martes, 2 de marzo de 2021

Se viene una oleada de estallidos sociales en el mundo


En Indonesia, los trabajadores entraron en huelga en octubre contra una reforma laboral. 

Lo dice el FMI. 

El Fondo Monetario Internacional ha publicado recientemente un documento donde afirman que una vez superada la pandemia los estallidos sociales emergerán nuevamente. Se equivoca en dos aspectos: a) esa ola ya se está dando; b) la misma crisis sanitaria de la pandemia la incentivará. 
 El informe que hace un recorrido histórico de las repercusiones sociales y políticas de las pandemias a lo largo de la historia (la peste negra, la gripe española, etc.) también toma para su análisis los distintos conflictos sociales de 1980 a la fecha en todo el globo. Para ello usan algunos ejemplos como la epidemia de ébola en África de 2014 a 2016 donde, una vez superados los brotes, estos “provocaron un aumento de la violencia civil superior al 40% al cabo de un año y su efecto sobre el malestar social persistía varios años después”.
 El documento comienza reconociendo que previo a la pandemia, el desarrollo de levantamientos obreros y populares estaba en pleno desarrollo, por la elevada desigualdad económica en la población. Estos conflictos habrían disminuido, según el FMI, en la medida que la pandemia se expandía y las cuarentenas confinaban a la población. El caso de Chile sería un buen ejemplo ya que solo las medidas sanitarias pudieron contener, parcialmente, las grandes movilizaciones que ya hacía un año tomaban las calles del país vecino. Los motivos que le atribuyen los analistas del FMI a la “conflictividad social” son “la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”. 
 No es la primera vez que este organismo hace un pronóstico parecido. En octubre de 2020 había publicado otro informe de similares características donde expresaba que “las epidemias severas que provocan elevada mortalidad aumentan el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales” ya que “reducen el crecimiento económico y elevan la desigualdad” aumentando así el malestar social de la mayoría de la población. 

 La pandemia no detiene la crisis mundial 

Como ya hemos mencionado, otro elemento a destacar del documento es el análisis que hacen de la “conflictividad social” dentro de la propia pandemia del coronavirus donde afirman que las protestas disminuyeron significativamente. Sin embargo, también presentan dos “excepciones que confirman la regla”: Líbano (por la crisis del gobierno) y Estados Unidos.
 Sobre este último caso es preciso detenerse por tratarse nada más ni nada menos que del centro de la crisis económica mundial. La pandemia ha encrudecido la crisis en particular en EE.UU. donde los nuevos desocupados se cuentan por millones y el conjunto de los analistas internacionales señalan esta crisis como la peor desde 1929. La rebelión que sacudió todo el 2020 no se explica solamente por el movimiento #BlackLivesMatter, como afirma el documento del FMI, sino también por el agravamiento de la condiciones de vida de la mayoría de la población. Tampoco menciona las movilizaciones orquestadas por bandas pseudo fascistas como la toma del Capitolio. 
 Sin embargo, el informe no se detiene ni en la rebelión estadounidense ni en los cientos de paros, protestas y rebeliones que ocurrieron durante la cuarentena en todo el mundo. Tan solo el último año tuvimos la sangrienta guerra entre Azerbaiyán y Armenia (que trajo luego enormes movilizaciones en este país), la rebelión de más de 200 millones de campesinos en la India, la mayor huelga general en Indonesia contra la reforma laboral antiobrera o las masivas protestas en Bielorrusia entre otros tantos ejemplos que movilizaron a millones de personas en todo el planeta. Si algo es seguro es que la pandemia no representó un año tranquilo para la burguesía. 
 Las crisis y colapso de los sistemas sanitarios que la pandemia ha puesto de relieve, como expresión directa de la crisis capitalista mundial y la desinversión de los gobiernos en materia de salud pública, está impulsando las rebeliones populares (Perú, etc.). El levantamiento de las cuarentenas, sin haber superado la pandemia, producto de la crisis capitalista y su sistema basado en las ganancias, contra las necesidades de la población (falta de vacunas, monopolio de las mismas por los grandes laboratorios que lucran con la emergencia sanitaria, etc.) y el agravamiento de las crisis sociales en todo el mundo son los motores directos de las grandes rebeliones (como ya está sucediendo). De lo que no habla el FMI es que el abismal empobrecimiento de las masas, que es el que las empuja a luchar en las calles, se debe a que los distintos gobiernos capitalistas impulsan a rajatabla las políticas de ajuste que “sugiere” este organismo. 
 Las reformas laborales y jubilatorias, las rebajas salariales y el ataque a las condiciones de vida de la clase obrera son la receta que aplica el FMI y que profundizan la crisis mundial y la desigualdad económica de la clase obrera. Es en realidad, un taparrabos para ocultar el hundimiento histórico del régimen capitalista. 

