Está recluida en un pabellón de presos comunes y duerme en una celda de 2x2 junto a otras personas. Sus “comodidades” se reducen a una cama y un mueble para sus pertenencias personales. Todo lo demás -celda, baño, cocina- es compartido con otras presas. “A los varones de esta causa los trataron mucho peor que a nosotras. Pero cuando recorres los pasillos porque te llevan a algún otro sector, ves ratas y cucarachas, no son condiciones dignas para ninguna persona”, denuncia Daniela sobre las condiciones cotidianas que se viven en Ezeiza. “No es ni parecido a las imágenes del lugar donde están presos los genocidas”, dice en alusión a las fotos de la comitiva de diputados oficialistas con Astiz y otros represores.
En la entrevista, Meyer comenta que Daniela Calarco tiene 39 años, es oriunda de Mar del Plata, ciudad en la cual comenzó su actividad política y hace 10 años pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar por el Cambio Social, del cual se ha convertido en una referente. Hace 4 años que vive en CABA, cuando fue contratada por el ex Ministerio de Desarrollo Social hasta que en marzo la despidieron. “(...)Trabajé en la secretaría de Economía Social donde éramos responsables de intermediar entre las organizaciones y el ministerio en todos los convenios que están tan cuestionados ahora, que se supone que todo era trucho y la plata se desviaba, pero nosotros hacíamos el acompañamiento para las rendiciones de cada peso, que las organizaciones compraran dentro de los marcos establecidos”, señala sobre el desempeño de su cargo en dicha secretaría.
Daniela y Roberto de la Cruz Gómez, son las únicas dos personas que siguen en prisión de los 33 detenidos en las jornadas del 12J. La carátula de la causa -que comenzó con acusaciones irrisorias sobre terrorismo y la organización de un presunto golpe de Estado- se ha ido desgranando. Actualmente, la causa está ordenada como “incendio en grado de tentativa”, “agravado” al tratarse de un bien público -por las bicicletas de la Ciudad que patrocina el Banco Macro- siendo esta la única justificación para que la causa permanezca en un juzgado federal. “Seguir detenida después de dos meses en un penal de máxima seguridad es ilegal. En otro contexto una persona acusada de lo mismo hubiera estado dos días en una comisaría y luego esperando el juicio en libertad”, denuncia Daniela.
Sus abogados se encuentran trabajando para conseguir su pronta libertad. Ella señala como un puntal fundamental el apoyo y las visitas que ha recibido de distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Detalla las dificultades que sufre en su día a día por el encierro, que recibe una vez por semana a su pareja y familiares y, otras dos veces, mediante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a distintas organizaciones. Marcando las distancias que existen con la comitiva liberticida que pudo ingresar cuanto quiso y fotografiarse sonriente con los genocidas recluidos, Daniela no cuenta con ningún tipo de beneficio ni comodidad dentro del penal. Comenta que logra informarse mediante una tele presente en el salón comedor, que solo cuenta con canales de aire, y con los diarios y periódicos impresos que las organizaciones y familiares le acercan en sus visitas.
La detuvo un policía vestido de civil, en plena vía pública, cuando las organizaciones se encontraban desconcentrando. Desde ese momento, comenzaron los maltratos, incluido el robo de pertenencias personales. “Nos pasamos 12 horas en una camioneta, estuvimos en Comodoro Py casi un día esposadas en la unidad de traslado, las familias y compañeros nos llevaron cosas que nunca llegaron a nuestras manos, ni comida, ni agua, ni nada. (...) En la comisaría de Chacarita nos tiraron en un pasillo 24 horas, sin agua en los baños.”
Daniela reivindica la movilización del 12J y denuncia que la represión es señal del ataque que significa para los derechos de los trabajadores la Ley Bases y todo el plan del tándem Milei-Caputo, apuntalado por el estado policial que busca imponer Patricia Bullrich.
El relato de Daniela es una muestra de las condiciones que busca imponer el gobierno contra los luchadores y todo aquel que se movilice contra la destrucción de sus condiciones de vida. Exigimos la inmediata libertad de Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez, así como el cierre de todas las causas contra los 33 compañeros detenidos en las jornadas del 12J. Libertad a todos los presos políticos, nulidad de todas las causas y la persecución contra las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Abajo el gobierno, arriba los que luchan.
Joaquín Antúnez
16/08/2024
No hay comentarios:
Publicar un comentario