Electo Díaz Canel 1er Secretario del Partido Comunista de Cuba

¿Cómo llegó Cuba al socialismo?

Continúa la batalla por la libertad del preso político Mumia Abu Jamal

Mumia Abu Jamal, luchador por los derechos de la comunidad negra, es uno de los más conocidos de los cientos de presos políticos que aún permanecen injustamente encerrados en las cárceles estadounidenses. En las últimas semanas, la campaña por terminar con su cautiverio -lleva 40 años tras las rejas- cobró nueva fuerza: su deteriorado estado de salud hace necesario que sea liberado de inmediato. 

 Pocos días atrás, sus familiares y compañeros políticos tuvieron conocimiento de que Mumia sería operado a corazón abierto. La intervención estaba pautada para el miércoles 14, pero se fue reprogramando para los días inmediatamente posteriores, sin que sea claro, al momento de escribir estas líneas, cuándo será operado. Tampoco se conoce en qué hospital y bajo qué condiciones se realizará el tratamiento, un derecho elemental en cualquier Estado democrático. 

 Mumia se encuentra actualmente incomunicado y atado a su cama. No sorprende: fue sometido a la misma violencia en su anterior operación. Los “campeones de la democracia” utilizan habitualmente este procedimiento en su sistema carcelario. Además de otras patologías comórbidas que complican el cuadro clínico, Mumia cursó recientemente Covid-19, luego de contagiarse dentro de la prisión.

 La campaña puesta en marcha incluye tres puntos nodales: romper la incomunicación de Mumia y permitir que pueda hablar con su esposa, su vocera pública, su médico y su consejero espiritual antes de la operación; rechazar la sujeción en su lecho; su libertad inmediata. 

 Una delegación del Partido Obrero llevó la solidaridad desde Argentina a la conferencia donde se divulgó esta situación. La misma congregó, bajo un mismo reclamo, a cientos de activistas y miembros de distintas organizaciones, especialmente del ámbito de derechos humanos, de las comunidades nacionales en Estados Unidos y de grupos combativos. 

 Durante marzo, voceros del Partido Obrero enviaron una carta reclamando por la libertad de Mumia a las autoridades estadounidenses, entre otras acciones de difusión emprendidas. Se redobla, así, el compromiso con esta causa y con la lucha por el fin de los encarcelamientos políticos. 

 Las organizaciones convocantes llaman a una movilización masiva para el 23 al 25 en Filadelfia para exigir su inmediata liberación. Llaman a «clausurar Filadelfia» (Shut down Philly). ¡Adelante compañeras y compañeros!

 Luciano Arienti

Colombia: la reforma tributaria reaccionaria y el movimiento obrero

El 28 habrá una jornada nacional de movilizaciones. 

 El gobierno de Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria, cuya aplicación tendría un tremendo impacto en el bolsillo de las masas. Por un lado, cientos de miles de trabajadores y jubilados pasarían a estar alcanzados por el impuesto a la renta. Por otro, se introduce o bien se aumenta el IVA en productos básicos como el café, el azúcar y el chocolate. Según la CUT, una de las centrales sindicales, el 90% de los recursos que el gobierno aspira a recaudar con su iniciativa (poco más de 27 billones de pesos colombianos), serán costeados por los sectores populares, en tanto que sólo el 10% restante por la clase capitalista. 

 La medida es presentada como la única manera de financiar los gastos sociales por la pandemia. En consonancia con esto, se ha montado una extorsión contra el pueblo colombiano. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que “tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas seis semanas o siete semanas” (As.com, 7/4), mientras que el expresidente Álvaro Uribe, que integra la misma fuerza política que Duque (el Centro Democrático), dijo que “no hay cómo pagar salarios del Estado en el segundo semestre” (Semana.com, 8/4). 

 Estos argumentos son una impostura. En Colombia, el 35% del presupuesto 2021 está destinado al pago de la deuda externa y al reforzamiento del aparato represivo. Los capitalistas tributan en forma insignificante. Los recursos que faltan son los que se quedan en esas manos. 

 Duque está buscando el apoyo a su proyecto por parte de sectores de la oposición, valiéndose incluso del ofrecimiento de prebendas a diputados, según denunció el expresidente César Gaviria, titular del Partido Liberal (quien apoyó el encumbramiento del mandatario pero después rompió con él). Sin embargo, el gobierno está teniendo dificultades para sumar respaldos. La oposición, incluyendo a los verdes y la centroizquierda, se desmarca por un cálculo meramente electoral, dado que en 2022 son las elecciones presidenciales. 

