domingo, 4 de julio de 2021

Movilizaciones masivas contra la Autoridad Palestina


Cada vez más desacreditada ante la población. 

 El asesinato de un dirigente opositor por parte de las fuerzas de seguridad ha desatado importantes movilizaciones en Cisjordania. Nizar Banat fue detenido el 24 de junio y golpeado en la cabeza y en el cuerpo con barras de hierro, lo que le provocó la muerte.
 Banat había roto con Fatah, el partido del líder de la Autoridad Palestina (AP), Mohammed Abbas, y presentado una candidatura propia para las elecciones legislativas convocadas para mayo pasado, que fueron finalmente aplazadas por el gobierno. Desde su cuenta de Facebook, con 100 mil seguidores, denunciaba la cooperación en seguridad de la AP con Israel y la corrupción oficial. 
 En las movilizaciones contra el crimen, en que resonaron los cantos de “Fuera Abbas” y “abajo el régimen”, hubo represión. Policías de civil y fuerzas de choque de Fatah cargaron contra manifestantes y periodistas. Peor aún, el gobierno habría presentado un pedido de compra de armamento a Israel para pertrechar sus fuerzas policiales y enfrentar las protestas (Middle East Eye, 30/6). Las fuerzas de seguridad de la AP están acusadas de maltrato sistemático a detenidos políticos, según el director de Human Rights Watch para Israel y Palestina (El País, 2/7). 
 El gobierno de Abbas es rechazado abrumadoramente por la población palestina. De acuerdo a una encuesta del Centro de Investigaciones Políticas y Sondeos, solo el 14% lo respalda. Las últimas movilizaciones ante los bombardeos contra Gaza y los desalojos de familias palestinas en Jerusalén Este mostraron una nueva generación que rechaza tanto la ocupación sionista como el liderazgo de Fatah. 
 El gobierno no ha realizado elecciones desde 2006. Las legislativas de mayo y presidenciales de julio fueron aplazadas con el argumento de que Israel prohibió su realización en Jerusalén Este, pero es indudable que en la decisión opera también la consideración de la propia debilidad oficial. 
 Fatah viene sufriendo desprendimientos que lo desafían. Marwan Barguti, uno de los referentes de la segunda intifada (2000), anudó un acuerdo con Naser al Kidwa, sobrino de Yasser Arafat (fundador de la OLP), quien fue expulsado de Fatah recientemente y promovía un armado electoral propio. Barguti, que goza de popularidad, fue condenado a cadena perpetua por Israel y en 2017 lideró una huelga de hambre de 1.500 presos. También presentó una lista propia Mohamed Dahlan, quien rompió con Fatah hace más de una década. Este cuenta con un prontuario: está acusado de cooperar con la CIA y los servicios secretos israelíes, además de la persecución contra militantes de Hamas. 
 El desprestigio de Abbas y las rupturas de Fatah favorecen a la organización islámica, que según los sondeos aludidos ganaría las elecciones en caso de que se realizaran hoy. Hay quienes señalan que el grupo que gobierna la Franja de Gaza desde 2007 se ha valorizado ante la población con la resistencia a los últimos bombardeos, pero también están los que afirman que no sale indemne del cuestionamiento de la nueva generación de luchadores.

