sábado, 31 de mayo de 2025

“Masacre deliberada” de palestinos en el punto de entrega de comida fijado por Israel


Los peores pronósticos de la ONU y de las organizaciones humanitarias que actúan en Palestina se han cumplido. Al menos tres personas fueron asesinadas, decenas fueron heridas y otras tantas desaparecieron en una estampida cuando el ejército israelí abrió fuego contra una multitud desesperada, mayormente mujeres y niños, que rompieron las vallas intentando alcanzar el punto de distribución de alimentos en Rafah, al sur de Gaza. 
 Israel fijó el punto de distribución en el llamado “corredor Morag”, una zona bajo control militar, que divide Rafah del resto de la Franja. Miles de palestinos famélicos habían esperado varias horas, “bajo el calor abrasador del mediodía”, que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) les entregara comida, con el zumbido de los helicópteros militares sobre sus cabezas. Cuando saltaron las vallas, comenzó la balacera. 
 Fue el primer día de operaciones de la Fundación, un sello de goma inventado hace unas semanas por Estados Unidos e Israel para monopolizar la distribución de la ayuda humanitaria, desplazando a la ONU, las ONGs y los funcionarios del gobierno gazatí. 
 Un funcionario de alta jerarquía de la ONU señaló que la mayoría de las heridas se debieron a tiros disparados "desde las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)". El ejército israelí afirmó que solo efectuaron “disparos de advertencia”. 
 Según un informe de The New York Times, la GHF surgió de “reuniones privadas de funcionarios, militares y empresarios afines con estrechos vínculos con el gobierno israelí”. Utilizan contratistas privados armados para custodiar el traslado y la entrega de alimentos. Hace unos días, el director de la Fundación, Jake Wood, anunció su dimisión “por falta de transparencia” y porque no se garantizaba un funcionamiento neutral. Lo concreto es que les dispararon en vez de entregarles la miserable caja que no cubre ni tres días de las necesidades alimentarias de una familia con tres hijos (Al Jazeera 28/5). 
 Un comunicado del gobierno de Gaza denunció que “las fuerzas de ocupación, emplazadas en esas zonas o en sus alrededores, abrieron fuego contra civiles hambrientos que habían sido atraídos a esos lugares con el pretexto de recibir ayuda”. El incidente, añadió, “es la prueba irrefutable del fracaso total de la ocupación israelí a la hora de gestionar la catástrofe humanitaria que ha creado deliberadamente (…) es una masacre deliberada y un crimen de guerra en toda regla, cometido a sangre fría contra civiles debilitados por más de 90 días de hambre provocada por el asedio”. 

 “Plan imprudente e inhumano” 

Las ONU, MSF, Missing Children, entre otras tantas ONGs, llevan meses denunciando que Israel utiliza el hambre como arma de guerra. Y advirtieron tempranamente que la GHF carecía de toda experiencia, no respetaba los principios humanitarios y desplazaría “aún más a las personas de sus hogares, ya que los palestinos debían trasladarse para llegar a los pocos puntos de distribución prefijados por Israel” (Al Jazeera 28/5).
 Los palestinos acusaron directamente a Israel de generar un caos social que colabore con la limpieza étnica. Y dijeron que la concentración de la ayuda en el sur de Gaza es una estrategia para despoblar el norte, tal como planea el ejército israelí. 
 Mientras que la anterior red de distribución dirigida por la ONU operaba en unos 400 puntos de la Franja, el GHF solo ha establecido cuatro «megacentros» para los 2,3 millones de habitantes. 
 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que cerca de 616.000 gazatíes se han visto obligados a desplazarse en el interior de la Franja desde la violación israelí del alto el fuego, el 18 de marzo. Algunos tuvieron que huir hasta 10 veces porque los bombardeos a los albergues son “habituales”. 
 Los bombardeos incesantes y las 31 órdenes de desplazamiento atrapan a cientos de miles de personas en espacios cada vez más reducidos. El 19 de mayo, una sola orden de desalojo a gran escala en Jan Yunis afectó al 22% de la población de la Franja, mientras que otra orden emitida el 26 de mayo afectó al 40% del centro y el sur de Gaza. 
 Las zonas militares prohibidas cubren ahora alrededor del 80% de Gaza, sin que ninguna zona haya quedado a salvo de los ataques.
 En tanto, la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, exigió que se investigue la “ejecución sumaria” de Kamal, el último de sus 310 trabajadores asesinados por el ejército israelí. El hombre, que trabajó 20 años para Naciones Unidas, había salido de su casa el 23 de marzo con uniforme de la ONU y en un vehículo identificado. El cadáver fue encontrado esta semana en una fosa común junto con los cadáveres de otros trabajadores de la Media Luna palestina. Este martes la UNRWA denunció la “incursión ilegal” de colonos y de al menos un parlamentario israelí en su sede principal en Jerusalén Este. 

