lunes, 12 de junio de 2023
domingo, 11 de junio de 2023
Néstor Kirchner, el salvador… de los fondos buitre
Este 25 de mayo se cumplirá el vigésimo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de Argentina. El Frente de Todos organizó un acto en Plaza de Mayo, que tendrá a Cristina Kirchner como única oradora, tanto para conmemorar el aniversario como para montar un show político, en el marco de un derrumbe económico-social y de la bancarrota del elenco oficial. La experiencia del otrora mandatario, con sus particularidades, fue un episodio más de la historia del nacionalismo burgués argentino en el poder. Y un aspecto fundamental de ese capítulo fue la renegociación de la deuda externa que Kirchner llevó a cabo en 2005, de la que el actual presidente Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, y Roberto Lavagna, que fungía como ministro de Economía, fueron partícipes.
Al llegar al sillón de Rivadavia, Kirchner se encontró con una deuda pública de 181.000 millones de dólares, heredada del gobierno de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo. De ese total, el mandatario terminó por reestructurar unos 81.800 millones, logrando una quita de aproximadamente 40.000 millones. A ese canje ingresó el 76% de los acreedores. Cabe destacar que los acreedores que ingresaron al canje habían comprado los bonos cuando valían apenas unos pocos centavos. La reestructuración de la deuda externa significó el rescate de distintos grupos burgueses y sectores del capital financiero internacional. Para los capitalistas que adquirieron los bonos a precios de remate significó un negoción; obtuvieron ganancias del 100%.
La renegociación K garantizó a los bonistas una tasa de interés del 10-11% anual en dólares, la cual estaba por encima de la tasa internacional media de la época. La deuda quedó configurada de la siguiente manera: una porción de ella (más del 40%) correspondía a títulos emitidos en pesos argentinos que tenían una tasa de interés fija del 2% y cuyo capital se encontraba indexado a la evolución de la inflación; otra parte de los bonos quedó nominada en moneda extranjera, con intereses atados al crecimiento de la economía nacional (cupón PBI), la cual se había hundido con la crisis de 2001-2002. La quita fue compensada mediante estos beneficios. Para honrarlos, Kirchner se comprometió a sostener un superávit fiscal.
Se trató de una política de expropiación de los ingresos futuros de los trabajadores en beneficio del capital. Por los términos del canje, la deuda aumentó en 600 millones de dólares por cada punto adicional de inflación y se debieron pagar 1.200 millones al año en concepto de intereses por los bonos en dólares ajustados al incremento del PBI (esto, tomando como parámetro que Argentina, hasta 2008, tuvo tasas de crecimiento superiores al 8% en el marco de una bonanza económica mundial y gracias a que se partía de una base de comparación bajísima).
Por otro lado, los créditos que Argentina mantenía con organismos como el FMI, el Banco Mundial y el BID (los cuales poseían más de la mitad de la deuda) se pagaron sin “quita” alguna. Al Fondo se le entregaron unos 10.000 millones de dólares cash, y al BID otro tanto, también en efectivo. En diciembre de 2005, el monto de dinero otorgado al FMI equivalía a cinco años del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y a doce años del presupuesto de Salta. Además, los dólares que “devolvió” Kirchner se habían utilizado para financiar una fuga de capitales en 2001.
El canje de Néstor Kirchner le permitió a la burguesía reconstituir sus lazos con el capital financiero internacional y volver a acceder al mercado de créditos. Fue parte de una política estratégica del expresidente, a saber, avanzar en la reconstrucción de la burguesía nacional, la cual se vio afectada por la catástrofe del 2001. Esta “reconstrucción” se desarrolló, entre otras cosas, sobre la base de una desvalorización del precio de la fuerza de trabajo producto de la devaluación del 200% que aplicaron el antaño presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, tras la salida de la convertibilidad.
