como hizo antes en las elecciones argentinas, hondureñas y colombianas) y Milei para torcer el rumbo con un burdo fraude que le diera el triunfo a Keiko Fujimori. Es el accionar de una “Santa Alianza” reaccionaria y proimperialista, que se constituyó en marzo de este año, impulsada por Trump, Milei y los derechistas latinoamericanos, llamada el “Escudo de América”. Y que intervino abiertamente en la reciente crisis de Bolivia, contra la huelga general y los 53 días de piquetes bloqueando las carreteras, contra las decenas de miles de campesinos y trabajadores que se movilizaban reclamando que el presidente Rodrigo Paz renunciara. 
 Keiko dirige el gobierno hace (por lo menos) tres años y medio, desde que impuso el derrocamiento golpista de Pedro Castillo. Los periodistas pro FMI plantean que Perú tiene una “macroeconomía” perfecta: 100 mil millones de dólares de reservas, baja deuda externa, inflación del orden del 3%, etc. Lo que no dicen es que el 75% de la población trabaja en negro y precarizada, que la pobreza causa estragos especialmente en la niñez, que los jubilados se mueren de hambre. El “éxito” macroeconómico es producto, afirman, de que el Banco Central del Perú, está dirigido por Julio Velarde, desde hace 20 años cuando fue nombrado para el cargo por Alan García y atravesó todas las presidencias (una decena) de Ollanta Humala, Pablo Kuczynski y demás, incluyendo a Pedro Castillo, Dina Boularte y Cía. Ahora lo acaba de ratificar, nuevamente, Keiko Fujimori. Julio Velarde es el que realmente definió el accionar de todos los gobiernos. No es el mago del “milagro financiero” peruano, sino el responsable del empobrecimiento inaudito del pueblo trabajador. 