 Superar la crisis de dirección 

En cualquier caso, la clase obrera mundial debe intervenir de forma independiente en este nuevo salto en la crisis mundial. El hilo conductor de las rebeliones y protestas que se dieron antes y durante la pandemia ha sido la crisis mundial, pero estas rebeliones pusieron en evidencia también la ausencia de una dirección política independiente de los bloques capitalistas. 
 Poner en pie partidos independientes de la clase obrera se convierte más que nunca en una necesidad para intervenir en la lucha de clases en cada uno de los países. En nuestro continente la pelea por una segunda Conferencia Latinoamericana y de los EE.UU. que ayude a reagrupar a los revolucionarios para discutir un programa y una salida para intervenir en la crisis es un primer paso en este sentido. 

 Nicolás Wiso

domingo, 28 de febrero de 2021

Los “aprietes” internacionales de Pfizer y su incumplimiento de contratos


Luego del acaparamiento de vacunas por parte de un puñado de países imperialistas, una nueva denuncia devela las apretadas de Pfizer a numerosos estados de la periferia: “La compañía farmacéutica Pfizer, con sede en Estados Unidos, está exigiendo un rescate a los países, interfiriendo con su legislación e incluso exigiendo bases militares como garantía” (Inventia, 26/2 y Wionews, 25/2).
 Esto fue calificado como un acto “terrorista” por parte de la farmacéutica norteamericana (ídem). 
 Las compañías farmacéuticas fueron financiadas por diferentes Gobiernos y organismos internacionales y por subas espectaculares de sus acciones. Utilizaron “su poder para lucrar y se aprovechan tanto de un hecho desafortunado que recurren incluso al acoso” (ídem). 
 Pfizer “parece haber olvidado la necesidad del momento y, en cambio, ha recurrido a tácticas baratas para ganar cuota de mercado y aumentar sus ventas”, en referencia al uso de la piratería y la extorsión. El socio alemán de Pfizer, BioNtech, recibió 445 millones de dólares del gobierno de Alemania; EEUU le pagó 2 mil millones de dólares en julio de 2020. 
 “Pfizer se encuentra en una ola de extorsión de países pobres en nombre de la vacuna Covid-19” (inventia, 26/2). Pfizer tiene acuerdos comerciales con muchos países latinoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uruguay. “Esto hace que uno se pregunte (...) a qué tuvieron que renunciar: ¿bases militares, activos soberanos?”. 

 Negocios y acaparamiento 

Pfizer está buscando ganar $ 15 mil millones con las ventas de vacunas este año. Está en conversaciones con 100 países y organizaciones de todo el mundo. El 22 de enero de 2021, Pfizer firmó un acuerdo con Covax, la alianza global de vacunas, comprometió 40 millones de dosis a países pobres este año, mientras que anunció que enviará en breve 300 millones de vacunas sólo a EEUU (para julio) y que tiene pensado producir 2.000 millones más. La compañía publicó un comunicado de prensa del presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla: “En Pfizer, creemos que cada persona merece ser vista, escuchada y cuidada, es por eso que desde el comienzo de nuestro programa de desarrollo de vacunas, Pfizer y BioNtech, se ha comprometido firmemente a trabajar por el acceso equitativo y asequible de las vacunas covid -19 para personas de todo el mundo”, una total y completa mentira.
 El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, advirtió sobre el acaparamiento, ante un anuncio del G-7 de donar 7.500 millones dólares al fondo COVAX, “si no podemos comprar vacunas, el dinero no sirve para nada”. Según las previsiones de la OMS, se esperan 337 millones de dosis totales a distribuir entre 145 países, algo que no llegaría a vacunar ni al 20% de la población de esos países (página12, 23/2).