 Aproximaciones

 Egipto está mediando actualmente entre las dos facciones palestinas. Los enviados de Abbas proponen la formación de un gobierno de unidad apañado por el llamado Cuarteto Internacional (Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, ONU), que incluya el reconocimiento del Estado de Israel. La guinda para atraer a Hamas sería asociarlo a un plan de reconstrucción del enclave, diezmado por los bombardeos y el bloqueo económico sionista. La propuesta, hasta ahora, ha sido rechazada por la organización islámica (Arab Weekly, 19/6). 
 Joe Biden, el presidente norteamericano, fue uno de los que planteó esta reconstrucción de Gaza, luego de haber apañado los bombardeos sionistas, si bien dijo que Hamas debía ser excluida del plan. El líder estadounidense impulsa un restablecimiento de las negociaciones entre Israel y la AP, congeladas desde 2014. Según versiones periodísticas, la AP formó ya un equipo negociador, lo que fue criticado por el grupo islámico y otras formaciones políticas (Frente Democrático, Frente Popular). 
 Biden sale al rescate de la Autoridad Palestina, ante su desprestigio creciente, a la vez que busca recuperar la influencia perdida en la región. Pero se encuentra ante un campo minado, no solo por un pueblo que no acepta una repetición farsesca de los acuerdos de Oslo, sino por la propia dinámica colonizadora del sionismo. En estos días, el Ejército demolió una carnicería en Silwan, para allanar el camino a los colonos. En Eviatar, Cisjordania, la justicia instiga a las familias a tirar abajo sus propias viviendas, bajo amenaza de intervenir con la fuerza. En ambos casos, el pueblo resiste. Por último, el sionismo volvió a bombardear hoy por tercera vez la Franja de Gaza desde la tregua sellada en mayo. No hay salida para la región con el sionismo y el colaboracionismo de la AP. Es necesaria una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente. 

 Gustavo Montenegro

Amazon es cómplice de la ocupación israelí de Palestina y de sus operaciones militares


Piénselo antes de ordenar su compra en línea

 Antes de apretar el botón de “comprar” en Amazon piense un momento en el papel que el gigante del comercio electrónico desempeña en la creación del terror en Palestina 

