El último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el 55% por ciento de la población argentina es pobre. La indigencia también llegó a niveles récord: 20,3%, lo que significa que una de cada cinco personas no llega ni al mínimo de los ingresos para poder costear una canasta alimentaria. Son los niveles más altos de los últimos 20 años y el doble del pico al que llegó el gobierno de Carlos Menem.
Estos datos corresponden al primer trimestre del año, por lo que se corresponde con el impacto del programa económico de Javier Milei, el cuál se encuentra protagonizado por un brutal ajuste fiscal, congelamiento de salarios, recesión, despidos masivos, desregulación económica y devaluación.
El informe confirma que más del 44% de los trabajadores residen en hogares pobres lo que significa que los salarios no alcanzan ni para reproducir el costo de vida mínimo. Esto es producto de la política de congelamiento salarial que el gobierno aplica, por ejemplo no homologando las paritarias por encima de la inflación, haciendo caer estrepitosamente el poder adquisitivo de los trabajadores.
Esto tiene su correlato en la enorme caída del consumo, lo que lógicamente hace descender los niveles de inflación por el derrumbe de la demanda. En un acto profundamente canallezco, el gobierno se jacta de esta situación para justificar el programa económico que continúa empobreciendo cada vez más a la población.
En paralelo persigue política y judicialmente a las organizaciones sociales y piqueteras, como el Polo Obrero, que le dan un plato de comida a los más vulnerables y luchan contra el hambre y la miseria a la que se ven sometidos los sectores más postergados por las políticas oficiales, las cuales incluyen el recorte total de los alimentos a los comedores y el ajuste en la asistencia social de miles de familias pobres.
Sucede que la crisis social promete profundizarse. El enorme incremento del endeudamiento, el rojo en las reservas, las presiones devaluatorias y la caída de la recaudación producto de la recesión ponen en jaque las expectativas económicas del Ejecutivo, lo que presiona para profundizar el ataque contra los trabajadores y que sigan siendo éstos los que paguen la crisis.
Vale destacar que el ajuste, la pérdida de los puestos de trabajo y el congelamiento salarial pasa gracias a la complicidad de la burocracia sindical, puntualmente de las centrales sindicales y de los movimientos sociales cooptados por el Estado. Sin embargo, la situación es tan límite que ellos, que se vienen oponiendo a cualquier tipo de plan de lucha, tuvieron que convocar una movilización para este 7 de agosto, lo que constituye una gran oportunidad para intervenir en pos de un reagrupamiento de fuerzas orientado a establecer una salida de los trabajadores.
En ese sentido, sindicatos combativos y organizaciones piqueteras movilizarán en una columna independiente contra este programa antipopular y antiobrero, contra la persecución, por la libertad de los detenidos durante la Ley Bases y por la huelga general para derrotar a Milei.
Camila García
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