USAID, más que una agencia humanitaria

Cuando leas sobre una revolución de colores, pregúntate a quien beneficia

 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) siempre ha sido presentada como una entidad de ayuda humanitaria y desarrollo. Sin embargo, en la práctica, ha sido utilizada como una herramienta de influencia política y geoestratégica de EE.UU. Este hecho no es nuevo, pero recientemente ha cobrado mayor visibilidad gracias a figuras como Elon Musk y Donald Trump, quienes han acusado abiertamente a la agencia de ser una organización «criminal» «dirigida por un grupo de lunáticos radicales«. 

 Más allá de estas declaraciones, lo cierto es que USAID ha jugado un papel clave en la política exterior estadounidense, financiando movimientos opositores, desestabilizando gobiernos y facilitando golpes de Estado bajo la justificación de la «promoción de la democracia».Desde su creación en 1961, USAID ha operado en estrecha colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Han trabajado juntas durante décadas para infiltrar gobiernos, canalizar fondos a grupos opositores y manipular la opinión pública a favor de los intereses de EE.UU. Al final del articulo hay una tabla resumen de los casos documentados de intervención de USAID y la CIA.

 Entre las estrategias más utilizadas por USAID se encuentran el financiamiento encubierto canaliza dinero a través de ONG para influir en la política interna de distintos países. Apoyo a la propaganda y desinformación subsidiando medios de comunicación alineados con los intereses de EE.UU. Capacitando y financiando grupos opositores, apoya sindicatos, movimientos estudiantiles y partidos políticos afines. 

 El caso de Georgia es un ejemplo reciente de esta dinámica. La intervención de USAID en la financiación de movilizaciones y medios de comunicación llevó al gobierno georgiano a aprobar una ley que clasifica como “agentes extranjeros a las ONG y los medios de comunicación» que reciben más del 20 % de su financiación del exterior. 

 Como era de esperar la redición de cuentas es uno de los puntos débiles de la agencia, por razones obvias. El año fiscal 2023, que es el más reciente para el que se dispone de datos prácticamente completos, el gobierno estadounidense desembolsó 71.900 millones de dólares en ayuda exterior, según ForeignAssistance.gov. Eso se compara con los casi 74.000 millones de dólares gastados en el año fiscal 2022. Estas cifras (y otras de ForeignAssistance.gov) no incluyen la mayoría de las ventas de armas ni las transferencias de equipo militar a países extranjeros. 

 Ucrania fue el mayor receptor de ayuda estadounidense en el año fiscal 2023, al recibir 16.600 millones de dólares para ayudarla en defensa y para mantener en funcionamiento su gobierno y su sociedad. Israel, que suele ser uno de los principales receptores de ayuda, recibió la segunda mayor ayuda con 3.300 millones de dólares en ayuda militar en el año fiscal 2023, un nivel similar al de los años anteriores y en ambos casos fue ayuda militar. 

 Uno de los ejemplos recientes del doble juego de USAID es su rol y su exposición mediática fue en la guerra de Ucrania y el mercado global de granos. Desde el inicio del conflicto en 2022, USAID ha promovido la exportación de granos ucranianos como una solución a la crisis alimentaria mundial, especialmente en África y Medio Oriente. 

 A través de programas como la Iniciativa del Corredor de Granos del Mar Negro, la agencia ha trabajado con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la ONU para adquirir y distribuir cereales. En 2023, USAID anunció la compra de 150.000 toneladas de trigo ucraniano para países como Sudán, Somalia y Etiopía. Sin embargo, gran parte de estos granos nunca llegó en las cantidades esperadas a estos países, lo que generó dudas sobre su verdadero destino. 

 Los datos muestran que la mayoría de las exportaciones ucranianas terminaron en Europa, no en África. Según informes de la ONU y la UE, los principales compradores del grano ucraniano en 2022-2023 fueron España, Italia, los Países Bajos y Alemania, donde se utilizaron principalmente para la producción de alimento animal. 