 Un régimen infanticida 

El Ministerio de Salud de Gaza informó que 16.506 niños palestinos, identificados por nombre y apellido, han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 916 bebés menores de un año.
 Según los datos, 4.365 de los niños tenían entre uno y cinco años, y 6.101 entre seis y 12. El resto de las víctimas tenían entre 13 y 17 años. 
 De los bebés, 343 tenían menos de un mes. Algunos murieron en ataques aéreos israelíes, mientras que otros fallecieron a causa de los cortes de electricidad que inutilizaron equipos médicos esenciales, como incubadoras, o provocaron retrasos en la recepción de atención médica crítica. 
 El ministro de Sanidad palestino afirmó que más de dos docenas de niños habían muerto recientemente por causas relacionadas con la inanición y que muchos miles más estaban en peligro. “En los últimos días hemos perdido a 29 niños”, declaró a los periodistas el ministro de Sanidad palestino, Majed Abu Ramadan. 

 Olga Cristóbal
 29/05/2025

“El Bloqueo contra Cuba afecta también a la soberanía de los pueblos europeos”


viernes, 30 de mayo de 2025

El alcance del ataque de Trump contra los estudiantes extranjeros


El gobierno quiere reducir el número de alumnos extranjeros 

Como parte de una cruzada xenófoba y represiva que incluye la militarización de las fronteras y el incremento de las deportaciones de los migrantes, el presidente Donald Trump viene desarrollando un ataque contra los estudiantes universitarios extranjeros y, en especial, contra aquellos que participan de manifestaciones, defienden planteos de izquierda y son críticos del Estado de Israel. Ya en el curso de la campaña electoral norteamericana, el magnate había prometido deportar a los alumnos foráneos involucrados en los acampes de 2024 contra el genocidio en la Franja de Gaza. Hoy, el principal referente de ellos, Mahmoud Kahlil, se encuentra detenido y bajo amenaza de expulsión.
 En los últimos días, el Departamento de Estado ordenó a sus representaciones diplomáticas que suspendan las entrevistas para la entrega de visados estudiantiles o de intercambio a extranjeros, mientras termina de definir un programa que va a monitorear meticulosamente las redes sociales de los postulantes para verificar tanto antecedentes como opiniones políticas disruptivas. Lo había anticipado el secretario de Estado, Marco Rubio, en marzo: “una visa es un privilegio, no un derecho”. 
 El ataque de Trump es tanto de cantidad como de calidad. Exige reducir el número de estudiantes extranjeros, con el insidioso argumento de que le quitan la posibilidad de cursar a los norteamericanos, y demanda también una selección, ya que hoy se aceptarían, según su criterio, “personas provenientes de zonas muy radicalizadas en el mundo” (sic) y “lunáticos, radicalizados y agitadores” (mira quién habla). 
 Esta orientación lo ha llevado a un choque con algunas universidades, en especial con aquellas que tienen el promedio más alto de alumnos extranjeros, como Harvard (un poco más del 25% del total de sus 25 mil alumnos) y Columbia (40% del total). 
 Trump le exige a Harvard políticas más restrictivas de admisión, cambios en el gobierno y en los programas de estudio, ya que parte de la cruzada del magnate se dirige a los contenidos en materia de género, raza y clase. Demanda, también, la entrega de los registros informativos de los alumnos extranjeros, incluyendo los de las “protestas estudiantiles de los últimos cinco años”, según New York Times (reproducido por La Nación, 25/5). 
 Como mecanismo de presión, el presidente norteamericano congeló subvenciones estatales para investigación por 2.600 millones de dólares, ordenó la suspensión de convenios, amenazó con cortar ciertas exenciones impositivas y prohibió a Harvard matricular estudiantes extranjeros, lo cual fue bloqueado provisoriamente por la justicia. 
 En los campus universitarios prima ya, desde hace muchos meses, según recogen múltiples crónicas periodísticas, un clima de temor y de estupor ante la arbitrariedad del gobierno, que empuja a los alumnos extranjeros a la auto-censura, no ya en las redes y las calles sino incluso dentro de las aulas, ante el temor a una expulsión sumaria o la revocación de una visa. 
 El ataque contra los extranjeros en Estados Unidos deja planteada una pregunta obvia. ¿Cuánta distancia puede haber entre el condicionamiento de la entrega de una visa a las opiniones políticas del solicitante, al castigo de la población nativa por sus propias opiniones? La ofensiva trumpista reviste un carácter gravísimo para todo el pueblo norteamericano, y se enmarca en su tentativa de imponer un régimen de poder personal.