 Argentina y Brasil 

Argentina y Pfizer negociaron en junio de 2020 un acuerdo para proteger a la compañía en caso de demandas judiciales que inicien los usuarios. La empresa solicitó cargar los costos de cualquier resarcimiento ordenado por la justicia sobre Argentina. Es lo que aprobó el parlamento argentino en octubre de 2020. Sin embargo, Pfizer protestó porque la ley no la cubría en casos de “negligencia”. Argentina ofreció enmendar la ley, para definir la negligencia para incluirla más claramente como “distribución y entrega de vacunas por negligencia” (Wionews), o sea a la logística. Pero Pfizer no acordó. “En los Estados Unidos, la ley PREP, que es la ley de preparación pública y preparación para emergencias, otorga total inmunidad a empresas como Pfizer y Moderna. Pero esto no se aplica a la negligencia, sino a la intencionalidad” (Inventia, ídem). Cuando Pfizer vio rechazado este reclamo, exigió que Argentina contrate un “seguro internacional” para pagar posibles causas judiciales contra la empresa”. Esto sí habría sido aceptado por Alberto Fernández. Para los desmemoriados, es oportuno recordar que en 2001 el gobierno de De la Rúa sacó un seguro para la convertibilidad. Cuando el peso se vino abajo, en 2002, ni el Deustche Bank, ni el Morgan cumplimentaron el contrato. 
 “Pero aquí no es donde Pfizer terminó su acoso: en noviembre, Pfizer regresó con más demandas. Esta vez quería activos soberanos como garantía. Pfizer quería que Argentina pusiera, contenga la respiración, ¡sus reservas bancarias, su base militar y los edificios de su embajada como garantía!” (ídem). El sabotaje de Pfizer, que había hecho pruebas clínicas en el Hospital Militar, como anticipo de un contrato de vacunas, forzó las urgentes negociaciones de Argentina con Rusia. Ahora espera convertirse en productor de ella en asociación con México. 
 Brasil, el tercer país más afectado del mundo por la pandemia, también recibió aprietes. Pfizer reclamó a Brasil que creara un fondo de garantía y depositara dinero en una cuenta bancaria extranjera, “una demanda tan extraña y despiadada” (ídem). El 23 de enero de 2021, el Ministerio de Salud de Brasil emitió una declaración en la que citaba a expertos de las cláusulas previas al contrato de Pfizer: “Brasil renunciaría a la soberanía de sus activos en el exterior a favor de Pfizer, las reglas del país no se pueden aplicar a Pfizer, Brasil toma en consideración el retraso en la entrega, Pfizer no será penalizado por el retraso en la entrega, en caso de efectos secundarios, Pfizer quedará exento de toda responsabilidad civil” (ídem). Como consecuencia, Pfizer retrasó la entrega de vacunas, lo que costará miles de vidas, en Brasil donde mueren 1.400 personas por día. Bolsonaro se agarró desesperado a la vacuna Sinopharm, a pesar de haber denunciado durante meses al “virus de Wuhan”. 

 Emiliano Monge 
 28/02/2021

Documental La Ruta del Che


sábado, 27 de febrero de 2021

Biden bombardea Siria


La naturaleza del imperialismo. 