 ¿Cómo funciona el negocio? El mecanismo detrás de estas operaciones es relativamente simple. USAID financia al Programa Mundial de Alimentos (PMA) con dinero etiquetado para la compra de granos. El PMA compra los granos a traders internacionales, que los obtienen de productores ucranianos. 

 Los beneficiados reales son los supuestos productores ucranianos que reciben apoyo financiero y logístico para exportar en tiempos de guerra. Los Traders internacionales (Cargill, Louis Dreyfus, ADM, Bunge) que manejan las exportaciones y actúan como intermediarios y Europa que aprovechó precios más bajos y acceso rápido a los cereales.

 En otras palabras, lo que se presentó como un esfuerzo humanitario de USAID para paliar el hambre en África resultó ser un movimiento geopolítico y comercial diseñado para sostener la economía ucraniana, beneficiar a grandes corporaciones y consolidar la influencia de EE.UU. en el comercio global de alimentos. Mientras tanto, la crisis alimentaria en África persistió, demostrando que el verdadero objetivo no era alimentar a los hambrientos, sino controlar mercados y recursos estratégicos. 

 El caso de USAID demuestra que la «ayuda humanitaria» puede ser una fachada para intereses políticos y económicos. A lo largo de su historia, la agencia ha operado como una extensión de la política exterior estadounidense, utilizando fondos públicos para moldear gobiernos y economías según los intereses de Washington.

 Lo interesante del desenlace de esta agencia, es que, algunos se enteraron que una entidad presentada como de ayuda humanitaria y desarrollo servía para derrocar gobiernos. Lo mas cómico, es que los actuales sociópatas en ejercicio acusan a los anteriores psicópatas de ejecutar, las actividades para lo que la agencia fue creada. Esto cambiará, seguramente de nombre, no de objetivos. 

 Alejandro Marcó del Pont | 14/02/2025 

 Casos documentados de intervención de USAID y la CIA

    

Cuba: ¿cierra la prensa (in)dependiente?

Trump comenzó el envío de indocumentados a la cárcel de Guantánamo

Firma la expulsión masiva de inmigrantes con Bukele y Maduro. 

 La detención de inmigrantes en la cárcel de la base de Guantánamo ha comenzado. Un fallo judicial que cuestiona la posibilidad del traslado para tres ciudadanos venezolanos. La pretensión de Trump es enviar 30.000 personas a este verdadero infierno, ya utilizado en el pasado sobre todo para prisioneros acusados de terrorismo (sin proceso ni condena). Estos detenidos se encuentran por fuera de la rama judicial de Estados Unidos.

 En cada viaje de “repatriación” se menciona que los expulsados pertenecen a carteles de droga o son criminales, lo cual obviamente de ser cierto sería un contrasentido, ya que la ley obligaría a juzgarlos conforme a la ley. El gobierno colombiano afirmó que ninguno de los deportados recibidos por dicho país tenía antecedentes penales ni en EE.UU. ni en Colombia. La expulsión sumaria impide precisamente a los acusados la posibilidad de defenderse y contraría el principio de presunción de inocencia. 

 La agitación contra los inmigrantes es una plataforma que coloca a Trump como referente de grupos de extrema derecha y corrientes fascistas en Europa y América Latina. Es lo que declaró abiertamente la reunión de Patriotas, el grupo neo fascista europeo, que se reunió la semana pasada en Madrid. 

 Una de las “órdenes ejecutivas” niega el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados, violando la 14a Enmienda constitucional. Otro decretazo fue la declaración de emergencia en las fronteras bajo el pretexto de una “invasión”, lo cual permitió dejar sin aplicación el derecho a solicitar asilo, así como militarizar la frontera. Por otra parte, la ley antiinmigrante “Laken Riley” exige la detención y expulsión de todos los inmigrantes acusados incluso de delitos menores (sin proceso ni condena). Con todo este arsenal, Trump ha fijado en un mínimo de 1400 las deportaciones diarias que deberá realizar el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo que llevaría a casi duplicar el número récord de deportaciones del año 2024 (que llegó a 271.000).

