sábado, 10 de julio de 2021

Protestas en Canadá: repudio al genocidio colonial

El “descubrimiento” de fosas con cientos - ¿miles? - de cadáveres de niños de pueblos originarios en internados católicos de Canadá, generó actos de repudio en todo el país. La reacción incluye la quema de iglesias y el derribamiento de las estatuas de Victoria (las escuelas se fundaron bajo su mandato) e Isabel de Inglaterra, símbolo del colonialismo británico, y de estatuas de curas y laicos vinculados a los internados. 
 "La política de nuestro gobierno era deshacerse de lo indígena en el niño", dijo Pierre Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones. "Fue una ruptura de cada individuo, de la familia, de la comunidad y de la nación". 
 En un intento de aplacar los ánimos, numerosos municipios cancelaron los festejos del día nacional de Canadá, pero el gobierno del católico Justin Trudeau se negó a hacerlo. En Winnipeg, miles de personas marcharon por las calles para honrar a las víctimas de los internados y en apoyo a las comunidades indígenas. Lo mismo ocurrió en Manitoba, Calgary, Ontario, Alberta y otras ciudades. Con miles de escarpines y zapatitos de niños se formaron altares en honor a los muertos. 

 Los hechos 

Entre 1874 y 1998, ayer nomás, alrededor de 150.000 niños de “las primeras naciones” fueron arrancados de sus familias y enviados por la fuerza a 130 internados. Eran edificios lúgubres, sin calefacción ni instalaciones sanitarias. El 70 por ciento, gestionados por católicos y el resto por otras iglesias cristianas. La asistencia se volvió obligatoria en la década de 1920, y las familias que escondían a sus hijos pagaban con penas de prisión.
 El objetivo de lo que hoy se cataloga como un genocidio cultural fue “forzar la asimilación a la sociedad” de las criaturas. Ya en 2015 un primer informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), basado en el testimonio de 7.000 sobrevivientes, relevó una serie interminable de abusos sexuales, torturas y asesinatos, donde no falta nada de la pedagogía criminal que caracteriza al clero desde la Patagonia a Irlanda, desde Canadá a Ruanda. 
 “El gobierno canadiense siguió esta política de genocidio cultural porque deseaba desprenderse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes y hacerse con el control de sus tierras y recursos", dice el Informe. La Iglesia fue el brazo ejecutor. 
 A los chicos no se les permitía hablar su idioma (aunque no conocieran otro), debían expresarse en inglés o francés, y convertirse al cristianismo. Pasaban hambre y frío, eran humillados sistemáticamente, se los golpeaba y se les lavaba la boca con jabón u orines. Los obligaban a arrodillarse durante horas sobre el piso helado de un país lindero al Polo Norte. El abuso sexual y los abortos de las niñas violadas fueron corrientes.
 En 1945, la tasa de mortalidad infantil en los internados católicos era casi cinco veces mayor que en los demás. Las pésimas condiciones de salud, dice el informe, venían en parte de la decisión de reducir costos. Esto incluyó la discusión respecto de quién iba a pagar los funerales de los niños, si el gobierno o las administraciones escolares. 
 "Los sobrevivientes hablaron de niños que desaparecieron repentinamente. De bebés engendrados por sacerdotes, arrebatados a sus madres-niñas al nacer y arrojados a hornos”, describió un comunicado del presidente de la Comisión, el senador Murray Sinclair. Y advirtió: Canadá “se debe preparar para la aparición de muchas más fosas comunes” (CBC 1-6). 
 La red de complicidades perdura hasta el presente. Sinclair dijo que, ante el tenor de los testimonios, le pidieron al gobierno que ampliara los recursos y las atribuciones de la Comisión de Verdad para investigar los cementerios, pero les fue denegado. Trudeau en 2019 destinó recursos a la investigación, pero los fondos no llegaron. 
 Este mes, los antropólogos que colaboran con las naciones originarias en la búsqueda de fosas comunes solicitaron infructuosamente al gobierno que financie el uso de equipos GPR, indispensables para detectarlas.
 Hasta ahora, el Proyecto Niños Desaparecidos había documentado 6.000 chicos muertos. Sin embargo, desde junio el número crece geométricamente a partir de la aparición de cientos de cadáveres arrojados -escondidos- en fosas comunes.
 Las investigaciones corren exclusivamente por cuenta de las naciones indígenas, a pesar de las lágrimas de Trudeau, que le ha pedido al Papa que se disculpe. 
 El 3 de junio, la tribu Tk'emlúps te Secwépemc halló las tumbas de 215 niños, algunos de 3 años, en un internado de la ciudad de Kamloops. Otro pueblo, los Cowessess, descubrió días después una fosa con 751 tumbas en un internado de la provincia de Saskatchewan, que funcionó hasta 1997. Según testimonios de sobrevivientes, también hay mujeres enterradas allí. En Alberta, los enterrados son más de 800. 
 "La indignación y la sorpresa del público en general son bienvenidas -dijo Bellegarde-. Pero el informe no es sorprendente. Los sobrevivientes han estado diciendo esto durante años y años, pero nadie les creyó", dijo. Los pueblos indígenas, especialmente los que sobrevivieron a las escuelas, saben desde hace años que las tumbas anónimas de sus familiares salpican el país. Y Canadá, han dicho, está haciendo muy poco al respecto (The Guardian). 