 Las primeras medidas 

 Sin pelos en la lengua, el embajador yanqui, Bernie Navarro, ha declarado que la asunción de Keiko plantea un “nuevo amanecer” para la alianza del Perú con el proyecto trumpista. Los gobiernos derechistas de Chile, Bolivia y ahora Perú, unidos a Ecuador y Colombia, podrían reconstituir un “pacto andino”.
 Carlos Espa, que ha sido nombrado ministro de Relaciones Exteriores, tiene como antecedente… haber trabajado durante 15 años seguidos en la Embajada Norteamericana de Lima. Puesto que dejó para presentarse a las elecciones. Tendría como uno de sus objetivos disputar los espacios de poder económico de los chinos a favor del imperialismo yanqui (creación de un nuevo megapuerto en las cercanías de Lima, que compita con el de Chancay, dominado por un consorcio estatal chino, etc.). El ministro de Energía y Minería es Guillermo Shinno, cuyos antecedentes profesionales son haber actuado en “altos cargos del sector minero”. ¡Se ha puesto al zorro a cuidar el gallinero! 
 El ministro de Educación, José Chang, ha sido acusado de hacer negociados a favor de empresas privadas cuando era rector universitario. Llevado a juicio este se ha cajoneado. 
 El nuevo ministro del Interior, es el General (retirado), Cesar Augusto Astudillo, que fue comandante del Ejército. En el discurso inaugural de su mandato, Keiko sentó doctrina: son las Fuerzas Armadas las que van a dirigir la represión en casos de “conmoción interna”.
 El ministro de Economía, Elmer Cuba, fue director del Banco Central de Reserva del Perú (2016-2021), trabajo con el Banco Mundial, el BID y de fluidas relaciones con las cámaras patronales. 
 Y así podríamos seguir viendo las características reaccionarias de todos los ministros del gabinete nombrado por Keiko Fujimori.
 La presidenta en su discurso inaugural anunció que iba a aumentar el salario mínimo en un 15%, de 1025 (fijado el 1° de enero del 2025, hace 19 meses) a 1130 soles: unos 105 soles de incremento. Pero a no entusiasmarse, porque luego aclaró que esto sería un incremento implementado en forma progresiva, no inmediato. La resolución tiene que ser reglamentada. Las Cámaras Patronales se han mostrado sorprendidas y piden que la forma y condiciones del aumento sean discutidas, oportunamente, en el “Consejo Nacional del Trabajo”. Aparte, la presidenta anunció que daría un subsidio a las patronales Pymes (por única vez) para amortiguar el efecto en sus finanzas, del aumento salarial. Tienen que “estudiar” –dicen- de donde salen los recursos fiscales de este subsidio, antes de dar el aumento.
 El aumento de los aranceles decretado por Trump a las importaciones, llevándolos del 10 al 12,5%, no afecta en lo fundamental las exportaciones peruanas: las mineras están exentas de pagar ese gravamen. Los buenos precios del cobre, del oro, el zinc y demás minerales estratégicos alcanzarían de sobra para solventar ese mínimo e insuficiente gasto salarial. Pero la avaricia capitalista… También anunció en su discurso inaugural que el Estado va a duplicar el monto paras los Bonos Pensión 65, de 350 soles cada 2 meses, a 700 soles bimensuales… también “progresivamente”. Son los que se pagan, a 800 mil personas, aproximadamente, que están en situaciones ultra menesterosas y no se pueden jubilar. El presidente depuesto, Pedro Castillo, sigue preso desde hace tres años y medio. Y ahora la “justicia” acaba de extender la “prisión preventiva” hasta marzo 2027. 
 El discurso de Keiko, a diferencia del de Milei, no ha sido una oda a la “violencia libertaria”, sino el coqueteo con promesas de encarar la situación social. La actual polarización electoral, el fraude y el levantamiento, esencialmente indígena, del 2023, indica que el “horno no está para bollos”. Keiko está maniobrando y tratando de cooptar a sectores del frente que apoyó a Roberto Sánchez. En la Cámara de Diputados fue electo presidente Oscar Reto, un general retirado, en nombre de la oposición a Keiko. Pero en la Cámara de Senadores, donde también se consideraba que iba a triunfar la oposición, fue electo presidente el fujimorista Miguel Torres, por un voto de diferencia (30 a 29 y 1 abstención). El voto de los senadores se resolvió que fuera secreto, violando el principio de publicidad del accionar de los “representantes del pueblo”. Los opositores a Keiko habían resuelto que al meter el voto en la urna lo mostraban ante las cámaras. Una diputada de Juntos por el Perú, Silvina Robles, NO lo mostró adrede. Fue una “traición comprada”: decidió votar por el fujimorista Miguel Torres. Roberto Sánchez la suspendió de su frente. Varios diputados hicieron trascender que quisieron cooptarlos, comprando sus votos. 

 Ninguna confianza en la "oposición" parlamentaria 

 Los derechos y reivindicaciones de los trabajadores y campesinos peruanos se conquistarán con la organización independiente de los partidos burgueses y del Estado y con la lucha organizada. Trabajar para formar un partido obrero marxista revolucionario y poder encarar las luchas reivindicativas, fortaleciendo organizaciones sindicales de masas, asambleas populares en los barrios y centros de estudiantes, es la tarea. 

 Rafael Santos

miércoles, 29 de julio de 2026

CON FILO | ¿Por quién suenan los calderos?


India: la renuncia del ministro de Educación da por terminadas las protestas de los estudiantes


El ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, renunció este sábado antes la demanda del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como "Cucarachas", y frenar el ascenso de luchas en el país. 
 El CJP responsabilizó políticamente a Dharmendra Pradhan de las filtraciones e irregularidades denunciadas en exámenes como la prueba nacional de acceso a la carrera de Medicina, una de las más competitivas de la India. El 7 de mayo se difundió la noticia de que había evidencias de que se habían vendido los resultados de los exámenes, lo que provocó un escándalo. La respuesta fue anular todos los exámenes para que volvieran a ser rendidos, lo que generó, a su vez, una ola de suicidios. Las familias de más de 20 estudiantes que se quitaron la vida responsabilizan al gobierno y atribuyen esa decisión trágica al estrés de enfrentar nuevamente el examen, visto como una de las pocas posibilidades de movilidad social en la India. Con más de 2 millones de inscriptos para estudiar medicina, por cada plaza hay más de 20 aspirantes. Las protestas comenzaron el 15 de mayo y fueron escalando. 
 El Partido Popular de las Cucarachas anunció este mismo sábado que ponía fin a las protestas juveniles en Nueva Delhi después de que el gobierno indio aceptara sus exigencias: la renuncia del ministro de Educación, el resarcimiento económico para las familias de las víctimas, una investigación independiente sobre las filtraciones y medidas para combatir la corrupción en el sistema educativo y en los sistemas de contratación pública. Un pliego muy limitado que ni siquiera plantea un aumento del presupuesto educativo ni el incremento de las plazas para estudiar medicina. Los líderes tuvieron que llamar a reanudar las protestas si no eran liberados sin cargos las decenas de estudiantes que habían sido encarcelados durante la represión ordenada por el gobierno de Modi. 
 El gobierno cedió también a este reclamo y medios locales informaron, además, del despido de 47 funcionarios o empleados vinculados a la Agencia Nacional de Pruebas y de planes para que el examen en cuestión pase al formato digital a partir de 2027. 
 En paralelo, hay un sector de los activistas que reclama contra la vigilancia en las protestas. Estos estudiantes presentaron ante la Justicia una demanda para declarar inconstitucional el uso de vigilancia con inteligencia artificial contra los manifestantes y ordenar la destrucción de todos los datos personales recopilados durante las concentraciones. La ira estalló cuando manifestantes publicaron en redes sociales imágenes de una furgoneta policial equipada con cámaras sobre un mástil telescópico que ofrecía una visión de 360 grados y recopilaba datos biométricos. También se denunció a agentes que anotaban los nombres de usuario de Instagram de los manifestantes a su llegada. Además, Narendra Modi aplicó disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, que permite detenciones preventivas sin juicio por hasta 12 meses, y que ha sido utilizada en este contexto contra activistas, instalando un régimen de excepción. 