Este proceso, asimismo, tuvo lugar en un escenario económico internacional favorable, caracterizado por el acople chino-norteamericano, en el que una reactivación de la demanda mundial de mercancías produjo que los precios de las materias primas que exportaba Argentina subieran. Kirchner también benefició a la clase capitalista manteniendo un dólar “recontra alto”. El gobierno procedió a comprar los dólares que ingresaban (había superávit comercial) con el objetivo de evitar una apreciación del peso y mantener artificialmente alto el precio de la divisa norteamericana, lo que le permitió al capital agrario obtener rentas extraordinarias y a la burguesía industrial nativa protegerse de la competencia foránea, pagando salarios devaluados. Para comprar esas divisas que ingresaban se emitió una gran cantidad de pesos, con su consecuente efecto inflacionario.
Néstor Kirchner nunca defendió la soberanía nacional, como dicen los cuentos fantásticos del peronismo. Después de él, CFK mantuvo en pie este esquema de exacción de la riqueza nacional. Cuando asumió la presidencia del país en diciembre de 2007, la deuda pública se ubicaba en 144.700 millones de dólares; concluyó su segundo mandato con una deuda pública de 240.665 millones. En el medio, pagó alrededor de 200.000 millones. Para estos menesteres llegó a estatizar las AFJP; a noviembre de 2010 se habían pagado 20.000 millones de dólares con plata de los jubilados. En diciembre de 2015, el 69% de la deuda pública estaba nominada en dólares. Los Kirchner, al igual que la derecha, han reconocido y pagado deudas ilegítimas y fraudulentas (Ciadi, Club de París, etcétera).
Entretanto, la fuga de capitales persistió: en la actualidad, la burguesía argentina tiene 400.000 millones de dólares (más de un PBI anual) en el exterior. Es decir que de la mano de la burguesía nacional que se propuso “reconstruir”, el kirchnerismo desfalcó el país. No utilizó los dólares que obtuvo para desarrollar las fuerzas productivas. En cambio, sí los usó para pagar deuda externa y garantizar la fuga de capitales. Además, contribuyó a profundizar el carácter primarizado de la economía nacional.
Antisoberanía
El pago de la deuda externa usuraria, fraudulenta e impagable es una política reaccionaria. Es un instrumento de las principales potencias capitalistas para oprimir y saquear a los países semicoloniales. Asimismo, es un fenómeno en extremo parasitario, ya que no se realizan inversiones para generar nuevo valor sino que se rescatan viejos pasivos que a su vez vienen de rescates anteriores; una bola de nieve que se sigue agrandando. Así, el capital financiero se apropia de una parte de la plusvalía producida por los trabajadores. A través de esto, las naciones más ricas condicionan la política interna de los países oprimidos, con la complicidad de las burguesías nativas (esto lo demuestra que la clase capitalista argentina es acreedora del país).
Este sometimiento del país a los dictados del capital internacional tuvo su traducción, en el plano político, en un alineamiento mayor del entonces gobierno K a la política exterior del imperialismo. Néstor Kirchner, al igual que sus pares “nac&pop” de América Latina (Lula, Evo Morales, Mujica), envió tropas militares a Haití para sostener un golpe pro-yanqui. Además, se plegó a la política antiiraní de George W. Bush. Kirchner siguió los pasos de su compañero Carlos Menem, quien envió efectivos castrenses a la Guerra del Golfo para respaldar a la coalición imperialista integrada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entre otros.
Kirchner, del mismo modo que CFK y la oposición patronal, ha pagado la deuda externa confiscando a los trabajadores y a los jubilados. Actualmente, Argentina está endeudada hasta los tuétanos y podría irse al default. Y la economía mundial, cuya crisis se ha agravado por la guerra, se dirige hacia una depresión.
Nazareno Suozzi
sábado, 10 de junio de 2023
Bolivia: crisis económica y política
Cae la producción de gas, se fugan capitales y se desarrolla una guerra faccional al interior del MAS.
Bolivia se encuentra sumida en una crisis económica, signada por la fuga de capitales, la escasez de ciertas mercancías y la caída de las exportaciones como fruto de la menor producción de gas. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Luis Arce, se encuentra surcado, además, por una guerra interna en la que él y sus epígonos se enfrentan a Evo Morales y los suyos.