 Incluso dentro de su propio bloque político, Duque enfrenta objeciones. Uribe llamó a suavizar la propuesta, dejando de lado, por ejemplo, el IVA a productos básicos. En este punto, el expresidente se hace eco de las críticas de la patronal cafetera y cacaotera, que sienten que se podría resentir la venta de sus productos. 

 Lo cierto es que no queda mucho margen para apretar las clavijas del pueblo colombiano, que viene sufriendo los estragos de la pandemia y que ya dio muestras de su disposición de lucha durante la rebelión de 2019 y las movilizaciones contra el crimen del taxista Javier Ordoñez, a manos de dos agentes de policía, unos meses más tarde. Al avanzar en el proyecto, Duque actúa como si le arrojara una piedra a un panal de avispas. 

 En rechazo al proyecto de reforma tributaria, el Comité Nacional de Paro (que nuclea a las principales centrales obreras -CGT, CUT, CTC-, organizaciones sociales y estudiantiles) realizó una movilización el 9 de abril y convocó una nueva jornada para el 28. Los movimientos indígenas se sumarán con sus propias reivindicaciones, que incluyen la denuncia de la deforestación de la selva y la depredación de los pulpos mineros.

 Las centrales sindicales, sin embargo, no tienen la intención de desenvolver un paro efectivo y un plan de lucha progresivo hasta derrotar al gobierno de Duque. Se limitan a convocar esta clase de jornadas cada cierta cantidad de tiempo, como una vía para calmar la presión de las bases. Su línea principal consiste en el reclamo de una renta de emergencia para los sectores más golpeados por la crisis, que es simplemente un paliativo. 

 Un punto importante de la jornada del 28 será la denuncia de los crímenes contra activistas sociales (más de 250 en 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz). El último caso es el de Margarito Salas y José Riascos, asesinados en Nuquí, departamento del Chocó (Contagio Radio, 10/4). Vale señalar que la Agencia de Información Laboral acaba de difundir un informe especial que señala que desde 1973 hasta 2020 fueron asesinados 2.377 referentes sindicales en el país, a lo que se deben sumar atentados, desapariciones, amenazas de muerte y desplazamientos forzosos. En el 80% de las agresiones, los grupos paramilitares y el Estado -que en muchos casos actúan mancomunadamente- emergen como los responsables (ver Agencia de Información Laboral, 9/4). En medio de esta revelación, Duque se reunía con el principal asesor para América Latina de Joe Biden, Juan González, en una reunión en que el funcionario norteamericano ratificó el apoyo a algunas de las políticas más agresivas del mandatario, como lo es la intención de retomar las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca con glifosato (Infobae, 10/4), una declaración de guerra contra el campesinado. 

 Es necesario frenar el proyecto de reforma tributaria, por medio de un plan de lucha del movimiento obrero, estudiantil e indígena que paralice el país. Para ello, es preciso superar la pasividad de las centrales sindicales. Se puede ganar, como lo mostró el pueblo ecuatoriano, que se levantó en 2019 contra el intento de anulación de los subsidios al combustible. 

 Al mismo tiempo, está planteado el desarrollo de un plan frente a la pandemia y la crisis, que parta del no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI; impuestos progresivos al gran capital; la triplicación del presupuesto de salud y aumento salarial. Las jornadas de noviembre de 2019 marcan el camino. 

 Gustavo Montenegro

Chile inmersa en una catástrofe sanitaria y social

El gobierno y la oposición son responsables. 

 En pocos días, Chile pasó de ser el modelo a seguir en materia de vacunación, a un ejemplo de una pésima gestión de la pandemia ante la nueva ola de contagios que azota al país. Los contagios superaron la barrera de los 9 mil diarios, pese a la tardía cuarentena establecida al 85% de la población. Con más de un centenar de muertes diarias, en Chile fallece una persona por coronavirus cada 15 minutos. Las unidades de terapia intensiva registran una ocupación del 96%. El promedio oculta que en la mayoría de las regiones los hospitales ya no cuentan con la capacidad de atender a aquellos pacientes que presentan complicaciones. Las imágenes de camiones refrigerados en los predios de hospitales, para apilar cuerpos ante el desborde de las morgues, vienen a mostrar la dimensión de la catástrofe sanitaria.

