En el mes de febrero, las detenciones en suelo norteamericano totalizaron un poco más de 100 mil personas, de las cuales 70 mil fueron deportadas por la administración Biden. Las cifras son las más altas desde 2019. En los comienzos de la pandemia, había mermado la circulación de migrantes, pero se volvió a disparar en los últimos meses. Para marzo, se esperaban cifras aún mayores.
Biden venía tratando de mostrarse diferente a las políticas de tolerancia cero de su predecesor en el cargo, Donald Trump. A tal efecto, frenó la deportación en caliente de menores que llegan solos al país. Pero dejó bien en claro que la frontera estaba cerrada. Las expulsiones masivas de estas semanas, así como las imágenes que muestran el hacinamiento de menores en los centros del gobierno federal en la frontera (a la espera de alguna familia que los patrocine), muestran el verdadero rostro del imperialismo.
Para tratar de apaciguar la crisis, Biden formó un equipo que tiene al frente a la vice Kamala Harris. Una de las claves será presionar a los gobiernos centroamericanos para que detengan la migración. Del mismo modo que Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si el gobierno no controlaba los migrantes, ahora Biden condiciona la entrega de vacunas de AstraZeneca. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que “no somos una colonia”, pero lo cierto es que está cumpliendo con los dictados norteamericanos. Por estos días, volvió a desplegar cientos de militares y miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur (El Financiero, 19/3). Además, hubo miles de detenciones durante febrero en las rutas. Y el canciller Marcelo Ebrard firmó un acuerdo para promover la “migración controlada” con Roberta Jacobson, la funcionaria del Departamento de Estado que está a cargo de la frontera con México. Biden también designó un funcionario, Ricardo Zuñiga, para que realice gestiones frente a los países del llamado triángulo norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), origen de las caravanas migratorias más masivas.
Trump aprovechó la nueva oleada migratoria para cargar contra Biden, a quien acusó de abandonar sus políticas brutales. Pero lo que muestra la crisis es que no hay represión, amenazas ni llamados a quedarse en casa capaces de detener los flujos migratorios, cuyo origen es la descomposición social que se vive en los países centroamericanos. El imperialismo es el máximo responsable de esta situación, al promover las dictaduras y gobiernos que hundieron la región.
El salto en la crisis coincide con el comienzo del debate de la reforma migratoria en el Congreso. Presentada con bombos y platillos como una vía para regularizar a los más de 11 millones de indocumentados que hay en el país, lo cierto es que quedaría restringida a los dreamers (comunidad que representa a jóvenes, la mayoría mexicanos, que llegaron al país de niños), que son cerca de un millón, y a los trabajadores agrícolas. Ambos sectores podrían acceder a la residencia permanente (green card), en caso de que prosperen las negociaciones parlamentarias entre demócratas y republicanos.
El objetivo de Biden es aligerar el flujo migratorio y una otorgación de credenciales en dosis homeopáticas, que sirvan también a un sector de la burguesía norteamericana que se vale de la mano de obra migrante.
El mandatario derogó en febrero una medida de Trump que congelaba las visas de trabajo en industrias de alta tecnología “y una variedad de otras para trabajadores poco calificados” (La Nación, 26/2).
Frente a la crisis migratoria, es necesaria la unidad de los migrantes y trabajadores norteamericanos, en una lucha común contra el gran capital y el Estado imperialista.
Gustavo Montenegro
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