A la conquista del cuarto poder

Si nuestro Estado socialista de derecho logra un día descansar única y exclusivamente en estructuras y representantes elegidos por el pueblo, será inevitablemente a través de un perfeccionamiento del sistema electoral que lo haga más participativo y no lo subordine a ningún grupo de poder, ni económico ni político. A este punto el Partido habría terminado su período histórico de fuerza dirigente superior y el poder legislativo sería un reflejo razonablemente fiel de los consensos y disensos de la sociedad socialista, extendiendo esa cualidad al ejecutivo y al judicial.
En este ejercicio inédito de democracia participativa, la libertad de expresión efectiva no puede estar tampoco circunscrita ni a lo admitido por un sistema ideológico como en el socialismo real, ni a lo tolerado por los grandes intereses económicos como en las democracias representativas modernas. Pero si la forma de lograr lo primero es relativamente clara, lo segundo es un reto complejo que el socialismo nuevo deberá afrontar con particular cuidado, entre otras cosas porque no existe ningún precedente.
El problema radica en que la libertad de expresión es significativa solo si está acompañada de libertad de información, y esta a su vez necesita una libertad de prensa que garantice la difusión de opiniones diferentes. Es claro que una prensa dirigida en su totalidad por el Partido, o incluso por un gobierno como el que aquí discutimos, no es una buena prensa; pero tampoco lo es el modelo capitalista de prensa donde la opinión es manufacturada por los dueños de las corporaciones mediáticas en representación de los dueños del capital. De esta forma la única solución para la Tercera República es desarrollar un sistema mediático nunca antes visto que descanse en la fuerza de la participación democrática.
A diferencia de otras cuestiones importantes en las que también se precisa de estudio y consenso, como por ejemplo la forma en la que debe coexistir la planificación con el libre mercado, el tamaño máximo de las PYMES, o el grado de desigualdad que va a considerarse constitucional, el sistema mediático de la república nueva es un tema especialmente delicado para el éxito de nuestro proyecto de país. Una mala prensa es mortal para la democracia, particularmente cuando se mercantiliza y queda sujeta a la propiedad de alguien, que puede entonces impedir cualquier rectificación diseñando estados de opinión.
No pocas veces hemos visto cómo esos estados de opinión manufacturados se imponen incluso sobre el Estado de derecho en democracias representativas, donde el poder mediático desarrolla mecanismos de defensa infranqueables contra cualquier regulación que limite su influencia. En la práctica este cuarto poder no ha sido nunca controlado por la persona real sino solo por grupos con suficiente dinero para poder competir o, cuando sus intereses coinciden, por la administración de los estados. Un socialismo que adopte la narrativa de la participación deberá por tanto proponer una fórmula nueva para la articulación de los medios de comunicación masiva, en particular de la prensa escrita, la radio y la televisión. Una fórmula que permita, junto a los medios administrados por el Gobierno, la existencia de medios independientes que sean a su vez periódicamente legitimados sobre la base de mecanismos fundamentales de participación social.
Lo primero será garantizar una completa libertad de asociación, independiente de requisitos ideológicos y solo limitada por la demostrabilidad de un financiamiento legítimo. De esta forma grupos de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones gremiales, instancias comunitarias, etc. generarán una pluralidad de espacios que ofrezcan a la persona real la posibilidad de construir sus propios medios de comunicación alternativos como forma de expresión. En este nuevo escenario el Partido sería ya un actor de la sociedad civil, con las mismas oportunidades que cualquier otra asociación para usar el terreno mediático. Las propuestas de creación o permanencia de medios de comunicación no gubernamentales o independientes podrían entonces ser hechas por estas organizaciones y asociaciones periódicamente, quedando solo por establecer un proceso de validación democrática para la regulación del alcance de los mismos.
A modo de ejemplo imaginemos una regulación según la cual el presupuesto anual invertido por el conjunto de todos los medios independientes no pueda superar el monto correspondiente a la inversión hecha por los medios oficiales del Gobierno en ese mismo año. Esto puede lograrse fácilmente estableciendo al inicio de cada año topes máximos individuales al presupuesto que puede invertir cada medio independiente. A su vez el valor exacto de cada uno de estos topes se establecería proporcionalmente al nivel relativo de identificación que la ciudadanía expresara en una “elección de medios”; un tipo original de votación general que podría realizarse al término de cada año.
Este ejemplo sucinto defiende la factibilidad de implementar en la nueva república algo que hasta hoy es solo una utopía para el pensamiento progresista: una verdadera libertad de prensa que no sea exclusiva de los privilegiados. En armonía con la narrativa de la participación, los medios de comunicación serían así plurales, imposibles de monopolizar y controlados directa o indirectamente por la participación ciudadana, según sean respectivamente independientes o gubernamentales. El mecanismo de retroalimentación democrática sería además suficientemente dinámico, al menos sobre los medios independientes, y el balance entre estos y la línea gubernamental fortalecería a su vez el equilibrio informativo del nuevo sistema democrático.
Que el Partido pase a conformar la sociedad civil es la transición natural para una organización que seguirá preservando una doctrina a la que muchos cubanos tributan y seguirán tributando. En el nuevo socialismo sin embargo, el término “partido” que había perdido ya su dimensión electoral con la Revolución, se convierte en solo una palabra, que puede ser usada para nombrar asociaciones; todas desconectadas de los mecanismos de toma de decisiones del Poder Popular. Como asociación, sin embargo, el Partido tendría total acceso a la creación de sus medios de comunicación independientes desde donde continuar el trabajo político-ideológico e influir en la dinámica social y estatal. Es de esperar que en el caso de unas elecciones de medios, el mayor porcentaje de votos y por tanto la mayor capacidad de inversión vaya inicialmente a las propuestas de prensa, radio y televisión del Partido.
Todo este cambio en la concepción del escenario mediático, que ha sido aquí ilustrado con un ejemplo concreto de reglamentación pero que tomaría su forma real detallada del consenso de los parlamentarios, es vital para la narrativa de la participación. Y aún en cierto modo parece esencial también esa idea de controlar los medios independientes por vía de elecciones, donde una vez por cada período las personas decidan en las urnas el destino de las líneas editoriales preestablecidas que se les presenten. Es cuando menos teóricamente interesante que como parte del proceso de desideologización de los mecanismos de representatividad ciudadana que el socialismo nuevo impulsaría, se haga necesario precisamente comenzar a tratar a los medios como lo que en realidad son: representantes de ideologías.
Más un derecho que una mercancía y mucho más que un servicio público, los medios de comunicación son el cuarto poder del Estado y su control debe ser democratizado como único modo de protección frente a la creación artificial de consensos y disensos. Es un inmenso poder que enseña a pensar estableciendo plataformas de razonamiento y configurando las identidades ideológicas y nacionales. No habrá libertad plena ni socialismo nuevo hasta que la responsabilidad por el necesario equilibrio en el alcance de los diversos generadores de opinión recaiga en la persona real y no en poderes económicos o élites políticas.

Egor Hockyms
La Joven Cuba