 A tan solo un mes de su llegada a la presidencia, Joe Biden ordenó su primer bombardeo en Medio Oriente, lo que ya se ha convertido en una tradición de los mandatarios yanquis (desde Ronald Reagan en adelante, todos lo han hecho). Fue en Siria, en la frontera con Irak, y estuvo dirigido pretendidamente contra milicias proiraníes que operan en el país mesopotámico. 
 El ataque, que según algunas fuentes habría causado más de veinte muertos, se hizo en franca violación de la Carta de Naciones Unidas, que no autoriza respuestas armadas contra un país que no esté involucrado en la agresión previa. Fue justificado por el gobierno yanqui como una represalia ante un ataque contra objetivos norteamericanos en Irak a mediados de mes.
 Preocupado por los retrocesos norteamericanos en materia de política exterior en los últimos años, Biden ya había confirmado al comienzo de su mandato su intención de recuperar el terreno perdido, al expresar que “Estados Unidos está de vuelta”. Credenciales no le faltan: como presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado, apoyó las invasiones de Afganistán e Irak.
 Como parte de su política exterior, Biden prepara una línea más dura contra Rusia y mantendrá la guerra comercial con Beijing y los ejercicios militares en el Mar de China Meridional, lo que ya desató roces con el gigante asiático. Al mismo tiempo, ha expresado algunos contrapuntos con Trump, por ejemplo en el propósito de retomar los acuerdos con Irán abandonados por el magnate (este bombardeo, de todos modos, es una piedra en el zapato de esa tentativa). 
 El ataque aéreo llega cuando la guerra y las sanciones económicas han agudizado las penurias de las masas en Siria. Un funcionario de la ONU asegura que el 60% de la población no tiene “acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos” (Europa Press, 26/2). También advierte sobre el desarrollo de la desnutrición infantil. La guerra en Siria ya ha dejado más de 500 mil muertos y 11 millones de desplazados y refugiados, sobre una población de 22 millones al comienzo del conflicto.
 En el complejo escenario sirio se entrecruzan los intereses del imperialismo yanqui, de Rusia y otras potencias regionales, como Turquía e Irán, que están desangrando al país. Bachar Al-Assad, que cuenta con el apoyo de rusos e iraníes, ha logrado mantenerse en el cargo. La oposición islamista quedó reducida a algunas áreas de la provincia de Idlib, donde resisten grupos ligados a Al Qaeda y otros relacionados con Turquía. El Estado Islámico, por su parte, fue derrotado a partir de la acción de una coalición internacional. 
 Uno de los objetivos norteamericanos en Siria es el control del petróleo. Bajo el gobierno de Trump, en nombre de priorizar la situación doméstica, se ordenó en octubre de 2019 el retiro de las tropas norteamericanas en el país, cuando Turquía emprendió una ofensiva contra los kurdos en la frontera norte (lo que fue leído por estos como una entrega por parte de los yanquis). Sin embargo, estas tropas se fueron reubicando después sobre los pozos petroleros.
 La orden del retiro fue aprovechada por Putin para ganar una mayor gravitación en la región. Arribó a un acuerdo con Turquía para establecer una zona de seguridad (que desplazó a los kurdos) y patrullajes conjuntos. Pero posteriormente, a comienzos de 2020, Turquía y Rusia se vieron fuertemente enfrentados ante la ofensiva del gobierno sirio sobre Idlib.
 A contrapelo de Estados Unidos, Turquía, Rusia e Irán han ido ganando mayor influencia en Siria. 
 En Irak, donde operan las milicias proiraníes que fueron atacadas (el llamado Hezbollah iraquí y Kataib Sayyid al-Shuhada, integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular creadas en 2014 para enfrentar al Estado Islámico), Estados Unidos tiene desplazados 5 mil soldados. En 2019, estalló una rebelión popular contra el gobierno de Adel Abdul-Mahdi, debido al desempleo masivo y la falta de agua potable y luz. En la represión hubo cientos de muertos. Tras su caída, se instauró en 2020 un gobierno liderado por Mustafa al Kadhimi, apoyado tanto por Estados Unidos como por Irán. El régimen corrupto de reparto de esferas de influencia entre distintos grupos confesionales se mantiene. Este gobierno también ha reprimido de forma criminal las recientes movilizaciones contra la devaluación monetaria, que amenazan con agudizar el empobrecimiento de las masas. 
 En definitiva, allí donde están los intereses norteamericanos, las masas lo sufren. Pero no son solo los yanquis. Hay un incremento notable de la intervención militar de las potencias imperialistas para defender sus privilegios de exacción de las riquezas nacionales (Francia, Italia, etc.). La agudización de la crisis económica capitalista las “obliga” a crecientes aventuras militaristas y masacres de los pueblos. ¡Fuera yanquis e imperialistas de Siria, Irak y Medio Oriente! Para la izquierda norteamericana, en particular para los sectores que activan dentro del Partido Demócrata, es un deber imperativo denunciar y movilizarse contra estas acciones militaristas-imperialistas. El “progresismo” si no es antiimperialista deviene en cómplice reaccionario. 