 Lo que sorprende a la prensa mundial es lo que trabajadorxs de la salud, docentes y la comunidad científica venían advirtiendo hace semanas, instando a las autoridades a la toma de medidas urgentes. Sin embargo, el gobierno, la prensa corporativa y la oposición cómplice se dedicaron a hablar del exitoso plan de vacunación, presentándolo como garantía de una vuelta a la normalidad segura. Lo cierto es que las y los trabajadores se vieron empujados al contagio y a soportar medidas represivas como el toque de queda y la violencia policial que no cesa. El “plan paso a paso”, lejos de tener objetivos sanitarios, se demuestra en los hechos como un plan para resguardar los intereses de las patronales, con la apertura de todas las actividades sin control del cumplimiento de los protocolos. La catástrofe que está sufriendo el pueblo chileno era perfectamente evitable y por lo tanto, tiene responsables políticos directos en el gobierno, pero también en la oposición cómplice de sus políticas criminales. 

 La borrachera exitista terminó en una crisis política para el gobierno. En pleno pico de contagios y muertes, con un sistema de salud colapsado, quedó en el centro de los cuestionamientos el ministro de salud, Enrique Paris, sin que exista por el momento la posibilidad de que la crisis pueda cerrarse con un cambio de ministro. Al notorio desgaste de la figura de Paris, contribuye a diario el ex ministro Jaime Mañalich con sus declaraciones mediáticas. Que los dichos del ex ministro de salud -eyectado el año pasado tras el pico de contagios y muertes y el escandaloso ocultamiento de cifras- tengan la capacidad de afectar al gobierno da cuenta del fracaso del esquema sanitario. En este contexto, tuvo que afrontar un nuevo cambio de gabinete con la salida de la ministra de trabajo, María José Zaldívar, quien fue reemplazada por el pinochetista Patricio Melero, de la UDI (Unión Demócrata Independiente).

 Confinamiento con hambre 

Empujado por el colapso sanitario, el gobierno logró la aprobación de la postergación de las elecciones a gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes que debían realizarse el 10 y 11 de abril. La centroizquierda parlamentaria, que había condicionado la aprobación de la postergación de las elecciones a que el gobierno se comprometa a ampliar las ayudas sociales, finalmente dio los votos necesarios sin que exista un verdadero plan gubernamental que dé respuesta inmediata a las familias trabajadoras, que tienen que afrontar la cuarentena sin recursos para la subsistencia mínima. Más allá de los fuegos de artificios que significaron las declaraciones de un lado y el otro, lo cierto es que el IFE, el bono Clase Media y el préstamo “solidario” responden a una lógica de focalización y segmentación de la asistencia social y, por lo tanto, están al servicio de la política de que los costos de la crisis los sigan pagando las y los trabajadores. Lo acordado entre el oficialismo y la “oposición” está lejos de una prestación universal suficiente para que lxs trabajadorxs puedan afrontar el confinamiento. Con índices de desocupación del 10%, con una ocupación informal del 26%, que afecta en gran medida a las mujeres, y más de un millón de suspendidos que ya han consumido sus fondos de cesantía, lo único universal que garantiza el Estado es la miseria y la represión.

 En este marco avanza la discusión en el Congreso del tercer retiro de los fondos de las AFPs. El gobierno se opone, pero la aprobación del proyecto se considera un hecho, ya que el presidente Sebastián Piñera no tiene condiciones para disciplinar a los legisladores de su coalición, especialmente de Renovación Nacional, por lo que se descuenta que recurrirá al Tribunal Constitucional. Los sectores políticos que impulsan o apoyan el tercer retiro lo reconocen como una “mala” política pública, aunque es la única política que están dispuestos a llevar adelante. Pero la conveniencia para los partidos patronales es doble, ya que por un lado implica que sean las y los trabajadores quienes costeen la crisis con sus propios recursos y, por el otro, deja intacto el sistema de pensiones privadas. 

 Mientras la clase trabajadora afronta una crisis sin precedentes con sus fondos de pensión y cesantía, y a través de la organización comunitaria de la asistencia social con las ollas comunes que se sostienen en los territorios, las familias chilenas más ricas, entre las que se encuentra la familia Piñera, los bancos y las mineras aumentaron sus patrimonios y utilidades entre un 70 y un 100% durante la pandemia. Como el contraste entre las penurias de las mayorías y las superganancias de unos pocos es escandaloso, en el Congreso la centroizquierda impulsa el tratamiento de un impuesto a las grandes fortunas equivalente a un 2,5% del patrimonio de los millonarios y un royalty minero de un 3%, que ascendería al 13% a partir de la indicación del diputado del PC Daniel Núñez. A nadie escapa que los porcentajes que pretenden legislarse, tanto en uno como en otro caso, son migajas que no afectan los intereses de estos sectores que se han beneficiado con la crisis. En el caso específico de las mineras estamos hablando de un saqueo sistemático de los recursos estratégicos del país, que se recrudece cuando se tiene en cuenta los precios históricos a los que han ascendido el cobre y el litio. 