 En la legislación de Estados Unidos está tipificado como un delito menor cruzar la frontera sin inspección, y como delito grave intentar ingresar al país luego de haber sido deportado. Pero vivir sin autorización o estatus legal no es en sí una falta criminal sino civil, por lo que es falso que los miles de detenidos tengan “antecedentes criminales” sólo por el hecho de ser indocumentados. Por otra parte, según estudios estadísticos de la Universidad de Stanford, “los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados por un crimen que las personas nacidas en EE.UU. 

 Otra “orden ejecutiva” permite el encarcelamiento en la cárcel de la base de Guantánamo de cientos de indocumentados. “Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales criminales que amenazan a los estadounidenses”, afirmó Trump, “algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo”. En otras palabras, realizar con los inmigrantes lo mismo que hicieron con miles de prisioneros acusados de terrorismo, sin darles derecho a la más mínima defensa judicial. Por otra parte, la declaración de los carteles de la droga como “organizaciones terroristas” (que en otra orden ejecutiva Trump ordenó concretar) facilitaría también las detenciones y la militarización de la represión con la excusa del combate al narcotráfico. 

 El martes 4 se envió a Guantánamo a la primera decena de inmigrantes-prisioneros; la Casa Blanca afirmó -sin prueba alguna- “que el grupo de migrantes enviado a la base naval de Guantánamo (Cuba) está compuesto por presuntos ‘miembros’ de la banda transnacional Tren de Aragua” (France24, 5/2). La portavoz del gobierno Karoline Leavitt afirmó que la detención será “temporal” hasta que puedan “ser transportados a su país de origen u otro destino apropiado”.

 Según la misma Leavitt, el número de detenciones en EE.UU. superó las 8.000 personas en las primeras semanas desde la toma del poder por Trump, de las cuales apenas 400 fueron liberadas “por falta de espacio de detención” o “por condiciones médicas graves” (ídem). Según el Washington Post (8/2), “Los más de tres docenas de inmigrantes detenidos en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, han entrado en lo que los abogados llaman un ‘agujero negro legal’”. “Cuatro abogados que conocen bien la prisión militar dicen que el gobierno de Trump está violando la ley al negarles a los migrantes que han llegado a Guantánamo el acceso a asistencia legal (…) Incluso si se confirma que los migrantes son miembros de la pandilla Tren de Aragua, con base en Venezuela (…) los migrantes no califican para ser retenidos en el área de alta seguridad de la base que algunos prisioneros han descrito como una ‘tumba sobre la tierra’” (https://archive.is/bYz7d). Con la amenaza de aplicar sanciones económicas (aranceles), Trump logró la capitulación de los gobiernos latinoamericanos. La presidenta de México Claudia Sheinbaum aceptó enviar tropas a la frontera con EE.UU. (reforzando con 10.000 soldados). El secretario de Estado, Marco Rubio, realizó una gira por varios países latinoamericanos buscando acelerar el proceso de deportaciones. El presidente salvadoreño Nayib Bukele también se ofreció para recibir inmigrantes de otras nacionalidades como “tercer país seguro”, e incluso ofreció su megacárcel (CECOT): “Le hemos ofrecido a EE.UU. la oportunidad de externalizar partes de su sistema penitenciario”, declaró Bukele en la red X. “Estamos dispuestos a aceptar solo a criminales presos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión (CECOT) a cambio de una tarifa”. La inhumana megacárcel podría encerrar a 40.000 personas; actualmente “alberga” a 15.000, por lo que de concretarse el acuerdo con EE.UU. posibilitaría una megatercerización de 25.000 plazas.

 Los obstáculos legales que enfrentaría este acuerdo parece preocupar poco a EE.UU. y nada a Bukele. El régimen de Maduro también acordó con el gobierno yanqui la recepción de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, que serán expulsados de los Estados Unidos, hasta ahora amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El gobierno venezolano se hará cargo además del transporte de estos deportados. Trump concedió a cambio “la renovación de la licencia general que le permite a Chevron operar en Venezuela”. Maduro había “celebrado” los acuerdos entre Sheinbaum y Trump: “Conversando se entiende la gente” (Telesur, 3/2). El opositor González Urrutia había propuesto como medida alternativa llevar a sus compatriotas a otros países de América Latina, en lugar de defender el derecho al asilo. 