 A la manera de Mengele 

Ian Mosby, historiador de la alimentación, salud indígena y política del colonialismo agregó otro descubrimiento espeluznante: entre 1942 y 1952 los nutricionistas más prominentes de Canadá experimentaron sobre unos 300 adultos y mil niños internados de las comunidades cree los resultados de la privación planificada de alimentos. 
 Una de las estrategias, aplicada en la escuela Alberni, fue darles durante dos años una cantidad de leche tan reducida que se les privara de las calorías y nutrientes necesarios para su crecimiento.
 Otros experimentos consistieron en no darles vitaminas y minerales esenciales.
 El interés en la investigación de la nutrición aumentó dramáticamente en la década de 1940, después de que el Consejo Canadiense de Nutrición declarara públicamente que más del 60% de las personas en Canadá tenían deficiencias nutricionales. Los niños eran “sujetos ideales” para la investigación porque “ya sufrían desnutrición debido a las políticas gubernamentales destructivas y las terribles condiciones de las escuelas”. 
 Frederick Tisdall, famoso por ser el creador de la comida infantil Pablum en el Hospital para Niños Enfermos de Toronto, junto con Percy Moore y Lionel Bradley Pett, fueron los principales arquitectos de los experimentos de nutrición. Ellos aseguraron que la educación y las intervenciones en la dieta harían que los pueblos indígenas fueran activos más rentables para Canadá, (BBC 2-7). 
 La mayoría de los experimentos hasta entonces se habían realizado en animales, pero investigadores como Pett, quien fue el autor principal de lo que luego se convertiría en la Guía de Alimentos de Canadá, aprovecharon la oportunidad de utilizar a los indígenas como ratas de laboratorio. 
 El Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación indica que las principales causas de muerte de los niños en las escuelas residenciales fueron los daños físicos, la desnutrición, las enfermedades y el abandono (BBC 2-7).
 El gobierno liberal de Trudeau dice que esta “horrorizado y avergonzado con lo ocurrido” pero apeló un fallo del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos de 2019 que le ordenaba pagar C $ 40,000 (US $ 32,500) a los niños de las Primeras Naciones sacados de sus hogares y comunidades.
 El miércoles, el arzobispo de Vancouver John Michael Miller dijo en Twitter que la Iglesia estaba “indiscutiblemente equivocada" y que su arquidiócesis sería transparente con sus archivos y registros relacionados con las escuelas residenciales. Pero que cada diócesis es independiente y responsable de sus propias acciones y que la Iglesia Católica en su conjunto no estaba asociada con las escuelas residenciales.
 La próxima bomba que estallará en Canadá son las denuncias de las organizaciones de mujeres por el secuestro y asesinato de mujeres originarias, que ya rondan las 12.000. 
 Marion Buller, comisionada en jefe de la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, dijo hoy que quiere escuchar algo más que “pensamientos y oraciones” del Primer Ministro. Y exigió que el gobierno publique documentos y registros que algunas iglesias que administraban escuelas residenciales hasta ahora se han negado a dar a conocer. 