 La educación como un derecho 

 El enfrentamiento de Trump con Harvard trasluce una diferencia de criterios al interior de la clase capitalista. Los adversarios al magnate señalan que los alumnos extranjeros son un aporte económico importante para Estados Unidos (44 mil millones de dólares anuales en concepto de matrícula, cuotas, alojamiento, transporte, etc., según el Washington Post –reproducido por La Nación, 28/5), una fuente de mano de obra calificada para las empresas estadounidenses tanto dentro como fuera del país, e incluso una fuente de propaganda, ya que ayuda a difundir los “valores” norteamericanos en el extranjero. 
 Actualmente, el costo de estudiar en una casa de estudios de élite como Harvard bordea los 86 mil dólares anuales, desglosados en 60 mil dólares por matrícula y cuotas, y el resto en alimentación, libros y otros gastos, según un cálculo de Infobae Perú (23/5). Más allá del valor indudable que tiene para el desarrollo de la investigación universitaria el contacto con alumnos e investigadores de otras latitudes, la educación no deja de ser concebida bajo el capitalismo, parafraseando a Rubio, como un negocio y no como un derecho, y esto lo saben perfectamente Harvard, Columbia y todas las otras casas de estudio, que se nutren tanto de los ingresos que proporcionan alumnos nativos y extranjeros como de las subvenciones del Estado. 
 En este marco, no sorprende que algunas universidades hayan aceptado una negociación con Trump. A cambio del descongelamiento de 400 millones de dólares en fondos federales, la Universidad de Columbia aceptó a fines de marzo nombrar un nuevo vicerrector en el departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia Meridional y África (encargado de abordar el espinoso tema de Palestina), contratar 36 agentes de seguridad adicionales, que tendrán la potestad de detener a los alumnos, y prohibir a los estudiantes el uso de máscaras en las protestas. Sin embargo, los fondos aún no han sido restablecidos, por lo que Columbia ordenó a comienzos de mayo el despido de 180 empleados.
 ¿Hasta dónde seguirán las autoridades de Harvard la pulseada, y hasta qué punto están dispuestas a un compromiso con Trump, a costa del alumnado? La respuesta dependerá, sobre todo, de la lucha que el movimiento estudiantil y docente, y más en general los trabajadores norteamericanos, encaren contra las políticas fascistas del gobierno norteamericano. 
 Tras la embestida del magnate, es sintomático que la Unión Europea haya lanzado un plan de 500 millones de euros para acercar al Viejo Continente investigadores. Sin dudas, busca sacar tajada de una potencial fuga de cerebros desde Estados Unidos, con lo cual entran a tallar en el asunto, también, las disputas inter-imperialistas. 
 La cuestión del ataque de Trump a las universidades y los alumnos extranjeros plantea también una discusión sobre el sistema de enseñanza, sobre la educación entendida como un derecho y no como una mercancía, y la defensa de una educación pública, laica y gratuita.