Crisis económica
La economía boliviana ingresó en un escenario crítico. La divisa norteamericana escasea y hace cuatro meses que el Banco Central no da a conocer el estado de las reservas internacionales. En el mercado paralelo, debido a la alta demanda, el dólar es un 15% más caro que el oficial. El gobierno ha prohibido la compra-venta de dólares por encima de los valores fijados por el Estado y algunas personas fueron detenidas por burlar la disposición. Asimismo, para evitar la salida de dólares al extranjero, el presidente Arce ha establecido un tributo del 10% sobre el monto a enviar. A esto se suma la quiebra del Banco Fassil en el marco de un mega escándalo que terminó con la detención de sus ejecutivos y la imposición de un corralito confiscatorio (los ahorristas podrán retirar su depósitos en bolivianos y no en dólares).
La escasez de divisas está provocando un aumento de los precios de los productos importados, que son muchos ya que la economía boliviana no se caracteriza por tener una industria desarrollada. La inflación de mayo impactó brutalmente en algunos productos de primera necesidad, el aumento mensual de la carne de pollo fue de un 9,46% y el del tomate de un 22,51%. En el rubro recreación y cultura, el incremento ha sido de un 17% (Bloomberg, 5/6). Los medicamentos que Bolivia importa de Chile, Colombia y la India son algunos de los productos que están faltando, lo que es un acicate a la suba de los precios. Los capitalistas vienen beneficiándose de este proceso de confiscación de una parte mayor del salario y también del otorgamiento de ventajas impositivas.
La caída de las exportaciones es otro factor clave que explica la carencia de dólares. Esto es el producto, por un lado, de la caída de los precios de las materias primas que produce Bolivia, y, por el otro, de la menor producción de gas, fruto de la desinversión estatal; el país extrae un 33% menos de gas que en 2014. “Los yacimientos están cansados”, dijo Arce hace poco. Los pozos poseen una menor cantidad de gas y habría que avanzar en la exploración de nuevos sectores para remediar la situación de crisis. En 2022, Bolivia exportó 3.400 millones de dólares de gas e importó 4.365 millones de gasolina y diesel.
El consumo de diesel se está racionando (El País, 28/5); probablemente el gobierno no pueda importarlo debido a la falta de divisas. Algunas empresas mineras y agropecuarias comenzaron a importar diesel por su cuenta, a pesar de que en el mercado internacional su precio es mayor. Y el contrabando de combustibles no cesa; el gas, por ejemplo, es desviado para ser utilizado en la producción ilegal de electricidad. Se dice, asimismo, que la gestión Arce está dejando de pagar las facturas de las empresas importadoras.
En este contexto, el Parlamento nacional aprobó el mes pasado la “ley del oro”, la cual habilita al Banco Central a vender 21 toneladas de sus reservas en oro (equivalentes a unos 1.260 millones de dólares) para obtener divisas que le permitan al gobierno afrontar el pago de la deuda externa y evitar que se siga agigantando la brecha cambiaria. El gobierno del MAS rifa el oro para satisfacer los intereses del capital financiero internacional y para financiar la corrida al dólar. El oficialismo también ha tomado deuda por 400 millones de dólares en marzo y tiene en carpeta pedir otros 800 millones.
Este estado de cosas se agrava al calor de la crisis mundial. La suba de tasas dispuesta por los bancos de las principales potencias capitalistas ha recrudecido la crisis económica de Bolivia. La tasa que pagan algunos de sus bonos soberanos en dólares ha pasado de un 8,82% a un 37,3%. Bolivia es un eslabón frágil de la bancarrota capitalista internacional, que se está llevando puestas tanto a las economías de los países atrasados como a las de los más desarrollados.
Crisis política
En el plano político más general, la crisis económica tiene su expresión en la disgregación brutal del MAS, que viene desarrollándose hace tiempo. Luis Arce y el expresidente Evo Morales están protagonizando una guerra faccional que casi deja empequeñecida a la que mantienen Cristina Kirchner y Alberto Fernández en Argentina. Lo que hay detrás de estos choques es una disputa por los cargos estatales (el sector de Arce tiene una primacía en el gobierno, aunque el evismo ha logrado avanzar un poco) y por quedarse con el manejo de la nave del Estado luego de las elecciones que tendrán lugar en 2025.