Olga Cristóbal 
 09/07/2021

Delta y las vacunas - un estadio superior de la pandemia

Diferentes científicos han indicado que la cantidad de variantes de coronavirus puede ser ilimitada si no se rompe con la “circulación comunitaria” del virus en todo el mundo, esto es, si no se completa la vacunación necesaria de la población y a la vez se completan los confinamientos necesarios de la población no esencial para “aislar” al virus y evitar nuevos contagios. Es una advertencia demoledora contra quienes reclaman e imponen un “retorno a la normalidad” en tiempo breve, para no obstaculizar la acumulación capitalista. Por otro lado, la extensión de los contagios, incluso después de la aplicación de las vacunas, tendrá un efecto disruptivo contra la ‘normalidad’ capitalista que lo ocurrido hasta ahora.
 La variante Delta es más transmisible que otras cepas de coronavirus, y también algo más resistente debido a sus mutaciones. La mayoría de las vacunas demuestran una eficacia menor que frente a la cepa original. 
La variante Delta surgida en India ya se ha expandido a 80 países y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que su transmisibilidad la está convirtiendo en la cepa dominante. En Reino Unido, Rusia e Israel, la cepa está impulsando nuevos brotes y se espera que para fines de agosto Delta sea la causa del 90% de nuevos contagios en Europa. Los brotes de Delta generaron que cuatro ciudades australianas volvieran a los aislamientos y el gobierno de Malasia prolongó indefinidamente la orden de “quedarse en casa”. En EEUU, por esta variante, se discuten nuevas restricciones, la vacunación obligatoria, nuevas dosis y el uso obligatorio del barbijo salvo en la casa propia (NYT, 1/7).
 La OMS sostiene que las personas vacunadas deben usar barbijo en lugares donde se encuentra un número elevado de personas, estrechos o con poca ventilación y continuar con otras medidas preventivas, como el distanciamiento social. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que Delta es “la mayor amenaza” para la supresión del virus en Estados Unidos.
 Delta está impulsando una nueva escalada de brotes en Israel, a pesar de que el 60% de la población ya está vacunada con ambas dosis de Pfizer. En los últimos días Israel registra un pico de casos. “Para los especialistas es un indicio de que esa variante podría ser resistente a las vacunas” (Página 12, 5/7). 
 Esto llevó al nuevo gobierno de Naftalí Bennett a restringir las actividades (la entrada de extranjeros con visado de turista sigue vetada desde que comenzara la pandemia en marzo de 2020) y a volver a reglamentar el uso de barbijos en lugares públicos cerrados, como así también la aplicación de la tercera dosis en población de riesgo. No se trata de casos en personas no vacunadas, ya que la mitad de ellos se produjo en adultos vacunados con ambas dosis. 
 Ran Balicer, experto en covid-19 de Israel, dijo que el aumento de los casos de aquellos que recibieron la vacuna Pfizer es "una señal preliminar" de que este inmunizante puede ser menos eficaz para prevenir las formas leves del covid-19 provocadas por la variante Delta. 
 El instituto de Prevención de Enfermedades de China admitió que los anticuerpos generados por las vacunas de ese país (Coronavac, con la que se vacunó a grandes partes de la población en Brasil, Chile y Uruguay, por ejemplo) son menos eficaces contra Delta que frente a otras variantes. Por eso recomienda una nueva dosis de refuerzo. La necesidad de terceras o cuartas dosis plantea un problema global que el sistema Covax de reparto de vacunas no puede resolver. 
 Lo que los expertos y autoridades advierten, como es obvio, que sólo se va a derrotar a la pandemia de manera internacional. Para eso es necesaria la colaboración entre los estados. Lo que prima, en el sistema capitalista, es todo lo contrario – de un lado, una agudización de la lucha comercial entre laboratorios y el boicot al intercambio de insumos básicos para la producción de toda clase de medicamentos, en primer lugar, las vacunas; una interrupción en la cadena de producción internacional de las grandes firmas; y una acentuación de las rivalidades políticas. La precariedad de la fuerza de trabajo (la vida) bajo el capitalismo, ha alcanzado una dimensión histórica con la pandemia. El metabolismo entre la organización social, el capitalismo, por un lado, y la naturaleza, por el otro, ha ingresado en una fase de dislocación inédita. La decadencia del capitalismo y la tendencia al desarrollo de fuerzas de destrucción ha alcanzado un estadio sin precedentes. La reproducción de la sociedad capitalista sobre sus bases históricas, ha devenido inviable. 

