Los debates que hace años tienen lugar entre la corporación francesa Pernod Ricard y la compañía Bacardí radicada en Estados Unidos desde poco después del triunfo de la revolución en Cuba, enraízan en realidades políticas que sobrepasan con mucho la aparente batalla por las marcas de ron Bacardí y Havana Club que se han extendido por más de medio siglo.
La polémica deriva del hecho que a la victoria popular cubana de 1959, que llevó a la revolución al poder en la Isla, siguieron, entre otras demandas de la población hechas compromisos ineludibles de los rebeldes con el pueblo, la reforma agraria, la campaña de alfabetización, la reforma urbana, la nacionalización de los servicios públicos de energía, agua y comunicaciones, y de las grandes industrias. El gobierno de la revolución se dispuso a acordar con los afectados soluciones compensatorias mutuamente satisfactorias, y lo logró en casi todos los casos.
Los que en aquel entonces eran propietarios de la compañía productora del ron Bacardí, hábilmente lograron registrar la firma en las islas Bermudas y se prepararon para resistir la nacionalización. Sacaron de Cuba los documentos y las personas físicas de algunos directivos de la empresa, pero no pudieron extraer el talento y la centenaria pericia e inventiva de los humildes maestros y demás obreros que han dado fama al producto de sus esfuerzos. Tampoco las características del agua, el clima y otros entornos insustituibles.
Siguió después un extenso período de disputa legal en el que los embarques del ron Bacardí original de Cuba eran confiscados sistemáticamente por reclamaciones que los falsificadores hacían progresar, muchas veces mediante sobornos y siempre apoyados por presiones desde Washington.
Finalmente, la Corte de La Haya resolvió que la firma Bacardí retuviera el derecho a la marca Bacardí y al símbolo del murciélago, pero no admitió que se identificara el origen del producto como hecho en Cuba, puesto que el nombre comercial anterior era “Bacardí de Cuba”.
Ante tal situación, los verdaderos productores cubanos invitaron a la prestigiosa Corporación licorera francesa Pernod Ricard a formar una asociación para producir en Cuba y distribuir en todo el mundo su acreditado ron utilizando el nombre de Havana Club, una marca registrada hasta 1964 en la Oficina de Patentes de Estados Unidos por su anterior propietario, José Arrechabala, quien a raíz de la nacionalización de su fábrica, había renunciado a la marca declinando la renovación de su registro en la Oficina de patentes en Washington cuando se mudó a España.
La familia Arechabala había fundado esa destilería en la ciudad de Cárdenas en 1878, y en 1934 vendía ron con el nombre de Havana Club en Estados Unidos, aparentemente contraviniendo las leyes de “prohibición” o “ley seca” entonces vigentes allí.
Al ser adquirida la marca “Havana Club” por el consorcio entre Pernod Ricard y Cuba Ron, y con el apoyo de una intensa campaña publicitaria al respecto, las ventas crecieron grandemente en más de cien países. Debido a las leyes del bloqueo imperialista de Cuba, Estados Unidos quedó como el único país del mundo donde el ron cubano no puede comercializarse.
Alarmada por tal situación, la organización Bacardí, que en su relación con Cuba se ha orientado siempre más a la represalia política que a los negocios, optó por prolongar la batalla jurídica enfocándola al uso de la marca Havana Club y, a ese fin, trató de presentarse como legítimo adquirente de los derechos de la marca de la familia Arechabala. “Después de que el régimen cubano confiscó la marca de los Arechabala sin piedad y por la fuerza, Ramón Arechabala transcribió personalmente la receta y se la dio a Bacardí como un acuerdo entre las dos familias, ambas exiliadas de su patria”, fue su desesperado y tonto argumento.
En 1999, valiéndose de sus vínculos políticos en Washington, Bacardí logró que el Congreso aprobara la llamada sección 211, que le permitió comercializar con la marca “Havana Club” en EEUU. Esta legislación ad hoc fue condenada por la Organización Mundial del Comercio pero le ha permitido a Bacardí vender en Estados Unidos un falso “Havana Club” fabricado en Puerto Rico.
El libro “Ron Bacardí: la guerra oculta” y el documental “El secreto del murciélago” muestran las relaciones de la compañía Bacardí con la cúpula ultraderechista y mafia cubanoamericana de Miami. También revelan la participación de su equipo de abogados en la redacción de la Ley Helms-Burton que, en 1996, codificó todas las disposiciones que desde 1959 habían ido conformando en un solo instrumento legal el bloqueo económico a Cuba de modo que ni siquiera un nuevo Presidente de Estados Unidos pudiera abrogar el cerco genocida sin la aprobación del Congreso (como le ocurrió a Barack Obama).
Manuel E. Yepe
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