 En su Prime Day de 2021 [el mayor acontecimiento de ofertas de este gigante digital] Amazon espera superar su previo récord de ventas: 10.400 millones de dólares. Cada vez hay más clientes que se han vuelto críticos del modo en que Amazon trata a sus trabajadores, de su acoso a los sindicatos y su asociación con la policía de inmigración y de aduanas, por lo que algunos han hecho un llamamiento para boicotear estos días de ofertas especiales. Pero lo que tal vez no sepan algunos miembros de Amazon Prime es que la compañía con sede en Seattle también colabora en la ampliación de la ocupación militar israelí.
 Al tiempo que se producían los ataques mortales más recientes de Israel contra la Franja de Gaza y el desplazamiento de residentes palestinos en el barrio de Sheik Jarrah en Jerusalén, Amazon Web Services (AWS) y Google han firmado un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno israelí. El acuerdo, llamado “Project Nimbus” es un proyecto bandera para proporcionar un “ecosistema” de servicios en la nube para el sector público israelí, cuyo principal beneficiario serán sus fuerzas armadas. Ya se ha iniciado la construcción de tres centros de servidores de datos.
 Amazon sostiene que el acuerdo impulsará las start-ups innovadoras y “fomentará el desarrollo económico en todo el país”. Lo que no dice es que un objetivo central del Proyecto Nimbus es la seguridad nacional de Israel. El sistema asegura que los datos “permanecerán dentro de las fronteras israelíes”, según el ministro de finanzas israelí, y pretende aumentar la competencia de las fuerzas armadas en tecnologías de inteligencia artificial, como las empleadas en la represión de los activistas palestinos, la vigilancia a lo largo de la frontera con Gaza y el sistema Cúpula de Hierro de Israel.
 El servicio en la nube de Amazon también ayudará a la expansión de las colonias israelíes aportando información para la Administración de Tierras de Israel (ILA), la agencia del gobierno que administra y asigna tierras del Estado. Según Human Rights Watch la ILA administra de forma discriminatoria las políticas de la tierra que “sostienen el crecimiento y la expansión” de asentamientos predominantemente judíos, mientras concentra a los palestinos en centros con alta densidad de población en “términos totalmente discriminatorios”. 
 Desde la guerra árabe-israelí de 1948 que supuso el establecimiento de Israel, 700.000 palestinos han sido expulsados de sus tierras, en un proceso continuo de desahucios y exilio que los palestinos denominan la Nakba, la catástrofe. 
 Los activistas palestinos consideran que Israel ejecuta su poder no solo por la vía militar, sino también gracias al respaldo internacional de empresas y gobiernos. 
 Amazon abrió sus primeras oficinas en Israel en 2014, el mismo año que este lanzó su ataque brutal contra la Franja de Gaza en la que murieron más de 2.000 gazatíes. Desde entonces Amazon ha expandido sus actividades en Israel y empleará en los próximos años a miles de personas que tendrán que recibir el visto bueno del aparato de seguridad israelí. 
 La asociación con Israel es de doble sentido: desde 2015 el fabricante público aeroespacial y de armamento Israel Aerospace Industries (IAI) ha servido a la flota de aviones de carga de Amazon y en la actualidad presta servicio al 80% de los aviones de Amazon. IAI suministra al ejército israelí y está a la vanguardia de los experimentos con “francotiradores-robot” y drones autónomos desplegados a lo largo de la frontera con Gaza. También ha vendido armamento al ejército de Myanmar después de que este iniciara sus ataques contra la minoría rohinyá. 
 Las compañías tecnológicas estadounidenses llevan años forjando lazos con el sector tecnológico israelí, pero cada vez ponen mayor empeño en lograr contratos lucrativos con el gobierno. Como afirma el grupo activista Trabajadores de Amazon por la Justicia Climática, el Proyecto Nimbus forma parte de un “modelo de militarización” que incluye contratos con el ejército, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cuerpos de policía de EE.UU. Estos contratos han proporcionado importantes beneficios para Amazon. AWS, la principal fuente de beneficios de Amazon, fue responsable del 63% de los beneficios totales de explotación de la compañía el pasado año. A su vez, esos beneficios permiten la expansión de la infraestructura logística de Amazon para sus operaciones globales de comercio electrónico. 
 En 2019 Amazon expandió sus operaciones de comercio electrónico en Israel y ofreció entregas sin gastos de envío para pedidos superiores a 49 dólares. Una investigación del Financial Times descubrió que Amazon ofrecía además entrega gratuita para las colonias israelíes de la Cisjordania ocupada, pero no para los palestinos, a no ser que estos escribieran que su residencia oficial estaba en Israel. 
 Para los grupos defensores de derechos humanos, se trataba de discriminación, pues esta política legitimaba las colonias israelíes y obligaba a los palestinos a identificarse con el Estado ocupante. Cuando se descubrió el escándalo, Amazon se retractó de la iniciativa. 
 Los puestos de control israelíes y las “carreteras del apartheid” de Cisjordania ocupada limitan gravemente el flujo de bienes esenciales en una economía ya muy frágil. Dado el limitado acceso de los palestinos a productos básicos, no debería entenderse esta rectificación del rumbo de Amazon como una rama de olivo. Por el contrario, al cooperar con el aparato de seguridad, las relaciones de Amazon con el gobierno israelí le han permitido acceder a un mercado de consumo cautivo sitiado por los muros y por la exclusión.
 En mayo, el aumento de la preocupación por “el continuo ataque de Israel a los derechos humanos básicos de los palestinos” motivó a cientos de trabajadores de Amazon a firmar una carta en la que solicitaban que la dirección de la compañía reconociera el sufrimiento de los palestinos y estableciera un marco de derechos humanos para sus operaciones comerciales. A pesar de que el movimiento internacional contra Amazon está cobrando cada vez más fuerza, la oposición al Proyecto Nimbus puede verse obstaculizada por las condiciones del contrato con el gobierno israelí, que impiden que Amazon y Google interrumpan sus servicios a causa de la presión del boicot. Esta cláusula muestra que Israel es consciente de que el movimiento por el Boicot, la Desinversión y las Sanciones (BDS) está teniendo mayor influencia en las empresas relacionadas con los asentamientos ilegales. 
 Al tiempo que los 200 millones de miembros de Amazon Prime en todo el mundo se hacen cada vez más dependientes de su servicio de puerta a puerta, es preciso recordar que nuestro consumo tiene relación con el papel de Amazon en la ocupación israelí. Personas de todo el mundo han exigido a sus gobiernos que detengan la cooperación con Israel y que boicoteen a las empresas que invierten en la maquinaria de guerra israelí. Hoy en día, enfrentarse con Amazon, que despide y explota a sus trabajadores en el ámbito interno mientras es cómplice del robo de tierras y de la violencia de los colonos en el ámbito externo, es más necesario que nunca. ¡Boicot, desinversión y sanciones contra Israel! 