 Emiliano Monge 
 09/07/2021

viernes, 9 de julio de 2021

Sara González, grande entre las grandes.


Confirmado: Macri colaboró con el golpe fascista en Bolivia


El FIT-U lo había denunciado desde el primer momento. 

 Los insólitos documentos expuestos por el canciller de Bolivia que dan cuenta del envío de armamento del entonces presidente Macri al gobierno surgido del golpe de Estado de noviembre de 2019, suman una nueva revelación a lo que fue notorio desde un primer momento: que el mismo había sido urdido por el imperialismo yanqui y sus peones en la región, especialmente el brasileño Bolsonaro y el macrismo.
 Lo que el funcionario boliviano difundió es una nota firmada por el comandante general de la Fuerza Aérea del país del Altiplano, Jorge Gonzalo Terceros Lara, fechada tres días después del derrocamiento de Evo Morales, en que agradece al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, “la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”, y detalla un listado del “material bélico” provisto. 
 Se trata especialmente de elementos para la represión a manifestaciones populares: 40.000 cartuchos de balas de goma, docenas de gases lacrimógenos y un centenar de granadas de gas. Esta rápida asistencia al nuevo régimen golpista, encabezado por Jeanine Áñez, apuntaba evidentemente a proporcionar herramientas para consolidar el golpe, entonces arrinconado por una aguerrida movilización popular que tuvo epicentro en El Alto. Era material dirigido a doblegar a las masas trabajadoras que (incluso desoyendo a la dirección del MAS) se lanzó a las calles y desafió la represión. La cuestión debe ser investigada hasta su últimas consecuencias. 
 La revelación, amén de la su justificada reacción política que despierta en nuestro país, se agrega en realidad a una lista de evidencias que muestran los sostenes del fascismo golpista boliviano -y sus crímenes contra el pueblo. Empezando por la resolución de la OEA que impugnó las elecciones presidenciales y fue saludada por todos los gobiernos del Grupo Lima, siguiendo por la salutación pública vía Twitter del entonces mandatario norteamericano Donald Trump que reivindicó el derrocamiento de Evo como el puntapié para ir contra Maduro en Venezuela, hasta las evidencias de los intercambios previos del elenco golpista con las cancillerías yanqui, brasileña, argentina y hasta de la Unión Europea. 
 Esto fue denunciado en tiempo real por el Partido Obrero. Desde la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura porteña, Gabriel Solano intervino en una sesión en que se trató un pronunciamiento sobre la cuestión señalando que los macristas se rehusaban a repudiar el golpe “porque lo apoyan y conspiraron con ellos, como quedó demostrado en la utilización del consulado argentino en Santa Cruz como base de operaciones del fascista (Luis Fernando) Camacho”. Más aún, explicó que “la razón de este apoyo es que quieren aplicar los mismos planes de ajuste que buscan imponer por la fuerza Trump, Bolsonaro y Piñera: la reforma laboral y la reforma previsional como acaba de suceder en Brasil”. 
 También Romina Del Plá denunció, en el Congreso, la complicidad política y material del entonces gobierno macrista con el golpe, y alegó que cualquier repudio debía ir de la mano con el llamado a la movilización en todo el continentes hasta derrotarlo, y en apoyo a la rebelión chilena que estaba en curso. Ligaba de esa manera la lucha contra los masacradores del pueblo boliviano a la lucha contra todos los gobiernos ajustadores y proimperialistas que eran su sostén. 
 El tema no deja de tener actualidad a pesar de los cambios de gobierno, atendiendo que el secretario de Estado de Joe Biden presionó por la liberación de Áñez y los detenidos por participar del golpe de Estado. No debe sorprender, toda vez que el sucesor de Trump se fijó como meta estratégica la recomposición del predominio del imperialismo yanqui sobre su “patio trasero”. Como sea, lo cierto es que las masas boliviana jugaron el rol protagónico en la derrota de los golpistas, y América Latina es hoy el escenario de grandes levantamientos populares contra los planes fondomonetaristas y los regímenes de saqueo y empobrecimiento de la región. 
 A las conspiraciones del imperialismo y las burguesías latinoamericanas contra las masas obreras y campesinas, opongamos la lucha por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina.