 Las protestas 

El 15 de mayo, asociaciones estudiantiles convocaron a la primera movilización al Ministerio de Educación y, ese mismo día, el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, declaró desde el estrado que las decenas de millones de jóvenes indios desempleados eran "parásitos" y "cucarachas". Al día siguiente, un consultor político llamó a conformar el Partido de las Cucarachas, primero como una sátira, pero rápidamente se transformó en un movimiento de protesta. A sus reivindicaciones en favor de una reforma educativa, los jóvenes sumaron preocupaciones por el desempleo y críticas a la deriva autoritaria del gobierno. También se sumaron los graduados que, aun teniendo un título, están desempleados. En junio, las manifestaciones se extendieron a otras ciudades y sumaron a otros sectores, incluidos desocupados y estudiantes de otras carreras. El 20 se instaló un campamento permanente de protesta en Jantar Mantar y, el 28, un activista inició una huelga de hambre. Las movilizaciones de miles de personas hacia el Parlamento, ocurridas a partir del 16 de julio, fueron fuertemente reprimidas, con numerosos detenidos y heridos -incluyendo fracturas y una chica internada en terapia intensiva-. El gobierno desalojó el acampe por la fuerza y pretendió prohibir las protestas; intentó frenar la llegada de los manifestantes al centro de Nueva Delhi, sin lograrlo. La oposición trató de capitalizar el conflicto y paralizó el Parlamento en varias oportunidades, pidiendo la renuncia del ministro de Educación. 
 Lo interesante del movimiento es que tiene un carácter transversal, de clase, que atraviesa a todas las religiones, escapando a la dinámica de conflictos religiosos y étnicos que suelen ser protagonistas en la India desde que está Modi en el poder. El desempleo y los problemas para el acceso a la educación afectan a jóvenes hindúes, musulmanes, sijes y de otras comunidades por igual. 
 La protesta estudiantil fue precedida por el paro general de febrero, que llevaron adelante millones de trabajadores y agricultores de todo el país, reclamando la derogación de la reforma laboral y las privatizaciones, entre otras reivindicaciones.
 Después de febrero hubo una sucesión de huelgas, en apariencia desconectadas, en el sector fabril, especialmente en los alrededores de Nueva Delhi, por aumentos salariales, cumplimiento de la jornada de ocho horas y equiparación de los derechos laborales de los trabajadores temporarios con los de los permanentes. Estos conflictos fueron escalando y hubo represión, pero llegaron a vincularse con el movimiento estudiantil. Algunos dirigentes sindicales relacionaron los problemas estructurales que afectan socialmente a ambos sectores. 
 La carestía, en especial el aumento del gas -consecuencia de la guerra en Irán-, es un detonante de los conflictos. La India crece a tasas chinas, pero la brecha social no hace más que aumentar, mientras el nacionalismo hindú de Modi aviva la diferenciación entre las castas y el odio religioso para dividir a la clase, al tiempo que le rinde pleitesía al imperialismo y al sionismo. Los mismos datos del gobierno revelan que la tasa de desempleo del país es la más alta en 45 años. 
 Para muchos analistas, el movimiento de las cucarachas fue el conflicto más desestabilizante de los 12 años que lleva Modi en el gobierno. La escualidez del pliego de reclamos y la incapacidad para reformularlo durante la marcha, cuando el movimiento estaba en ascenso y tenía la posibilidad de confluir con otros sectores, son una ofrenda al gobierno de Modi. 

 Aldana González 
 28/07/2026

martes, 28 de julio de 2026

Cisjordania: escalada de ataques de colonos entre cálculos electorales sionistas


Un salto cualitativo en los pogroms con la complicidad del ejército y el gobierno sionista. ¿Puede la limpieza étnica evolucionar hacia otro episodio del genocidio abierto? ¿Es posible un resurgimiento de la resistencia palestina? 

 En los últimos días, la violencia paraestatal de las bandas de colonos en Cisjordania ocupada dio un salto de calidad. Así lo expresan medios de comunicación y activistas en el terreno. El incendio intencional de dos mezquitas en las localidades palestinas de Qusra y Kur, el bloqueo militar absoluto sobre la región de Nablus —que obligó a varias mujeres a dar a luz en ambulancias impedidas de circular— y la quema sistemática de campos de cultivo y vehículos en Beitillu y Beit Furik son ejemplos de profundización de una política deliberada de provocación colonialista. 
 El detonante de esta última ola de agresiones fue el choque producido en la localidad de Tell, al sur de Nablus. En una incursión de colonos armados en territorio palestino, la resistencia de los pobladores fue tenaz. Cuatro palestinos fueron asesinados luego de que dos israelíes fueron abatidos con una de las armas que portaban los colonos. El relato sionista habla de “terroristas palestinos” que asesinaron a civiles israelíes, por supuesto. Pero se trataba de un oficial del ejército y el coordinador de seguridad de un asentamiento. Hasta el “izquierdista” ex–Meretz Yair Golan, actualmente referente de Los Demócratas, dijo: “el terror debe ser derrotado con un brazo militar fuerte , con determinación y sin compromisos” (citado por Gideon Levy en Haaretz, 26/6). Incluso cobra fuerza la hipótesis de que uno de los dos haya caído como resultado de “fuego amigo”. 
 El gobierno israelí ordenó al ejército genocida imponer toques de queda, cercar municipios enteros y ejecutar razzias que derivaron en más de 70 detenciones. Al Jazeera por su parte reportó tropas israelíes ingresando violentamente a los campos de refugiados de Aqabat Jabr, las ciudades de Qalqilya y Kafr Aqab, y las aldeas de Kobar (Ramallah), Yabad, Zababdeh Burqin (Jenín) y Faroun (Tulkarem). (El Salto, 26/07). Las agresiones de colonos, claro está, no motivaron ningún arresto, y como resultado de este episodio, 5 nuevos uestos de avanzada fueron instalads, incluyendo uno en un Área B (suburbana). (Breaking The Silence 26//) 

