El gobierno elevó de manera sustancial el gasto en diplomacia, asistencia económica y de seguridad, en partidas destinadas a varios países, incluidos México y Centroamérica, dotando al Departamento de Estado y a la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) con 58 mil 500 millones de dólares, lo que supone un incremento de más de 10 por ciento del actual y 50 por ciento más de lo presupuestado por Trump para el año fiscal 2022.
Entre los fondos propuestos se incluyen 861 millones de dólares en asistencia a países centroamericanos para abordar las causas de origen de la migración hacia la frontera estadounidense, lo que sería la primera entrega de los cuatro mil millones en total a lo largo de cuatro años que se dedicarían a ese esfuerzo.
Los fondos propuestos bajo el llamado Fondo de Apoyo Económico (ESF) para el hemisferio occidental suman 455.3 millones, incluyendo recursos destinados a Venezuela para “fortalecer diversos actores democráticos para organizar internamente, ampliar la coalición democrática… defender principios democráticos y promover el bienestar de los venezolanos”. Amén.
La propuesta hace énfasis en enfrentar lo que llama la influencia maligna de China y Rusia. De hecho, incluye algo que se llama Fondo para Contrarrestar la Influencia Maligna de la RPC (la República Popular China).
Parte del esfuerzo contra esas influencias malignas se realiza a través de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales –agencia federal independiente cuya misión es informar, comunicar y conectar a personas alrededor del mundo en apoyo a la libertad y democracia. Está compuesta por dos entidades: La Voz de América y la Oficina para Transmisión de Cuba, y cuatro agencias no federales que incluyen a Radio Free Europe.
Anhtony Blinken, secretario de Estado, declaró que estos fondos beneficiarán a los estadounidenses al mejorar las condiciones de salud ante la pandemia, abordar el cambio climático, ayudar a responder a las causas de fondo de la migración irregular desde Centroamérica, pero sobre todo reafirmar el liderazgo estadounidense en la promoción de la democracia y contrarrestar el creciente autoritarismo.
Asimismo, añadió, que los fondos son “para ofrecer liderazgo humanitario internacional y enfrentar la competencia directa de naciones que no comparten nuestros valores de libertad, democracia y respeto por los derechos humanos. Nuestra seguridad nacional depende no sólo del poder de nuestras fuerzas armadas, sino también de nuestra habilidad para conducir de manera efectiva la diplomacia y el desarrollo”, dijo Blinken.
La iniciativa fue en parte propuesta por el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el cual el gobierno de Biden está discutiendo formas de colaboración dentro de esta iniciativa –tema al centro de la próxima visita de la vicepresidenta, Kamala Harris, a México el mes próximo.
Los fondos para México y otras partes del hemisferio occidental se administran por diversos programas e incluyen los destinados al combate del narcotráfico, capacitación militar, iniciativas de seguridad incluyendo la migración y para enfrentar a amenazas por fuerzas malignas, las que no fueron identificadas, pero tienen que ver con China, Rusia, Irán, Cuba y Venezuela, entre otros países “malignos”.
Según las propuestas, 570,4 millones se destinarán a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y fortalecer sistemas de justicia criminal incluyendo el combate a las drogas sintéticas fabricadas en México. De este total, se proponen 64 millones para México, bajo la oficina de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de Ley (Incle) del Departamento de Estado., para el año fiscal 2022 (en 2020 era de 100 millones).
Un total de 14.1 millones se destinará a América Latina, a través del programa de Educación y Capacitación Militar Internacional dedicado a fortalecer las alianzas militares y coaliciones internacionales imprescindibles para los objetivos estadounidenses de seguridad.
México, Colombia, Panamá y los del Triángulo del Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador) son los focos prioritarios de este plan de Biden-Harris. La Usaid propone 660 millones de dólares para el hemisferio occidental. La propuesta de gasto del Departamento de Estado también incluye una aporte al National Endowment for Democracy (NED) por 300 millones, parte de lo cual se distribuye entre los agentes pro-estadounidenses en América Latina.
Pero para evitar que Venezuela se estabilice y siga desarrollando su «diplomacia de paz con justicia social», en alianzas con China y Rusia, surgen los lobbies financiados por Washington, como el de Amnistía Internacional, que protestó porque el gobierno argentino decidió retirarse de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional contra el presidente constitucional venezolana Nicolás Maduro por gobiernos conservadores, autopromocionados como «defensores de los derechos humanos».
Las sanciones impuestas por Estados Unidos, en nombre de la democracia, han provocado la pérdida de más de 116.000 millones de dólares a Venezuela. En entrevista con la agencia estadounidense Bloomberg, Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center de Washington dijo que “la administración de Biden se siente incómoda con la severidad de la política de sanciones” a Venezuela. Apenas un reconocimiento al pese a los cientos de millones de dólares invertidos.
Estados Unidos ya avanzó en el desmembramiento de los organismos de integración y cooperación interamericanos como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Este choque también se manifiesta dentro del Mercosur, donde fuerzas conservadoras presionan por la ratificación del tratado de libre comercio con Europa, la flexibilización del bloque que significaría su práctica desaparición, la ratificación de la exclusión de Venezuela.
Los fondos que maneja Washington tienen que ver también con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo presidente, el estadounidense Mauricio Claver-Carone, en su primer viaje a América Latina, prometió en Quito al nuevo presidente, ex banquero Guillermo Lasso, más de mil millones de dólares este año.