 Iván Hirsch

jueves, 8 de julio de 2021

Haití: el crimen del presidente y un país en llamas


Un video difundido por los medios capturó momentos del atentado. 

 El presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado anoche en su domicilio de Puerto Príncipe, capital del país caribeño. Su esposa, Martine Marie Etienne Joseph, resultó gravemente herida. Un grupo comando, que según la versión oficial hablaba español e inglés (en la isla las lenguas son el francés y el creol), fue el autor del atentado. Tras una sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro interino Claude Joseph informó el dictado del estado de sitio. 
 Aún no hay claridad sobre quiénes fueron los promotores políticos del magnicidio. Moïse, perteneciente al PHTK (Partido Haitiano Tét Kale, “cabezas rapadas”), un partido de derecha, había llegado a la máxima magistratura en 2017 y era el hombre fuerte del país. Desde enero de 2020, cuando dispuso el cese de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado, alegando el fin de sus mandatos, gobernaba en base a decretos. Venía llevando a cabo también un proceso de depuración del Poder Judicial. La oposición denunciaba que su mandato estaba vencido desde febrero de este año, por lo que se produjeron movilizaciones e incluso un paro general para reclamar su salida. La clase dominante se dividió, con un sector alentando la salida del mandatario, lo mismo que el clero, en tanto que la Corte también planteó que su período había culminado. Moïse interpretó que en realidad le quedaba un año más de gobierno, un enfoque que contó con el apoyo de Estados Unidos. No sólo eso: la OEA y Naciones Unidas convalidaron el calendario electoral del oficialismo, que establecía elecciones presidenciales y legislativas para septiembre y, sobre todo, un referéndum constitucional para la misma fecha concebido para reforzar las atribuciones del Poder Ejecutivo (fin del cargo de primer ministro; disolución del Senado y reemplazo por un parlamento unicameral devaluado; habilitación de la reelección -dos períodos consecutivos-, etc.).

 ¿Vacío de poder?