 Gustavo Montenegro

El partido de ultraderecha Vox, Eliécer Ávila y la “disidencia moderada” cubana


viernes, 26 de febrero de 2021

Vargas Llosa: elogio del narcogobierno


Decepcionado con el “modelo chileno” del cual fue un obstinado propagandista durante más de treinta años el novelista hispano-peruano acaba de publicar el pasado domingo un artículo que completa el proceso de descomposición moral de su pensamiento político. 
 Huérfano de referentes ejemplares a los cuales señalar en la región, en su desgraciada intervención no se le ocurre nada mejor que exaltar a los narcogobernantes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque como ejemplos que los demás países de Latinoamérica deberían emular. 
 Las afirmaciones que desgrana en ese artículo son una mescolanza de mentiras y disparates que exceden a las que ya nos tiene acostumbrados. Es más, un fiscal celoso podría llegar a considerarlas como apología del delito, dado que el narcotráfico está así tipificado en casi todos los países. Se nota que los años no pasan en vano y las tendencias al desvarío del escritor se tornan incontrolables, especialmente cuando voltea su mirada sobre Venezuela y sus adyacencias. Digo esto porque lo que origina su nota del domingo fue la promesa de Iván Duque de regularizar la situación de los inmigrantes venezolanos radicados en Colombia. 
 Esta iniciativa merece ser aplaudida, y ojalá que se convierta en realidad. Pese a una incertidumbre que llama a la cautela, el sólo anuncio de Duque desató la desbocada respuesta del peruano que escribió nada menos que “ningún otro (país) ha sido más libre, civil y democrático en ese mismo período” que Colombia. Se refiere a la etapa inaugurada con el Bogotazo, en 1948, y que llega hasta la actualidad. Con la furia y la ceguera propia de los conversos asegura que mientras las guerrillas mataban, secuestraban y perpetraban toda clase de atentados terroristas “la Colombia ‘civilizada’ (énfasis en el original) tenía una vida política democrática, con libertad de prensa y elecciones limpias, salvo el pequeño período de la dictadura militar de Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957.” La consecuencia de un clima político y social tan favorable, acota Vargas Llosa, no fue otra que facilitar las actividades del empresariado colombiano, que “ha hecho progresar al país a unos niveles que envidia el resto de América Latina.” Al otorgársele al casi millón de migrantes venezolanos sus documentos de identidad podrán “acceder a puestos de trabajo, así como a la seguridad social y a la educación en las instituciones colombianas.” Esto será posible debido a que supuestamente la población local no da abasto para satisfacer la demanda de mano de obra que existe en Colombia y que los que no consiguen trabajo saben que su bienestar está asegurado por la amplia cobertura de la seguridad social existente en el país y la extensión de su sistema de educación gratuita en todos los niveles.
 Sin embargo, los datos de la realidad no avalan las demenciales ocurrencias del autor de La Casa Verde. En efecto, según datos oficiales la tasa de desempleo nacional entre septiembre y noviembre de 2020 fue de 14,6 por ciento, aumentando 4,8 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año 2019. Difícil que bajo estas condiciones los migrantes venezolanos encuentren el paraíso laboral que les promete Vargas Llosa. Por otra parte, la seguridad social es una planta exótica en Colombia que sólo una minoría puede disfrutar, y la educación pública, sobre todo la universitaria, está fuera del alcance de las grandes mayorías nacionales. De hecho, la mayoría del alumnado universitario está matriculado en instituciones privadas y las universidades públicas no son gratuitas, aunque los aranceles varían según los casos y la condición social del alumno. 
 Al elogiar la actitud de Duque hacia los migrantes el novelista destila su ponzoña en contra de quien por largos años fuera su ídolo, Sebastián Piñera, y resalta la diferencia entre la actitud del presidente colombiano y “la del Gobierno de Chile que acaba de expulsar a muchos venezolanos.” Nadie puede asegurar que la promesa de Duque de regularizar la situación de los migrantes venezolanos será concretada. Pero Vargas Llosa tiene una memoria selectiva y soslaya mencionar un ejemplo notable que no puede ignorar: la legalización de la situación de unos cuatro millones de residentes invisibilizados en Venezuela, buena parte de los cuales eran colombianos. Esas personas carecían de documentos de identidad, vivían