Esta semana, la Policía Federal acusó formalmente al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a dos generales y a 34 personas más por intento de golpe de Estado en Brasil.
Según la investigación, el plan urdido por el expresidente contra Lula fue abortado a último momento debido a que los jefes del Ejército, Marco Antonio Freire Gomes, y de la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista, rechazaron sumarse a la asonada. En cambio, el entonces comandante de la Marina, el almirante Almir Garnier, suscribió el golpe y ofreció a sus marineros para llevarlo adelante.
Los 37 sospechosos están acusados de “abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y pertenencia a organización criminal”. La Fiscalía General del Estado es la que debe decidir si le va a dar curso al proceso, si desestima las acusaciones o pide nuevas investigaciones.
Ambos jefes, el del Ejército y el de la Fuerza Aérea, implicaron a Bolsonaro en el entramado. Atestiguaron que el entonces Presidente los convocó a reuniones en su residencia del palacio de la Alvorada, en Brasilia, donde les mostró un borrador del documento para declarar el estado de sitio para evitar que Lula asumiera el poder.
Entre los acusados resaltan dos generales retirados del ejército que fueron ministros muy cercanos a Bolsonaro durante su gestión. Walter Braga Netto fue ministro de la Presidencia, de Defensa y candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022. Augusto Heleno fue ministro de Seguridad Institucional, encargado de la protección de la Presidencia.
Además, la Policía Federal de Brasil detuvo a 4 soldados del Ejército y 1 policía investigados por su participación en un plan para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a Alexandre de Moraes, ministro de la Corte Suprema y en ese entonces titular del Tribunal Superior Electoral.
Según la investigación, la intención era matar a Lula mediante envenenamiento o utilizando productos químicos para provocar un colapso orgánico. A su vez, Geraldo Alckmin sería asesinado para que no hubiera ninguna posibilidad de que se convirtiera en presidente. Alexandre de Moraes, considerado uno de los mayores enemigos de Bolsonaro, sería primero detenido y luego ejecutado.
Según el plan, su muerte sería causada por una bazuca (la AT-4) que se utiliza para destruir vehículos blindados u objetivos muy fortificados, como edificios. (LPO, 21/11)
El plan debía ser llevado a cabo por soldados conocidos como "Black Kids", las fuerzas especiales del ejército brasileño. Tras el asesinato del candidato ganador, Bolsonaro firmaría un decreto que establecería el Estado de Defensa en Brasil (Idem) y nombraría un Gabinete de crisis encabezado por los dos principales militares acusados.
Según la Policía, los asesinatos de Lula, Alckmin y De Moraes estaban planificados para el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que la fórmula del PT resultara electa por el 51% en las elecciones presidenciales.
Otro de los principales testigos es Mauro Cid, el secretario personal de Bolsonaro, el militar que le llevaba el móvil mientras fue presidente y lo acompañaba en todos los actos. El “arrepentido” aceptó colaborar después de pasar unos meses en una prisión castrense.
El documento presentado por la Policía Federal se dio a conocer mientras se desarrollaba la cumbre del G7 en Río y unos días después de que un bolsonarista se hiciera explotar frente al Tribunal Supremo de Justicia, luego de que no lograra entrar al edificio. Mientras, Bolsonaro se sigue proclamando candidato a presidente e intenta postular a su hijo como vice en las próximas elecciones.
Los vínculos con Argentina
Entre los acusados hay un argentino, el dueño de la Derecha a Diario y actual asesor de Milei, Juan Cerimedo, quien podría ser condenado a 30 años de prisión por participar de la conspiración golpista. Cerimedo era el encargado de convocar manifestaciones a la puerta de los cuarteles y difundir las face news sobre fraude electoral para debilitar a Lula y promover la asonada.
En la Argentina hay una causa espejo a la de Brasil, en el tribunal del Juez Lijo. Malena Galmarini denunció a Cerimedo por formar una organización criminal de Trolls para desprestigiar y amedrentar a dirigentes políticos y figuras públicas a través de face news. Pero además, por organizar “amenazas coordinadas o la exposición de datos personales ("doxeo") con la finalidad de fomentar que otros usuarios más espontáneos adhieran o repliquen la amenaza o el insulto", según señala la denuncia. El uso por parte de los libertarios de datos personales y comerciales para atacar a los blancos elegidos, apunta también a Santiago Caputo quien controla a la Side y la división de inteligencia fiscal de la AFIP.
