Bolivia: Paz Pereira mantiene el "estado de excepción" para imponer un golpe devaluatorio exigido por el FMI

Desde el martes pasado, las carreteras bolivianas se encuentran sin bloqueos ni movilizaciones. Al levantamiento de la huelga general por parte de la COB y el “cuarto intermedio” de los bloqueos por parte de la Túpac Katari (ver artículo La COB y Paz Pereira pactan la liquidación de la rebelión boliviana), le siguió el levantamiento de los bloqueos por parte de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, dirigidas por Evo Morales, acusando de traidores a los dirigentes de la COB y la Túpac Katari (Los Tiempos, 22/06). 

 El presidente boliviano no dudó en jactarse de haber “derrotado los bloqueos”. De todos modos, afirmó que el 'estado de excepción' continuará, sin precisar su duración, que por ley puede extenderse hasta 90 días (El Deber, 23/06). Cuando el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, levantó la huelga general y llamó a levantar los bloqueos de las organizaciones campesinas, después de firmar un acuerdo político con el gobierno de Paz Pereira, afirmó que lo hacía para “evitar un derramamiento de sangre y la imposición del estado de excepción” (El Deber, 19/06); pero la COB ha guardado completo silencio ante su declaración y continuidad. El ejército y la policía patrullan y realizan controles por las calles de La Paz, El Alto y las principales ciudades del país, en un claro acto de intimidación pública. 

 Trump festeja con Paz Pereira

 La victoria política de Paz Pereira fue festejada por EEUU, que desde el y principio se jugó por el sostenimiento del presidente boliviano, acusando a los obreros y campesinos rebelados como “narcoterroristas”. En el marco de la 56° reunión de la OEA, la embajada norteamericana impulsó la realización de un comunicado firmado por 16 países del continente, entre ellos Argentina, para solidarizarse con Paz Pereira y la “defensa de la democracia” (El Deber, 23/06), haciendo del 'estado de excepción' una línea de acción para enfrentar a las masas que enfrenten sus políticas de ajuste en todo el continente.

 El “moderado” Paz Pereira no solamente incorporó a Bolivia al Escudo de las Américas del fascista Donald Trump; ahora es el puntal para la conformación de una Coalición Anticarteles de las Américas (ACCC), impulsada por Trump y su ministro de Guerra, Pete Hegseth (El Deber, 16-06). Mientras negociaba con la COB el levantamiento de la lucha, firmaba un acuerdo de “políticas de seguridad hemisférica contra el crimen organizado transnacional” con el gobierno de EEUU, con el objetivo de “perseguir, derrotar y destruir” a organizaciones “terroristas”. Por el acuerdo, Bolivia recibirá un financiamiento de 20 millones de dólares y habilitará la intervención militar norteamericana en Bolivia, como ya sucede en Venezuela y se organiza en Ecuador y Guatemala (Ídem). La intervención del imperialismo norteamericano en favor de Paz Pereira limitó una crisis por derecha contra su gobierno y llevó a la oligarquía cruceña y sus facciones políticas a no torpedear la línea política del presidente contra la rebelión boliviana.

 Avanzada penal

 En el acuerdo con la COB, Paz Pereira se comprometió a no “criminalizar” la protesta; un eufemismo utilizado para negociar que el Estado no promovería las causas abiertas contra los dirigentes de la COB y que no “impulsaría” una ley antibloqueos, como hizo después de la rebelión de enero pasado contra su decreto 5503. Sin embargo, el gobierno anunció procesos judiciales contra los “responsables” de los bloqueos, sin especificar quienes (El deber, 24/06) y sigue deteniendo dirigentes sociales. Tampoco han sido liberados los detenidos en los bloqueos y movilizaciones que enfrentan procesos judiciales. Por otro lado, la Cámara Nacional de Comercio, el Comité Pro Santa Cruz, la dirigencia de Transportes pesados y diputados de la alianza Libre, del derechista Tuto Quiroga, han presentado, cada uno por separado, denuncias penales contra Mario Argollo de la COB, Vicente Salazar de la Túpac Katari, el expresidente Evo Morales y algunos parlamentarios que apoyaron los bloqueos (Visión 360, 24/06). A la vez, se han incrementado los proyectos de ley “antibloqueos” en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional Boliviana (Ídem), en donde el Partido Demócrata Cristiano de Paz Pereira no tiene mayoría simple. 