Ambos elementos se acusan entre sí de corruptos; cada bando ha denunciado al otro de estar preparando un golpe de Estado para quedarse con el poder. Ya son cuatro los ministros de Arce que han salido del gabinete por estar acusados de recibir sobornos de empresas. Morales dijo que Arce da luz verde a los hechos de corrupción para asegurarse el apoyo de las organizaciones sociales y sindicales (que tienen un peso importante en el gobierno) a las que pertenecen esos ministros y ganar más fuerza en su disputa interna por el control del MAS.
Evo quiere mostrarse como el portador de una orientación socialmente antagónica a la de Arce. Pero él fue quien encumbró al actual presidente en el poder. Además, todo parece indicar que los diputados del evismo contribuyeron, junto a los congresistas que responden al opositor golpista Carlos Mesa, a que salga la “ley del oro” en una votación secreta (El País, 5/5). No hay ninguna diferencia de fondo entre Morales y Arce.
Morales no representa una tentativa de emancipación nacional para Bolivia. Bajo su gobierno, Evo pactó con el gran capital y la oligarquía, y aportó tropas a la Minustah, la fuerza de ocupación militar de Haití. La acumulación de divisas (en un cuadro de bonanza económica internacional) durante su gobierno no se usó para desarrollar las fuerzas productivas del país, que sigue teniendo una economía primarizada y extractivista. A fines del gobierno de Morales, el sector informal (de pequeña escala y baja productividad) era el principal generador de empleo. El MAS ha fracasado en desarrollar una transformación social de fondo del país.
Las disputas faccionales, la crisis económica y los casos de corrupción son los hechos dominantes de la situación política nacional. La derecha golpista, golpeada, dejó de ser una preocupación para la clique gobernante, al menos por ahora. El fascista-golpista Luis Fernando Camacho y la exdictadora Jeanine Añez se encuentran detenidos por organizar el golpe de Estado de 2019, y Mesa será juzgado por lo mismo.
Las masas
En medio del agudizamiento de la crisis económica, las condiciones de vida de las masas están empeorando. Esto ha llevado a algunos sectores de trabajadores a salir a protestar. En algunas fábricas como Baye Of China o Incercruz se vienen desenvolviendo peleas contra despidos. En esta última, los trabajadores realizaron un paro por más de una semana debido a que les adeudaban más de 5 meses de salario.
La situación de la clase obrera boliviana es crítica. El 90% de los trabajadores se desempeña en el sector informal y carece de seguro de salud. Apenas el 20% de los obreros que integran el sector informal ahorra para su jubilación. Por otra parte, entre los trabajadores formales (10%), solo el 66% tiene acceso a la caja de salud (Bloomberg, 19/8/2022). En este marco, los pequeños emprendimientos familiares han tenido un crecimiento explosivo y también ha aumentado el cuentapropismo. Los salarios, entretanto, caen.
Ante esta crisis, la COB, principal central obrera del país, debe abandonar su línea conciliadora y organizar la lucha por trabajo genuino y aumentos salariales que cubran el costo de vida de las familias obreras.
Nazareno Suozzi
viernes, 9 de junio de 2023
Guatemala, elecciones bajo la sombra de la proscripción
El proceso electoral en Guatemala, donde el 25 de junio hay comicios presidenciales y se renueva el Congreso, se encuentra fuertemente cuestionado por la inhabilitación de tres candidatos de peso. El Tribunal Supremo Electoral sacó del juego, con argumentos arbitrarios, a la candidata del Movimiento de Liberación de los Pueblos, la referente indígena Thelma Cabrera (que en 2019 consiguió el 10% de los votos); al empresario de derecha Carlos Pineda (de Prosperidad Ciudadana, quien figuraba primero en algunos sondeos); y a Roberto Arzú García Granados, de Podemos (hijo del expresidente conservador Alvaro Arzú). También fue apartado el candidato a alcalde de la capital por la coalición del movimiento Semilla, el indigenista Winaq (grupo fundado por la ex Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú) y la URNG -partido nacido de las viejas formaciones guerrilleras.
