El 27 de junio, el gobierno cubano anunció un conjunto de medidas económicas para atender la delicada situación socioeconómica del país. Entre ellas se encuentran diversas provisiones para estimular las exportaciones incluyendo el sector no estatal, mayor capacidad en el manejo de recursos y fuerza de trabajo a la empresa estatal, flexibilización de la planificación, diseño de alternativas para el uso productivo de las remesas, control estricto del presupuesto y los gastos, creación de opciones para retener la salida de divisas asociadas a la compra individual de productos escasos en el mercado doméstico, entre otras. Dentro de lo anunciado existen medidas concretas, mientras que en otros casos se trata de áreas en las que se analizan diversas propuestas.
El conjunto de transformaciones anunciado tiene méritos indiscutibles. En primer lugar, el incremento salarial aplicado al sector presupuestado se acompaña de otras medidas de carácter estructural orientadas a incrementar la oferta y mejorar la integración interna de la economía. Asimismo, varias de las modificaciones apuntan hacia dos de las áreas más rezagadas de la reforma: las exportaciones, claves en una economía pequeña; y la empresa estatal. Por otro lado, se promueven los vínculos entre el sector público, el privado y cooperativo, lo que constituye un paso en el sentido correcto.
Durante las explicaciones se destacó la idea de que la economía va a desplazarse gradualmente hacia una dirección basada en mecanismos económico-financieros, que sustituirán a las directrices administrativas. También se resaltó el rol que debe desempeñar el sistema financiero, la centralidad de las exportaciones, y se deslizó la idea de que se deben esperar cambios aún mayores en la planificación y la conducción de la economía. No obstante, es difícil evaluar en toda su dimensión las propuestas anunciadas, teniendo en cuenta que no se cuenta con detalles de las mismas. En la mayoría de los casos las intenciones son buenas, pero es en la implementación donde se decide el juego. A pesar de ello, algunos casos específicos ameritan un análisis preliminar.
El aumento de los salarios en el sector público resulta, a los ojos del ciudadano medio, la medida de mayor alcance. Los nuevos montos representan un aumento no despreciable para la mayoría de los beneficiados, teniendo en cuenta el punto de partida. Se dio a conocer que la decisión supone recursos presupuestarios del orden de los 7 050 millones de pesos, que resultan en un aumento medio de casi 400 pesos por empleado, aunque la diferenciación salarial se amplía con la medida. Para ponerlo en perspectiva, aquella cifra constituye el 10,7 por ciento de los gastos totales planificados para el año 2019 en la Ley del Presupuesto, y el 18,2 por ciento del total de los gastos en el área presupuestada. La medida es difícilmente cuestionable en el terreno social o político. Sin embargo, su éxito depende de una respuesta productiva que se antoja difícil de materializar. Independientemente de las intenciones y deseos de los decisores, la única garantía de que mejore efectivamente el bienestar de los beneficiarios recae en un incremento de la oferta de bienes y servicios en una proporción similar al movimiento de la demanda. Este cambio no solo tiene que corresponderse en magnitud, sino en su estructura. Es decir, deben ofertarse en mayor cuantía productos que los ciudadanos quieran comprar con ese dinero adicional.
Aquí radica el mayor desafío. Los antecedentes son claros en indicar que la oferta en Cuba está notablemente estancada y tarda en reaccionar a los cambios en la demanda a partir de un amplio grupo de restricciones, que van desde lo funcional de las empresas hasta la disponibilidad de recursos. La naturaleza de los procesos productivos domésticos determina que una parte de estos recursos son de importación, una característica que no va a cambiar a mediano plazo. La oferta también podría aumentar a través de la importación de bienes de consumo finales, pero la situación actual en la balanza de pagos no anticipa un incremento apreciable de las mismas. En definitiva, la dinámica de la oferta está condicionada, en gran medida, por la disponibilidad de insumos o bienes de consumo importados, lo que requiere de divisas. Si bien no está ocurriendo un colapso del comercio cubano como en los años noventa, la situación financiera externa no anticipa un proceso de esa naturaleza.