El capitalismo trata de reajustarse
Esta nueva etapa del gobierno demócrata estadounidense del reajuste del capitalismo quiere formatear el conflicto de clases en el mundo, con una política de pinzas: aplastar las disidencias o cooptarlas en la vieja teoría de la zanahoria y el garrote. El uno por ciento de la humanidad que maneja el mundo va reajustando, al ritmo de las nuevas tecnologías, las técnicas de control y represión.
Para extender su hegemonía y control a nivel mundial, Washington insufla nueva dinámica a su vasta red diplomático-consular, los centros de inteligencia, las bases militares en alta mar ubicadas en los cinco continentes, las oficinas de enlace que actúan dentro de las embajadas, los think tanks, agencias de seguridad federales que controlan las políticas y eventuales amenazas a la “seguridad de EEUU” pese a estar a miles de kilómetros, las fundaciones y oenegés que, en definitiva, son herramientas más el desplazamiento castrense.
La revista estadounidense Newsweek reveló que durante la última década –durante los gobiernos de Barack Obama y Trump- el Pentágono construyó un ejército paralelo de 60.000 civiles y militares (principalmente fuerzas especiales y contratistas), que operan encubiertos y dibujan su principal labor en los países de América Latina, uno de los grandes escenarios de guerras de nuevo tipo, en especial revueltas contra el conflicto de clases.
Es un ejército paralelo de especialistas en inteligencia, lingüistas, expertos en guerrilla digital, piratería informática y manipulación de medios, con un presupuesto de 900 millones de dólares para licitaciones y contratos adjudicados a más de un centenar de empresas privadas que respaldan su actividad tanto en términos militares como mediáticos, para las campañas mercenarias contra los gobiernos que desean ver subyugados.
No se debe olvidar que el presupuesto militar de los EEUU representa el 39% de todos los del planeta y el año pasado alcanzó los 778.000 millones de dólares, tres veces el de China (252.000 millones de dólares).
Hoy pareciera que se da un cambio de careta: los militares del Comando Sur pasan a segundo lugar, detrás de los políticos del departamento de Estado, para imponer las mismas políticas.
En América Latina y el Caribe, a la crisis estructural del capitalismo se ha sumado ahora la pandemia, que deja un tsunami de hambre y desempleo masivos. Mientras, en Colombia, Paraguay, Chile, por ejemplo, vuelven las desapariciones forzadas de los jóvenes manifestantes, las torturas, el uso de paramilitares disfrazados de civiles, ante el silencio de los gobiernos, de los medios masivos de comunicación y también de las organizaciones internacionales.
El verso de la «lucha contra el terrorismo» ha sido útil para mantener el perverso festival de las «sanciones». Nada nuevo: hay continuidad con las políticas del ultramontano Donadl Trump (y antes de Barack Obama), entre ellas 243 medidas coercitivas impuestas a Cuba, que sufre desde hace casi 60 años un bloqueo económico unilateral en Washington. Pasan demócratas y republicanos, el bloqueo permanece y las pérdidas cubanas suman 144 mil millones de dólares
Desde hace 19 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba cada año una resolución condenando y pidiendo el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba. La votación se repetirá el 23 de junio y seguramente, Biden impondrá su doctrina de los hechos consumados, o sea el de desautorizar las decisiones de la ONU para seguir con su política de destrucción de pueblos que no se someten a sus intereses, llámense, Cuba, Venezuela o Palestina.
«Plomo, plomo, para defender a la gente de bien», escriben la derecha y ultraderecha en Colombia, incitando a las masacres de jóvenes manifestantes que ponen su vidas en riesgo en busca de un futuro que hoy se les niega, a quienes definen como «terroristas» porque impiden el libre flujo de sus ganancias (no de la economía9 con sus barricadas.
En Paraguay, el asesinato de dos niñas se presentó como una acción antiterrorista contra la guerrilla del Ejército del Pueblo, y donde una jovencita de quince años, hija de presos políticos, Lichita, sigue desaparecida, después de una represión militar. En Perú, con el pretexto del «regreso del terrorismo senderista» montan masacres e intentan compactar a toda la derecha, y evitar la victoria de Pedro Castillo, el líder de los maestros.
Es claro el apoyo de EEUU a la destrucción de la democracia social en nuestra región. En Brasil, con la farsa de la Operación Lava Jato y al asunción al poder del partido militar, en Bolivia con el golpe contra el presidente Evo Morales (con la destacada ayuda de la Organización de Estados Americanos), con el apoyo al banquero Guillermo Lasso en Ecuador para finalizar la tarea de Lenin Morano en la demolición de las políticas progresistas (y no alineadas con EEUU) del gobierno de Rafael Correa
Pero quizá la destrucción de Venezuela y la imposición del imaginario colectivo que el mal mayor de la región era ese país caribeño y el peligro que conllevaba la Revolución Bolivariana del fallecido presidente Hugo Chávez y que, además, allí todos se morían de hambre.
La presencia de los golpistas venezolanos en EEUU y Europa dejó en evidencia de que el bloqueo y las sanciones a Venezuela solo sirvieron para el enriquecimiento de la banda de ladrones que representaba el (hoy caído en desgracia) “presidente interino” Juan Guaidó y sus patrocinantes de los poderes fácticos estadounidense y europeo, y la codena a pasar hambre de millones de venezolanos.
El eje Washington-Bogotá-Tel Aviv, con su ejército de milicias de seguridad privada, centros de control de satélites, centros de investigación, medios de comunicación y periodistas alquilados y/o contratados, es crucial para mantener la prisa sobre América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China y de Rusia en el continente.
Aram Aharonian | 01/06/2021
Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
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