Un nuevo crimen a sangre fría en el largo historial de la policía norteamericana: esta vez se trató de una mujer afroamericana de 21 años y embarazada, que fue asesinada en Columbus, Ohio, cuando un agente le disparó en el estacionamiento de un kiosco, el pasado 24 de agosto.
Los videos de las cámaras que portaban los efectivos, difundidos recién el viernes 1°, muestran el momento exacto del asesinato. La joven resiste la directiva policial de bajarse del auto y cuando pone en marcha el vehículo recibe el balazo fatal. Los agentes la habían abordado porque sospechaban que había participado de un robo de bebidas alcohólicas en la tienda en cuestión.
Cientos de personas se movilizaron este domingo en Columbus para reclamar justicia por Ta’Kiya Young, al grito de “black lives matter” (“las vidas negras importan”). El autor del crimen permanecía bajo licencia paga.
En la misma Columbus, hace casi exactamente un año, el joven afroamericano Donovan Lewis fue ejecutado durante un allanamiento policial en su domicilio, cuando apenas atinaba a levantarse de la cama. Dos meses antes, otro joven afroamericano, Jayland Walker, de 25 años, falleció en Akron (otra localidad de Ohio) tras recibir decenas de balazos por parte de policías que lo persiguieron después de una infracción de tránsito. Se encontraba desarmado.
En 2022 hubo 1.183 muertes violentas a manos de la policía en Estados Unidos, según un relevamiento de Mapping Police Violence. Una discriminación de los datos arroja que “la combinación de homicidios a personas con problemas mentales, por discusiones de tráfico y conflictos no violentos supera a los casos de violencia mientras se cometía un delito”. La mitad de los casos se produjeron en las periferias urbanas, 302 de las víctimas eran negras, y 207 eran hispanas. Desde que se hacen estos estudios, en 2013, más del 98% de los casos terminó en la impunidad (1).
En 2020, el crimen de George Floyd desató un levantamiento popular en Estados Unidos que posibilitó la condena de los autores materiales. Posteriormente, para tratar de apaciguar el repudio a la institución policial, el gobierno de Joe Biden implementó una reforma que se limita a prohibir el método de la llave de estrangulamiento (con la que murió Floyd) y el ingreso a los domicilios sin golpear previamente la puerta, dejando intacto un aparato policial clasista y racista que tiene a la juventud pobre, negra e hispana como víctima principal.
Justicia por Ta’Kiya Young. Desmantelamiento del aparato represivo.
Gustavo Montenegro
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