 Esta avanzada penal no ha sido respondida ni por la COB ni la Túpac Katari; tampoco por Evo Morales. La COB se ha limitado a declarar “persona no grata” al diputado derechista de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, uno de los impulsores del tratamiento inmediato de una ley antibloqueos. Por su parte, la Túpac Katari, suspendió sin fecha su cabildo en donde se iba a discutir cómo continuar la lucha y se sumó en un pase de facturas con otros sectores que promovían la movilización y acusaron a su dirección de ser sobornada por el gobierno (La Razón, 23/06). El expresidente boliviano aseguró que él nunca había pedido la renuncia de Paz y que algunos sectores “exageraron” con ese pedido (Los Tiempos, 25/06). De todos modos, este recule no ha servido para que el gobierno deje de amenazar con su arresto por la causa de estupro en su contra, aunque ahora se discute su arresto como una acción política contra la posibilidad de nuevas rebeliones (a pesar de que Evo Morales se montó muy tarde en la lucha del pueblo boliviano contra Rodrigo Paz Pereira y no jugó un rol dirigente más allá de las Federaciones del Trópico de Cochabamba). 

 Del mismo modo que durante la rebelión de los obreros y campesinos bolivianos, sus direcciones se muestran impotentes para luchar contra esta avanzada, a la vez que la desconfianza de buena parte de sus bases se ha generalizado. 

 Desabastecimiento 

La llamada “derrota de los bloqueos” que Paz Pereira festeja no ha terminado, sin embargo, con el desabastecimiento de gasolina y diesel, como afirmaban los funcionarios del gobierno. Las colas por combustibles en las estaciones de servicio de todo el país persisten, con una duración de “hasta días y noches” (La Razón, 25/06). Ahora Paz Pereira afirmó que el desabastecimiento se debe a controles de calidad y que la cantidad de combustible está “más que garantizada”. A la vez, afirmó que en una semana estaría solucionado, reiteró que la demora es producto de más de 50 días de bloqueos y volvió a acusar al gobierno anterior, del masista Arce, por la gasolina basura (El deber, 24/06).

 El ministro de hidrocarburos anunció una deuda de 500 millones de dólares de YPFB por la importación de combustible, lo que obligó a que las autoridades de la empresa estatal explicaran que las demoras en las estaciones de servicio se deben a cuestiones de logística y no a esa deuda. Transportistas ya han emplazado al gobierno con retomar medidas de lucha en 48 horas (La Razón, 26/06). 

 Desde diferentes sectores de la población se ha cuestionado qué es lo que Paz Pereira ha hecho con el ahorro de 10 millones de dólares diarios que garantizó su gasolinazo de enero, mediante el fin de las subvenciones en el mercado interno, dejando en evidencia que la derrota de la rebelión no ha revertido la desconfianza y el choque de buena parte de las masas bolivianas contra Paz Pereira. En este marco, el presidente de YPFB ha descartado nuevos aumentos en nombre de la “normalización” de los precios internacionales (Ídem).

 Devaluación 

Confiado en el reflujo de la rebelión en su contra y de los límites insalvables de las actuales direcciones de las masas bolivianas, Paz Pereira aprovechó la ocasión para imponer una devaluación del 40 % desde el lunes próximo y un nuevo esquema de flexibilidad cambiaria (El Deber, 27/06), que plantea devaluaciones sucesivas. La medida estaba programada desde el inicio de su gobierno y figuraba dentro del extenso articulado del abrogado decreto 5503 por una primera rebelión contra su política. Ahora es exigida por el FMI para otorgar 3 mil millones de dólares al gobierno, que serían claves para hacer frente a los vencimientos de deuda de este año bajo la crisis de divisas del Estado boliviano. 

 Objetivamente, el golpe que implica para los ingresos de la masa asalariada y campesina boliviana es motivo para una nueva rebelión. Licúa además los aproximadamente 4 mil millones de bolivianos que implican los diferentes acuerdos con los diferentes sectores gremiales y sindicales para bajarlos de la rebelión. Diferentes analistas advierten sobre el impacto que tendrá esta medida en la posibilidad de hacer frentes a las importaciones de combustibles (Ídem), aunque está clara que la línea del gobierno es financiarse con endeudamiento externo. Los senadores y diputados de la Asamblea Plurinacional han aprovechado para aprobar nuevos créditos con organismos internacionales en nombre de paliar la crisis provocada por los bloqueos.

