Un megaoperativo de 2.500 efectivos de la policía civil y militar, ordenado por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, irrumpió en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río. El saldo oficial ascendía por estas horas a 120 muertos -entre ellos cuatro policías- y más de 80 detenidos, entre ellos, Thiago do Nascimento Mendes (“Belão do Quitungo”) y el operador financiero de Edgard Alves de Andrade (“Doca”), identificados como líderes del Comando Vermelho, una de las más antiguas y poderosas organizaciones narco de Brasil, sumada a una red extraordinaria de asistencia a los favelados. La intención declarada del operativo “Contención” era ejecutar 100 órdenes de detención. Fue realizado mientras Lula, presidente de Brasil, se encontraba en una cumbre en Malasia y mantenía reuniones con su homólogo Donald Trump.
La operación, que recibió el inmediato apoyo de los sectores políticos ligados a Jair Bolsonaro, estuvo precedida por diversas declaraciones del senador Flavio Bolsonaro, su hijo. En su cuenta de X había reposteado un vídeo de las lanchas bombardeadas por Estados Unidos en el Pacífico, “invitando” al gobierno estadounidense a realizar esas mismas operaciones frente a las costas brasileñas. Castro, aliado de Bolsonaro, había asegurado que este operativo era necesario ante los rechazos que imputa al Ejecutivo a enviar a las Fuerzas Armadas y dotarlas de vehículos blindados. “Río estaba sola”, se auto justificó Castro. Calificó el operativo como “una defensa del Estado” ante el “narcoterrorismo”. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el Ejecutivo de Trump propina golpes de estado contra los estados que protegen a los inmigrantes, en Brasil varios estados urden golpes contra el gobierno nacional.
El operativo político del bolsonarismo ha sido acompañado por la presentación de un proyecto de Ley impulsado por Unión Brasil, para declarar a ciertas bandas criminales como “terroristas”. Este punto de vista es acompañado por otros bolsonaristas declarados, como Tarcisio da Freitas, gobernador de San Pablo, y Romeu Zema de Minas Gerais. Eduardo Paes, quién ganó la alcaldía de la ciudad (no el estado) de Río con el apoyo explícito del PT y Lula en persona, acompañó el operativo con un video y con el compromiso de que no va a permitir “que la población sea rehén de bandas criminales”. La ultraderecha brasileña, que busca instaurar un estado de excepción para avanzar con medidas extraconstitucionales e imponer un estado policial, ha contado con un guiño de Páez.
Las imágenes y videos que se han viralizado muestran un escenario de guerra con todas las letras. La policía cercó los barrios del operativo y acompañó sus actividades terrestres con helicópteros – algo que la Corte Suprema prohibió en 2020, para luego rehabilitar en 2024. Barricadas improvisadas, escuelas cerradas y gente encerrada en sus casas esperando que el sonido de las balas cesara para volver a salir. La brutalidad policial recordó a los operativos de 2010, ejecutados también contra bandas de narcotraficantes con un saldo de más de 30 muertos. En los principales diarios de Brasil, el horror de los entrevistados grafica una jornada de barbarie completa, en una ciudad acostumbrada a redadas policiales y asesinatos cotidianos.
La mañana del miércoles ha dejado observar en su totalidad el espectáculo dantesco. Cadáveres trasladados a la plaza del barrio de Penha, luego de que las mujeres del barrio decidieron salir a buscar en los morros cercanos a sus esposos, hijos y familiares desaparecidos. La escena del horror es acompañada por el llanto y los lamentos de las familias que reconocen -sin intervención de autoridad alguna- los cuerpos uno a uno, mientras los cubren con plástico y telas. Hay denuncias de que al menos uno de los hombres se había entregado a la Policía y aun así fue asesinado. Los muertos encontrados esta madrugada no fueron informados por la policía, lo que ha despertado sospechas sobre ejecuciones extrajudiciales.
El Comando Vermelho compite en diversos barrios de la ciudad por el control territorial. Desde el ascenso de Bolsonaro al gobierno, diversas bandas ligadas políticamente a la ultraderecha fueron al choque de estos grupos, conquistando territorios y monopolizando el control del tráfico de drogas y armas para usufructo personal. "Son todos carteles bolsonaristas que llegaron, inicialmente, para expulsar a los narcos tradicionales y lo hicieron, pero se afincaron y ahora son ellos los que trafican. Río vive una situación de violencia rutinaria", explicó Darío Pignotti, colaborador de Página 12 que reside en Brasil (Página12, 28/10).
Los medios definen el operativo como un “cortocircuito” entre Río y la presidencia de Brasil, que según denuncia el gobernador Castro, rechazó en tres oportunidades brindar la ayuda de las Fuerzas Armadas. Ahora, el reclamo es la declaración de Garantía de Orden Público (GLO), que garantiza el despliegue de las FFAA en el territorio. Al ser una competencia del Presidente, se descarta que pueda suceder a la brevedad. En una reunión de emergencia con el gabinete, Lula ha definido enviar una comitiva para reunirse con Castro y ofrecer plazas en cárceles federales para los más de 80 detenidos. La aberración de las acciones policiales ha generado un malestar entre las propias filas del gobierno petista. El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, calificó a la operación como desastrosa, destaca Página12.
El comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que este operativo viola el derecho internacional más elemental por su brutalidad. Las acciones del bolsonarismo, en su propio territorio, coinciden con el escalamiento de la intervención de Trump sobre el Mar Caribe y el Pacifico en su “acción contra el narcoterrorismo”, que es la pantalla para un cambio de régimen de Venezuela y Colombia. La presión sobre Brasil, desatada por la condena contra Bolsonaro, había disparado sanciones económicas contra las exportaciones brasileñas a Estados Unidos.
El bolsonarismo se vale del apoyo trumpista para desarrollar un método de guerra civil, lejos de un “operativo electoral” sobre la seguridad urbana -como han denunciado diversos referentes políticos brasileños- estamos ante un operativo de amedrentamiento contra los trabajadores y las libertades democráticas más elementales. En un plano más general, es la declaración de América Latina como territorio en disputa para alinearlo de manera irremediable en la conflagración mundial del imperialismo norteamericano.
Joaquín Antúnez
29/10/2025
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