A siete años de la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la combativa escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, hubo nuevas movilizaciones en reclamo de justicia, en las que se escucharon críticas al gobierno actual por la falta de avances sustantivos en la investigación.
El 26 de septiembre de 2014, los alumnos de la escuela Isidro Burgos fueron raptados en un operativo que involucró a fuerzas de seguridad de varios niveles y al Ejército. Fue en la localidad de Iguala, a la que los alumnos habían acudido como parte de un viaje de recolección de fondos para poder asistir el 2 de octubre a la movilización que todos los años conmemora la masacre estudiantil de Tlateloco de 1968, en el Distrito Federal.
El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (PRI) encubrió a los responsables y fabricó un relato basado en confesiones arrancadas bajo tortura, para poner un punto final en el caso. Es que tempranamente se habían desatado manifestaciones masivas en todo el país en reclamo de la aparición con vida. Según aquella versión oficial (la llamada “verdad histórica”), los chicos fueron ejecutados por un cartel del narcotráfico y enterrados en un basurero próximo a la localidad de Cocula. El hallazgo de algunos restos de Alexander Mora Venancio en otro sitio, y más recientemente los de otros dos jóvenes (Christian Alfonso Rodríguez y Jhosivani Guerrero de la Cruz), hundieron esa versión. El entonces titular de la Agencia de Investigaciones Criminales, Tomás Zerón, quien participó personalmente de los interrogatorios, se encuentra actualmente prófugo en Israel.
Protestas
Para exigir justicia, este domingo hubo una movilización en el Distrito Federal, desde el Angel de la Independencia hasta el Zócalo. En la misma hubo reproches al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Ya llevamos tres años (de este gobierno) y no sabemos el paradero de nuestros hijos, se ha logrado identificar a dos jóvenes [se refiere a Rodríguez y Guerrero de la Cruz] y van varias órdenes de aprehensión libradas contra algunos altos funcionarios que hicieron mal su trabajo. ¿Pero qué pasa con los demás jóvenes?, ¿dónde están?, ¿qué pasó con ellos?, ¿quiénes se los llevaron y por qué? Son preguntas que este gobierno no ha podido responder, por lo tanto seguimos en la incertidumbre y con el dolor insoportable que de nuestra alma a menudo pasa a nuestra mente”, señala el documento de los familiares leído por Hilda Leguideño e Hilda Hernández (La Jornada, 27/9).
También el domingo, marcharon 1.500 personas en Iguala, encabezadas por el Comité de Padres de Familia de los 43, donde las críticas hacia el presidente mexicano fueron aún más duras. “Que ya deje de estarse burlando de los 43 padres (…) y que se pongan a hacer algo porque le quedó grande el puesto” (ídem), dijo Bertha Nava, la mamá de Julio César Mondragón Fontes, quien fue asesinado esa noche de 2014. Simultáneamente, estudiantes de las normales rurales marcharon en varios estados y denunciaron tanto la falta de justicia como el recorte presupuestario sobre sus liceos.
Algunos familiares aseguran que las autoridades “vacilan” (ídem) cuando se les plantea investigar a las fuerzas armadas. La Fiscalía General, en tanto, se demora con las detenciones. Aún hay 40 órdenes de aprehensión pendientes, sobre un total de 89. Y 21 personas ligadas al caso murieron o fueron asesinadas (Página 12, 27/9). Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de la noche de Iguala, quien este año se convirtió en diputado por el oficialista Morena, reconoció en un reportaje con el diario argentino la escasez de avances.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede ir a fondo en la investigación debido a sus lazos con las fuerzas armadas, que mantienen intacto su poder. El mandatario de la nación azteca formó una fuerza de seguridad de 100 mil hombres, la Guardia Nacional, en base a la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal (una de sus tareas es reprimir la migración a los Estados Unidos). Dicha fuerza, inclusive, será transferida desde la órbita de la secretaría de Seguridad a la de Defensa. A la vez, en 2020 AMLO autorizó a las fuerzas armadas a participar en tareas de seguridad interior hasta 2024, pese a que están comprometidas en los crímenes de la así llamada “guerra contra el narcotráfico”.
De Ayotzinapa a Nochixtlán
En las vísperas del séptimo aniversario de las desapariciones de Ayotzinapa, hubo novedades en la investigación de otro de los hechos luctuosos del gobierno de Peña Nieto, la masacre de Nochixtlán. Ocurrió en 2016, cuando seis maestros que participaban de los piquetes de la CNTE (central sindical docente) contra una reforma educativa, en Oaxaca, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Dos mandos policiales acaban de ser detenidos, pero el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio advierte que la Fiscalía General de la República está tratando de cortar allí la cadena de responsabilidades, blindando al poder político, en el que incluyen, además del expresidente, al exgobernador Gabino Cué Monteagudo y al excomisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia, que ahora ocupa un cargo como fiscal general en Campeche (La Jornada, ídem).
El esclarecimiento de los hechos de Ayotzinapa y de Oaxaca dependen de la movilización popular y la organización independiente de los familiares de las víctimas, ya que el Estado no se va a condenar a sí mismo.
A los 43, en un nuevo aniversario de su desaparición, les decimos presente. Ahora y siempre.
Gustavo Montenegro
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