 Programa y acción 

Para afrontar la crisis sanitaria hace falta la nacionalización y centralización del sistema sanitario y destinar el presupuesto necesario para equipar los hospitales y clínicas y atender a las demanda de sus trabajadorxs. La crisis social debe ser afrontada con un seguro universal al desocupado de 400 mil pesos; con aumentos inmediatos de salarios y jubilaciones, estableciendo un mínimo de 500 mil pesos; con la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para garantizar el pleno empleo; y poniendo fin al régimen de las AFP. Estas medidas urgentes deben ir acompañadas de la nacionalización sin indemnización de los recursos estratégicos del país y del sistema bancario, y que queden bajo el control de los trabajadores, echando a Piñera y poniendo en marcha una Constituyente verdaderamente libre y soberana. 

 En estos 30 años, los partidos tradicionales se han revelado como los garantes de los intereses de los grupos concentrados. Las “desigualdades” de las que se escandalizan los candidatos de los partidos del régimen son el resultado de sus propias políticas. Las y los trabajadores debemos impulsar una política de ruptura con la parálisis impuesta por las direcciones obreras burocráticas, como la CUT, que solo es funcional al sostenimiento del régimen. Desde esa comprensión es que vale rescatar la iniciativa impulsada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios -Aces- el domingo pasado, que agrupó a un puñado de organizaciones sociales, territoriales y luchadorxs en general, con el objetivo de impulsar la lucha por las reivindicaciones urgentes de las masas, partiendo de una clara delimitación con los partidos del sistema y sus estrategias políticas. La intervención popular en la crisis, a través de nuestras organizaciones sindicales y territoriales, con los métodos de la acción directa, es una necesidad imperiosa. 

 Olga Aguirre

Un banquero del ´Opus Dei´ ganó las elecciones en Ecuador

La victoria electoral Guillermo Lasso en Ecuador desató, naturalmente, el entusiasmo de los gobiernos de derecha de América Latina. Los primeros en felicitarlo por el suceso fueron el colombiano Duque, el uruguayo Lacalle y el chileno Piñera. Lasso es, en adición a su condición de banquero, una notorio dirigente del Opus Dei (Obra de Dios). De acuerdo al corresponsal de La Nación en Caracas, un antichavista recalcitrante, Lasso logró el triunfo contra su rival, el correísta Andrés Arrauz, porque se “abrió a colectivos feministas, ecologistas, LGTB y movimientos sociales”. Lasso se excusó por estos deslices alegando que “No puedo imponer mis creencias”. Esta manifestación de liberalismo de texto significa que los colectivos mencionado deberían hacer lo mismo. O sea que no habrá derecho al aborto, matrimonio igualitario, prohibición de la minería a cielo abierto, ni aumentos de salarios o del gasto social. Para el registro, recordemos que el ex presidente Rafael Correa compartía las posiciones de Lasso desde una tendencia diferente del clericalismo – el social-cristianismo. 

 Una mayoría inusual de comentaristas que se alinea con el lado derecha de la grieta ha coincidido en que el resultado de Ecuador no puede proyectarse necesariamente como una nueva tendencia en América Latina, posiblemente acobardados por la perspectiva de derrota de la derecha en en Chile, este año, y en Brasil, el próximo, si es que Bolsonaro sale ileso de la hecatombe sanitaria de la que es responsable, y del deterioro veloz de la economía – brusca suba de los precios, acelerado déficit fiscal y un crecimiento extraordinario de la pobreza, en un país que se caracteriza por la colosal desigualdad de ingresos.