 Con la muerte del presidente, un sitio haitiano (AyiboPost) se pregunta entonces con cierta perplejidad quién gobernará ahora la nación antillana. Ocurre que el primer ministro en funciones es una figura interina, dado que Moïse designó la semana pasada a un sucesor -quien iba a ser el séptimo primer ministro bajo su gestión, lo que muestra el debilitamiento del cargo. El parlamento, como ya vimos, está disuelto. La Corte Suprema cuenta con la mitad de sus miembros, debido a algunos desplazamientos por parte del presidente, y acaba de morir por Covid su titular René Sylvestre. 
 Por el lado de las fuerzas represivas, las cosas no van mejor. La Policía Nacional, que cuenta con unos 15 mil efectivos, y es por tanto el principal aparato de seguridad del país (el Ejército fue disuelto en los 90, y si bien Moïse lo removilizó, solo cuenta con algunos cientos de efectivos), se encuentra sumida en una crisis. En marzo, una facción rebelada contra la cúpula -Fantom 509- se manifestó y amenazó con “prender fuego el país” si no le devolvían los cuerpos de algunos oficiales caídos. A su vez, en las últimas semanas Puerto Príncipe y el área metropolitana se han visto asoladas por el choque entre bandas criminales (hay alrededor de 77) y de éstas con la policía. En este contexto, una facción de uniformados desató hace pocos días una masacre en un barrio capitalino (entre las 15 víctimas estaban el periodista Diego Charles y la activista por los derechos de las mujeres, Antoinette Duclair), a modo de descargo por la muerte de uno de sus referentes. Más de cien personas han muerto y cerca de 20 mil debieron huir de la capital, a raíz de esta espiral de violencia armada. Hay denuncias de violencia sexual contra las desplazadas y un campamento de refugiados fue incendiado. 
 No existe una barrera infranqueable entre la policía y las bandas criminales. “Barbecue”, el cabecilla de la federación criminal G9, es un oficial exonerado hace pocos años de la Unidad de Mantenimiento del Orden. En julio de 2020, la alianza delictiva marchó impunemente por la capital, con vehículos similares a los que utilizan las fuerzas de seguridad. 
 Barbecue participó personalmente a comienzos de 2020 de la entrega de alimentos en un barrio empobrecido de la capital, junto a efectivos de la Policía Nacional. El oficialista PHTK está acusado de apoyar estas bandas, que les sirven para aterrorizar a las masas. El G9 controla lugares estratégicos de la capital y el área metropolitana. Según un interesante artículo de Lautaro Rivara, estos grupos bloqueaban los accesos de barrios empobrecidos y amenazaban de muerte a quienes quisieran movilizarse hacia Champ de Mars, centro del poder político, durante las jornadas de movilización nacional (Resumen Latinoamericano, 1/7). En marzo pasado, el secuestro del médico Jerry Bitar desató un paro de trabajadores de la salud y una movilización, que logró finalmente su liberación. El pueblo haitiano protagonizó dos levantamientos populares en 2017 y 2019, motorizados por el aumento y el desabastecimiento de los combustibles. Las bandas armadas son un recurso para tratar de mantenerlas a raya mediante el terror. El valor del paro de los hospitales es que expresa un principio de intervención obrera en medio de una situación espeluznante. 
 Al apelar a las bandas criminales, el oficialismo juega con fuego. En las últimas semanas, Barbecue señaló en un video -rodeado de seguidores encapuchados- el comienzo de una “revolución armada” (ídem). 

 Descomposición estatal 

Todo lo dicho configura un escenario de descomposición estatal, en uno de los países más pobres del continente y que hasta hace unas semanas no había inoculado una sola vacuna contra el Covid-19. La vecina República Dominicana dispuso el cierre y militarización de la frontera.
 La crisis que abre la muerte de Moïse plantea la amenaza de salidas golpistas o de una nueva intervención extranjera. A comienzos de siglo, el imperialismo impulsó la Minustah, una fuerza de 7 mil efectivos votada por el Consejo de Seguridad de la ONU (a la que aportaron varios gobiernos “nacionales y populares” del momento, como la Argentina de Néstor Kirchner y el Brasil de Lula) que cometió todo tipo de abusos contra los derechos humanos de la población, además de introducir el cólera. La misión llegó a su fin en 2017. Hoy está presente la Binuh, una misión injerencista de carácter político, pero que no dispone de soldados. 
 Está planteado desarrollar un reagrupamiento independiente, en la perspectiva de abrir una salida de los trabajadores frente a los inauditos padecimientos a que el imperialismo y el régimen someten al pueblo haitiano. 

