La redolarización parcial: una mirada desde el mediano plazo

Por Para cualquier economía, sobre todo en el contexto de globalización actual, es un requerimiento lograr el equilibrio de sus finanzas externas como premisa fundamental para garantizar la sostenibilidad de los equilibrios macroeconómicos y, con ello, propiciar un ambiente microeconómico favorable para alcanzar las metas de desarrollo propuestas.
El caso de la economía cubana no es la excepción; el objetivo de garantizar la disponibilidad de divisas necesaria para satisfacer las demandas de los objetivos de corto, mediano y largo plazo de nuestra estrategia de desarrollo es fundamental. Nótese que me refiero al concepto de disponibilidad de divisas y no al incremento per se de los ingresos en divisas; la intención es inducir un enfoque más abarcador e integral, sobre todo a la hora de pensar y diseñar una estrategia de desarrollo económico, político y social.
La disponibilidad de divisas incluye, por un lado, a los ingresos derivados de las exportaciones, de la inversión extranjera y de las diversas modalidades de financiamientos externos; por el otro, contempla a los egresos, es decir, los gastos por importaciones y los pagos de los compromisos financieros adquiridos a partir de endeudamientos de periodos anteriores.
La estrategia dirigida a incrementar la disponibilidad de divisas es sostenible y coherente desde la perspectiva del desarrollo, si los ingresos en divisas impactan de manera positiva en la disminución relativa de los egresos y se genera una interrelación proactiva entre ambos.
Esto quiere decir: a) que los sectores exportadores arrastren y contagien con su dinamismo al resto de los actores económicos; b) que la inversión extranjera contribuya a la transformación estructural de la economía y no a consolidar y perpetuar las deformaciones que se quieren modificar; y c) que los financiamientos externos garanticen sostenibilidad y holgura financiera futura a partir de propiciar procesos inversionistas y productivos eficientes y efectivos.
No basta con la convocatoria a reforzar la vocación exportadora y desterrar la mentalidad importadora; deben implementarse las transformaciones estructurales que propicien que los diseños operativos para el funcionamiento y la gestión del modelo económico garanticen la coherencia entre las señales e incentivos que estos generan y los propósitos de tales convocatorias.
Es esencial que el fundamento de la estrategia de transformación estructural y desarrollo mantenga un enfoque integrador que contemple a la economía nacional como un sistema único de interrelaciones productivas. Este enfoque y su consolidación generarían, en el mediano plazo, un círculo virtuoso con aportes muy importantes para la estimulación de las fuerzas productivas y la consolidación de encadenamientos generadores de una mayor integración del tejido productivo nacional que propicie una inserción internacional sostenible desde el punto de vista político, social, económico y medioambiental.
La dolarización parcial de la economía, implementada a través de la dualidad monetaria, cambiaria, la sobrevaloración de la tasa oficial y los mecanismos de segmentación asociados, no apuntan hacia esa dirección, más bien trasforma este círculo virtuoso en uno vicioso.
La experiencia de las últimas tres décadas nos ha demostrado que sus aparentes beneficios de corto plazo no compensan sus costos en el mediano y largo plazo. El sistema económico dual implementado ha sido la causa fundamental de diversas y profundas distorsiones, que a pesar de intenciones consensuadas y grandes esfuerzos no hemos podido eliminar.
Tal situación es una de las cuestiones más negativas que hoy gravitan sobre la economía cubana, cuya persistencia impacta como un campo magnético que disloca la brújula utilizada para diseñar la secuencialidad e integralidad requeridas para encontrar un camino de implementación efectivo y ágil que permita concretar el proceso de trasformaciones demandado y consensuado para nuestro modelo económico.
Lo anterior se reconoce en el Informe Central al VII Congreso del PCC presentado por el primer secretario de su Comité Central, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, cuando afirmaba que:
«la muestra más elocuente de la complejidad del proceso de implementación radica en la dualidad monetaria y cambiaria (…) aunque no representa la solución mágica a las distorsiones estructurales de la economía, [la unificación monetaria] significará un impulso fundamental para avanzar en el resto de las tareas de la actualización de nuestro modelo económico».
El pasado 16 de julio, siguiendo esta misma línea, el presidente de la nación, Miguel Díaz-Canel manifestaba:
«…cuando la implementemos —refiriéndose a la unificación monetaria— se eliminará casi la totalidad de las trabas que hoy tenemos para el desarrollo de las fuerzas productivas».