 Autores:

 Charmaine Chua es profesor de estudios globales en la Universidad de California en Santa Bárbara. Jake Alimahomed-Wilson es profesor de sociología en la Universidad del Estado de California en Long Beach y coeditor de The Cost of Free-Shipping: Amazon in the Global Economy (Pluto Press, 2020). Spencer Louis Potiker es doctorando en estudios globales en la Universidad de California en Irvine.

 Fuente: https://www.thenation.com/article/economy/amazon-prime-day-israel/ El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a sus autores, a su traductor y a Rebelión como fuente de la traducción

viernes, 2 de julio de 2021

"Quien ve `Unblock Cuba´ comprende por qué luchamos contra el bloqueo": embajador Gustavo Machín


Suecia: dimite el primer ministro, en medio de una aguda crisis política


La bancarrota de la socialdemocracia. 

 En el marco de una fuerte crisis política, renunció en Suecia el premier socialdemócrata Stefan Löfven, luego de que el parlamento aprobara una moción de censura contra su persona. El proceso de negociaciones que se abrió a partir de este suceso, con el fin de encontrar un nuevo jefe de gobierno, tiene hasta el momento un resultado incierto. Su fracaso podría conducir a la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que no ocurre en el país escandinavo desde 1958. 
 El escenario político que se ha configurado en Suecia encuentra su detonante en la propuesta de liberalización de precios de los alquileres para las viviendas de nueva construcción que hiciera el gobierno semanas atrás. Este ha sido uno de los puntos programáticos incluidos en el llamado “Acuerdo de Enero”, que fue firmado en 2019 por los dos partidos de la coalición gubernamental (Socialdemocracia-Partido Verde) y los dos centroderechistas (Partido del Centro y Liberales) para lograr la investidura de Löfven y aislar al ultraderechista Demócratas de Suecia (DS).
 En este cuadro, el Partido de la Izquierda (de pasado stalinista) retiró su apoyo al gobierno, dejándolo en minoría parlamentaria. Los “izquierdistas” no formaban parte del gobierno rojiverde, pero facilitaron en 2019 el encumbramiento del primer ministro absteniéndose en la votación. 
 La coalición rojiverde y las dos formaciones centroderechistas ensayaron un intento de acuerdo con el Partido de la Izquierda, que consistía en que las partes afectadas (las asociaciones de propietarios, inquilinos y de compañías de vivienda pública) negocien una propuesta alternativa, con plazo hasta septiembre. La líder del partido, Nooshi Dadgostar, rechazó la oferta señalando que la única forma de evitar una moción de censura era retirando la reforma de marras. 
 Sin embargo, el impulso a la moción de censura ha terminado en manos de los ultras de DS, la cual ha sido acompañada por el Partido de la Izquierda, y, asimismo, por las otras dos formaciones opositoras, los Conservadores y los Demócratas Cristianos. Estas dos fuerzas, contradictoriamente, son partidarias de la desregulación de los alquileres, pero han aprovechado la ocasión para tumbar al gobierno a sabiendas de que las negociaciones pueden dar luz a un gobierno de carácter conservador.
 La posición del Partido de la Izquierda, a saber, presentarse ante las masas como un defensor del estado de bienestar (sic), es ante todo un encubrimiento de su política de adaptación a la socialdemocracia. Su papel en la arena política nacional ha consistido todo este tiempo en colaborar con los gobiernos socialdemócratas.
 Así las cosas, se ha abierto un periodo de negociaciones que estará atravesado por fuertes disputas políticas. El presidente parlamentario, Andreas Norlen, del Partido Moderado, ha ofrecido a Ulf Kristersson, del mismo partido, la posibilidad de formar un nuevo gobierno en aras de evitar la celebración de elecciones anticipadas. Este podría aliarse con los Democristianos y los ultraderechistas Demócratas Suecos, y todo parece indicar que se anotará el apoyo del Partido Liberal. El Partido del Centro, en cambio, ha advertido que “no respaldará ningún gabinete apoyado por la ultraderecha” (Infobae, 29/6). Por otro lado, la socialdemocracia intentará también constituir una mayoría, apelando a la centroderecha y/o al Partido de la Izquierda y los verdes.
 Si la intención de poner en pie un nuevo gobierno fracasa y se avanza hacia elecciones anticipadas, los comicios nacionales que están pactados para septiembre del próximo año, según la Constitución sueca, no podrán evitarse. Mientras tanto, el gobierno continuará ejerciendo el poder como gobierno interino. 

