domingo, 24 de octubre de 2021
sábado, 23 de octubre de 2021
Ecuador: el estado de excepción y el ajuste de Lasso
El jefe de Estado argumenta que estas medidas responden al crecimiento de la inseguridad y del narcotráfico, pero las instituciones que empodera son parte de ese problema. Mientras tanto, se ha profundizado la crisis carcelaria. A comienzos de este mes, el mayor motín de la historia, en un penal de Guayaquil, dejó 119 muertos.
Sin embargo, más allá de la retórica oficial, lo que el gobierno busca, por un lado, es dar una señal de autoridad política, ante las dificultades que encuentra su agenda para abrirse paso. Por otro, es un recurso contra la movilización popular. Y, finalmente, pretende instrumentar una distracción frente a las revelaciones que involucran a Lasso en los Pandora Papers. El exbanquero aparece comprometido por haber operado a través de más de una decena de firmas offshore.
En cuanto a los obstáculos que encuentra la administración derechista, lo más sobresaliente es que la Asamblea Nacional rechazó el tratamiento de un paquete de reformas en materia tributaria y laboral, con las que el gobierno busca explícitamente agradar al Fondo Monetario. El organismo financiero había concedido un préstamo al gobierno anterior de Lenín Moreno, a cambio de severas medidas de ajuste, que su sucesor está tratando de implementar.
El partido de Lasso, Creo, es una pequeña minoría del parlamento. Ante el reparo de los otros bloques a tratar la megainiciativa (fundamentalmente, el correísmo, Pachakutik y el Partido Social Cristiano -que se había aliado al mandatario en las últimas elecciones), el jefe de Estado denunció una conspiración y amenazó inclusive con la “muerte cruzada”, un mecanismo que otorga al presidente la potestad de disolver los mandatos del Legislativo y el Ejecutivo, que abre paso a la convocatoria a nuevos comicios.
Después de mostrar los dientes, Lasso sacó un pie del acelerador y se comprometió a hacer revisiones a las leyes. Al mismo tiempo, busca una apertura de espacios de diálogo con las fuerzas opositoras, para consensuar las medidas de ajuste. Ya se produjo un encuentro con representantes de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, la poderosa central indígena.
Mientras tanto, Lasso anunció un nuevo aumento en los combustibles, pero a la vez, la suspensión de los incrementos a partir del mes próximo. Es que, al calor de la suba de los precios internacionales, se está dando un alza importante. Y todavía está latente el recuerdo del levantamiento popular de 2019, que se desató precisamente a raíz del recorte en los subsidios en los carburantes.
Este 22, sesionaba el consejo ampliado de la Conaie, para evaluar posibles medidas de acción. Por lo pronto, el martes 26 habría una jornada de manifestaciones, en la que participaría también el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Pero, al tiempo que se desenvuelven estas acciones, Pachakutik muestra su disposición a alcanzar consensos con el gobierno derechista.
En resumen, la agenda de Lasso encuentra dificultades para abrirse paso, por su debilidad de origen, y por la sombra de la rebelión popular. En estas condiciones, busca la colaboración de la oposición. Esta oposición, en sus distintas variantes, reclama una suavización de las medidas de ajuste, pero no su retiro incondicional, y tampoco tiene un planteo de fondo contra el gobierno fondomonetarista.
El rechazo al estado de excepción, al aumento en los combustibles, a la reforma laboral y tributaria, y al pacto con el FMI, son puntos claves para un plan de lucha del movimiento obrero, estudiantil y campesino que derrote los planes de Lasso.
Gustavo Montenegro
viernes, 22 de octubre de 2021
Revelaciones sobre los contratos secretos de Pfizer con los Estados para “maximizar las ganancias”
El detalle del mismo revela que de los 73 contratos firmados por Pfizer, solo 5 son conocidos públicamente, aunque estos también sufrieron modificaciones luego de la firma. Entre las cláusulas impuestas se resalta la prohibición a los gobiernos de hacer “cualquier anuncio público sobre la existencia, el tema o los términos del acuerdo”, como recita el acuerdo con el Brasil de Bolsonaro. Los contratos de Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y Perú incluyen un apartado donde renuncian “expresa e irrevocablemente a cualquier derecho de inmunidad que él o sus activos puedan tener o adquirir en el futuro”, mientras que los cuatro primeros firmaron también la renuncia a “la inmunidad contra la incautación ‘cautelar’ de sus activos”, lo que en otras palabra significa que ante falta de pago los laboratorios pueden hacerse de recursos, infraestructura y sistemas esenciales para el desarrollo de las actividades nacionales, categorías que incluyen embajadas, edificios gubernamentales, bases militares y hasta reservas del Banco Central.