Sin embargo, dentro de las medidas anunciadas con mayor definición para su implementación, precisamente el pasado 16 de julio, se destacan aquellas que profundizan el proceso de redolarización parcial de la economía iniciado en el mes de noviembre del pasado año. Estas son: la ampliación de las ventas minoristas en dólares, la creación de mercados mayoristas en esa moneda, la proliferación de cadenas productivas «hechas a mano» y que se fundamentan en lo que se conoce como esquemas cerrados de divisas, acceso directo a la exportación e importación de las formas no estatales siempre y cuando operen con divisas propias, el resurgimiento y consolidación de Finatur como entidad financiera bancaria cuyo propósito es realizar préstamos en dólares con el objetivo de cerrar ciclos productivos, la creación de espacios monetarios especiales para la inversión extrajera y, en particular, para la Zona Especial de Desarrollo y aquellas entidades que se relacionen con estas; entre otras.
La profundización de la segmentación monetaria y cambiaria en los procesos productivos y de gestión, conspira contra el enfoque sistémico del modelo, contribuye a la proliferación de los marcos paralelos de gestión y, con ello, a la diversidad de estancos y de reglas discrecionales, profundizando la diferenciación entre formas de gestión y formas de propiedad. Lo anterior imposibilita el uso y desarrollo de los instrumentos indirectos de regulación económica, y no permite la necesaria corrección del concepto de planificación financiera. Ya hemos señalado en ocasiones anteriores la interrelación existente entre los componentes del sistema de dirección; la planificación no puede estar desconectada de la regulación, la gestión y el control.
Se mantiene el reconocimiento de que el marco de gestión general no es conveniente, pero se posterga su transformación, lo que propicia que la mayor parte de la propiedad social y con ello los medios fundamentales de producción a ella asociados se gestionen dentro de condiciones desfavorables.
No avanzar, más bien retroceder, en el proceso de ordenamiento del entorno monetario cubano no permite la restauración del contenido económico de las categorías monetarias y financieras, mantiene y profundiza la operatoria disfuncional del mercado, distorsiona los incentivos y señales provenientes de este que sirven de referencia para la toma de decisiones microeconómicas y que, a su vez, permiten su adecuada regulación desde la perspectiva macroeconómica. En tales condiciones, la reclamada autonomía empresarial no será efectiva, avanzar hacia la descentralización es una aventura riesgosa y resulta muy difícil concretar la aspiración de sustraerle a la planificación el proceso de asignación centralizada de recursos.
Un sistema de incentivos coherente es fundamental para motivar la participación activa e innovadora de la fuerza de trabajo, es decir, para eliminar las trabas que hoy enfrentan las fuerzas productivas.
Desde esta perspectiva, la dolarización parcial es incluso más negativa que la dolarización total; la primera erosiona la funcionalidad de la moneda nacional como equivalente universal, creando dificultades y muchas veces impidiendo el surgimiento natural de los encadenamientos productivos necesarios para potenciar a la demanda interna como elemento dinamizador de la actividad económica nacional.
Por un problema de principios no podemos optar por la dolarización total; la opción es fortalecer a nuestra moneda nacional, proporcionarle mayor poder adquisitivo e incrementar la capacidad de compra de los diversos actores económicos, sin que ello constituya por definición una fuente generadora de desequilibrio para la economía.
Transformar sin resolver una cuestión transversal como el ordenamiento de nuestro entorno monetario le restaría sostenibilidad a todo lo que se haga. La implementación de la unificación monetaria y cambiaria modificaría muchos de los parámetros y reglas de la economía, y con ello el impacto y alcance de las medidas diseñadas e implementadas en las condiciones actuales, que son las atípicas. Los marcos paralelos de gestión en los que se fundamentan las nuevas medidas deberán desmontarse para dar paso al nuevo marco general que restablezca y consolide el enfoque sistémico de la operatoria económica de la nación.
Si no se resuelve la distorsión asociada a la dualidad cambiaria, y la exagerada sobrevaluación de la tasa oficial, no se garantizará la efectividad desde una perspectiva integral del resto de las medidas, incluso del paquete en su conjunto.
Dentro de este proceso de redolarización parcial la mayor atención ha recaído en la reaparición y gradual ampliación de una franja del comercio minorista que opera en divisas. Es natural, está vinculado en forma directa a la vida cotidiana de la población, en medio de la situación excepcional que atravesamos.