Además, está la causa por el ataque al Palacio del Planalto, ocurrido el 8 de enero de 2022, una semana después de que asumiera Lula su tercer mandato. Esta causa cuenta con 200 condenados, quienes, estando en prisión domiciliaria, al unísono rompieron sus tobilleras y escaparon. Muchos de estos buscaron refugio en la Argentina y pidieron asilo político.
Paradójicamente, fue la Libertad Avanza quien modificó las normas que regulan el asilo en Argentina para negárselo a los condenados por actos delictivos. El pedido de extradición a Brasil está siendo tratado por el Juez Rafecas quien ya emitió hace una semana una orden de arresto a la Interpol sobre 61 bolsonaristas alojados en la Argentina. Por lo menos fueron detenidos dos hasta ahora sin que se conociera ninguna intervención del gobierno para impedirlo. Tampoco, para agilizar la búsqueda.
Asimismo, mientras fue canciller, Diana Mondino se negó a reunirse con el abogado de los bolsonaristas, por lo que, pese a tanta pantomima fascista y reuniones de la ultraderecha mundial, el pragmatismo sigue pesando más para el gobierno argentino, por lo menos a lo que hace a demostraciones públicas, a pesar de los reiterados pedidos de Jair por asilo para sus seguidores.
Así también lo mostró Milei al seguir suscribiendo al acuerdo de París y al documento del G7, ambos plagados de los principios ‘wok’ que le dan alergia.
El poder en Brasil
Los que ponen a Bolsonaro contra las cuerdas son la Policía Federal y el Tribunal Supremo, que es el que está demostrando por ahora decisión política de continuar el proceso y avanzar con las condenas, aunque hasta ahora no hay ningún financista en el banquillo de los acusados. Fue el mismo Ministro de Moraes una pieza clave en la derrota del golpe al ordenar la intervención de Brasilia para quitar del gobierno al bolsonerista Rocha que impedía el desalojo de las manifestaciones en los cuarteles aclamando un golpe.
Pero hay que recordar que la Policía Federal inició el lava jato y el Tribunal Supremo convalidó él golpe institucional contra Dilma Roussef y cada una de las reformas antiobreras que llevó adelante Bolsonaro y que aún continúan vigentes. De Moraes fue designado por Temer, y antes fue abogado de uno de los promotores del juicio político a Dima Roussef y, como Secretario de seguridad, ordenó el uso de tanques israelíes para reprimir las movilizaciones. Los resultados de las recientes elecciones en Brasil, en las que la derecha superó al PT, debilitaron aún más a un Lula qué llegó a su tercer mandato condicionado por sus propias componendas con los mismos partidos que impulsaron el lava jato y lo metieron preso. En marzo de este año, al cumplirse el 60 aniversario del golpe militar en Brasil, Lula vetó la asistencia de cualquier miembro de la secretaría de Derechos Humanos a los actos de conmemoración en un claro compromiso con las mismas fuerzas Armadas que participaron en el intento de golpe a su tercer gobierno.
Bolsonaro fracasó en el intento, e incluso hoy puede ir preso, porque ya cumplió con las tareas que la burguesía afincada en Brasil requería y, de momento, le resulta más útil el progresismo democratizante, -hoy impotente, incapaz de restaurar los derechos previos al gobierno de Bolsonaro- hasta que se vuelva a consolidar una derecha menos lumpen qué Jair.
Esto explica la postura de los dos generales “antigolpistas” y del Tribunal Supremo, a quien, sin embargo, se le puede reconocer algo de coraje -teniendo en cuenta lo que pasó en Estados Unidos en una situación completamente análoga como es el asalto al Capitolio, en donde el golpista Trump no solo salió impune, sino que hoy es presidente y avanza en imponer un estado policial. Quizá la falta de iniciativa corresponda achacarse a la burguesía norteamericana, que habiendo financiado a Kamala Harris permitió que un golpista lleno de causas como Trump se presentará como candidato.
La condena a los golpistas no puede depender del Tribunal Supremo -hoy antigolpista, ayer garante del impeachment- completamente funcional a los intereses momentáneos de la burguesía brasilera. Requiere de la movilización independiente de los trabajadores.
Como ocurrió en la Argentina, como puede ocurrir en Bolivia, la ultraderecha es abonada por el derrumbe del progresismo nac&pop y la burguesía va cambiando los huevos de canasta según le conviene.
Aldana González
24/11/2024
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