 Todas estas resoluciones enfrentan obstáculos jurídicos y contiendas en los tribunales. Diversos jueces han ordenado suspender la orden ejecutiva referida a dejar sin efecto el derecho a la ciudadanía por nacimiento. También el envío de inmigrantes a Guantánamo enfrenta objeciones jurídicas: “Ahora ha sido un magistrado federal en el estado de Nuevo México, el juez Kenneth Gonzales, quien ha emitido una orden temporal para prohibir que tres inmigrantes irregulares venezolanos, retenidos en un centro de detención del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), puedan ser trasladados a la base naval de Guantánamo, en Cuba.” (El País, 11/2). Según la corresponsal del diario español, “El caso de los tres venezolanos es muy concreto y, por tanto, poco extrapolable para las situaciones de muchos otros migrantes irregulares detenidos. Pero sí pone de relieve los múltiples problemas legales que afronta la orden presidencial”. Los tres venezolanos están detenidos hace meses, y no habían sido repatriados a Venezuela porque “el régimen de Nicolás Maduro no aceptaba vuelos de repatriación de sus nacionales deportados”, lo que acaba de ser acordado. De todas formas, es un antecedente de posibles obstáculos legales a las detenciones en Guantánamo. Por otra parte, muchos señalan las dificultades logísticas no solamente para poner en condiciones la cárcel para tan alto número de presos, sino además para alimentarlos. Muchas organizaciones “denuncian que, una vez en la base, los migrantes tendrán graves problemas para acceder a sus abogados... o para poder tener representación legal... Tampoco está claro si tendrían acceso a algún tipo de servicios sociales” (ídem). 

 Otras órdenes ejecutivas, no relacionadas con la cuestión migratoria, que han sido dejadas en suspenso en otros tribunales, como los “despidos incentivados” a los funcionarios del gobierno federal, han sido apeladas con posibilidades de éxito. Lo mismo ocurre con el fin de la agencia USAID, la congelación de las “ayudas públicas”, el traslado de las mujeres transgénero presas a cárceles de hombres y el acceso por parte de Elon Musk a la información de Tesorería (que le permitía acceder a información del sistema de pagos y cobros del gobierno federal, con información de seguridad social de millones de personas). 

 La “oposición” del Partido Demócrata brilla por su ausencia, o directamente ha colaborado con el gobierno, como se expresó en el voto de algunos senadores y congresistas a la ley fascista Laken Riley. Mientras Trump le pasa por arriba al Congreso, con el aval expreso de la mayoría republicana y la colaboración de la “oposición” demócrata, se abre paso una crisis con la Justicia que deberá resolver en última instancia (en los casos en que Trump decida apelar las resoluciones de jueces federales) la Suprema Corte que tiene mayoría trumpista. La “separación de poderes” es cosa del pasado, se va imponiendo a los tumbos un régimen bonapartista, más adecuado a una época de guerra -que intenta responder a la declinación del imperialismo yanqui en el mercado mundial- y de ataque a los derechos políticos y sociales de los explotados en función de una recomposición de la tasa de ganancia del capital. Esta tentativa de un bonapartismo en la principal potencia abre un período de intensificación de las guerras y de agudización de la lucha de clases, que exige una respuesta revolucionaria de la clase obrera y de la izquierda. 

 Rafael Fernández

 13/02/2025

Milei-Caputo, de la gloria a Devoto

El hundimiento de la Milei-coin es un anticipo Javier Milei no sólo decidió imitar a Trump en la persecución a migrantes, disidencias sexuales, liquidación de la salud pública o la cesantía de trabajadores. Al igual que lo hizo el magnate americano semanas atrás, no tuvo mejor idea que salir a respaldar públicamente a una moneda cripto. 

