Todos los integrantes de la misión fueron detenidos en aguas internacionales por navíos militares israelíes que, en abierta violación de las leyes internacionales, asaltaron las lanchitas después de bloquear toda la comunicación y rociarlas con agua contaminada.
La flotilla buscaba romper el bloqueo israelí de Gaza, que ya lleva 18 años y desde octubre de 2023 adquirió una intensidad homicida.
Desde Ashdod, los detenidos están siendo enviados a la prisión de Ketziot -en el desierto del Néguev, cerca de la ciudad de Beer Sheva- y posteriormente serán deportados a sus respectivos países.
Según explicó Omer Shatz, experto israelí en derecho internacional en Sciences Po, de París, Ketziot es “una cárcel de máxima seguridad en el sur de Israel que normalmente alberga a prisioneros de alto riesgo, no a migrantes o activistas”. Shatz recordó que la prisión es conocida por sus condiciones particularmente duras.
Quienes rechacen la expulsión (que conlleva además una prohibición de entrada al país) quedarán en manos de personal del Ministerio del Interior, que lidera el ultraderechista Itamar Ben Gvir. Según el canal 12 de la televisión nacional, se conformará un tribunal especial en la propia prisión. El Ministerio de Exteriores informó que, del casi medio centenar de embarcaciones que conformaba la iniciativa, ninguna “ha logrado su intento de entrar en una zona de combate activo o vulnerar el bloqueo naval”. Llamar a la costa palestina “zona de combate activo” es una patraña: la resistencia palestina carece de navíos y los únicos oponentes de los genocidas han sido hombres, y más de frecuentemente niños que, muertos de hambre, se echan al mar a tratar de pescar o capturar algunas de las cajas de alimentos que algunos países arrojaban desde aviones. Los palestinos tienen prohibido bajar a la playa y entrar al mar, así que la respuesta israelí generalmente está a cargo de francotiradores.
Los organizadores dijeron que un solo barco -de los más de 40- pudo continuar navegando, pero se detuvo cerca de la costa gazatí este jueves por la mañana antes de que se perdiera el contacto. La Flotilla Global Sumud denunció en un comunicado que la intercepción en aguas internacionales constituye un crimen de guerra, acusó a Israel de practicar “secuestros” y “detenciones ilegales”. “Cada acto de represión contra nuestra flotilla y cada intento de silenciar la solidaridad no hace más que reforzar nuestra determinación”, subrayaron.
El equipo legal de las minorías árabes en Israel (Adalah), que se ocupará de la defensa de los detenidos, denunció que recién a última hora le permitieron entrar al puerto, cuando la agencia de migración ya había comenzado audiencias para la deportación y órdenes de detención de los activistas, sin que recibiesen asistencia jurídica ni lo supiesen sus abogados.
Israel había catalogado el objetivo de llevar ayuda a Gaza como una provocación y aseguró que la flotilla estaba financiada por Hamas, una mentira estúpida. Después, el Ministerio de Seguridad dijo estar dispuesto a distribuir la ayuda que llevaban. Mohammed al-Hindi, dirigente de la Yihad Islámica Palestina, en una entrevista con Al Jazeera negó que la expedición estuviera financiada y afirmó que la promesa de Israel de desviar la ayuda a través de Ashdod era falsa, señalando que miles de camiones de ayuda siguen bloqueados en Rafah mientras la población de Gaza se enfrenta a una hambruna masiva.
Inmediatamente que trascendió el asalto a las naves, en ciudades como Bruselas, Estambul, Atenas, Nueva York y Buenos Aires hubo manifestaciones de apoyo a los activistas, algunas espontáneas, y se anunciaron más protestas para los próximos días.
Olga Cristóbal
02/10/2025