En este marco, su inmediata implementación responde al objetivo de recaudar divisas, lo cual es necesario y válido en cualquier situación; la excepcionalidad del momento lo hace más necesario y urgente.
No obstante, una vez más resulta conveniente para el análisis diferenciar entre el objetivo que se persigue con una medida y la manera en que se implementa, recordando aquello que reza que no siempre el fin justifica los medios. Es decir, en la actual coyuntura recaudar divisas es una necesidad; sin embargo, recurrir a la redolarización parcial para lograrlo no es lo más aconsejable.
Cabría preguntarse qué factor es el que en realidad estimula un incremento de la entrada de divisas y a su vez garantiza una efectiva y eficaz recaudación por parte de las autoridades gubernamentales: la moneda en que se precien los bienes y servicios ofertados, en este caso de gama alta, o su incremento y diversificación garantizando sostenibilidad y adecuación a las expectativas de consumo de los individuos y los procesos de reproducción ampliada de los negocios privados.
Estoy convencido que es lo segundo, entonces, por qué preciar en dólares y no en moneda nacional sería la pregunta clave.
Para cualquier variante —preciar en dólares o en moneda nacional—, es fundamental que los niveles de precios que se establezcan, al tiempo que estimulen la recaudación de divisas —discriminar el segmento de consumidores a favor de los tenedores de divisas—, sean competitivos respecto a los mercados de países cercanos. Esto tributaría al objetivo de desestimular las salidas de las remesas y las conocidas importaciones personales que movilizan a la segunda economía, aunque por el momento, debido a los efectos de la pandemia, existen barreras temporales que impiden la interconexión de estos mercados internacionales con el doméstico.
Es conveniente recordar que no siempre con precios unitarios más elevados se logran ingresos totales mayores. Lo importante es lograr el precio de equilibrio que optimice las posibilidades de recaudación de divisas.
Para lograr el objetivo de una mayor recaudación de divisas es posible utilizar, en cualquiera de las dos variantes, una combinación de precios y tipo de cambio. Por lo pronto, en la variante implementada —preciar en dólares—, se ha optado por retirarle la convertibilidad interna a la moneda nacional, lo que equivale a establecer un tipo de cambio en extremo alto, es decir, establecer un precio para la compra de dólares inaccesible. En la variante de preciar en pesos convertibles, el tipo de cambio a utilizar sería el que relaciona al peso convertible con el peso cubano.
No obstante, mover los tipos de cambios debería considerarse como una medida de última instancia.
Establecer los precios de las nuevas ofertas de bienes y servicios en pesos convertibles propiciaría que la moneda demandada sea la nacional, lo que evitaría su depreciación en los mercados informales. Se crearía un escenario donde se incrementa la oferta de dólares en busca de la moneda nacional para acceder a las nuevas ofertas de bienes y servicios, lo que fortalecería las funciones de medio de pago y unidad de cuenta de la moneda nacional.
Preciar en dólares, lo que se hizo, incrementó la demanda de dólares, en momentos donde hay una contracción de su oferta, trayendo como resultado la apreciación de la divisa frente a la moneda nacional en los mercados informales.
Si la opción hubiera sido preciar en la moneda nacional, se mantendría e incluso se reforzaría el equilibrio logrado en el mercado monetario de la población durante más de veinte años.
Aunque algunos o muchos lo duden ha existido un equilibrio y, además, el funcionamiento de ese mercado ha sido una evidencia de que con buenas prácticas, los mercados en el socialismo se pueden regular e intervenir desde el gobierno en función de sus intereses.
Tal afirmación se basa en las siguientes evidencias: mantenimiento de una tasa de cambio fijo por muchos años, esa tasa de cambio ha sido la referencia para la operatoria del mercado informal, y los ahorros de la población se concentran en las monedas nacionales, sobre todo cuando estos se hacen a plazo fijo —lo cual refleja confianza—, cuestión que en términos de dinero no se logra por decreto. Esto no es cualquier cosa. Todo lo anterior fue posible a pesar de coexistir en un entorno donde la política de precios diseñada para las TRD fomentó la posibilidad de arbitraje a partir de las llamadas importaciones personales.
