Activistas e intelectuales de Cuba apoyan el anunciado programa gubernamental para enfrentar la discriminación por el color de la piel, aunque opinan que su éxito dependerá de un diálogo directo con la población afrodescendiente y mayor participación ciudadana.
Pocos detalles han trascendido hasta ahora sobre la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2019.
Sí se sabe por la información oficial que “contendrá planes, objetivos y tareas en cada esfera económica y social, territorio y localidad del país”.
La estrategia es calificada como “un traje a la medida”, pues las segregaciones, incluidas el regionalismo, “no se presentan por igual en cada espacio de Cuba ni en todas las ramas de la economía y la sociedad”.
“El anuncio muestra la existencia de una voluntad política para enfrentar y legislar sobre esas cuestiones; entrarle con profundidad al tema”, dijo Sarahí García, responsable de la Iglesia Presbiteriana Reformada Juan G. Hall, en la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana.
La presbítera aclaró a IPS que, de todos modos, “uno de los retos está en no desconocer el trabajo de numerosos proyectos de la sociedad civil; gente que se ha buscado miles de problemas por impulsar ese tema y que a veces ha sido invisibilizada”.
Desde noviembre de 2019, el centro religioso organiza la iniciativa Azabache, un espacio de educación, reflexión, sensibilización e intercambio de experiencias, a fin de ayudar a desterrar expresiones concretas o subjetivas del racismo.
Cuba fue uno de los últimos países de América Latina en abolir oficialmente la esclavitud, en 1886, luego de tres siglos de persistencia de la trata de personas desde África para apuntalar una economía de plantación con base en la industria azucarera y cafetalera, principalmente.
El rápido aumento de la población esclava en la isla suscitó el denominado “miedo al negro” en la clase aristocrática y esclavista blanca del siglo XIX, temerosa de una posible revolución como la de Haití (1791-1804) que eliminara sus privilegios.
Por ello, a juicio de no pocos estudiosos, el racismo antinegro es el más visible en este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes y una población mestiza y negra que según el Censo de Población de 2012, ronda 35 por ciento.
“En la historia de Cuba, ningún proceso social como la Revolución de 1959 ha enfocado la cuestión de las personas negras; a nadie le miran el color de la piel para tratarlo en un hospital o acceder a las escuelas”, reconoció a IPS la activista Maritza López, coordinadora de la Red Barrial Afrodescendiente.
Dicho proyecto comunitario, nacido en 2012, destaca por incluir el enfoque racial en el trabajo en zonas desfavorecidas de la capital cubana. Su labor se une a la de otros grupos antirracistas en todo el arco de la sociedad civil cubana, aunque nunca un proyecto de este tipo ha recibido el registro legal como oenegé en el país.
En marzo de 1959, el líder Fidel Castro (1926-2016) llamó a eliminar el racismo en el país, dentro del proceso revolucionario. Pero en octubre de 1963, aseguró que la discriminación racial era uno de los problemas “barridos por la Revolución”, tras lo cual el tema devino tabú desde el discurso oficial.
Autoridades alegaron que el debate racial podría dividir la nación frente a agresiones externas, que referirse al tema equivalía a tener “problemas ideológicos” y se debía ser muy inteligente para abordarlo, pues la sociedad no estaba preparada, entre otros clichés.
Ello explica por qué la lucha contra el racismo y la discriminación racial en Cuba se mantiene a la saga con respecto al activismo para frenar otras segregaciones, como la de género o por orientación sexual, reflexionan analistas.
Un mayor acceso a las redes sociales en Internet visibilizó manifestaciones de racismo en la isla caribeña, como ofertas laborales del emergente sector privado donde se exige como requisito ser una persona blanca para aspirar a una plaza.
Incluso, la Fiscalía General de la República se pronunció sobre el caso de una joven habanera que en julio de 2017, fue obligada a bajar de un taxi privado debido al color de su piel.
Para la abogada y coordinadora del proyecto ciudadano Alianza Unidad Racial, Deyni Terry, resulta esencial que la comisión analice y revise los criterios de especialistas.
“Ello aporta un basamento científico para entender por qué en las calles cubanas son detenidas con más frecuencia las personas negras, los mejores empleos suelen ser para las personas blancas y en las universidades la proporción de negras y negros es mucho menor”, argumentó Terry al conversar con IPS.
El 30 de enero, más de una treintena de intelectuales y activistas se reunieron en La Habana y acordaron enviar una carta al presidente, Miguel Díaz-Canel, quien preside la comisión, en la cual solicitan incluir en el grupo de trabajo gubernamental a personas reconocidas por su lucha contra el racismo.
La misiva pide además conocer la argumentación del programa, incluir el enfoque de género dada la doble discriminación que sufren las mujeres negras, y fomentar espacios de diálogo con las y los afrodescendientes para conocer directamente sus necesidades e intereses, entre otras preocupaciones y sugerencias.
Durante el encuentro convocado por el capítulo cubano de la Red de Mujeres Afrodescendientes y la sección Seres de la Sociedad Cubana de Psicología se presentó el libro Apuntes para un debate racial en Cuba, elaborado por la oficina de IPS – Inter Press Service en La Habana y la editorial Acuario, de la oenegé Centro Félix Varela.
El volumen compila reportajes, análisis de investigadores y activistas, así como reflexiones sobre este problema desde múltiples aristas y con diversas fuentes.
“La comisión ha generado expectativas, pero debemos seguir trabajando desde el activismo, fortalecido en los últimos años con nuevas alianzas entre grupos y un discurso más coherente con impacto en determinadas comunidades”, manifestó a IPS el investigador Alberto Abreu.
La comisión se apresta a dar los primeros pasos luego que documentos programáticos proscribieron toda discriminación por el color de la piel, como la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba (2012); los Lineamientos, como se denomina oficialmente al programa de reformas iniciadas en 2011 y actualizados en 2016, al igual que la nueva Constitución de la República, vigente desde abril de 2019.
Durante su gestión, el expresidente Raúl Castro (2008-2018) impulsó como política la promoción de personas afrodescendientes a cargos políticos y públicos.
Ello ha influido en que hoy el parlamento esté compuesto en 45,2 por ciento por personas negras y mestizas, mientras se aprecia un número mayor de ellas como locutores y presentadores de televisión.
En marzo de 2018, Cuba reiteró su compromiso con el cumplimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, adoptados en esa ciudad sudafricana en 2001 y que proponen medidas concretas para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
Anayansi Rodríguez, entonces embajadora de Cuba ante las Naciones Unidas, aseguró que el país continuaría implementando el Programa de Actividades por el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), y respaldaría las labores del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Luis Brizuela
IPS
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