Ascenso obrero y terror patronal
La huelga general de junio y julio de 1975 fue el punto más alto del ascenso obrero y juvenil, que se había iniciado con el Cordobazo en 1969. La huelga, iniciada por coordinadoras fabriles antiburocráticas con una gran presencia de las corrientes clasistas, se impuso contra la orientación de la CGT, y contra el gobierno peronista de Isabel Perón. Impuso la homologación de convenios laborales frenados por el gobierno, expulsó del gobierno a los odiados ministros Celestino Rodrigo, que había impulsado una brutal devaluación, y José López Rega, que presidía las bandas asesinas de la Triple A.
Esta derrota política del gobierno de Isabel Perón y López Rega dejó en evidencia el fracaso del peronismo para contener la tendencia creciente a la independencia política de la clase obrera y la acción directa. Ni la primavera camporista de protagonismo de la JP ni el retorno de Perón y su pacto social, ni la represión a mansalva desde el Estado y la burocracia sindical de la Triple A habían logrado cerrar la situación que el Cordobazo abrió. El peronismo había agotado su utilidad para la burguesía en ese momento histórico.
En los meses posteriores se profundizó el giro represivo, con la firma de los decretos que le encargaban a las fuerzas armadas el “aniquilamiento de la subversión interna”. La presentación del golpe como una respuesta a la acción de las organizaciones guerrilleras es una fabricación. Estas habían recibido duros golpes para 1976, que las habían dejado casi desarticuladas.
El lobby empresario prepara el golpe
Desde agosto de 1975, la casi totalidad de la burguesía argentina y el capital extranjero que actuaba en el país se congregó en la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), que se dedicó a promover el golpe de Estado. Reclamaban “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio”. Ricardo Balbín, jefe de la UCR, tradujo el planteo como la necesidad de suprimir a la “guerrilla fabril”.
El cambio de régimen (“obstáculos legales”) tenía por objetivo poder destruir el activismo obrero y las posiciones que habían constituido en comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos recuperados.
Este cambio de régimen quería imponer a sangre y fuego la desvalorización de la fuerza laboral que el fracaso del Rodrigazo había frustrado. Para imponer este giro, la burguesía empezó acciones de sabotaje económico (inflación y desabastecimiento, la fuga de divisas, huelga impositiva) y una fuerte campaña política con solicitadas y notas periodísticas.
Desde febrero, la Agepe lanzó un lock-out patronal que tenía por objetivo instalar el gobierno militar y que vio su esfuerzo coronado con el nombramiento de uno de sus principales voceros, José Martínez de Hoz, presidente de Acindar y el Consejo Empresario Argentino, como ministro de Economía.
La guerra sucia contra la clase obrera
La represión ilegal se concentró en toda la generación militante que había surgido en la etapa abierta con el Cordobazo, con especial hincapié en el activismo obrero. Datos citados por la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense calculan que un 67% de los desaparecidos eran trabajadores. Los listados de activistas a secuestrar fueron elaborados por las propias patronales. En muchas grandes fábricas, los grupos de tareas actuaron dentro de sus puertas, llegando en la Ford de Pacheco, a establecer un centro de tortura dentro del predio de la empresa.
La eliminación de los convenios colectivos de trabajo, la prohibición del derecho a huelga y la intervención de los sindicatos formaron parte de un ataque general a las condiciones de vida de los trabajadores, que solo en un año de gobierno militar perdieron el 40% de su capacidad adquisitiva.
La burguesía nacional se concentró y se benefició extraordinariamente con los negocios con el Estado en esta etapa. Hubo una multiplicación del endeudamiento feroz, aumentando 7 veces la deuda pública y 3,7 la privada, y coronando el proceso en 1980 la estatización de sus deudas privadas, que pasaron a engrosar el capital de la deuda externa argentina, fuente de crisis económicas permanentes.
Este régimen de ofensiva a la clase obrera no pudo sustentarse exclusivamente en el personal militar. Los partidos patronales colaboraron con funcionarios en todos los niveles, desde cargos subalternos en los ministerios, a los gobiernos provinciales y municipales, donde la UCR aportó 310 intendentes al gobierno militar y el PJ 169. Fuerzas menores y centroizquierdistas, como el PSD (Partido Socialista Democrático) o el PI (Partido Intransigente), también tuvieron cargos.
La dictadura militar no fue un hecho irracional de un grupo de militares enceguecidos. Fue una política genocida de la clase dominante argentina, que sigue gobernando al día de hoy, para interrumpir un quiebre histórico de los trabajadores con su dominación.
Guillermo Kane