 Con el avance de la influencia del imperialismo norteamericano sobre el país, el 'estado de excepción' y este golpe devaluatorio, la clase obrera y el campesinado boliviano afrontan un golpe político y económico que replantea la necesidad de retomar la lucha contra el gobierno de Paz Pereira y por un gobierno propio. 

 Julio Quintana 

 27/06/2026

Terremoto en una Venezuela bajo asedio imperialista

Dos terremotos golpearon a Venezuela 

Un terremoto sacudió Venezuela este miércoles, dejando hasta el momento 235 muertos y más de 4.500 heridos. "Parece una zona de guerra", dijo un periodista venezolano que vive en la capital, Caracas. Las imágenes de familias buscando un lugar donde pasar la noche con sus pertenencias encima son estremecedoras. 

 Dos sismos golpearon la región norte del país, incluyendo a Caracas. El terremoto se produjo en una zona de fallas geológicas. Se trata del más fuerte desde el año 1900, cuando el terremoto San Narciso causó la muerte de 21 personas, decenas de heridos y la destrucción de edificios en la capital. 

 Los rescatistas, que sufren condiciones de precarización y enfrentan la escasez de equipos y materiales, están trabajando en la búsqueda de personas. Varias familias intentan, también, encontrar a sus seres queridos entre los escombros. Se ha denunciado, asimismo, que muchos edificios no cumplen con las disposiciones sísmicas que están contempladas en los códigos de construcción. A esto se suma el deterioro de la infraestructura por la falta de mantenimiento. 

 Fuera el imperialismo 

Delcy Rodríguez, la presidenta que asumió el poder tras el golpe que dio Estados Unidos e incluyó el secuestro de Nicolás Maduro, agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por su "solidaridad", ya que el magnate prometió ayuda logística militar ante el terremoto. 

 El gobierno de Rodríguez está postrado ante Trump, siendo una vía de la expoliación imperialista de Venezuela. En este sentido, se inscriben las reformas para facilitar el copamiento de los recursos petroleros y mineros por parte del capital extranjero. Trump tiene en la mira el petróleo venezolano -las mayores reservas del mundo-, e incluso selló un acuerdo con Caracas en enero para la compra de crudo, cuyos fondos fueron a parar a una cuenta supervisada por la Casa Blanca. 

 Toda la solidaridad con el pueblo venezolano en estos difíciles momentos.

 Prensa Obrera

Trump presiona al Congreso para avanzar en la estafa electoral

Deja en suspenso la ley de vivienda, hasta que se apruebe la ley electoral SAVE. Donald Trump ha suspendido la promulgación de la recién aprobada (por ambos partidos) ley sobre vivienda. Cuando todo estaba preparado para una ceremonia donde el presidente firmaría lo que NYT define como “la legislación sobre vivienda más importante en 36 años”, Trump decidió dejar en suspenso la ley planteando un nuevo chantaje al congreso: no la firmará hasta que sea aprobada la ley SAVE -a través de la que impulsa una gran estafa electoral. 

 La ley de vivienda fue negociada en forma bipartidista durante meses, y es presentada como una reforma tendiente a reducir el costo de la vivienda. La cuestión del costo habitacional se ha demostrado como una de las principales preocupaciones de la población, y fue uno de los ejes de la campaña victoriosa de Zohran Mamdani en Nueva York. Los Republicanos consideraban la aprobación como “un logro crucial para su partido a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que están en juego sus mayorías en el Congreso. Los votantes han criticado duramente la gestión económica del presidente, con tan solo un 33% de aprobación” (NYT, 23/6). 

 La ley “busca abordar la crisis de la vivienda impulsando la oferta en un país que enfrenta una grave escasez de viviendas nuevas”. “Los precios de las viviendas existentes han aumentado un 54 por ciento desde 2020, y las casas cuestan casi cinco veces el ingreso medio, muy por encima de los estándares históricos”. Según el New York Times, “Durante años, la crisis de la vivienda se concentró en las ciudades más grandes y liberales de Estados Unidos, como Nueva York y San Francisco. Pero el auge inmobiliario de la pandemia disparó los precios de las viviendas y los alquileres a máximos históricos en ciudades que nunca antes habían experimentado tales presiones, como Boise (Idaho) y Bozeman (Montana). Esto generó una crisis para los legisladores republicanos y una oportunidad excepcional para alcanzar un consenso bipartidista en un Congreso profundamente dividido” (ídem). 