 Trump, sin embargo, había revelado de entrada que el único respaldo de “su” moneda digital eran él y su investidura -de ahí el nombre de “meme coin”, o sea, una moneda con la única garantía de su imagen. En cambio, Milei fue más lejos como embaucador, al presentar a “su” moneda como un serio “emprendimiento privado de inversión” dirigido a “fondear a pequeñas y medianas empresas”. En minutos, la demanda por la cripto de Milei llevó su precio por las nubes. Allí, los “fundadores” de la moneda virtual– no más dos o tres operadores que controlaban el 80% de lo emitido- se desprendieron de sus activos y derrumbaron el precio de casi 5000 u$s a 20 centavos de dólar. Según calculan algunos, la estafa asciende a unos 80 a 100 millones de dólares. En las redes, pululan los que perdieron decenas o centenares de miles de dólares en cuestión de horas. Muchos de ellos exhiben la foto de Milei en sus perfiles digitales. En suma, el mundo libertario ha sufrido un quebranto masivo, financiero y político, aunque también puede interpretarse como un sacrificio -o “contribución voluntaria”- en favor de sus jefes, incluyendo al principal, los cuales habrán vendido en el momento justo. 

 Cripto monedas, crisis mundial 

La escandalosa operación liderada por Milei ha oscurecido, por un momento, que su mentor, Donald Trump, llevó adelante una estafa más o menos similar con su propia moneda digital. La Trump coin, en efecto, ya perdió el 80% del valor alcanzado en su punto más alto. Las pérdidas acumuladas por sus atribulados tenedores llegarían a los 2000 millones de dólares. La estafa de Milei, entonces, viene precedida por la de Trump -aunque nadie ha procesado o interpelado por ello al presidente americano, que goza de una imputabilidad por sus actos de gobierno resuelta por la Corte de los Estados Unidos. El episodio del meme coin, eso sí, despertó la “reserva” y “preocupación” (sic) de la comunidad cripto, porque le restaría “credibilidad y confianza” a las monedas digitales. Ello, como si el conjunto de las cripto no constituyeran una creación monetaria carente de garantías reales en términos de valor, más allá de la confianza colectiva y provisional de sus diferentes inversores -es lo que los especialistas llaman pomposamente “red distribuida” o “descentralizada”. La proliferación de criptos no revela la vitalidad de un nuevo activo monetario, como pregonan algunos. Es, por el contrario, una manifestación de la debilidad del dólar como reserva de valor, en medio de la declinación económica de su emisor -el Estado y el capitalismo norteamericanos. Trump intenta remontar esa cuesta poniendo en caja al fenómeno cripto, a través del impulso de las llamadas monedas digitales estables -stable coins-, así llamadas por contar con una garantía efectiva en dólares. Lo cierto que esa garantía no son dólares líquidos, sino una promesa de pago -los bonos del tesoro norteamericano. Esta gigantesca articulación de capital ficticio registró un fuerte cimbronazo a la baja en los últimos días, después de los anuncios de Trump sobre la suba generalizada de aranceles al comercio. Como ocurre con el capital financiero y el crédito en su conjunto, el mercado cripto intenta sostener una valorización del capital en medio de los golpes de la guerra internacional y del colapso del comercio. Pero los límites de esa tentativa se han puesto de manifiesto con los recientes derrumbes de activos financieros, y no sólo de las cripto. 

 Mucho ruido, ¿pocas nueces?

 Milei ha tenido la torpeza de apalancar a su cripto en medio de ese retroceso general. La palabra “torpeza”, naturalmente, debe ser colocada entre comillas, porque la operación Ponzi le ha dejado a él y a su “entorno” un jugoso resultado económico. La mesa chica libertaria, en definitiva, ha cosechado mucho más que una jubilación de privilegio.

