Agricultura: Decretos para el insomnio

La seguridad alimentaria en Cuba es uno de esos temas que atraviesa a toda la sociedad, en todos sus escenarios, desde las más encumbradas y diligentes academias, pasando por decenas de resultados de investigación engavetados, hasta esos momentos del día, tensos para muchos, en que llegan las horas de las comidas.
Durante años se han enumerado los mismos problemas del modelo agrícola cubano y los intentos de soluciones, a las que las autoridades recurren una y otra vez a pesar de los evidentes fallos. Para ser un asunto de seguridad nacional, como ha sido reconocido en incontables ocasiones, resulta inexplicable en Cuba la ausencia de acciones sistémicas y consecuentes no solo con el proyecto socialista que se plantea como meta, sino con la vida cotidiana de su gente.
El profesor cubano Armando Nova, especializado durante años en este sector agroalimentario, vive consciente de esta compleja situación. Se trata, explica durante nuestra entrevista, del espacio institucional en el que más medidas y transformaciones se han llevado a cabo durante el proceso de actualización del modelo económico del país. “Hasta donde recuerdo han sido más de 22, y siguen incorporándose otras nuevas. Por lo tanto, surge la interrogante: Si es donde más transformaciones se realizan, ¿entonces por qué no se incrementan los resultados productivos?”

Centralización, un paso adelante y dos atrás

Entre los obstáculos que crecen y se fortalecen en los procesos productivos agrícolas, el profesor Nova menciona los niveles de centralización que atraviesan cada etapa. En un artículo previo, “Agricultura cubana entre autonomía y centralización”, Nova escribe: “En el sector agropecuario cubano se observa un resurgir del aumento de la centralización y reducción de la autonomía, en particular de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y de Producción Agropecuaria (CPA), así como una disminución del papel y desempeño de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)”.
Se refiere a lo concretado en el Decreto No. 355, emitido el pasado 17 de abril. La norma legal es el resultado de un experimento que comenzó en enero de 2016, cuando el periódico Tribuna de La Habana anunció la ampliación de la red de Mercados Agropecuarios Estatales en La Habana, abastecidos por las empresas agropecuarias de Artemisa y Mayabeque y regidos por un listado oficial de precios con un tope máximo. La acción de establecer precios máximos no era nueva en ese momento, y no lo es ahora.
En este nuevo decreto se establece: “Del cumplimiento del compromiso con las instituciones estatales. La comercialización de forma liberada de productos agropecuarios se ejecuta después de cumplidos los compromisos de entrega a las instituciones estatales en la cantidad, calidad, surtidos y en el período establecidos, de acuerdo con lo previsto en los contratos suscritos”.
Lo que no se regula en el documento, tal y como señala el profesor Nova, es el monto de los encargos estatales contratados. En un texto publicado en el diario Granma, donde se analiza específicamente el tema de la contratación de las producciones agropecuarias, se explica que al no existir un diálogo entre los productores y los representantes del estado podría suceder que “el compromiso que se asuma sea inferior a lo que verdaderamente se puede producir. Si no se comprueba lo que sucede en la base, es probable que un volumen poco despreciable de alimentos se desvíe del curso establecido y vaya a parar a las manos de quienes juegan con los precios y con el bolsillo ajeno”.
Por una parte, se asume que el Estado debe contratar la mayor parte de las producciones, dejando un margen estrecho para la participación del productor en el mercado de oferta y demanda —donde suelen obtener mejores precios y no quedan atrapados en cadenas de impagos de larga espera—, y por otra queda en el trasfondo la idea de que la limitada oferta con relación a la demanda (y con ella la especulación) se debe solamente al “desvío” de alimentos hacia el mercado libre o el subterráneo y no, también, a los bajos niveles de productividad y/o al desestímulo de las fuerzas productivas.
Actualmente se desconoce, porque no lo aclara la nueva regulación, los montos de los compromisos de los productores de Artemisa y Mayabeque con el Estado. Para Nova con el inicio de aquel experimento se habían dado algunos pasos hacia la descentralización, al menos en la fase de comercialización, pero “retornar a niveles elevados o cercanos a 75-80 por ciento o más (encargo estatal), para canalizar las ventas minoristas por las vías o formas estatales, como se ha mencionado, es un camino ya recorrido, sin resultados apropiados”, escribió.
Ahora explica que “cuando las fuerzas productivas están detenidas, tienes que analizar qué es lo que está pasando en las relaciones de producción, y detrás de eso ves que hay un problema en las formas de propiedad”. El tema de la propiedad, dice, es que no se realiza. Eso quiere decir que no se trata de que se entregue el título de propiedad o no, sino de la autonomía para disponer de ella sin obviar los aspectos sociales.
Estos pasos de retorno a la centralización excesiva se han hecho notar también en otro Decreto, el No. 365 “De las Cooperativas Agropecuarias”, publicado el pasado 24 de mayo. “Mi opinión es que afecta a uno de los principios fundamentales del cooperativismo, que es la autonomía de las cooperativas de créditos y servicios [CCS], las de producción agropecuarias [CPA], e inclusive las UBPC [Unidades Básicas de Producción Cooperativa]”, dice Nova.
El investigador explica que, además de incluir la misma visión sobre los altos encargos estatales, la regulación establece que todo se decide a oído y consulta de la ANAP [Asociación Nacional de Agricultores Pequeños], que es vista en la norma como la empresa del Ministerio de Agricultura a la que se le consulta, etc., pero que al final no decide.
Solo el Ministerio de Agricultura ha creado casi una decena Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), sobrecargando aún más la estructura burocrática a pesar de que en numerosos discursos el presidente Díaz-Canel y desde antes el Primer Secretario del PCC, Raúl Castro, hayan señalado la burocracia como un obstáculo. “Sus funciones, la centralización que tienen, hace que en la práctica funcionen como ministerios. Por eso digo que poner orden en ese sistema no resulta nada fácil en la actualidad. Se van poniendo parches, pero no se entra a analizar sistémicamente el problema”, afirma Nova.
No es un secreto que la economía cubana sufre una severa crisis en la actualidad. Necesita, explica el profesor, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) significativo. “Un crecimiento de un uno o un 1,5 por ciento —concluye— no es todo lo que necesita el país. Para lograr el desarrollo se necesita más que eso. Ese salto que realmente necesita el país hay que lograrlo con la aplicación de la ciencia, la técnica y la innovación. No hay otra forma”.

Rachel D. Rojas
Progreso Semanal