 Impunidad oficial 

Las propias estadísticas del aparato de seguridad israelí confirman que los ataques y crímenes de odio perpetrados por colonos aumentaron un 50% durante la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando más de 660 incidentes documentados y provocando la muerte de seis palestinos y heridas a más de 140. La impunidad es total: solo el 6,6% de las investigaciones policiales contra colonos concluye en algún tipo de procesamiento, y menos del 3% de las escasas causas abiertas derivan en algún tipo de condena. (Haaretz, 26/7). 
 La integración entre el terrorismo de los colonos y el Estado está a la vista. El ministro de Defensa, Israel Katz visitó a Tal Yinon Dardik, un colono encarcelado tras ser imputado por un ataque multitudinario en marzo contra la comunidad palestina de Khirbet Humsa, que incluyó torturas, agresiones sexuales, saqueos y el robo de cientos de cabezas de ganado. Katz acudió a respaldar al detenido luego de la presión pública de 13 ministros y legisladores de la extrema derecha que exigían su inmediata liberación, argumentando problemas de salud. 

 Cálculos electorales en la limpieza étnica 

Para la coalición de gobierno de Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, las crisis de seguridad permanentes en Cisjordania en general y este salto cualitativo en particular buscan manipular políticamente el panorama de cara a las elecciones del 27 de octubre. Incluso existió el intento de que se suspendan las elecciones internas del Likud, en medio de disputas partidarias por la sucesión de Netanyahu y ataques de los aliados dentro de la coalición. Mientras, continúa la agresión genocida en Gaza y hay marchas de las bandas fascistas con Daniella Weiss a la cabeza exigiendo recolonizar Gaza.
 El Estado sionista viene avanzando en varias iniciativas (proyecto E1, ley de pena de muerte, construcción del “muro carmesí”, régimen de anexión de facto, legalización de puestos de avanzada) que apuntan a la desarticulación de la Autoridad Palestina, aunque hace décadas le proporciona un servicio valioso como subcontratista de la ocupación. Todo indica que la AP ya no es lo que un sector de la ultraderecha israelí prefiere, y busca cerrar la etapa abierta por los Acuerdos de Oslo para dar paso a una nueva realidad, con la totalidad de las familias palestinas recluidas en centros urbanos actualmente denominados Zona A, anexando por completo las áreas rurales y suburbanas B y C, recluyendo a la población en bantustanes aislados sin ninguna continuidad territorial. 
 El aparato estatal también viene operando para el borrado cultural y territorial mediante la instrumentalización de la arqueología. A través de la declaración de «parques nacionales» o «sitios de conservación del patrimonio bíblico» en localidades emblemáticas como Sebastia o Nabi Samwil, el régimen israelí ejecuta un mecanismo burocrático de expropiación que desaloja a la población nativa, le quita sus tierras agrícolas y busca erradicar los vestigios materiales de la presencia histórica palestina (+972 Magazine, 24/7). 

 El peligro de un salto genocida, la necesidad de una Tercera Intifada. 