 Trump -un capitalista del sector inmobiliario- no impulsó la ley, que provocó en su tratamiento muchas crisis a la interna de los Republicanos, pero tampoco la frenó. “Ante el tibio apoyo del presidente, las luchas internas dentro del Partido Republicano amenazaron repetidamente con frustrar la aprobación de la medida. El proyecto de ley también se enfrentó a una fuerte oposición por parte de legisladores de extrema derecha, quienes lo calificaron de ejemplo de despilfarro y extralimitación del gobierno, e incluso horas antes de la votación final amenazaron con intentar bloquearlo en la Cámara de Representantes.” Tras las negociaciones la ley se aprobó y Trump la calificó con su usual estilo grandilocuente como “la legislación de vivienda más completa y trascendental en la historia de nuestro país”. 

 Especulación y crisis habitacional

 La llamada “escasez” de viviendas no significa que falten casas o apartamentos, sino que la especulación inmobiliaria ha disparado los precios tanto para la compra como para el alquiler. Grandes fondos de inversión no sólo poseen edificios de apartamentos sino también casas unifamiliares, lo que eleva el costo de la vivienda a niveles históricos. La nueva norma promete limitar la compra masiva de viviendas unifamiliares por parte de esos fondos, lo que se afirma tendería a bajar el precio de esas casas. La ley votada “prohíbe a las empresas poseer más de 350 viviendas unifamiliares ya existentes, aunque no les obliga a vender las viviendas adquiridas antes de su entrada en vigor. Una propuesta más estricta, que habría exigido a los inversores vender las viviendas unifamiliares construidas específicamente para alquiler tras siete años, fue descartada”. Los especuladores sostienen que el efecto de la norma va a implicar no más sino menos construcción de viviendas, ya que gran parte de ellas son directamente construidas por los especuladores con vistas a alquilar. 

 La ley también incentiva a los gobiernos locales a simplificar los trámites (acelerar permisos de construcción, recategorizar zonas donde está limitada la construcción, reducir las exigencias ambientales). Otro eje es habilitar en mayor medida las viviendas prefabricadas de baja calidad.

 La crisis de la vivienda no se va a resolver con estas medidas parciales, cuando está ligada a la existencia de una enorme masa de capital ficticio que busca su valorización a través de la especulación inmobiliaria entre otros rubros que afectan la canasta familiar.

 La ley pretende tomar en cuenta la cuestión de la “asequibilidad”, es decir, el alto costo de vida, que se ha convertido en una bandera política de cara a las elecciones en el marco de una carestía creciente. Ahora Trump la deja en suspenso para exigir a sus propios legisladores que vayan a fondo en la estafa electoral que se viene preparando.

 Trump presiona a su partido

 La Casa Blanca justificó la suspensión de la firma de la ley de vivienda al calificar la aprobación del paquete electoral como una “emergencia nacional” (Infobae, 24/6). 

 La SAVE Act busca suprimir el derecho al voto a millones de ciudadanos -especialmente jóvenes y trabajadores de bajos ingresos. Ha sido aprobada ya varias veces en la Cámara de Representantes, pero no logra el apoyo de todos los senadores Republicanos ni mucho menos de los Demócratas. Trump ha venido presionando a su bancada para que el Senado termine con el llamado “filibusterismo”, por el que la minoría puede obstruir la aprobación de una ley extendiendo el debate, ya que declarar el cierre de la discusión requiere un 60% de los votos de la cámara. El propio Senado podría cambiar su reglamento por mayoría simple y eliminar el requisito del 60% que protege a la minoría. Ya existen antecedentes respecto a eliminar esa mayoría especial en algunos casos puntuales en gobiernos anteriores. Sin embargo, una buena parte de los Republicanos se resiste a ese cambio, con el criterio de que ellos pueden ser en el futuro la minoría y perderían el poder de obstruir leyes. La construcción de la dictadura personal de Trump requiere, por el contrario, acabar con toda esa deliberación parlamentaria que limita o enlentece las medidas adoptadas por el presidente. 

 Dejar en suspenso la ley de vivienda va a profundizar la crisis entre los Republicanos, donde los más fieles trumpistas vienen apurando a la aprobación de la SAVE Act para que tenga efecto en las elecciones de medio término. Trump ya había planteado un chantaje similar respecto a la ley FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que también busca aprobar el Congreso, diciendo que no la aprobaría hasta que se vote el paquete del fraude electoral.