Haber preciado en dólares ha roto este equilibrio: la moneda nacional se ha devaluado, se le ha tenido que limitar su convertibilidad, todo lo cual no solo restringió su funcionalidad como medio de pago —ya no es válida en todo el segmento minorista nacional— sino que también provocó el deterioro de sus capacidades como unidad de cuenta y reserva de valor.
Muchos pensarán que al preciar en moneda nacional se le daría acceso a una demanda efectiva no respaldada en divisas, lo cual operaría en detrimento de la recaudación en dólares, objetivo de la medida, y generaría costos financieros adicionales para el país. Es posible que desde un enfoque muy pragmático y de corto plazo así sea; pero la economía y la política no son cuestión de corto plazo.
No se puede olvidar que la moneda nacional está respaldada por trabajo pretérito, presente y por el estímulo que sea capaz de generar en el trabajo futuro; y también por divisas que entraron y se recaudaron en su momento. Desde esta perspectiva más que un costo sería una inversión. El dinero emitido por el Estado es un pasivo de este, es decir, un compromiso; por tanto, la preservación de su poder adquisitivo es uno de los objetivos fundamentales que debe encauzar las políticas públicas, sobre todo en el socialismo.
Otro factor a considerar es que los altos precios de esas ofertas de bienes y servicios de gama alta o el bajo poder adquisitivo de los salarios para operar en estos mercados, limitarían el mencionado costo adicional, es decir, el monto de la inversión destinada al incremento y diversificación de la oferta. Dicho monto se reduciría aún más con el gradual incremento de las ofertas de productos de primera necesidad o gama económica en los mercados que hoy operan en moneda nacional, uno de los objetivos redistributivos de la medida.
Cifrar la meta en los mercados donde acude la mayor parte de la población da valor y estimula al trabajo que, como se ha repetido en muchas ocasiones, es la verdadera fuente que nos asegurará desarrollo, soberanía y prosperidad, cuestiones básicas para la sostenibilidad de nuestro socialismo, lo que se corresponde con la prédica martiana cuando afirmaba:
«solo perdura y es para bien, la riqueza que se crea, y la libertad que se conquista con las propias manos».
El enfoque de preciar en la moneda nacional está mucho más alineado con los objetivos recogidos en los documentos rectores en relación con avanzar en el ordenamiento monetario como objetivo general, y lograr la unificación monetaria y cambiaria como objetivo específico.
Nada de lo dicho con anterioridad se contrapone al uso de las tarjetas y a la profundización del proceso de bancarización de las finanzas de la población. Incluso, la operatoria cambiaria y de recaudación de divisas se realizaría por instituciones bancarias y financieras, especializadas en estas actividades por naturaleza propia, y el Banco Central de Cuba ejercería las funciones que le corresponden como organismo rector de la política monetaria y cambiaria del país.
En el diseño implementado todo pasa por un grupo empresarial cuyas funciones y objetivos no garantizan que el proceso sea conceptualizado con una perspectiva macroeconómica de alcance integral y coherente.
En tal sentido, el diseño basado en establecer los precios en moneda nacional también estaría más acorde con el proceso de institucionalización necesario para la trasformación de nuestro sistema de dirección y con las reformas de carácter estructural requeridas para la actualización del modelo económico, fomentando la adecuada distinción entre las funciones empresariales y las que se corresponden con el objeto social de los Organismos de la Administración Central del Estado.
En relación con las ilegalidades, al menos se mitigarían aquellas que son incentivadas por la presencia de un dólar revalorizado en los mercados informales. El resto de las ilegalidades, derivadas de otras distorsiones económicas, deben combatirse en el corto plazo con medidas organizativas, la participación popular exaltando los valores éticos que deben caracterizar a nuestra sociedad, así como con el enfrentamiento decidido y resuelto de las autoridades, de acuerdo con lo establecido en la ley.
En el mediano y largo plazos tiene que concretarse el incremento efectivo de la oferta a partir del aumento de la productividad del trabajo, lo que constituye la solución definitiva que aportará la sostenibilidad necesaria para validar los resultados que se pretenden alcanzar en esta dirección.
El incremento de la oferta a través del aumento de la recaudación de divisas y los mecanismos redistributivos que la multipliquen y permitan extenderla hacia los mercados de bienes de primera necesidad y de línea económica, también brindará una importante contribución, pero lo fundamental debe provenir de nuestra capacidad productiva, para lo cual la dolarización parcial es un obstáculo en el mediano y largo plazos.