En este escenario proscriptivo, quienes aparecen mejor ubicados para ganar la primera vuelta (se descuenta un ballotage, puesto que todos los candidatos están muy lejos del 50% de intención de voto) son Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, formación que suele definirse como centroizquierdista), y dos candidatos de derecha: Zury Ríos Sosa, de la alianza Valor-Unionista, hija del dictador Efraín Ríos Montt; y Edmond Mulet, de Cabal, un exjefe de la Minustah (las tropas de ocupación de Naciones Unidas en Haití) y ex embajador en Estados Unidos y la Unión Europea. Un prontuario.
Manuel Conde, el candidato de Vamos, que es el partido del mandatario saliente Alejandro Giammattei, obtendría magros resultados, según los sondeos. La aprobación del presidente se ha despeñado hasta el 3,9% en algunas encuestas.
En total, hay más de 20 postulantes.
Guatepeor
Giammattei, quien llegó a la presidencia tras vencer a Torres en el ballotage de 2019, es un eslabón más en la larga cadena de gobiernos capitalistas que hundieron el país. En el llamado corredor seco, la pobreza trepa actualmente al 80% y las muertes por desnutrición infantil en las áreas rurales se han multiplicado, un problema que se agrava por los estragos del clima sobre la agricultura (El País, 6/5).
Ya en 2020, la pobreza envolvía a más de la mitad de los guatemaltecos. En tanto, el 1% más rico concentra la misma riqueza que el 50% de la población (Expansión.com, 30/3).
El empobrecimiento de las masas disparó la migración. Entre 2013 y 2020, aumentó un 44% el número de guatemaltecos que viven en Estados Unidos (ídem). Junto a Honduras y El Salvador, Guatemala conforma el llamado triángulo norte que representa el mayor flujo de migrantes en dirección al río Bravo.
Este terrible escenario se completa con los crímenes y la persecución contra luchadores sociales. El Comité por el Desarrollo Campesino (Codeca) denuncia el asesinato de 23 de sus militantes desde 2018.
En 2020, grandes movilizaciones campesinas hacia la capital desafiaron el presupuesto de ajuste 2021 e instalaron la consigna de “Fuera Giammattei”.
Tensiones con el Norte
Giammattei sostuvo un vínculo dual con Estados Unidos. Por un lado, su gobierno fue una pieza importante en los intentos de contención y represión de las oleadas migratorias en la región, suscribiendo convenios al respecto con Washington. A la vez, fue el primer mandatario latinoamericano en entrevistarse con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, a raíz de la guerra en el este europeo, alineándose así en el campo del imperialismo.
Pero por otro lado, el presidente guatemalteco chocó con la Casa Blanca cuando desplazó de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a Juan Carlos Sandoval, quien contaba con el aval de Estados Unidos y llevaba a cabo una investigación por corrupción que rozaba al mandatario. Al mismo tiempo, el gobierno se enfrentó con ese organismo por el manejo del caso Odebrecht, acusándolo de establecer acuerdos de delación premiada para los que no tenía atribuciones.
La FECI es uno de los resortes del imperialismo en Guatemala para apuntalar su influencia y disputar espacios de poder y negocios con las camarillas políticas nativas y corruptas. El gobierno anterior del comediante Jimmy Morales sostuvo un choque similar con Washington cuando suspendió el mandato de la Cicig, una comisión anticorrupción apoyada por las potencias extranjeras.
La burguesía y el imperialismo destruyeron a Guatemala. Solo la clase obrera y las masas campesinas pueden abrir una salida.
Gustavo Montenegro
jueves, 8 de junio de 2023
miércoles, 7 de junio de 2023
Qué significan los niveles exorbitantes alcanzados por la deuda financiera global
La crisis financiera, localizada, no lo es sino en apariencia. Un informe reciente de la consultora McKinsey, reportada por el Financial Times, encontró que el stock mundial de riqueza en títulos y acreencias de todo tipo ha subido a la friolera 160 billones de dólares –160 acompañado por doce ceros. Es una riqueza en papel, porque su valor real no ha sido realizado en el mercado. La suba reciente de la tasa de interés que afectó a los bancos regionales norteamericanos, ha reducido el valor de esa riqueza en 8 billones de dólares –equivalente, como dice la información, a un tercio del PBI de Estados Unidos.