 Georgia se rebela contra el fraude 

Otra faceta del fraude electoral es el que se desarrolla a nivel de los Estados dominados por los Republicanos, donde a exigencia del Presidente -y con el aval de la Suprema Corte trumpista- se viene redibujando los distritos electorales para inflar artificialmente la representación del Partido de gobierno. Estos cambios ya se aprobaron en varios Estados del “sur profundo”, como Luisiana (se eliminó un distrito de mayoría negra), Alabama (la Corte autorizó un cambio similar), Tennessee (se modificó el distrito de Memphis), Florida, que siguieron el ejemplo de Texas, Misuri, Ohio, Carolina del Norte. Se estima que los Republicanos se asegurarían (o serían más competitivos) en 10 a 17 distritos que antes favorecían a los Demócratas. Por su parte, los Demócratas podrían ganar unos 6 Representantes en distritos nuevos en California y Utah.

 En el caso de Georgia -otro Estado del sur profundo- se produjo una gran protesta de la población contra una maniobra similar. “Georgia iba a ser el último estado del sur en considerar la redistribución de distritos tras un reciente fallo de la Corte Suprema que debilitó las protecciones de la Ley de Derechos Electorales para la representación de la población negra” (NYT, 17/6). Sin embargo, “activistas y manifestantes por los derechos civiles se congregaron en Atlanta, considerada la cuna del movimiento por los derechos civiles”. “Marchas y manifestaciones recibieron a los legisladores cuando se reunieron para [una] sesión especial” convocada para tratar la modificación distrital de cara a las elecciones de 2028 (ya no para noviembre de este año). Las protestas provocaron el levantamiento de la sesión y el anuncio del gobernador que no se trataría (por ahora) la modificación. El gobernador Kemp ya había resistido la presión de Trump para aprobar de apuro los cambios con vistas a noviembre (como hicieron muchos Estados) y prefirió esperar a los fallos judiciales respecto a los cambios en otros Estados, y apuntar a un cambio recién para 2028. Esto también quedó por ahora en suspenso, ya que una parte de los Republicanos teme que este tema se convierta en un eje en las próximas elecciones en el Estado (para gobernador y legisladores), lo que permitiría a los Demócratas movilizar al electorado en el que “se ha convertido en el estado indeciso más importante del sur profundo”. 

 La cuestión de la reforma electoral forma parte de la intentona trumpista de establecer un régimen de dictadura personal, incluso en el contexto de una presidencia que ha perdido popularidad, en particular por los efectos de la guerra imperialista sobre las condiciones de vida populares. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 25/06/2026

CON FILO | Ramiro

Colombia: de la rebelión popular al triunfo de la ultraderecha

El ultraderechista Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) se atribuyó la victoria sobre el candidato oficialista Iván Cepeda (Pacto Histórico), por apenas 250.000 votos, en un balotaje en el que participaron 26 millones de colombianos, una cifra récord. Hoy se conocerá el resultado definitivo. Cepeda anticipó que impugnará 33.000 mesas de votación. 

 El domingo por la noche los festejos de la derecha se concentraron en Cúcuta, la localidad fronteriza con Venezuela, donde Espriella arrasó. En cambio, en Bogotá y en Medellín se registraron refriegas y choques con la policía. El candidato de Pacto Histórico llamó a "la tranquilidad" a sus seguidores y aguardar a que se certifique el resultado definitivo.

 Espriella recibió las salutaciones de todos los presidentes derechistas del continente, empezando por el norteamericano Donald Trump, quien había hecho público su apoyo político al candidato fascista. En el último tramo de la campaña el imperialismo redobló su intervención política en las elecciones colombianas. El año pasado, el Departamento de Estado canceló la visa del presidente Gustavo Petro el año pasado por haber asistido a una manifestación propalestina en Manhattan y le impidió asistir a una reunión este mes con el acalde progresista de Nueva York, Zohran Mamdani. La derecha republicana con influencia en Colombia, como en el caso del senador de Florida Bernie Moreno, se encargó de articular el cerco trumpista sobre la elección colombiana. “La fiesta en Cúcuta fue una gran caravana, muy cerca de la Riviera, donde estaba la sede central de De la Espriella. Sobre todo, se sintió el fervor de saber que viene el cambio con un presidente que trabaje con Estados Unidos y nos traiga apoyo armamentístico para recuperar la soberanía del país y territorios totalmente olvidados. Hay que combatir a la guerrilla y acabarla de una vez por todas”, se congratuló David Escobar, consejero de Cultura en Cúcuta y uno de los mandos políticos de la campaña ganadora (La Nación, 23/6).