 La participación descarada de Milei en esta operación corrupta desató en la oposición todo tipo de promesas y anuncios en torno de interpelaciones, comisiones investigadoras y eventuales juicios políticos. Nos permitimos dudar, desde estas páginas, que la sangre llegue al río. En definitiva, estos interpeladores y acusadores han brindado quorum y votos a las leyes, decretazos y vetos presidenciales que permitieron la confiscación perpetrada contra trabajadores, jubilados, universidades y hospitales públicos. Pero existe una razón más profunda para que la casta meta violín en bolsa: la burguesía argentina lo pensará muy bien antes de moverle el piso al régimen económico montado por Milei y Caputo, en sí mismo un gigantesco esquema Ponzi. Los grandes beneficiarios de ese esquema han sido los acreedores -fondos internacionales y capitales locales- de la deuda pública, que subió en su cotización gracias a las garantías brindadas por Milei-Caputo en torno de su pago futuro. Esas garantías no son otras que el brutal ajuste fiscal perpetrado contra la mayoría trabajadora. El dólar ha sido manipulado y abaratado con el único propósito de facilitar que el superávit fiscal -acumulado sobre la miseria social, educativa, sanitaria y de infraestructura- pueda comprar la mayor cantidad de divisas para pagar la deuda. A su vez, el aumento del endeudamiento público obliga a que esa motosierra sea creciente y permanente. Los capitalistas agrarios e industriales, que destilan sus quejas por el “atraso cambiario”, la caída de las ventas internas y de las exportaciones, son compensados cuando participan de la bicicleta financiera (carry trade) y de los “beneficios” de la reforma laboral. Un despido de Milei -lo único que cabría como resultado de esta estafa piramidal- pondría en peligro a esta “bolsa” millonaria en la que mojantodos.

 Al libertario, es cierto, se le han caído todas las caretas. Pero su régimen reaccionario, corrupto y antiobrero no se va a venir abajo por la acción de sus cómplices, “republicanos” o “nacionales y populares”.

 La caída vertiginosa de la Milei-meme, bien mirada, es un síntoma de la fragilidad del armado económico de los liberticidas, en conexión con una crisis internacional de conjunto. Los trabajadores, que soportan con despidos, liquidación de conquistas sociales y laborales esta fiesta de los especuladores capitalistas, son quienes ajustarán cuentas de verdad con los Milei-Caputo. 

 Marcelo Ramal 

 15/02/2025

Ecuador: polarización electoral y ballotage

El ballotage se realizará el 13 de abril 

La primera vuelta de las elecciones ecuatorianas se caracterizó por una fuerte polarización entre el actual presidente Daniel Noboa (en el poder desde los comicios anticipados de 2023) y Luisa González, la candidata del correísmo. La Acción Democrática Nacional (ADN) de Noboa obtuvo el 44,15% de los votos en la categoría presidencial, mientras que Revolución Ciudadana-Reto, de González, logró un 44% -son menos de 30 mil votos de diferencia. 

 Para darse una idea de las dimensiones de esta polarización, basta decir que Noboa crece casi 20 puntos con respecto a los últimos comicios, y el partido del expresidente Rafael Correa otros 10 puntos. En contraste, el resto de los partidos se desvanece o directamente se hunde. La tercera fuerza fue Pachakutik, que tuvo como candidato a Leónidas Iza (dirigente de la Conaie), quien logró ingresar unos ocho legisladores con el 5% de los votos, performance que, de todos modos, está muy lejos de aquella resonante elección de 2021 en que, con el 20%, Pachakutik consiguió 30 diputados y casi entró al ballotage. 

 El cuarto lugar fue para Andrea González (2,7% de los votos), una candidata que fue parte del armado de Fernando Villavicencio en 2023 (asesinado durante la campaña electoral), y que quedó lejos del 16% que supo obtener entonces el Movimiento Construye con sus denuncias de la corrupción. Otro dato significativo es que el Partido Social Cristiano (PSC), uno de los más tradicionales de la política ecuatoriana, apenas rozó el 0,7% de los votos, cuando había rondado el 14% en las elecciones pasadas.

 Con estos resultados, ADN y Revolución Ciudadana se aseguran bancadas de entre 65 y 66 legisladores en la Asamblea Nacional, pero estarán obligados a negociar con terceros partidos para alcanzar la mayoría absoluta de 77. 

 El ballotage, pautado para el 13 de abril, aparece abierto. 

 Militarización y crisis social 

 Las elecciones se enmarcaron en el “estado de excepción” y la militarización “a lo Bukele” impuesta por Noboa desde enero de 2024, en medio de un crecimiento meteórico del narcotráfico y los homicidios, que alcanzaron un pico de 47 por cada 100 mil habitantes en 2023 (Infobae, 3/2). 