 Es necesario destacar, por lo pronto, que Lasso no ganó con el 52,5% de los votos, como repiten los diarios, ni Arauz perdió el restante 47,5. Entre los votos nulos y, en mucha menor medida, los sufragados en blanco, se juntó el 18% de la votación; “superó, informa La Nación, el voto de Arauz en cinco provincias y se acercó en otras cuatro”. Esto, además de reducir la performance de Lasso al 43% y la de Arauz al 39, muestra que el correísmo apenas influyó en la segunda vuelta del domingo pasado, dado que Arauz había obtenido unos pocos puntos menos en la primera. El promotor del ´ni,ni´, el pseudo indigenista Yacu Pérez, tercero en la primera vuelta, no dejó de coquetear en ningún momento con Lasso. Pérez es un opositor a la minería a cielo abierto promovida por Correa, pero no de la dolarización de la economía ni de los acuerdos recientes con el FMI. El indigenismo de Ecuador ha ganado unos puntos apreciables de votos, cuando su capacidad de liderazgo nacional, sin embargo, ha disminuido – desde que encabezara las insurrecciones del 2000, en las que arañó la formación de un gobierno indigenista por medios revolucionarios. En las grandes movilizaciones de octubre de 2019, se apuró con diligencia a un acuerdo con Lenin Moreno. La incapacidad del indigenismo para dirigir una revolución social ha quedado en evidencia, en forma más contundente, en Bolivia, donde el MAS gobernó en alianza estratégica con el capital internacional (“el capitalismo andino” de García Linera). En las segundas vueltas departamentales del domingo pasado, el MAS perdió ante adversarios locales debido a la crisis interna que atraviesa, y que amenaza con una disolución. De acuerdo a las informaciones de Clarín, Alberto Fernández habría jugado un rol decisivo para producir un acercamiento entre Biden y Luis Arce. 

 Carlos Marx dejó claro, en una frase que se ha hecho famosa, que la curva de la historia no retrocede a su punto de partida previo, aunque proceda por medio de avances y recules. Los Fernández, por ejemplo, han llegado al gobierno sin la épica ni el aliento de década y media atrás, o incluso de hace cinco años. El gobierno, en su conjunto, es un cruce genético con el macrismo, en proporciones cambiantes. Los relatorios del FMI destacan que América Latina es la región más golpeada por la pandemia, la crisis humanitaria y el derrumbe económico – mientras todos sus gobiernos han salido al salvataje, con yapa, de los grandes capitales. Advierte, además, que una recuperación económica internacional afectaría negativamente a América Latina por el doble impacto de la suba de los precios de los alimentos y de las tasas de interés internacionales, en momentos en que ninguno de sus países está en condiciones de refinanciar la deuda externa, pública y privada, en términos adecuados a la crisis. Se trata, entonces, de una crisis histórica. Aunque los fanáticos del kirchnerismo aseguran que la victoria de Lasso acentuaría las guerras judiciales entre los dos bandos de la grieta, el banquero habría dicho, según Página/12, “Yo no tengo una lista de a quienes quiero perseguir ni ver en la cárcel” – un ofrecimiento de indulto a cambio de concesiones políticas. El slogan de campaña de Lasso fue el “reencuentro”. Brasil abrió el camino del indulto generalizado al invalidar por cuestiones procesales; lo mismo que busca el kirchnerismo con las denuncias de espionajes o de condenas dictadas por jueces que jugaban al tenis en la quinta de Olivos. Bajo la sombrilla de Biden, que observa que el ´patio trasero´ ingresa en la anarquía, se desenvuelve una tendencia a la ´unidad nacional´, si hay acuerdos, o al bonapartismo, dos formas de gobiernos de excepción. 

 El columnista de Clarín, Marcelo Cantelmi, observa en los vaivenes de las elecciones ecuatorianas “que los electorados son cada vez menos manipulables”. Ocurre más bien lo contrario – si el electorado tiene que desbancar al gobierno que votó con anterioridad, debido a la traición a los mandatos electorales o al fracaso político y social, está confesando que ha sido estafado política y electoralmente – lo que se manifestará mucha antes de los comicios subsiguientes. Cantelmi pasa por alto que la defraudación electoral ha llevado a enormes caudales de abstención -ahora en Ecuador y durante más de una década en Chile- y, por sobre todo, al voto ´heterodoxo´ de la rebelión popular. Decir, por ejemplo, que Perú, también el domingo pasado, demuestra que el electorado ha ganado en autonomía de decisión, sería un dislate, porque la abstención fue elevada y el voto se desparramó por igual entre diez listas sin autoridad política. El tránsito a la segunda vuelta en Perú promete ser un escenario de lujo de la crisis e intrigas políticas. Pedro Castillo, quien obtuvo el primer lugar con el 16% de los votos y resultados masivos en el interior de Perú, ha propuesto, por de pronto, una Asamblea Constituyente acompañada de la disolución del parlamento recién electo, en un ´replay´ del chavismo de la primera hora., aunque sin el caudal de votos que obtuvo Chávez para llegar a la presidencia. Es claro que Castillo, al que la prensa describe como un marxista enemigo de los derechos de la mujer, todavía no tomó nota de los resultados fatales del bonapartismo bolivariano. 

Jorge Altamira

 13/04/2021

Entrevista en 1978 a Raúl Castro Ruz