Esta estrategia de provocación choca cada vez más con las contradicciones materiales del propio aparato militar israelí. Según Haaretz, altos mandos del Ejército de Ocupación de Israel (FDI) expresaron en los últimos días su preocupación por la insostenible carga que representa mantener 24 batallones desplegados en Cisjordania —muchos de ellos reubicados desde los frentes de Gaza y Líbano—, en un contexto de agotamiento de las fuerzas de reserva, caída en los niveles de presentación y una crisis de reclutamiento sin precedentes. En paralelo, la tensión entre Estados Unidos e Irán abre la puerta a una nueva intervención israelí, lo que podría exigir aún más al ejército genocida.
 El fomento del accionar de los lúmpenes de las “hilltop youths” (juventudes de la cima de los montes) desde las colonias y los puestos puestos de avanzada buscan acelerar el proceso a fondo. Pasar del despojo gradual sostenido y apartheid a un proceso directo aniquilación y limpieza étnica acelerada, bloqueando totalmente el acceso al agua, destruyendo la infraestructura de subsistencia y utilizando el aislamiento geográfico para replicar en Cisjordania la lógica genocida aplicada en la Franja de Gaza.
 Sin embargo, la pretensión sionista de dosificar y manipular la violencia territorial en función de sus necesidades electorales puede ser un mal cálculo. La combinación entre la devastación económica, la violencia de los colonos y el hostigamiento militar sobre las comunidades está agotando los márgenes de contención de la AP. Con más de 70 pueblos palestinos organizando comités civiles de autodefensa, incluyendo miembros de Tanzim, brazo armado de Al Fatah (Haaretz, 24/6), las provocaciones sionistas pueden ser la chispa que desencadene una nueva oleada de resistencia popular.
 Una tercera Intifada a escala regional, apoyada por una movilización internacional solidaria como hemos visto en 2025, en el marco de profundas crisis políticas, sociales y económicas en Israel y Estados Unidos, puede ser el comienzo de un cambio en el curso de los acontecimientos. Los socialistas tenemos que seguir apoyando la lucha del pueblo palestino, hasta que sea libre, del río al mar. El camino es la derrota del imperialismo y todos sus cómplices en la región. 

 Iván Zeta

lunes, 27 de julio de 2026

Cuba celebra aniversario 72 del asalto al Moncada


Las elecciones brasileñas: Bolsonaro, Lula y el factor Trump


Las próximas elecciones presidenciales de Brasil, a realizarse el 4 de octubre próximo, se han convertido en un escenario de disputa de la guerra mundial en desarrollo. La presidencia es disputada por el actual presidente Lula da Silva, que iría por su cuarto mandato, y el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, encarcelado y condenado a 27 años de prisión por su intento de golpe de estado en las elecciones en 2022. Trump juega abiertamente a favor de la candidatura de Bolsonaro hijo, quien se comprometió a integrar a Brasil al Escudo de Las Américas, aunque no ha dejado en claro si romperá el BRICS. El presidente argentino Javier Milei viajará mañana a Brasil para brindar su apoyo al fascista brasileño.
 Según las últimas encuestas, Lula aventajaría a Flávio Bolsonaro por 8 puntos (45% contra 37%) en un eventual ballotage, que se realizaría el 25 de octubre próximo. Hasta mayo, se registraba un virtual “empate técnico”. 
 La diferencia a favor de Lula no se debe tanto a un crecimiento de éste, sino al derrumbe de su rival. El retroceso electoral del senador ultraderechista comenzó con su involucramiento en casos de corrupción derivados de la quiebra del Banco Master. Más recientemente, se vio golpeado por el rechazo de parte importante del electorado de su país a las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump. Flavio Bolsonaro se vio obligado a solicitar públicamente al presidente norteamericano que no imponga el paquete de aranceles del 25% que comenzó a regir desde el 22 de julio, advirtiendo que tal medida perjudicaría su campaña. Los aranceles norteamericanos afectan a unos 3.000 productos que suman el 18% de las exportaciones brasileñas (un costo de alrededor de 7.400 millones de dólares).