Esa riqueza en papeles constituye una parte relevante, no total, de lo que Marx ha denominado “capital ficticio”. No es un capital real sino una representación de ese capital, bajo la forma de acciones; de crédito al Estado, hipotecario, comercial e industrial. La asunción de una forma ficticia le permite valorizarse ficticiamente o desvalorizarse del mismo modo. De acuerdo al informe, en el 2000, un punto de inversión real ha generado 1,90 de deuda; tres años después, genera 3,40. Con relación al PBI la deuda pasó del 340 al 600 por ciento. Esto es unos 700 billones de dólares, bastante más que los 160 billones descubiertos por McKinsey. El régimen de endeudamientos ha servido para que el beneficio del capital industrial mutara en ficticio. A medida que la ganancia como porcentaje del capital invertido en la industria desciende, crece la ‘inversión’ en papeles financieros.
Esta concentración enorme de riqueza financiera se manifiesta en el crecimiento brutal de la desigualdad social. Aunque ficticia, ese capital obtiene rentas suculentas, a costa del valor de la fuerza de trabajo. Los fondos de inversión y los que gerencian activos tienen una parte muy importante de los capitales accionarios de la industria, el comercio, la tecnología. En lugar de pagar dividendos, las grandes compañías recompran sus propias acciones, elevando en forma ficticia su valor de mercado. Las tasas bajas de interés aceleraron el desarrollo del capital ficticio –la reversión de esas bajas amenaza con precipitar una caída enorme de ese pseudovalor.
En este marco de conjunto, la deuda global de los países de la periferia capitalista ha crecido también en forma explosiva. Alcanzaba, a fines de 2022, la friolera de 98 billones de dólares. La novedad es que el porcentaje de la deuda privada internacional de esos países pasó del 10 al 50% del total. Pero para esta deuda no hay un FMI ni legislación internacional; la aplicación de las normas neoyorquinas y londinenses no contemplan procedimientos de recuperación de empresas en quiebra que operan en terceros países. El Financial Times se atreve a sugerir que, ante el agravamiento, se vuelva al marco jurídico de Babilonia, que perdonaba las deudas impagables como vía para restablecer el movimiento de la economía.
Otras fuentes informativas están llamando la atención acerca del endeudamiento de un recién llegado, relativamente. China duplicaría, para 2030, los activos de los fondos gerenciales de capitales, a 40 billones de dólares. Es un aspecto del asunto, porque China se ha lanzado a una enérgica privatización previsional –otro rubro poderoso de formación de capital ficticio. Además, las deudas hipotecarias registran números elevados en el marco de grandes defaults de pulpos inmobiliarios. Los organismos locales del Estado operan un nivel de deudas con acentuada autonomía. China ha entrado al capitalismo maduro o en descomposición, sin pasar por las etapas previas que recorrieron Europa occidental y Estados Unidos.
Para consuelo de tontos, una franja considerable de inversores asegura que el retorno a un nuevo ciclo de tasas de interés bajas e incluso bajísimas es inevitable. En caso de que ocurriera, el globo del capital ficticio se inflaría sin control, y aún más la desigualdad social. No se trata, entonces, de una perspectiva promisoria. Para el mandamás del JP Morgan, las tasas altas y la desvalorización de activos de papel seguirá, lo cual le permitiría al banco absorber a sus rivales sin poner un dólar.
El factor fundamental del derrumbe capitalista que se re-avecina es, por supuesto, el desarrollo y desenlace de la guerra. Ejerce un papel acelerador de la crisis que no podría tener ningún otro, a excepción de una serie de revoluciones. La cuestión de la deuda capitalista ha cobrado un ímpetu nuevo. Los trabajadores deben tomar conciencia de este desarrollo para rechazar la extorsión de los partidos patronales, que abogan por aceptar toda clase de sufrimientos para saldarla por completo.
Jorge Altamira
06/06/2023
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