La aceptación judicial de una querella presentada por el ‘sindicato’ de ultraderecha Manos Limpias contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, fue respondida con una carta a la ciudadanía del presidente en la que anunció el miércoles 24 de abril que cancelaba su agenda y reflexionaría sobre su permanencia en el gobierno hasta el lunes 29 de abril. Abrió de esta forma una crisis artificial en la gobernanza del país en una operación sin riesgo real. La respuesta a una querella sin fundamento, que a todas luces se presentó como una provocación, ha sido utilizada por Pedro Sánchez para un intento de reforzamiento bajo el pretexto de ser un hombre enamorado de su esposa, afirmando que se ha llegado demasiado lejos y que debía meditar si valía la pena continuar en la política. Los dirigentes y ministros de su partido dijeron desconocer qué haría el presidente, pero organizaron para el sábado 27 de abril una reunión abierta a los medios de su Comité Federal en la que hicieron público su apoyo a Sánchez.
El lunes 29 el presidente anunció que permanecería en su cargo atendiendo al apoyo popular y de su partido, que incluyó una concentración de conmilitones arreados en autobuses de toda España a las puertas de la sede partidaria el mismo día de la reunión abierta del Comité Federal. La amenaza de dimisión del presidente de gobierno Pedro Sánchez no fue un relámpago en cielo sereno. Respondió a un intento de reforzar su posición y autoridad frente a las bases de su partido y frente a la sociedad sobre la espalda de las manifestaciones de apoyo. Sánchez ha decidido sacar fuerzas de la debilidad. Preside un ejecutivo que se las tiene que ver con un escándalo de corrupción surgido bajo el manto protector del que fuera ministro de Fomento, José Luis Ábalos, muy próximo a Sánchez hasta que en 2021 le pidiera la dimisión obviamente al tanto de que habría un proceso judicial contra un asesor del ex ministro y persona de confianza del mismo, Koldo García Izaguirre.
El ala izquierda de su coalición, el partido Sumar encabezado por la ministra de Trabajo Susana Díaz, se hunde a ojos vistas tras un rotundo fracaso en las elecciones vascas en las que el PSOE salió bien parado. La agrupación está sumida en una crisis que ha enfrentado a Izquierda Unida con el resto de las fuerzas del partido, en especial su líder Díaz y Más País. Otro aliado potencial para cualquier operación parlamentaria, Podemos, se aproxima a su desaparición política total mientras su principal ideólogo y ex vice presidente de Gobierno dedica su tiempo a la agitación mediática y a una taberna a la que califica del último espacio de independencia del proletariado. Esto ha dejado en el tendido a muchos miles de votantes decepcionados por la política social del gobierno y la descomposición de los partidos a la izquierda del PSOE.
La maniobra de Sánchez se hace en vísperas de las elecciones en Cataluña, en las cuales el Partido Socialista será la formación más votada. Y, en perspectiva, las elecciones europeas de junio en las que las formaciones a la izquierda del PSOE van a sufrir un claro retroceso. La movilización socialista pretende arrastrar el voto decepcionado de Podemos, Sumar e Izquierda Unida, en lo que se denominaría ‘voto útil’ contra “el avance de la derecha”. Es decir que hemos asistido a un sainete electorero del cual Sánchez espera salir reforzado en nombre de la defensa de unas presuntas conquistas sociales que han sido hasta ahora ajustes disimulados contra los pensionistas y reformas laborales que han sido pactadas con las organizaciones patronales reforzando el peso de la burocracia y debilitando la defensa jurídica de los trabajadores.
El acto del Primer de Mayo convocado por UGT y CCOO fue la culminación de esta operación. Los aparatos partidarios del PSOE y de los miembros de la coalición de gobierno por una vez en lugar de irse de puente convocaron a la manifestación. Acudieron todos los ministros del gobierno y los discursos de los líderes de ambos sindicatos se dedicaron a ratificar su apoyo a Sánchez y al gobierno sin fisuras. Algunos extraviados de la izquierda extraparlamentaria acudieron a ese acto y alabaron los signos de combatividad de los trabajadores convocados. Pero se olvidaron de criticar al gobierno y la maniobra de Sánchez y los objetivos antiobreros del gobierno. Esto pone sobre el tapete una arista más de la operación reforzamiento.
