El desarrollo socio-económico y otros aspectos del contexto nacional centrarán su V sesión ordinaria este 28 de octubre. Los días previos han avanzado en el estudio de su temario, en el que aparecen como importantes puntos la aprobación de cuatro leyes, previstas en su abultado cronograma legislativo, elaborado a partir de la nueva Carta Magna.
Cumpliendo las restricciones sanitarias avanzó en estos meses la redacción y puesta a punto de los textos de esas normas, junto a otras también en proceso. Se trata ahora de darles luz verde a fin de seguir actualizando las estructuras y el funcionamiento del país.
Valioso intercambio de los diputados ha tenido lugar en la semana que recién concluyó sobre la letra de esos proyectos de leyes, y también se han recogido numerosas opiniones de la población, tras su publicación en el sitio web de la Asamblea, una práctica que se ha hecho habitual.
El plan legislativo trazado, interrumpido por la situación sanitaria del país, preveía la aprobación de varias normas jurídicas en la sesión de julio de este año, que fue necesario suspender. Precisamente, la Ley de Servicio Exterior, la de funcionamiento del Consejo de Ministros y la de Revocación de los elegidos, figuraban en el cronograma para el séptimo mes, y al reajustar lo previsto serán ahora parte de los debates que tendrá lugar este miércoles 28 de octubre, junto a la Ley del presidente y vicepresidente de la República, incluida previamente para aprobar en diciembre.
Cada una de las propuestas de leyes recogen el resultado de años de estudio pormenorizado, que han permitido sistematizar las ideas fundamentales de cada materia, en las que, además, se tienen en cuenta los preceptos de convenciones internacionales de las que Cuba es signataria.
El ambicioso plan previsto carece de rigidez, por lo que de acuerdo con las circunstancias y necesidades del país se ha ido reajustando, y se seguirá haciendo. Para que prime la calidad y celeridad necesarias, la alta dirección del país adoptó medidas que propician implicar de forma eficiente a las instituciones responsables en el proceso legislativo, incluidos todos los que pueden aportar a la solidez de las propuestas. Pese a la pandemia, se ha seguido de modo permanente el avance en la redacción de las normas partiendo de criterios metodológicos actualizados y la exigencia paso a paso de esta labor.
En aras de poner en práctica lo dispuesto por la Carta Magna se planeó inicialmente la aprobación de 107 normas, de las cuales 39 leyes y 31 decretos-leyes se incluyeron para este período y quedarán para la próxima Legislatura 24 leyes y 13 decretos-leyes, plan que como se explicó en la sesión de diciembre puede variar. En julio de 2019 se aprobaron tres leyes, la de Pesca, la de Símbolos Nacionales y la Electoral, esta última fue el punto de partida para la elección de los cargos fundamentales de la dirección del Estado.
Con el retraso en el cronograma debido a la pandemia, se requerirá de mayor intensidad en la labor de los diputados. Como aseguró el presidente Miguel Díaz-Canel al asumir su cargo el pasado año, el compromiso asumido desde que fue aprobada la nueva Constitución significa que “hay muchas leyes, indispensables para hacer más eficiente el Gobierno, que precisan de modos más expeditos de revisión, aprobación e instrumentación”.
En varios apartados del texto constitucional se anuncian las leyes que asegurarán su aplicación, para que su contenido no se convierta en letra muerta. Y como nada quedó a merced de la espontaneidad, en el propio texto se reguló mediante sus disposiciones transitorias la especificación de los pasos que deberían darse, por orden de jerarquía y en plazos fijados, para garantizar el cumplimiento de su articulado y pueda enrumbarse el fortalecimiento de la institucionalidad, que incluye el respeto a la normas y la disciplina social.
Pero no todo acabará en el importante paso de la aprobación de las leyes por el Parlamento. Será necesaria su adecuada asimilación por las autoridades, por las instituciones y por el pueblo.
La observancia que requiere cada ley es vital para garantizar la tranquilidad y el buen funcionamiento nacional, haciendo cumplir lo que refrenda la Constitución en su primer artículo “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos… fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”.
Liset García
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