La coyuntura es de escasez y restricciones, no solo en Cuba, sino a escala mundial, al margen de los modelos económicos prevalecientes en cada caso específico. A diferencia de otras latitudes, en nuestro país optamos por métodos menos economicistas para enfrentar la escasez en el corto plazo; no apelamos a ajustes vía precios, y sí a repartir lo que tenemos entre todos de la manera más equitativa posible. Esta opción requiere de mecanismos redistributivos cada vez más eficientes y efectivos y de equilibrios sociales fundamentados en la unidad, la solidaridad y la cooperación.
Por supuesto, esta opción de repartir entre todos lo que tenemos no deja de ser un reto que exige de mucha innovación para alcanzar los objetivos propuestos, pero vale la pena aceptarlo, a sabiendas de que el esfuerzo que demanda este empeño exige la participación de todos.
No vale mirar los toros desde la barrera y muchos menos utilizar la teoría para manipular realidades muy concretas.
Estas cuestiones son poco ortodoxas para aquellos que difunden, comparten y absolutizan enfoques economicistas, que no sitúan al ser humano y a la sociedad en el lugar que les corresponde y, en consecuencia, no reconocen que la fortaleza de una nación más que en sus riquezas materiales, estriba en la solidez de sus valores éticos.
Lo anterior no significa desconocer nuestra deuda con la productividad del trabajo y mucho menos subestima la importancia de cancelarla con la mayor celeridad posible. En este sentido, apostar por las monedas nacionales también es lo más conveniente.
Advierto que, para valorar en forma adecuada nuestras escaseces y restricciones, de vez en cuando debemos mirar más allá de nuestra frontera y reflexionar sobre lo que sucede en otros lares. Vale recordar que, por lo general, nadie aprecia en su justa medida lo que tiene hasta que lo pierde. Seguro estoy que esa mirada nos compulsaría a actuar con mayor celeridad en la concreción de las transformaciones estructurales económicas, políticas y sociales consensuadas y a defender lo conquistado con mayor compromiso.
En una ocasión escuché a Eusebio Leal afirmar que «el reto de Cuba es buscar el camino que no existe y salir adelante».
Mientras hacia los apuntes para este artículo, lastimosamente en ocasión de su fallecimiento volví a oír esta frase en la retransmisión de una entrevista que le realizara la agencia informativa Russia Today. Reflexionemos todos sobre el alcance, profundidad y vigencia de estas palabras y tratemos de llevarlas a la práctica.
Alrededor de la decisión de crear y ampliar un segmento del mercado minorista para consumidores de altos ingresos, que por decisión opere en divisas, se ha desatado una fuerte polémica sobre el surgimiento y profundización de las desigualdades en nuestra sociedad.
Está claro que la decisión no es la causa de origen, pero sí favorece la manifestación más clara de las desigualdades.
Lo anterior puede traducirse en una ventaja, ya que permite diseñar mecanismos de recaudación más efectivos y procesos redistributivos que permitan la implementación de medidas compensatorias más adecuadas a la heterogeneidad que distingue al tejido social de la sociedad cubana contemporánea.
Contribuye a la polémica, entre otras razones, el hecho de que buena parte del surtido de la oferta en divisas se corresponde con lo que antes se comercializaba en pesos convertibles en las cadenas de tiendas de CIMEX y TRD, incluso con productos considerados por la población como de línea económica o primera necesidad; y el desabastecimiento en los mercados que ahora operan en moneda nacional. En adición, la decisión también implica una segmentación en cuanto a logística y condiciones de infraestructura, quedando asociadas las menos funcionales a las monedas nacionales.
También es cierto que en el debate actual sobre la realidad cubana, este ha sido de los temas más manipulados con el objetivo de crear descontento popular y restar base de apoyo al proceso revolucionario en la coyuntura económica, política y social que vive el país; de ahí la importancia de su abordaje no solo desde posiciones económicas, sino también políticas, sin ingenuidad y con compromiso.
Una de las causas fundamentales que origina tales desigualdades está muy relacionada con el bajo poder adquisitivo de la mayoría de los salarios del sector estatal, en comparación con el poder adquisitivo que ostentan los flujos financieros asociados a las remesas y los ingresos que se reciben en el sector no estatal de la economía, donde también existen sus desigualdades en dependencia del rol que se desempeñe. Cabe apuntar que en el sector estatal laboran las dos terceras partes de los ocupados en la economía, y su funcionamiento demanda como regla general la fuerza de trabajo más competente y calificada. Con esta situación convivimos por más de veinte años y no la hemos resuelto.