 Gustavo Montenegro

¿Quién era Jovenel Moïse?


Asesinaron al odiado mandatario y empresario haitiano. 

 Durante la madrugada del miércoles, fue asesinado Jovenel Moïse, presidente de Haití. Un grupo comando ingresó Álvaro Chust a su residencia de Puerto Príncipe y lo baleó junto a su esposa, Martin Joseph. 
 Este magnicidio, del que aún se desconocen sus promotores políticos, coincide con una espiral de violencia armada en el país que involucra a las fuerzas policiales y bandas criminales. Moïse accedió al cargo en 2017 y desde enero de 2020 gobernaba mediante decretos, sin parlamento, y a partir de febrero de 2021 con su mandato presidencial vencido, según las denuncias de la oposición. Así se ganó el mote de “hijo de los Duvalier”, clan familiar que gobernó de facto entre 1957 y 1987.

 Carrera empresarial y primeros pasos en la política 

Moïse se lanzó a la carrera empresarial en 2001 primero con plantaciones de bananos y luego con una planta de agua potable que abastecía a todo el norte del país. En 2004 fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Noroeste (CCINO) y secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH).
 Entre 2008 y 2014, fue favorecido con préstamos millonarios para la producción agrícola que le otorgara el presidente Michel Martelly. Cuando éste conforma el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK, de derecha), Moïse da sus primeros pasos políticos. Rápidamente, se convierte en el delfín de Martelly. Ambos fueron denunciados por maniobras electorales fraudulentas y ambos fueron fieles defensores de los intereses del imperialismo yanqui en el país. 

 Presidencia 

Hacia finales de 2018, la Corte Superior de Cuentas informó que los fondos del programa Petrocaribe habían sido desviados de la compra de combustibles a empresas ligadas a Moïse (quien ya era presidente en ejercicio), sus funcionarios y otros senadores oficialistas y opositores. Esto desató grandes movilizaciones populares. 
 Pero además, hubo dos levantamientos bajo su mandato, reprimidos con un saldo de decenas de muertos. El de 2017 fue desatado por el recorte de subsidios en los combustibles. En el de 2019, fue su desabastecimiento la gota que rebalsó un vaso lleno de furia contra el régimen. Numerosos sectores de la población se quedaron sin agua potable, electricidad, alimentos e insumos para hospitales. “Fuera Moïse”, se escuchó entonces en las calles. Los barrios se organizaron para obtener agua y alimentos. Barricadas y cortes de ruta se convirtieron en las postales cotidianas del país. Por varios meses, los hospitales, colegios y comercios dejaron de funcionar. 
 Si Moïse se mantuvo en el poder, fue gracias al respaldo del imperialismo yanqui, que convalidó incluso su maniobra para prolongar su mandato hasta 2022. La línea de algunos sectores de la oposición fue producir un recambio ordenado, pero no concitó la atención de las potencias extranjeras. 

 Un país arruinado

 Moïse ha dejado un país mucho peor a como lo encontró. El 40% de la población está en emergencia alimentaria y el 70% vive en la pobreza (Nueva Sociedad, 1/12/20). El 60% de la población gana menos de dos dólares la hora (La Nación, 7/7). Todavía se sienten los estragos del terremoto de 2010: 316.000 muertos (según la parcial cifra oficial), tres ciudades en ruinas, 200.000 familias sin vivienda y fondos de ayuda humanitaria que jamás llegaron a las víctimas. A esto falta sumarle la inaccesibilidad al agua potable, el riesgo de las redes de trata, la inseguridad y las bandas criminales que someten a la población. 
 Moïse fue un agente del gran capital y del imperialismo, que han destruido Haití. La nación antillana necesita una salida de los trabajadores. 

 Álvaro Chust