Sánchez, entregado a sacar fuerzas de su debilidad, da a entender a la burguesía entre su amenaza de dimisión y el acto del Primero de Mayo que el árbitro válido entre los trabajadores y la burguesía es él, y no la derecha. Es él quien puede por la vía pacífica llevar, gracias a la burocracia sindical, a los trabajadores a convenios retrógrados y mantener la “paz social” en España. Si el cae se pueden ir preparando para el caos. El reforzamiento que Sánchez pretende es por otro lado inseparable de la situación internacional.
Mientras que juega de ala izquierda ante la guerra en Ucrania y en Gaza, apoya con toda la determinación posible a ambas. España está participando esta semana en las maniobras de la OTAN a 14 millas de Creta, es decir el Mediterráneo oriental, con 1700 hombres, buques entre ellos un portaaviones, un buque de asalto anfibio y la fragata Reina Sofía.
Mientras tanto, como secuela del amago de dimisión presidencial nos topamos con una supuesta determinación de romper la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace cinco años por el Partido Popular. La designación de esos jueces se hace por votación en el Congreso en la cual se exige una mayoría reforzada de tres quintos. Pero para que esa votación se haga realidad es necesario que los partidos mayoritarios lleguen a un acuerdo sobre la lista y eso se ha hecho siempre en forma proporcional a la representación política de los partidos. Este mecanismo hace que la supuesta separación de poderes en España sea una ficción en la medida que los magistrados que nombran al resto de los jueces del sistema son el fruto de un pacto político.
Pero el sainete es también expresión de la incapacidad, y falta de determinación, por dar una forma más elegante de separación de poderes entre el ejecutivo y el poder judicial por parte de la burguesía española. El burdo manejo de la designación política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el control de los aparatos políticos de la judicatura según sople el viento electoral. Bajo el estado burgués la independencia judicial es una farsa puesto que el aparato legislativo define en favor de los dueños de los medios de producción las leyes a las que deben hacer frente los trabajadores. Pero en general los regímenes parlamentarios guardan las formas en cuanto a la designación de los jueces y montan una fachada de independencia entre poderes.
No es el caso de España. No se guardan siquiera las formas. El partido Popular viene bloqueando la renovación del CGPJ desde hace años para mantener la mayoría conservadora que capitanea en la actualidad. Contra esta valla el Gobierno de turno moviliza a la fiscalía del estado en un intento de defender sus intereses. España se caracteriza por una legislación represiva contra la independencia política de los trabajadores. La famosa Ley Mordaza facilita la condena de los trabajadores y los activistas obreros cuando se movilizan por sus derechos. “El gobierno más progresista de la historia de España” se ha olvidado de derogar esa ley hasta el día de hoy… y la ha usado para condenar a trabajadores como la compañera Raquel Rodríguez en Cádiz procesada tras enfrentar a las tanquetas enviadas por este gobierno para reprimir a los trabajadores del metal en huelga en Cádiz.
La estrategia de Sánchez esconde detrás de sus declaraciones de amor hacia su esposa un intento de reforzamiento en un escenario de debilidad de sus aliados de coalición y ante un proceso electoral de muy corto plazo. Su intento de dar a entender que él es el árbitro en la lucha de clases en España no es más que una engañifa. La crisis internacional y las necesidades de la guerra en curso que se expresa en Ucrania y Gaza no le dejan margen. El gobierno prepara la ofensiva contra los trabajadores para financiar el aumento del gasto militar al que se ha comprometido el gobierno y para sanear el déficit fiscal al que se ve obligado por la Unión Europea (UE).
Los trabajadores deben construir su independencia de clase. Su reorganización para el combate contra los objetivos del capital es decisiva. Una alternativa de clase es necesaria para superar a la burocracia sindical y organizar un movimiento de base para una huelga general contra la ofensiva del capital.
Grupo Independencia Obrera
04/05/2024
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