Estas desigualdades sociales no pueden ser subestimadas, mucho menos explicadas y justificadas a partir del manejo de los conceptos de igualdad y equidad consensuados en los documentos rectores.
Los ingresos vinculados a las remesas no provienen exactamente del trabajo creador forjado con nuestras manos, y el mayor poder adquisitivo de los ingresos del sector no estatal no se debe por lo general a una mayor aportación de trabajo, sino a las distorsiones presentes en nuestro sistema económico, y en particular en su entorno monetario.
Desde una mirada rápida, podría sugerirse como solución radical volver a la etapa donde las remesas estaban prohibidas, y eliminar el sector no estatal. En estos tiempos la mayoría de los cubanos, incluso cada uno con sus matices, reconocería que tal solución constituiría un colosal absurdo.
No podemos renunciar a los flujos de remesas por cuestiones económicas y humanas. Los que estudian el tema aseguran que los recursos financieros que se mueven por esa vía superan los 3.000 millones de dólares al año. La práctica ha demostrado que las prohibiciones en este campo son inefectivas y promueven las ilegalidades. Detrás de esos flujos monetarios hay expresiones afectivas, y lazos familiares que tampoco pueden ser desconocidos.
La opción es estimular estos flujos de divisas y diseñar los mecanismos que permitan, de manera eficiente y efectiva, su recaudación e incorporación a los procesos redistributivos enfocados a garantizar la reproducción socialista de nuestro modelo económico.
El sector no estatal está llamado a jugar un papel importante en la trasformación de nuestro modelo económico y en la estrategia encaminada a destrabar nuestras fuerzas productivas con el objetivo de acelerar y concretar nuestras aspiraciones de desarrollo. Más que eliminarlo y restringirlo, debemos institucionalizarlo, creando las condiciones que permitan mitigar aquellas situaciones que favorecen la precariedad, discriminación e inseguridad laboral y en consecuencia potencian la explotación del hombre por el hombre.
El problema a resolver es el bajo poder adquisitivo de los salarios que se pagan en el sector estatal. El camino para encontrar la posible solución y en el que debemos concentrar nuestros esfuerzos es la aceleración y profundización de las reformas estructurales concebidas en el proceso de actualización, garantizando la secuencialidad e integralidad idónea.
La dolarización parcial tampoco es la causa que origina las desigualdades sociales que tanto irritan a nuestra población, pero sí las consolida y profundiza; representa un obstáculo que frena o esteriliza los esfuerzos que se realizan para mitigarlas y crear las condiciones que posibiliten que las desigualdades o diferencias sociales estén fundamentadas por la cantidad y calidad de trabajo aportado a la sociedad.
En tal sentido, en el Informe Central al VII Congreso del PCC, presentado por el primer secretario de su Comité Central, General de Ejército Raúl Castro Ruz, se afirmaba: «El ordenamiento monetario del país facilitará crear las condiciones requeridas para superar los nocivos efectos del igualitarismo y hacer realidad el principio socialista que expresa `de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo´. Con ello será posible rectificar el fenómeno de la llamada `pirámide invertida´ que no permite retribuir de manera justa el trabajo en función de su cantidad, calidad y complejidad y que el nivel de vida se corresponda con los ingresos legales de los ciudadanos, generando desmotivación de la fuerza laboral y también en los cuadros, lo cual desestimula su promoción a mayores responsabilidades.»
Es evidente que apelar a la redolarización parcial de nuestro economía —y aquí ya no solo me refiero a su circuito minorista— y a los mecanismos que la conforman: segmentación, diversidad monetaria y cambiaria, mantenimiento de la sobrevaloración de la tasa de cambio oficial y proliferación de marcos o entornos paralelos con mecanismos de gestión diferenciado, apunta en dirección opuesta a lo consensuado en los documentos rectores.
Este giro inesperado cuando resta menos de un año para que venza el plazo fijado por los lineamientos vigentes hasta 2021, donde se estableció como prioridad «concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria», demanda de una mayor argumentación en cuanto a su necesidad, temporalidad y posibilidades e impactos de su reversibilidad.

Carlos Pérez Soto | 29/08/2020
La Tizza