 Gustavo Montenegro

jueves, 29 de mayo de 2025

La disolución del PKK, un golpe a la lucha de las masas de Medio Oriente


Acerca del anuncio del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

 El PKK anunció su desarme y disolución El dirigente máximo del Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, preso en las cárceles turcas desde 1999, proclamó, en una carta el pasado febrero, la disolución del PKK y el desarme de la organización militar del partido. Luego, el XII Congreso del PKK, reunido del 5 al 7 de mayo, confirmó estas resoluciones, bajo el lema de que “no se trata de un fin sino de un nuevo comienzo”. 
 La noticia, que sacudió los medios políticos, implica el fin de la lucha armada y de la guerrilla kurda que opera desde hace cuatro décadas en cuatro países -Turquía, Siria, Irán, Irak- y cuya represión ha costado 40.000 muertos y desplazamientos multitudinarios de la población. 
 Los motivos de la decisión que han sido publicados, son de tipo general pero no dejan de señalar un curso estratégico: “el colapso del socialismo real en la década de 1990, la desintegración de la política de negación de las identidades étnicas en el país, los avances en la libertad de expresión, que llevaron al PKK a un estado de insignificancia” afirma Öcalan en la carta leída por la delegación del partido DEM (antiguo HDP), la organización política pro kurda en Turquía.
 ¿“Avances en la libertad de expresión”? ”¿Desintegración de la política de negación de las identidades étnicas?” ¿En la Turquía de Erdogan, que ha perseguido e intervenido los distritos donde electoralmente ganaban representantes de las comunidades kurdas? Es insostenible. 
 En cambio, llama la atención que no se levante ninguna de las banderas históricas del pueblo kurdo como la autonomía, el reconocimiento oficial de su lengua, la libertad de los presos políticos. Tampoco se hace mención al proceso y destino de la administración autónoma del Este de Siria en Rojava (zona administrada por los kurdos en la frontera con Turquía, con fuertes vasos comunicantes con el PKK), ni la lucha que los kurdos de Kobane (también en Siria) llevaron adelante contra el Estado Islámico. Líderes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), actuantes en dichas regiones, han declarado que el proceso de desarme del PKK no los involucra y se orientan a integrarse al nuevo gobierno sirio. “Si este proceso tiene éxito –dijeron- tendrá un impacto positivo para nosotros y Turquía ya no tendrá ningún pretexto para atacar nuestra región". Históricamente, las cosas suceden al revés: por lo pronto la camarilla del gobierno sirio ha planteado que no negociará con ningún grupo con armas en mano. Sirva esto para ver las ramificaciones geopolíticas de las decisiones del PKK. 
 Aún con la incertidumbre existente sobre el curso de las negociaciones que estarían en curso, queda claro que la disolución y desarme del PKK aparece como una rendición incondicional al gobierno de Erdogan y sus aliados derechistas. Entre ellos el partido de ultraderecha MHP, socio del gobierno del presidente Erdogan desde 2015, que fue quien tomó la iniciativa de negociar con Öcalan sobre la base de esas condiciones. 
 Öcalan, por su lado, ha teorizado sobre el agotamiento de la etapa de lucha armada y la necesidad de un “proceso de paz” que permita la coexistencia del pueblo kurdo en una Turquía “democrática”. Depositando expectativas en los partidos del régimen, la Asamblea Nacional y en el propio Erdogan. Fuerte viraje derechista de una corriente que supo reivindicarse marxista-leninista y hoy plantea una asimilación “democrático” – liberal a la República autoritaria de Erdogan. En enero de este año, el gobierno turco intervino la comuna de Akdeniz, una ciudad de 255 mil habitantes, donde había triunfado, meses antes un representante kurdo. El DEM (pro kurdo) llamó a levantarse contra esta decisión. Ahora: ¿la situación cambió?
 La decisión de Öcalan introduce una gran confusión y se convierte en un golpe a la lucha del pueblo de Turquía que se está movilizando en las calles por millones contra el curso despótico del gobierno que encarcela masivamente a activistas y opositores y destituye y proscribe funcionarios electos y candidatos de la oposición, a lo que se suma un fuerte incremento de la ofensiva militar del ejército turco en las regiones kurdas. 
 Erdogan ha planteado sobre la decisión del PKK, que es un paso en la lucha por terminar con el “terrorismo”, que la disolución y el desarme debe extenderse a todos los grupos vinculados, en el norte de Siria y núcleos en Europa y que los servicios de inteligencia turcos controlarán el proceso del desarme. Cuando este culmine se pasaría a la “etapa política”: ninguna concesión, un apriete propio de un Bonaparte represor. 
 Este proceso de diálogo “pacificador” no es el primero. En 2013, Öcalan estuvo dispuesto a pedir al PKK que se desarmara. Para Erdogan fue un intento de colonizar el Kurdistán por "medios diplomáticos" y liquidar la resistencia. Versiones afirman que el objetivo principal actual de Erdogan es obtener el apoyo kurdo para una nueva constitución que le permita, en sus términos, permanecer en el poder más allá de 2028, cuando termina su mandato. Esto sería una traición y capitulación abierta. La lucha del pueblo kurdo, para triunfar, debe estar unida a la que realice el pueblo trabajador turco. Y viceversa: no habrá libertades democráticas en Turquía, sin que cese la represión sobre los kurdos. Un 20% de la población turca es de origen kurdo. 
 Todo está por verse. No parece que Erdogan, que se viene afirmando entre los liderazgos de Medio Oriente, esté dispuesto a conceder a sus enemigos históricos. La iniciativa del “diálogo pacificador” partió de la ultraderecha del MHP que ya en 2024 propuso la liberación de Öcalan si el PKK deponía las armas. Versiones indican que los anuncios no han caído bien en la base del PKK y sectores populares. Hay que ver la respuesta en los combatientes del PKK y mantener la más absoluta independencia política de esta maniobra y los partidos que la impulsan.

