El 17 de diciembre se cumple el primer aniversario del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Lo hicieron al mismo tiempo en La Habana y Washington los Presidentes Raúl Castro y Barak Obama. Ambos admitieron que era apenas el primer paso en un proceso hacia el desmantelamiento de una política hostil que duraba ya más de medio siglo y cuyo fracaso reconoció el inquilino de la Casa Blanca.
Desde entonces se reabrieron las Embajadas respectivas, algunos altos funcionario han visitado La Habana, se han resuelto varias cuestiones menores o de relativa importancia y representantes de los dos Gobiernos han sostenido reuniones para discutir la abultada agenda de temas fundamentales, entre otros el bloqueo económico que sigue intacto, la continuada usurpación de territorio cubano en Guantánamo y los proyectos subversivos para socavar a la Revolución cubana que aún se mantienen. Mientras Washington no cambie radicalmente su política -eliminando completamente el bloqueo, devolviendo Guantánamo y poniendo fin a sus prácticas injerencistas- la relación diplomática “normal” sería una broma de mal gusto.
Hay un tema que, sin embargo, parece ser el favorito del lado norteamericano y al que han dedicado su atención varias de las más leídas publicaciones de ese país en semanas recientes. Se trata de las reclamaciones presentadas allá por pérdidas alegadamente sufridas por algunas corporaciones e individuos como consecuencia de las leyes nacionalizadoras cubanas de 1960.
El asunto tendría que ser discutido junto con las reclamaciones de Cuba por los daños y perjuicios causados por la guerra económica y las agresiones de medio siglo, que son incomparablemente mayores y afectan gravemente a toda la población de la isla. Hay un documento oficial, que fue secreto pero ya no lo es, reconociendo que el propósito de esa política era “hacer sufrir” al pueblo cubano, causándole “hambre y desesperación”. El texto, aprobado en la primavera de aquel año, es anterior a las nacionalizaciones cubanas y sus palabras corresponden literalmente con lo que la Convención de Ginebra define como “crimen de genocidio”.
Las leyes revolucionarias siempre incluyeron el derecho a una compensación justa a los antiguos propietarios. De ello se beneficiaron, sin excepción alguna, todas las empresas extranjeras que respetaron la soberanía cubana y se acogieron a nuestra legislación y han mantenido vínculos normales incluyendo negocios y nuevas inversiones. También lo hicieron por cierto, personas individuales residentes en Cuba que asumieron igual conducta.
Las empresas norteamericanas fueron las únicas que se autoexcluyeron porque su Gobierno lo impidió con su rechazo a la legislación cubana y la agresión económica contra la isla.
Hay un ángulo de la cuestión que los medios de Estados Unidos ignoran cuidadosamente. Hace mucho tiempo que quienes fueron expropiados en Cuba recibieron un tratamiento especial, privilegiado, que les permitió resarcirse de lo que supuestamente perdieron como consecuencia de las medidas revolucionarias. Desde 1964 y durante esa década y la siguiente allá modificaron regulaciones y adoptaron normas legislativas únicas, exclusivas para ese grupo, que le permitió compensar sus pérdidas mediante sustanciales reducciones a sus obligaciones tributarias. Beneficios semejantes no fueron concedidos a otros contribuyentes norteamericanos. Fue un trato excepcional comparable, en materia tributaria, al que dan a la emigración con la Ley de Ajuste Cubano y del que se valieron también individuos que en 1960 no habían adquirido aun la ciudadanía estadounidense pero recibieron también esas ventajas que ayudaron a levantar la leyenda de un exitoso empresariado cubanoamericano.
Quien nunca recibió compensación alguna es el pueblo cubano. El bloqueo ha sido y es no sólo el principal obstáculo al desarrollo de la isla sino también la mayor causa de sufrimientos para toda su población. Es una política genocida, el genocidio más prolongado de la Historia. Estados Unidos tiene la obligación de eliminarlo ya, inmediatamente y sin condiciones y si desea una relación con sus vecinos que merezca ser considerada “normal” deberá intentar resarcir a sus víctimas.
Ricardo Alarcón de Quesada
Punto Final
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