En cambio, en ningún contrato conocido hasta ahora se establecen cláusulas de penalidad en caso de que Pfizer incumpla con las entregas o los cronogramas, e incluso obliga a los Estados a “indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Pfizer de y contra todas y cada una de las demandas, reclamos, acciones, demandas, daños, costos y gastos relacionados con la propiedad intelectual de las vacunas”. Enmiendas del mismo tipo se encontraron en el contrato del laboratorio con Argentina, que acordaron cerrar luego de la modificación de la Ley de Vacunas a través de un DNU hecho a medida de Pfizer. Vale recordar que el DNU permitió la eliminación de la palabra “negligencia”, excluyendo la responsabilidad de los desarrolladores ante cualquier efecto adverso, y la creación de un fondo de reparación Covid-19 para hacerse cargo de las indemnizaciones que sean necesarias, financiado por el Estado nacional y no por los laboratorios creadores de las fórmulas
El informe también resalta la importancia que le dan los laboratorios a la confidencialidad y las leyes de blindaje jurídico para acordar con los Estados, dos cuestiones que sostienen la existencia de precios diferenciales según el país, perjudicando a aquellos con menos capacidad de negociación y financiación. Además, al darse puertas adentro, excluyen de toda discusión y auditoría del contrato a la población. Incluso aceptando dichas concesiones, los laboratorios se ven reticentes a entregar fechas claras de entrega; de hecho, el informe retrata que los contratos de Albania, Brasil y Colombia le dan a Pfizer el derecho de modificar los cronogramas unilateralmente.
Este esquema, junto con el sostenimiento de las patentes, es lo que les permitió a los laboratorios sostener el monopolio de la producción y cosechar ganancias extraordinarias durante los últimos dos años, y que proyecta grandes beneficios para los próximos años. Por su parte, Pfizer es una de las empresas más populares y reconocidas en términos de producción. Esto lo demuestra que haya cerrado con la Unión Europea uno de los contratos más jugosos por comercialización de sus dosis. En total, ya vendió más de 3.500 dosis y se espera que sus ventas se dupliquen en 2022.
El problema de la confidencialidad y monopolio de las patentes abrió la puerta a incumplimientos de todo tipo e incluso a dificultades y retrasos en la producción, lo que explica las grandes brechas entre distintas naciones para cumplir con sus objetivos de vacunación. En América Latina es claro: mientras en Chile se alcanzó el 80% de la población con al menos una dosis, en Haití menos del 1% se vacunó. Esta diferencia se observa también entre continentes. Hace meses que Europa discute una tercera dosis para sus habitantes, mientras que en África apenas el 5% de su población cuenta con una dosis. En los contratos con Pfizer también aparecen cláusulas que prohíben la aceptación de donaciones o el intento de los países de hacer las propias, lo que pinta de cuerpo entero la intención de capturar las mayores ganancias posibles sin el menor interés en garantizar dosis para la población mundial. Es un panorama que demuestra el fracaso de los organismos internacionales y de coordinación de los Estados para dar una respuesta a la pandemia, aun contando con vacunas sumamente eficaces desarrolladas en tiempos acelerados.
De allí se desprende el reclamo de miles de personalidades en torno a la liberación de las patentes, tomado en Argentina también por el Frente de Izquierda, entendiendo que las vacunas deben ser declarado un bien público que sirva para el conjunto de la sociedad. En este sentido, las patentes le ponen un freno a las capacidad de desarrollo de vacunas y a los avances en ciencia y técnica de los últimos 100 años, y contrariamente allanaron el camino para que un puñado de laboratorios se haga con el monopolio de la producción, generando importantes retrasos en la vacunación mundial.
En Argentina, el gobierno continúa allanando este camino facilitándoles a los laboratorios negocios con la producción de vacunas en plantas que, en gran parte, fueron financiadas con fondos estatales, como en el caso del empresario Hugo Sigman. En cambio, son varios los proyectos de investigadores y científicos de universidades nacionales que no reciben presupuesto acorde, viéndose obligados a establecer vínculos con la medicina privada para avanzar en sus investigaciones. Sobre eso es que planteamos la necesidad de liberar las patentes y terminar con el secretismo en los contratos y las negociaciones, y avanzar en un plan de producción de vacunas bajo control de sus trabajadores en las plantas del país que tienen las condiciones y acondicionando las que sean necesarias. Además, un aumento en el presupuesto de ciencia y técnica que permita la investigación, el desarrollo y la producción de una vacuna nacional, centralizando los recursos del país, para garantizar la inmunización para Argentina y el resto de América Latina.
Lucía Cope
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