Desde la firma del Acuerdo de Paz, en septiembre de 2016, las cifras de asesinatos suman más de 1.100 líderes sociales y 252 exguerrilleros, aunque los números probablemente sean mayores, pues las muertes se entremezclan con decenas de secuestros, desapariciones y crímenes silenciosos que muchas veces no trascienden a la opinión pública. Estos números dejan una media de casi un asesinato político diario (contrainformación, 8/1).
Asesinatos políticos
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que monitorea la implementación del Acuerdo de Paz, contabiliza 73 asesinatos de excombatientes en 2020, luego de 2019, cuando ocurrieron 77 homicidios. Además de los asesinatos, la misión registró, el año pasado, 55 intentos de homicidios y 20 desapariciones. “Es preocupante que siga habiendo más de 1.000 solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación”, dice el informe.
En los primeros siete días de 2021, han sido asesinadas tres personas que se encontraban en proceso de ´reincorporación´ a la vida civil. Desde la firma del acuerdo, según cifras de la ONU, 25 excombatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección. El programa de “reinserción” ha servido para masacrar a los excombatientes. Los asesinatos son perpetrados por “sicarios paramilitares vinculados a terratenientes, políticos de la derecha o narcotraficantes” (lavanguardia, 5/1).
En otro informe, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), se señala, además, que “más de 300 líderes sociales fueron asesinados en el 2020, y que más de 90 masacres se perpetraron en el territorio nacional” (El País, 5/1). En total, cerca de 400 asesinatos políticos fueron cometidos en Colombia en 2020.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia asegura que, en 2020, más de 28.500 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido al incremento de la violencia derechista. Se han constatado 90 eventos de desplazamientos masivos en todo el país, fundamentalmente a causa de enfrentamientos de paramilitares, intimidaciones y asesinatos de líderes sociales. La situación más grave se vive en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba. El 85% de las personas que se movilizaron pertenecen a poblaciones afro e indígenas.
El mismo informe alerta que la situación ha empeorado considerablemente debido al impacto de la pandemia. “A la crisis humanitaria se sumó el impacto de la covid-19 y las demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud” (caraotadigital, 8/1).
Emiliano Monge
11/01/2021
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