Los llamados a mantener los precios en los niveles actuales contradicen directamente el despliegue de mecanismos económicos. El mercado, que siempre actúa bajo un marco regulatorio determinado, opera tanto para la oferta como para la demanda. Si la oferta no se incrementa, el incremento de precios es el mecanismo de ajuste inevitable. Su negación supone que se desencadenen otros procesos igualmente negativos como la escasez, las largas filas o el mercado negro. Si hay que escoger entre esos dos caminos, el mercado es una alternativa incomparablemente mejor, porque ofrece transparencia. Se puede conocer directamente cuánto aumentan los precios y esa información está accesible a todos los agentes y decisores. Ello da una idea del retraso de la oferta. Los recursos adicionales que temporalmente pasan a disposición de los productores les permitirían invertir en nuevas capacidades para aumentar la producción, lo que actuaría moderando los precios.
Desafortunadamente, este último eslabón es el que usualmente no se completa en el contexto cubano. Y ello debido no solo a restricciones de recursos, sino a rigidez institucional y prohibiciones administrativas. La ampliación de la producción supone la compra de insumos y medios de producción, que como norma no están a disposición de los productores. También existe la percepción errónea de que este incremento temporal de las ganancias es negativo, porque se entiende que no es legítimo. No es creíble pensar que los mecanismos económicos nos pueden ayudar a aumentar la producción y van a dejar de actuar en otras esferas. Y esto no incluye la todavía más compleja discusión sobre la acumulación de riquezas y capital. Si se quiere desatar un proceso virtuoso de crecimiento, habrá que admitir que cierto nivel de diferenciación es inevitable.
Los problemas que enfrenta la economía cubana, reseñados a ratos en las explicaciones de los decisores, son bien conocidos, y han sido profusamente analizados en los estudios de los modelos de planificación central. La asignación centralizada de recursos debilita severamente las relaciones horizontales entre sectores y entidades de la economía: sector exportador y sus suministradores, sector estatal y privado, empresas extranjeras y nacionales, entre otros pares que se pudieran mencionar.
Ello va acompañado por la sustitución casi total de los mecanismos económico-financieros por sus correspondientes de tipo administrativo. El papel pasivo de los precios y otras categorías financieras despoja al sistema económico de las señales que necesitan sus agentes, incluido el gobierno, para la toma de decisiones oportunas y ágiles, que sean coherentes con la mejoría de la eficiencia. Estas y otras distorsiones que se generan llegan incluso a reforzarse mutuamente y derivan en fenómenos aparentemente inexplicables como la “mentalidad importadora”, la convivencia de escasez y capacidades ociosas, o la anulación de los incentivos hacia el trabajo duro e innovador en amplios sectores de la sociedad.
Las debilidades del modelo generadoras de atraso, escasez y falta de oportunidades no son fundamentalmente el resultado de las acciones aisladas de ciudadanos inescrupulosos, “cuadros incapaces” o empresarios poco creativos. Esos comportamientos responden a un entorno socioeconómico que los ha modelado durante décadas. Es cierto que las sanciones de Estados Unidos reducen notablemente el umbral de desarrollo de la economía cubana, pero también lo es que muchos países que no estaban sometidos a una presión de esta magnitud fracasaron estrepitosamente, incluyendo algunos con recursos prácticamente infinitos. No hay que dirigir la atención a Europa del Este, China y Vietnam constituyen ejemplos claros.
Por el bien de aquellos segmentos más humildes del pueblo cubano, es deseable que el paquete anunciado sea exitoso. Más importante aún, ojalá constituya el preludio de una transformación más radical del modelo económico que ofrezca mayores cuotas de prosperidad. Lamentable resulta que tenga que apretar el cinturón para destrabar decisiones pospuestas una y otra vez. Ya se ha comprobado durante una década que el énfasis en la gradualidad trae sus propios problemas, tan o más graves que los que pretende evitar.
Ricardo Torres
Progreso Semanal
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