 La estafa del Banco Master

 La quiebra del banco Master causó pérdidas de 2000 millones de dólares a sus inversionistas en noviembre de 2025 y es catalogada como la mayor estafa financiera en la historia brasileña, salpicando a políticos de diversos sectores, jueces y empresarios. Mientras Lula hizo renunciar como presidente del Senado a un viejo aliado y líder del PT, Jaques Wagner, acusado de haber recibido sobornos en esta estafa, Flavio Bolsonaro había negado relación alguna con la entidad financiera. Sin embargo, una investigación periodística puso en evidencia la fluida relación entre el senador derechista y el director del banco Master, quien financió la producción de una serie sobre el gobierno de su padre que iba a ser estrenada como parte de la campaña electoral. La crisis llegó a un punto tal que Michelle Bolsonaro, esposa de Jair y un alfil de los sectores evangélicos, ha salido a criticar públicamente a Flavio, en lo que, según afirma El País (27/6), podría ser la preparación de un intento de relevo ante una eventual caída de su candidatura. La derecha brasileña está sufriendo una fragmentación en diferentes camarillas enfrentadas entre sí. En un intento de cohesionar estas facciones, Jair Bolsonaro escribió una carta pidiendo la unidad alrededor de la candidatura de su hijo, lo que le valió un agravamiento de sus condiciones de detención. La visita que el presidente argentino Javier Milei le hará en las próximas horas a Flavio y, probablemente, a Jair Bolsonaro, aparecen en este cuadro como un salvavidas de plomo. 

 Lula

 Lula, sin embargo, ha encontrado serios límites para poder aprovechar toda esta situación en su favor e inclinar definitivamente la balanza electoral hacia su lado. El presidente brasileño enfrenta una degradada situación social, marcada por la creciente inflación y un alto endeudamiento de la clase obrera y las clases medias. La banca carioca se encuentra temerosa por el crecimiento de la morosidad. El Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) llama la atención sobre la potencial crisis fiscal del Estado brasileño para el año que viene por el costo de financiamiento de su actual esquema de gasto público (Bloomberg, 27/06). Como medida de rescate, Lula impulsó un plan de refinanciación de deudas para sectores informales a una tasa subvencionada y con la posibilidad de ampliación del monto de deuda y de los plazos de amortización hasta 6 meses (Bloomberg, 29/06). La medida representa patear la crisis hacia adelante, mientras los salarios se mantienen planchados. Incluso las refinanciaciones tendrán como garantía los fondos de indemnización por despidos, que garantizaría hasta el 50% de los préstamos (Ídem), lo que puede producir una mayor confiscación a término. El proyecto oficial de reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, que ya cuenta con media sanción de diputados, no ha escandalizado a ningún sector de la burguesía, e incluso ha logrado el apoyo de las fuerzas patronales en la legislatura, toda vez que Lula ha dejado intacta toda la contrarreforma laboral impuesta en 2018 por el golpista Temer (el régimen de banco de horas y el de horas extras, que Temer amplió y flexibilizó al extremo, pueden compensar ampliamente esa reducción de la jornada laboral semanal). 
 Lula ha aprovechado la injerencia del imperialismo norteamericano para proclamarse defensor de la “soberanía nacional brasileña”, sin contraponer antagónicamente este latiguillo a la manutención de relaciones con el gobierno de Trump y sus socios derechistas del continente. Los reclamos en defensa de la “soberanía nacional”, no han llevado a Lula a ningún choque significativo con el imperialismo norteamericano en el plano internacional. En el caso de la invasión a Venezuela, o el bloqueo criminal y la amenaza de invasión contra Cuba, el presidente brasileño se ha limitado a delimitaciones diplomáticas y no ha sido capaz de desafiar el bloqueo petrolero a Cuba. En el caso de Bolivia, cerró filas con el trumpista Rodrigo Paz Pereira ante la rebelión obrera y campesina en su contra, contribuyendo a su liquidación. 
 El techo que ha alcanzado la intención electoral de Lula todavía amenaza sus chances de ganar las próximas elecciones, dada la volatilidad de los procesos electorales en la región, la creciente injerencia norteamericana en los procesos electorales y los antecedentes de ajustadísimos márgenes de diferencia en los últimos ballotages latinoamericanos (Colombia, Perú). A fines de 2025, Lula aventajaba por más de 15 puntos a Flávio Bolsonaro para después pasar a un “empate técnico” y ahora volver a remontar, pero por una diferencia menor de 8 puntos. Por otro lado, todavía las alianzas están en pleno desarrollo y con los números actuales, no está asegurada una mayoría en el congreso ni para Lula ni para Bolsonaro hijo. El PT y la burocracia sindical de la CUT, con sus partidos aliados, que incluyen al PSOL y al PCB, no se han jugado a una movilización obrera y popular, porque ésta hubiera chocado con Lula. 