 Reforma de alquileres

 La crisis habitacional en Suecia ha tomado características brutales, dos tercios de los municipios informan escasez de viviendas y existen listas de espera para alquilar de décadas. El mercado inmobiliario se encuentra regulado por el gobierno desde lo que fue el auge del modelo de bienestar, promovido en los años ochenta por el ex primer ministro Olof Palme. 
Al calor de la especulación capitalista, se ha formado una burbuja inmobiliaria sin precedentes, fundamentalmente en Estocolmo (capital). Las interminables listas de espera, entretanto, han ido pavimentando el camino para la creación de un mercado paralelo con precios mayores. 
 Con la legislación actual, los precios de los alquileres son fijados a través de un acuerdo entre los propietarios y la Asociación Sueca de Inquilinos, donde se toma como referencia el “valor de utilidad”, que se calcula sobre la base de las características de la vivienda y su localización (El Confidencial, 20/6). Si la reforma hubiese prosperado, se permitiría a los propietarios ajustar el precio de las viviendas de acuerdo a la inflación y a la especulación de la tierra, lo que conduciría a un encarecimiento. 
 La Asociación Sueca de Inquilinos ha dicho que si bien la reforma urdida por el gobierno apunta a desregular los precios de las viviendas a construir, esto sería tan solo el puntapié inicial para avanzar hacia una liberalización de alcance general. 
 La falta de viviendas ha llevado a la población a subalquilar, es decir, a tomar en arriendo una habitación al inquilino principal; la alta demanda de esta práctica ha producido una suba de los precios de este tipo de alquileres. 

 Ajuste 

La tentativa del premier sueco constituye un episodio más de la deriva anti obrera de la Socialdemocracia sueca y mundial en su conjunto. La coalición rojiverde ha estado desarrollando una política de fuerte ataque contra las masas, esto es, destrucción de los derechos laborales (reducción de las indemnizaciones, etcétera), recorte del gasto público, despidos, y todo tipo de exenciones impositivas para la burguesía. Además, ha continuado dándole cabida al proceso de privatizaciones que se viene desenvolviendo a todo vapor desde la década de 1990. El resultado de esta política se ilustra de forma cristalina, por ejemplo, en la tasa de desempleo concerniente a este último periodo, que ha asumido niveles que no tienen parangón alguno; en mayo de 2020, esta era de un 8,6 por ciento, y alcanzaba un 28 por ciento en los jóvenes de entre 16 y 24 años.
 El desmantelamiento del “estado de bienestar” pegó un salto cualitativo en los noventa tras el impacto de la crisis bancaria y la recesión, con su desenlace en un rescate del capital bancario por parte del Estado. La integración de Suecia a la Unión Europea, asimismo, ha reforzado las políticas de austeridad. A su vez, la economía nacional ha venido teniendo como uno de sus principales motores a la industria armamentística, terreno en el cual Suecia se ha convertido en el tercer exportador de armas per cápita del mundo, luego de Israel y Rusia. Desde su lugar como miembro de la OTAN, ha suministrado de pertrechos militares a todo tipo de regímenes represivos y reaccionarios, entre ellos Arabia Saudita, Tailandia o Egipto. 
 La orientación del gobierno para afrontar la pandemia de coronavirus, por otro lado, fue desastrosa; Löfven llevó adelante una política de “inmunidad colectiva” que condujo a que, en un país con 10 millones de habitantes, más de un millón de personas se infecten y más de 14.200 fallezcan. Al mismo tiempo, ha sometido a los trabajadores de la salud a un régimen de trabajo precario y con salarios bajísimos.
 Frente a la crisis política abierta y al ajuste del gobierno, los trabajadores deben construir una alternativa propia para que no sean ellos quienes paguen la crisis. 