 La comunidad colombiana en Estados Unidos es grande, y es una carta que Trump jugó a favor de De La Espriella. La diáspora colombiana, de 5 millones de personas que se fueron del país por la violencia armada, es la segunda mayor comunidad de un país sudamericano rediente en el extranjero, después de Venezuela. Los radicados en Estados Unidos votaron, en un 70%, por Espriella. El peso del voto colombiano en el extranjero ha crecido en los últimos años, al punto que “sus remesas anuales representan casi el 3% del PIB”. “La diáspora colombiana es abrumadoramente de derecha”, asegura The Economist (18/6). 

 Espriella promete una nueva "ofensiva militar" contra los grupos armados y las bandas de narcotraficantes, para lo cual involucraría a fuerzas militares norteamericanas que se desplegarían en territorio colombiano. La operación militar norteamericana contra un presunto grupo narcotraficante en el Ecuador del derechista Noboa en marzo de este año, y el reciente accionar de Estados Unidos en territorio venezolano contra el supuesto líder de una banda “narco-terrorista”, es el modelo que Espriella pretende adoptar en su país. Colombia se transformaría así en otro protectorado norteamericano en América del Sur. Espriella descartó cualquier negociación con los grupos armados y prometió "cancelar o capturar" a 10 líderes de grupos del crimen organizado en los primeros 90 días.

 El oficialismo logró atraer el voto de sectores empobrecidos de la población que mejoraron su situación con las reformas del salario mínimo. Sin embargo, en las regiones rurales, Espriella capitalizó el fracaso del mandatario saliente. Los acuerdos de paz firmados por Petro prometían resolver el problema de la tierra para los campesinos, pero esto no sucedió. La mayoría de los agricultores de las Zonas de Reforma Agraria quedaron bajo el fuego cruzado de las bandas armadas, que sobrevivieron actuando como intermediarios. “Cobran impuestos a los narcotraficantes que compran pasta de cocaína elaborada con la planta de coca, que es el sustento económico de muchos agricultores de la zona. También imponen impuestos a la minería del carbón y a la venta de aceite de palma” (Clarín, 22/6). “Bajo la administración de Petro, los grupos armados se han expandido y tememos que, si Cepeda gana, esta tendencia continúe”, afirmó un campesino a The Guardian (17/6). Las promesas de Espriella de expandir el uso de la fracturación hidráulica también genera temores sobre su impacto en el medio ambiente y las comunidades locales. Es un firme representante de los terratenientes ricos. La llegada del Espriella al poder marca el reinicio de la guerra civil rural, que marcó buena parte del último siglo de la historia colombiana. 

 La elección de Espriella marca un nuevo giro drástico en la situación de Colombia. De la rebelión popular de 2022 contra el gobierno de Iván Duque y la elección histórica de Petro, luego de décadas de gobiernos derechistas, una versión ´recargada´ de la derecha llega al poder. El programa de Espriella es de guerra sin cuartel contra los trabajadores colombianos. Pero la ultraderecha colombiana no las tiene todas consigo. Al estrecho margen que validó su triunfo, se le debe agregar el fracaso político de su socio estratégico en Irán y su probable derrota en las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre. Por otro lado, la deuda pública de Colombia ronda el 60% del PBI. Para evitar la cesación de pagos, el nuevo presidente necesitará 5.600 millones de dólares en 2027 y 20.000 millones de dólares a lo largo de un mandato de cuatro años, lo que equivale a cuatro puntos del PBI. Espriella, sin embargo, prometió bajar los impuestos apenas asuma. “Algunos analistas se muestran escépticos sobre la continuidad del repunte de los bonos, incluso si De la Espriella llega a la presidencia. Los analistas de BCA Research afirmaron esta semana que su plan para las finanzas públicas era 'favorable en términos generales', pero carecía de plazos, una composición adecuada y era poco viable” (FT, 18/6). 

 Política Obrera 

Redacción 

 23/06/2026

Cuba rinde homenaje póstumo al comandante Ramiro Valdés Menéndez

«La Cuba que no quieren que conozcas»