 Sergio Villamil

Una tragedia americana: cuando la inmigración se convierte en espectáculo


Una madre ayuda a su hijo a cruzar la cerca de alambre de púas en Eagle Pass, Texas, después de cruzar a Estados Unidos desde México. 

 Nada refleja mejor el sueño americano que competir en pruebas extremas para ganarse el derecho a vivir en la tierra de los «justos» y los «libres» 

 El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Estados Unidos está considerando la idea de convertir el proceso de obtención de la ciudadanía en un espectáculo televisivo al estilo yanqui. 
 ¿Para qué someterse a engorrosos exámenes y trámites legales lentos, cuando se puede, simplemente, competir en una serie de desafíos al estilo reality show? 
 Ver a inmigrantes enfrentándose por su lugar en la «tierra de las oportunidades», mientras realizan pruebas de resistencia dignas de un programa de supervivencia, parece ser un espectáculo provechoso y divertido para los funcionarios del DSN. 
 Bajo el liderazgo del guionista canadiense Rob Worsoff, conocido por su trabajo en Duck Dynasty –un referente de la cultura estadounidense–, se presenta The American, la nueva odisea estadounidense, tonta y desalmada, promovida por la sinrazón de un sistema en el que solo existes si eres parte del show. 
 En el transcurso de la competencia, a los concursantes se les entregarán premios «tan importantes para la integración» como un millón de puntos de American Airlines, milkshakes de variados sabores, deliciosos Filet-O-Fish de McDonald's, hamburguesas de Burger King y Wendy's, o una tarjeta de regalo de Starbucks. 
 Porque, claro, nada une más a los futuros ciudadanos que un buen café con leche (lo de bueno queda a consideración de los lectores), mientras esperan su turno para el juramento en las escaleras del Capitolio. 
 Sin embargo, no hay que apresurarse, la portavoz del DSN, Tricia McLaughlin, informa que la idea está en «las primeras etapas de evaluación», y que el Departamento recibe cientos de propuestas cada año. Así que, si esta idea no prospera, seguramente habrá otro show para entretener, mientras la burocracia sigue su curso. 
 En fin, parece que ya no basta con poner en venta la ciudadanía estadounidense mediante una visa de «tarjeta dorada», que ofrezca un camino hacia la nacionalidad por cinco millones de dólares –como anunció recientemente el presidente Donald Trump–, pronto podría convertirse en el premio de un reality show. 
 Es que nada refleja mejor el sueño americano que competir en pruebas extremas para ganarse el derecho a vivir en la tierra de los «justos» y los «libres».
 Si alguien tiene alguna duda de los antecedentes ideológicos que acompañan tamaño despropósito, remítase a la historia de los Osage, las naciones Iroquesas, los Pequot y otros pueblos nativos, víctimas de la limpieza étnica cometida por esos mismos «justos» y «libres». 
 En resumen, podemos estar seguros de que las decisiones sobre la vida y el futuro de las personas están en manos de un riguroso proceso de selección que, claramente, no incluye la lógica, la ética ni la humanidad. 