 Nazareno Kotzev

jueves, 1 de julio de 2021

Se derrumban las acusaciones contra Julián Assange


El medio islandés “Stundin” ha publicado una entrevista realizada al principal testigo en las causas contra Julián Assange, fundador de WikiLeaks, que supone un duro revés a las acusaciones de Obama-Trump-Biden en su contra de Assange, el periodista que filtró datos secretos que revelan toda clase de atropellos y crímenes de los gobiernos imperialistas y las grandes corporaciones.
 El principal ´testigo´ contra Assange, Sigurdur Ingi Thordarson, un joven islandés de 28 años, admitió públicamente que las acusaciones son falsas. 
 Según su relato, el FBI lo habían reclutado luego de presentarse como un “íntimo colaborador” de Assange. Lo cierto es que Thordarson se había ofrecido en 2010 como un colaborador voluntario de WikiLeaks. El vínculo terminó cuando se descubrió que había malversado más de 50 mil dólares de la organización. 
 En sus acusaciones, Thordarson había relatado supuestas instrucciones de Assange para cometer piratería en Islandia. El objetivo, dice Stundin, “fue aparentemente apuntalar y apoyar el cargo de conspiración contra Assange en relación con sus interacciones con Chelsea Manning”. En ese momento, Assange se encontraba residiendo en Islandia y colaborando con algunos parlamentarios de dicho país para adaptar las leyes de libertad de prensa. Ahora Thordarson admite “que Assange nunca le pidió que pirateara o tuviera acceso a grabaciones telefónicas de parlamentarios.” 
 El propio Thordarson les facilitó a los periodistas de Stundin una recopilación de chats de 2010 y 2011, que muestran su relación con WikiLeaks, así como conversaciones con otros hackers. Nada muestra que recibiera órdenes de WikiLeaks. Por el contrario, se revela que Thordarson, para engañar a hackers y periodistas, ´inflaba´ su rol en la organización.
 Thordarson se contactó con el FBI intentando escapar de una investigación interna de WikiLeaks por el robo de 50 mil dólares. La desilusión norteamericana no tardó en llegar, puesto que el islandés ha demostrado pocos conocimientos como hacker. Su prontuario delictivo, sale a la luz ahora, incluye fraude masivo, falsificaciones y robo, e incluso pedofilia. Una evaluación psiquiátrica presentada en los tribunales islandeses señala que Thordarson es un sociópata, “incapaz de arrepentirse” A pesar de haber permanecido un tiempo preso, en 2019 volvió al ruedo criminal de manera intensificada por una inmunidad otorgada por la gestión Trump, siempre bajo el patrón de falsificaciones, fraudes y robos. El descrédito es total. 
 Estados Unidos pierde así una de sus principales argumentos para continuar insistiendo en la extradición de Assange de Reino Unido a Estados Unidos, donde de ser declarado culpable podría enfrentar sentencias por 175 años de prisión. La jueza del Tribunal de Primera Instancia Vanessa Baraitser, había negado su extradición haciendo alusión a motivos humanitarios, pero no desacreditaba la argumentación estadounidense. Las confesiones de Thordarson son un gran golpe a todo el armado contra el fundador de WikiLeaks.
 La lucha por la libertad de Julián Assange cobra nueva fuerza a la luz de este episodio, incluso en el plano judicial. Las acciones políticas para retenerlo en prisión han sido desnudadas como una maniobra política lisa y llana. La defensa de la salud y la vida de Assange debe ser una reivindicación del conjunto de las organizaciones que se reclaman democráticas.

 Joaquín Antúnez 
 01/07/2021

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