Primeras demandas en Miami a través de la Ley Helms-Burton

Las querellas serán interpuestas a la compañía de cruceros Carnival por dos familias que reclaman propiedades en las instalaciones de los puertos de La Habana y Santiago de Cuba

Este jueves a las 9:00 de la mañana Javier García Bengoechea cumplirá un viejo sueño: iniciar una demanda jurídica por la indemnización de las propiedades familiares confiscadas por la Revolución Cubana en 1960, algo que ha esperado hacer desde que en 1996 fue aprobada la Ley Helms-Burton.
Bengoechea reclama la propiedad del puerto de Santiago de Cuba y pretende pedir una compensación a la línea de crucero Carnival por el uso de las instalaciones de ese puerto en su circuito turístico por el Caribe.
Pero esta no será la única demanda, explica el abogado Nicolás Gutiérrez, que está coordinando los casos, ya que Carnival también será querellada por la familia de Michael Behn, originaria de Kentucky, y que reclama el edificio del muelle Sierra Maestra, frente a la Lonja del Comercio de La Habana, donde atracan los barcos de la empresa estadounidense, el cual perteneció a la antigua Havana Docks Corporation de los Behn.
Ambas instalaciones, aunque se encuentran bajo administración del gobierno cubano, prestan servicios a Carnival y, por ende, la compañía de cruceros puede ser demandada de acuerdo con el recientemente puesto en vigor Título III de la Helms-Burton.
Este acápite había estado suspendido desde 1996, a causa de una demanda entablada por la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio y un posterior acuerdo político de Washington con la Unión Europea. Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió levantar la veda y permitir que se entablen demandas en tribunales estadounidenses contra empresas extranjeras que “trafican” con propiedades nacionalizadas por el gobierno revolucionario.
Gutiérrez calcula el valor de las propiedades en varios millones de dólares, pero la cifra definitiva será definida por el juez que atienda el caso. Se espera que una demanda de esta naturaleza, sin antecedentes jurídicos, se arrastre por más de una década ya que, según fuentes de la naviera, será fuertemente contestada.
“La primera de todas [las demandas] es la que va a definir las cosas. Es difícil pero no imposible”, explicó a OnCuba el académico Jaime Suchlicki, momentos antes de que el asesor Nacional de Seguridad, John Bolton, anunciara días atrás en Miami que la administración Trump no renovaría la suspensión del Título III.

Un proceso muy lento

Cuando a fines del año pasado se comenzó a hablar de la posibilidad del levantamiento del Título III, muchos analistas anticiparon que los tribunales estadounidenses serian inundados con querellas, teniendo en cuenta que el Gobierno Federal ha certificado 5,913 reclamaciones de las 8,821 presentadas desde 1960, con un valor global de 8,500 millones de dólares sin contar los intereses acumulados de 6% anuales.
Esta cifra incluye apenas aquellas propiedades nacionalizadas cuyos dueños eran ciudadanos estadounidenses al momento de la intervención. La implementación plena de la Ley Helms-Burton abrió la puerta a una cantidad aún por establecer de reclamantes que no eran ciudadanos estadounidenses cuando las perdieron.
Economistas cubano-americanos sitúan esa cifra en 200,000 reclamaciones. Pero Gutiérrez no cree que llegue a tanto.
“Pese a las advertencias de un inminente colapso del sistema judicial estadounidense al ser hundido por centenares de miles de demandas por cubano-americanos, realmente las cifras actuales andan alrededor de unas docenas o centenares precisamente por los requisitos que la ley establece”, explica el abogado en un documento que entregó este lunes a la prensa en preparación del inicio del proceso.
Aunque muchos en la comunidad cubano-americana puedan pensar que hallaron El Dorado gracias a la administración Trump, lo cierto es que la Helms-Burton establece algunas condiciones muy estrictas para que una demanda sea válida. Por ejemplo, las residencias que encuentran habitadas quedan fuera, o sea, la Ley no servirá para sacar a nadie en la Isla de la casa en que vive.
Por otro lado, el reclamante debe probar que es el dueño legal de la propiedad reclamada, que la adquirió siendo un ciudadano estadounidense antes de la promulgación de la Ley el 12 de marzo de 1996, y deberá demostrar que la misma tiene un valor de mercado superior a los 50,000 dólares.
También quedan excluidas aquellas propiedades que se encuentran ocupadas por embajadas y legaciones diplomáticas u organizaciones internacionales.

Los altos costos

Un requisito que se anticipa, difícil de demostrar para un demandante cubano-americano, es identificar la empresa extranjera que ocupa esa propiedad y que, a su vez, tiene valores y propiedades sustanciales bajo jurisdicción de Estados Unidos. Y por último, están los costos. El reclamante tiene que tener en cuenta si posee fondos suficientes para enfrentar los gastos de un largo proceso judicial y se compensa en relación al valor de la propiedad.
Por una razón que no ha quedado clara, hace algunos años del gobierno estadounidense ha incrementado dramáticamente los costos legales de una demanda de este tipo. Si entablar una demanda normalmente en Florida cuesta 400 dólares, en este caso esa cantidad se dispara a 6,548 dólares, es decir, 16 veces más. Sin pena ni agravio. Y esto sin contar con los honorarios de los abogados.
Las demandas que Bengoechea y la familia Behn entregarán el jueves a un auxiliar del Secretario del Tribunal Federal del sur de Florida en Miami, serán las primeras. Ese día, se establece la fecha de la primera audiencia y qué juez escuchará los alegatos.
El lunes, una portavoz de Carnival no quiso anticipar a OnCuba cómo la empresa piensa actuar. “Vamos a esperar ser notificados [de la demanda]. Por ahora las operaciones siguen, los barcos siguen navegando”, dijo la fuente.
La semana pasada otro portavoz de otra firma de cruceros, Royal Caribbean, dijo al sitio Travel Agent Central, que sus buques siguen cumpliendo los itinerarios establecidos y que los pasajeros serán advertidos de alguna alteración.
Gutiérrez no ha revelado detalles de su demanda. De modo que no se sabe si pretende apenas una compensación para sus clientes o pide también la suspensión de los viajes, pues ambas cosas son diferentes.

Rui Ferreira
OnCuba