“Estos documentos confirman que todo ese asunto es parte de un plan para desestabilizar Cuba clandestinamente”. José Pertierra.
El programa de “democracia” para Cuba promovido por el gobierno estadunidense es una “actividad operacional” que requiere “discreción continua” en el marco de varios “planes de transición” que Washington contempla en su esfuerzo contra el régimen del presidente Raúl Castro, según documentos oficiales estadunidenses divulgados hoy por el National Security Archive.
Los escritos oficiales dados a conocer hoy fueron presentados ante un tribunal como parte de un caso legal promovido por Alan Gross, el contratista encarcelado en Cuba en 2009 por intentar trasladar de manera clandestina equipos de comunicaciones a Cuba. Gross y su esposa Judy interpusieron una demanda el año pasado contra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Development Alternatives Inc (DAI), este último su empleador cuando fue arrestado en la isla y uno de los principales contratistas de la Usaid, acusándolos de que fallaron en prepararlo, capacitarlo y supervisarlo de manera adecuada ante los peligros de las actividades a que fue enviado a la isla.
Los textos fueron presentados ante el tribunal por el DAI la semana pasada. Uno, marcado como “confidencial”, revela que en una reunión entre el DAI y la Usaid, en agosto de 2008, funcionarios del Programa para la Democracia en Cuba y Planeación de Contingencias relatan a la empresa contratista que la “Usaid no está informando a los cubanos cómo o por qué necesitan una transición democrática, sino que la agencia desea otorgar la tecnología y los medios para comunicar la chispa que podría beneficiar a la población”, y que el programa tenía la intención de “establecer una base desde donde los cubanos podrían ‘desarrollar visiones alternativas del futuro’”.
En el mismo documento se señala que “el gobierno de Estados Unidos tiene entre cinco y siete diferentes planes de transición” para Cuba, y que el programa no contempla redactar otro. Agrega que ello “no es un proyecto analítico, sino una actividad operacional”.
Según otro documento, la convocatoria de la Usaid para propuestas de contratistas para el programa en Cuba, fechado en 2008, sostiene que el “objetivo principal del gobierno de Estados Unidos es acelerar la transición pacífica (en Cuba) a una sociedad democrática y orientada al mercado, al otorgar asistencia humanitaria adicional y apoyo a la sociedad civil. Desarrollar y, si así lo permiten las condiciones legales y otras circunstancias, activar planes para lanzar una plataforma programática de respuesta rápida que atienda los intereses de la Usaid para tener y coordinar una presencia de programación en la isla”.
Los documentos divulgados hoy por el National Security Archive, organización independiente de investigación dedicada a transparentar las actividades de política exterior del gobierno, también incluyen comunicaciones de la Usaid con el DAI sobre el programa y las propuestas de Gross para trasladar computadoras, teléfonos celulares y sistemas de comunicación satelital a la isla.
En los escritos figura el testimonio de un ejecutivo del DAI ante el tribunal en torno a la demanda civil de los Gross, en el cual afirma que funcionarios de la Usaid “enfatizaron” que el programa sobre Cuba tenía “riesgos”, particularmente “en términos de construir la red requerida de promotores de democracia y derechos humanos en Cuba”. (Los documentos se pueden revisar en el sitio del National Security Archive: www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB411/).
Peter Kornbluh, analista del National Security Archive encargado del programa sobre Cuba, entre otros, comentó que durante una reunión que sostuvo con Gross en noviembre de 2012, en Cuba, el estadunidense le insistió en que “mis metas no son las mismas que las del programa que me envió”, e instó al gobierno de Barack Obama a negociar y resolver su caso con las autoridades cubanas, entre otros asuntos bilaterales.
Kornbluh consideró que la decisión del DAI de presentar esos documentos ante el tribunal tiene un tinte chantajista contra el gobierno estadunidense. En su solicitud ante el tribunal para que descarte el caso, la empresa afirma que “está profundamente preocupada porque el desarrollo del historial, en este caso a lo largo del litigio, pudiera crear riesgos significativos a los intereses de seguridad nacional, políticas exterior y de derechos humanos del gobierno de Estados Unidos”. O sea, según Kornbluh, se trata de un aviso al gobierno de que si no intensifica sus esfuerzos para liberar a Gross el caso legal podría revelar aún más detalles de los programas de intervención estadunidense en la isla.
Para el abogado José Pertierra, experto en asuntos jurídicos y políticos en la relación Cuba-Estados Unidos y cercano al asunto legal de Los cinco (cubanos encarcelados en Estados Unidos que realizaban actividades antiterroristas para La Habana en Florida), “estos documentos confirman que todo ese asunto es parte de un plan para desestabilizar Cuba clandestinamente” y, a la vez, comprueban que “Gross es culpable de lo que está acusado”.
En entrevista con La Jornada, Pertierra comentó que ello es sólo el inicio de una serie de documentos que van a salir a la luz pública demostrando que “esto no se trata simplemente de otorgar equipo a la pequeñísima comunidad judía en Cuba, sino de establecer una red alternativa de disidentes operada en torno a los intereses de Estados Unidos”. El abogado subrayó que “eso es ilegal en Cuba y en todos los países del mundo –ningún gobierno soberano acepta que un poder extranjero se involucre en actividades internas, cuyo propósito es promover un cambio de régimen”.
Pertierra concluyó que “ojalá, por razones humanitarias, liberen a Gross. Igual, por razones humanitarias, Estados Unidos libere a Los cinco. Claro que los dos casos no son iguales. Tal como se argumenta aquí, tienen razón. El programa de Gross tenía la intención de desestabilizar Cuba; Los cinco no tenían el objetivo de desestabilizar Estados Unidos, sino estaban trabajando para evitar actos de terrorismo contra Cuba lanzados desde y protegidos por Estados Unidos”.
La Jornada
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