 Trump

 El gobierno norteamericano todavía no ha dicho su última palabra sobre su injerencia en las elecciones en Brasil. Trump busca integrar a Brasil al Escudo de Las Américas, entre otras cosas para combatir la creciente influencia comercial china. China ha desplazado a Estados Unidos como principal socio comercial de Brasil, el cual a su vez ha sido el país que más inversiones chinas ha recibido durante el 2025, por un monto de 6.100 millones de dólares. China acapara más del 80% de los nuevos proyectos mineros y energéticos de Brasil. El tercio de las exportaciones brasileñas se colocan en China, principalmente de soja y petróleo. Por otra parte, Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, minerales claves para la industria tecnológica, militar y de electro movilidad. El imperialismo norteamericano tiene sus miras puestas en las tierras raras brasileñas para sus cadenas de producción y ha sido el eje de discusión entre Lula y Trump, bajo la negociación de los diferentes aranceles impuestos por el Departamento de Estado norteamericano, particularmente los que entrarán en vigencia esta semana. El Departamento de Estado norteamericano ya ha declarado como organizaciones terroristas al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho, por pedido expreso de Flavio Bolsonaro, lo que abre la posibilidad de que Estados Unidos busque llevar adelante operaciones militares y de inteligencia en su territorio nacional (bajo la excusa de la lucha contra el “narcoterrorismo”, el gobierno de Trump bombardeó las costas de Venezuela y preparó el terreno para la operación de secuestro de Maduro).
 Trump también encabeza la embestida contra Pix, el sistema de pagos desarrollado por la banca pública brasileña. Por no cobrar comisión, ha dejado fuera del negocio a grandes operadores Fintech. 
 En caso de ganar, Lula deberá hacer frente a una agudización de las contradicciones de su política económica en un contexto mundial de crisis y guerras. Las proyecciones sitúan el déficit de Brasil en cerca del 8,5% del PBI y la deuda bruta en un 81% del PBI. La burguesía reclama medidas de ajuste para paliar la crisis. Es lo que el gobierno pateará para después de las elecciones. Finalmente, tal vez no sea una casualidad que Lula acabe de hacerle a la jefa del FMI, Cristalina Georgeva, una confesión que quedó registrada en un micrófono que quedó abierto en la última cumbre del G7: “yo nunca fui un izquierdista”. 

 Julio Quintana 
 26/07/2026

domingo, 26 de julio de 2026

Cada acto de agresión del gobierno de EE. UU. demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo


El Canciller denunció las nuevas medidas dictadas por el Departamento de Estado contra la Mayor de las Antillas 

 Aún cuando en todos los escenarios, Washington niega la existencia y, por consiguiente, el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla, este jueves el Departamento de Estado anunció nuevas medidas, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14404. 
 Al respecto, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó, por medio de la red social X: «Cada acto de agresión del gobierno de EE. UU., como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano».
 «A pesar de que el gobierno estadounidense continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba, le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria», aseveró el Canciller. 
 Asimismo, acerca de la inclusión en las nuevas medidas de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), señaló que, «el ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo. Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional».
 «Lo hace el gobierno del país más rico del mundo, empeñado en negar dicho derecho humano elemental a decenas de millones de sus propios ciudadanos», puntualizó Rodríguez Parrilla.

 Redacción Internacional | internacionales@granma.cu
 23 de julio de 2026 20:07:20