 Raúl Antonio Capote | internacionales@granma.cu 
 27 de mayo de 2025 22:05:07

miércoles, 28 de mayo de 2025

Bolivia: atomización electoral en medio de la crisis política y económica


En Bolivia están previstas elecciones presidenciales para el 17 de agosto. Hay diez candidatos y al menos ocho están en riesgo de ser anulados o inhabilitados por acciones legales. Hay una atomización del masismo y también de la derecha, pero en todos los casos hay una intención del presidente Luis Arce de proscribir a la oposición de todo tipo, a través del Tribunal Supremo Electoral. Desde Andrónico Rodríguez, quien lidera las encuestas -es considerado la renovación de la izquierda- y se presenta por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) que es parte de la Alianza Popular, hasta Evo Morales, quien es considerado padre político de aquel y ahora están distanciados. 
 Según la prensa local, el único partido que no está en peligro es el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) que presentó como candidato al ex ministro de Seguridad Eduardo Del Castillo, hombre de confianza del presidente Luis Arce y responsable de la represión contra los evistas. El presidente bajó su candidatura este mes porque el desplome en las encuestas no lograba despegarlo de un mísero 5%. La crisis política había escalado el año pasado con el levantamiento militar contra el gobierno de Arce, que Morales primero repudió y luego denunció como un intento de autogolpe del gobierno. 
 Evo Morales está inhabilitado por la Constitución que sólo permite dos mandatos y porque los partidos por los cuales se pretendió presentar perdieron su personería jurídica por no haber superado el 3% en la elección anterior. Según el Tribunal Supremo Electoral -funcional a Arce- su nueva agrupación “Evo Pueblo”, “no existe” ya que sus promotores ni siquiera han solicitado el trámite para obtener su personería jurídica. 
 La cuarta candidata desprendida del MAS es la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. Su candidato a vice es el ex vocero de Luis Arce y se presentan por la agrupación Morena. La derecha también se presenta divida en tres candidatos, incluido un outsider semejante a Milei. Los otros dos están vinculados a la oligarquía de Santa Cruz y a los golpistas de 2019. 
 Evo Morales tiene pedido de captura por causas penales, incluida una por estupro, pero se encuentra protegido con una guardia personal y llamó al inicio de movilizaciones desde el lunes 26 de mayo, con una concentración de los nueve departamentos en La Paz, exigiendo la destitución de Arce y la habilitación de su candidatura. 
 Esta disgregación del cuadro electoral es consecuencia de la crisis económica que incluye inflación y desabastecimiento de productos y combustibles, sin que quede clara una diferenciación de alternativas políticas al actual estado de situación. La Asamblea legislativa no le aprobó los préstamos que pedía Arce para que entraran dólares al país. El desequilibrio negativo de la balanza comercial -con el agotamiento de los pozos de gas- sumergió al país en un colapso monetario que estranguló el suministro de dólares y provocó escasez. Desde hace semanas hay largas colas para llenar el tanque en un país que hasta hace poco fue un gran exportador de gas. Esta situación está perjudicando el comercio y la producción agrícola y disparando los precios de los alimentos. La inflación acumulada en 2024 alcanzó el 9,97 %, la cifra más alta desde 2008. Solo en el primer cuatrimestre del año, la inflación interanual se situó en 5,95 %, según datos oficiales. (Infobae 24/05) Así, Bolivia es el tercer país con mayor inflación de América latina. La brecha con el dólar paralelo es de más de tres a uno y también hay mercado negro de alimentos. El Gobierno de Bolivia anunció 11 medidas y siete decretos ante la crisis, entre las que se encuentra el control militar en las fronteras y el decomiso de productos de contrabando, particularmente alimentos de primera necesidad. 
 El masismo se encuentra aún más disgregado que la derecha, mientras el POR (Partido Obrero Revolucionario) llama a anular el voto. El problema para los trabajadores es no lograr forjar una vanguardia que se posicione en el panorama político con una real perspectiva independiente y socialista.

 Aldana González
 27/05/2025

Operación Carlota: Hazaña militar de Cuba en Angola