en los cerros en calles sin nombres y ranchitos sin número y que gracias a Hugo Chávez se convirtieron en ciudadanas y ciudadanos de Venezuela. Ese masivo proceso se llamó la “cedulación”, y luego fue completado con un gigantesco programa de construcción de viviendas populares, la extensión de los servicios de salud por todo el país (Programa Barrio Adentro) y un enorme impulso a la educación. Ninguna de estas tres cosas figura en la agenda de Iván Duque. Mentiroso impenitente, Vargas Llosa oculta lo que conoce porque el objetivo de sus notas de opinión no es esclarecer e informar al público sino mentir, difamar a las personas y procesos que repudia y apoyar a sus “amiguetes” conservadores en la región o fuera de ella. O, para usar el lenguaje que él también usa, aupar a sus “hijos putativos” en Latinoamérica, que son más de los que quisiéramos. Sólo que ahora están en decadencia. Por eso exhorta a los gobernantes del Grupo de Lima para que imiten a Duque, que hagan lo que éste dice que quiere hacer: “legalizar la presencia de las decenas de miles (o millones) de venezolanos que han llegado a sus playas … esos exiliados podrían encontrar trabajo legal, acudir a la sanidad y sus hijos acceder a la escuela pública, que ahora les está vedada.” 
 ¿Podrían, de verdad? Basta una mirada superficial a los indicadores sociales de Colombia para comprobar que tal cosa es prácticamente imposible porque los ya mencionados índices de desempleo en Colombia, sumado a la desocupación encubierta, y la histórica desatención de la salud y la educación públicas frustrarán sin duda las rosadas aspiraciones del novelista. Una rotunda desmentida de las prédicas de Vargas Llosa lo brinda un reciente informe oficial de las Naciones Unidas, con base en cifras oficiales del Gobierno colombiano en donde se asegura que hay en el país unas ocho millones de personas desplazadas de sus lugares habituales de residencia a causa de la violencia del paramilitarismo, el narcotráfico, la apropiación de tierras y el conflicto armado. Colombia es el país con el mayor número de desplazados del mundo; 7.816.500 personas al final del 2018, seguramente a causa de la prosperidad y democracia que tanto ha alabado el novelista. ¿Podrá garantizar para los migrantes venezolanos lo que ha demostrado ser incapaz de hacer con su propia ciudadanía? 
 El homenaje que rinde a la “Colombia civilizada” sólo puede caracterizarse como una alucinación, un delirio que arroja un manto de ocultamiento sobre la brutal violación de los derechos humanos en ese país. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, un órgano del Estado colombiano, señala que “753 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2020” (573 durante la gestión presidencial de Duque) y que aparte “existen otras 4.281 víctimas de otras formas de violencia en Colombia.” ¿Éste es el Gobierno que Vargas Llosa propone nada menos que como “modelo a imitar” en Latinoamérica y el Caribe? ¿Está el novelista en su sano juicio? ¿Se puede llamar “democracia” o proponer como un ideal a emular un régimen de represión y violencia como el colombiano, que ha sembrado de fosas comunes todo el territorio y que perpetró, bajo Uribe, el crimen de los “falsos positivos”: humildes campesinos analfabetos y desempleados que eran reclutados por el Ejército, disfrazados luego como insurgentes de la FARC o el ELN y aniquilados a mansalva para ser presentados ante la prensa como prueba de la eficacia de la lucha antiguerrillera en Colombia, mientras sus familiares los buscaban con desesperación. ¿Es ese el modelo a imitar? 
 Una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUDH, comprobó que “la defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. En 2020, se conoció de 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.” ¿Puede un intelectual público como él, tan atento a las vicisitudes que atribulan a Latinoamérica ignorar algo que cualquier medio de comunicación ha venido informando regularmente? 
 Suficiente con el tema de la violencia y la represión. Examinemos por último los vínculos con el narcotráfico del tan admirado Álvaro Uribe, supuesta víctima de la campaña de desprestigio de la omnipotente izquierda latinoamericana. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, inicialmente elaborado en Septiembre de 1991, desclasificado en el 2004 y filtrado a la prensa poco después más tenía por objeto lo que exhibimos a continuación: 