 El gobierno fue a las urnas a plebiscitar su política represiva, a pesar de que la violencia criminal apenas mermó (en 2024 hubo 38 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifra extraordinariamente elevada) y las fuerzas armadas procedieron a todo tipo de detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos. El caso más grave fue la desaparición seguida de muerte de cuatro menores de entre 11 y 15 años, cuyos cuerpos aparecieron calcinados un mes después del secuestro. Las grandes movilizaciones por justicia consiguieron la detención de 16 uniformados involucrados. 

 El correísmo hizo una campaña centrada en la denuncia de la pobreza, violencia y desempleo, lo que le bastó para canalizar un amplio malestar popular ante la crisis en todos los terrenos que envuelve a Ecuador, desde los crímenes del narcotráfico hasta los apagones eléctricos, pasando por el deterioro de los ingresos populares. La debacle ecuatoriana es tan honda que el programa de gobierno de González se permite reivindicar la presunta “década ganada” con Correa (2007-2017), pese a que no alteró el carácter esencialmente petrolero de su economía, la dolarización ni el dominio de los grandes conglomerados empresarios. A su vez, esa "década ganada" -en la que fueron reprimidos docentes y ambientalistas- desembocó en la gestión derechista de Lenín Moreno, quien llegó al poder auspiciado por Correa, con el que rompió más tarde. 

 El retroceso electoral de Pachakutik merece una reflexión especial. El peso de la enorme bancada que conquistó en 2021, en las elecciones que llevó a Yaku Pérez como candidato presidencial, se diluyó ante la falta de una línea de independencia política, con muchos legisladores emigrando directamente a la derecha. Ya en los comicios anticipados de 2023, la crisis en el seno de este bloque llevó a que la Conaie retirara el apoyo político a Pérez, quien compitió por la alianza Claro que se Puede (integrada por Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano), cayendo al 4%. 

 La candidatura de Iza, quien fue uno de los referentes de la Conaie durante los levantamientos de 2019 y 2022, se resume bastante bien en estas declaraciones a la prensa: “soy crítico al capitalismo, al neoliberalismo, a la forma de producción actual, que prácticamente está acabando con la humanidad. Efectivamente, pueden decir que somos radicales, pero no va a ser por imposición, sino a partir de lo que dice la Constitución” (Primicias, 6/1). Es decir, un planteo que denuncia el avasallamiento de los pueblos indígenas y la depredación de los recursos naturales por parte del gran capital, pero desde una línea de conciliación de clases. 

 Además de Iza, se presentó como candidato el referente docente Jorge Escala, por Unidad Popular, un frente impulsado por el Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador (PCMLE), que llegó al 0,4%. La vice de Escala fue “Pacha” Terán, del movimiento indígena de la Sierra norte. En tanto, Pedro Granja, un abogado enfrentado al crimen organizado, sacó el 0,53% de los votos como candidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). En cuanto a Yaku Pérez, terminó directamente como el primer candidato a legislador de una variante derechista marginal (Amigo), cuyo candidato presidencial, Juan Cueva, hizo campaña -a lo Espert- con su programa “plan plomo, cero delincuencia”, e incluso sostuvo que “hay que pensar en la flexibilidad del horario laboral de las personas” (ídem, 26/12/24). 

 La izquierda ecuatoriana necesita establecer un planteo de independencia política clara frente a los dos grandes bloques políticos patronales (la derecha y el correísmo) que han dominado la vida política de los últimos veinte años. 

 Gustavo Montenegro

CON FILO | Las locuras del emperador

Trump promete abrir “las puertas del infierno” en Gaza

El gabinete de seguridad israelí, que toma las principales decisiones en torno a la guerra, acordó este martes proseguir con el alto el fuego siempre y cuando Hamás libere este sábado rehenes israelíes, como estaba previsto. Eso abre un interrogante sobre si se refieren a los tres rehenes que establece el acta de acuerdo o a la exigencia de Trump de que liberen a todos. 