 Traducción: “Este informe suministra información sobre los narcotraficantes colombianos más importantes contratados por los cárteles para su seguridad, transporte, distribución, colección y ejecución de operaciones de narcóticos en Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son también contratados como “sicarios” por los líderes de los cárteles para perpetrar asesinatos.”
 En el número 82 de esa lista, al final de la página 10, figura Álvaro Uribe Vélez, que los redactores lo caracterizan de esta manera: “Político colombiano y senador, dedicado a la colaboración con el cártel de Medellín a los más altos niveles gubernamentales. Uribe está involucrado en negocios del narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para acceder a una posición de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas de un Tratado de Extradición”. (p. 10 y 11)
 Obviamente que a partir del descubrimiento de estos vínculos de Uribe con el narcotráfico el Gobierno de Estados Unidos observó con atención la progresión de su carrera política y en el momento oportuno algún funcionario de la CIA estacionado en Bogotá se apersonó a él y le dijo algo que imaginamos habrá sido más o menos así: “¡Hellow, Álvaro. Bienvenido a la compañía. Ahora trabajas para nosotros! Puedes negarte si quieres, pero en tal caso terminarás pudriéndote en una cárcel de máxima seguridad por el resto de tu vida.” La lambisconería de Uribe para con la Casa Blanca, y la de sus sucesores, todos cómplices del narco colombiano, hay que entenderla a partir de esta realidad. No sólo porque son oligarcas y reaccionarios. Es gente que carga con un tremendo prontuario sobre sus hombros y deben obedecer sin chistar lo que ordena el Gobierno de Estados Unidos. Si éste les dice que ataquen a Chávez o a Maduro lo hacen; si les pide que organicen un concierto/invasión a Venezuela desde Cúcuta lo hacen; si les ordenan que sus tropas penetren en territorio ecuatoriano en Sucumbíos y arrasen con un campamento guerrillero lo hacen; si les piden destruyan a la UNASUR acatan la orden sin chistar. No tienen opción, porque saben que están en “libertad condicional” que el amo del Norte puede interrumpir en cualquier momento y encerrarlos en un calabozo por el resto de sus días. Narcogobernantes con tales prontuarios son presas fáciles de cualquier extorsión que decida la Casa Blanca. 
 ¿Sólo Uribe? No. En marzo del año pasado la Agencia EFE informaba sobre “la tormenta que empezó a formarse sobre el presidente colombiano, Iván Duque, y su mentor, el senador Álvaro Uribe, por una supuesta compra de votos en 2018 con la ayuda de un presunto testaferro de narcotraficantes”, José Guillermo Hernández, alias el “Ñeñe”. Y el diario en el que Vargas Llosa publica sus brulotes, El País, informaba en su edición del 11 de marzo del 2020 que “el narcotraficante y testaferro, fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil y el propio expresidente y actual senador Álvaro Uribe manifestó en un trino que ‘causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera’. El homicidio sucedió en medio de una vendetta entre narcotraficantes, según las pesquisa. … Desde hacía unos meses, igualmente, en redes circulaban múltiples fotos del presidente Duque, senadores y altos dirigentes del partido Centro Democrático, fundado por Uribe y principal plataforma del actual Gobierno, con el Ñeñe.” 
 Estos delincuentes son los que Vargas Llosa, en su descomposición moral, propone como modelos para Nuestra América. Es el remate lógico de su defensa a ultranza del capitalismo y del neoliberalismo; de la protección de los intereses de sus compinches como el hiper corrupto rey emérito Juan Carlos o el mentiroso serial José M. Aznar y gran parte de la burguesía española y latinoamericana. Mentir y mentir hasta el fin, confiando en que algo quedará en la conciencia de sus lectores. Se equivoca, y debe ser amargo reconocerlo; desesperante también tener que aferrarse en medio del naufragio de sus proyectos políticos a dos bandidos como Álvaro Uribe e Iván Duque. Como apasionado lector de sus novelas, pletórica de personajes queribles y admirables, siento lástima por aquel joven inconformista de San Marcos y la célula Cahuide del Partido Comunista Peruano que el ultraja irreparable de los años –por cierto no para todos- convirtieron en un bárbaro adalid de la derecha, incluyendo a sus más desprestigiados narcogobernantes. 
 Vergüenza debería sentir por proponer tamaño desatino, movido por su odio visceral, incandescente contra quienes luchan por una sociedad mejor basada en el humanismo, la solidaridad, la felicidad colectiva. 

 Atilio A. Boron
 | 26/02/2021 |