 «Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto el fuego terminará y las FDI reanudarán los intensos combates hasta que Hamás sea derrotado de forma decisiva», dijo Netanyahu, añadiendo que la decisión había sido tomada por unanimidad por los miembros del gabinete.

 La formulación es ambigua. Una fuente confirmó que “todos los miembros del gabinete expresaron su apoyo a la demanda del presidente estadounidense Donald Trump de liberar a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado y a su visión revolucionaria para el futuro de Gaza". 

 Más que avanzar en la segunda fase de la tregua, cuya negociación debería haber comenzado en Doha (Qatar) hace ocho días y que Israel mantiene bloqueada, la reunión del gabinete discutió una respuesta a Hamás (TWP 11/2) que anunció que “congelaba hasta nuevo aviso” la entrega de rehenes, que debía producirse el sábado, en represalia a las violaciones al pacto efectuadas por Israel. 

 Aunque Hamas dejó abierta la puerta para modificar la suspensión si entraban las tiendas de campaña y la ayuda humanitaria, y se autorizaba el pase a Egipto de los enfermos graves, como se había acordado, Donald Trump terció “con una nueva bomba que contradice los términos de la tregua” (NYT 11/2). 

 Trump dijo que si Hamás no liberaba a todos los rehenes israelíes restantes antes de las “12 del sábado”, el acuerdo de alto el fuego con Israel debería cancelarse. Y prometió abrir “las puertas del infierno”. Sin embargo, el acuerdo no prevé que Hamás entregue el sábado, de golpe, a los 76 rehenes, entre vivos y muertos. Lo que establece son canjes semanales durante meses.

 En realidad, antes de que Hamas suspendiera la liberación de los rehenes Israel ya estaba preparando un nuevo ataque: en la tarde del lunes, el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las tropas prepararse “al máximo nivel de alerta para cualquier escenario posible en Gaza” y el ejército anunció la congelación de los permisos “para los soldados de combate y las unidades operativas del Comando Sur” y un “refuerzo significativo” del despliegue de tropas. Poco después, los gazatíes vieron sobrevolar cazas y drones, prohibidos en el acuerdo de alto el fuego.

 También Itamar Ben Gvir, líder del principal partido ultraderechista en el Parlamento y ministro de Seguridad Nacional hasta el mes pasado, cuando abandonó la coalición de Netanyahu en protesta por el alto el fuego, pidió bombardeos “masivos” por tierra y aire sobre Gaza e impedir todo ingreso de ayuda humanitaria, “incluidos electricidad, combustible y agua”. “¡Debemos reanudar la guerra y destruir!”, escribió el fascista en X.

 En la misma línea, el ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, reclamó: “Debemos darle un ultimátum a Hamás. Cortar la electricidad y el agua, frenar la ayuda humanitaria”, ha reclamado Smotrich.

 Hamás respondió este martes que el empleo de amenazas no va a salvar la tregua. Uno de sus dirigentes, Sami Abu Zuhri, advirtió a Trump que “el lenguaje de las amenazas no tiene ningún valor y solo complica las cosas”. 

 Trump no solo patoteó a los palestinos. El lunes aumentó la presión sobre Egipto y Jordania avisando que podría cortarles la ayuda si no acogen a los palestinos expulsados de Gaza. Jordania, al igual que Egipto, también se encuentra entre los principales receptores de ayuda militar estadounidense (WSJ 11/2). 

 Más de la mitad de la población de Jordania es palestina; la llegada de cientos de miles de desplazados pondría en cuestión la existencia misma del país. “Lo que ha hecho el Sr. Trump es poner en juego el futuro del Reino de Jordania”, dijo Khalil Jahshan, director ejecutivo del Centro Árabe de Washington D.C.

 En tanto, en Tel Aviv, desde muy temprano a la mañana, familiares de los rehenes, junto con otras decenas de personas, han cortado la carretera 1, que une Jerusalén y Tel Aviv. Exigen que se siga cumpliendo el alto el fuego para que regresen todos los secuestrados. 

 En Jerusalén, otra marcha llegó a la oficina del primer ministro en Jerusalén, donde se han producido algunos encontronazos con agentes de policía. 

 Olga Cristóbal 

 11/02/2025