¿Qué municipio queremos?

Algunas de mis ideas relacionadas con nuestros municipios, la descentralización y el desarrollo local se vieron apoyadas en la más reciente jornada de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y en las decisiones que en ese espacio se tomaron relacionadas con el experimento que se desarrolla en las provincias de Artemisa y Mayabeque.
Además, estuvo el hecho de que durante la presentación de la Ley del Presupuesto para 2017 se anunciara que esta permitirá a los municipios disponer de hasta el 50% de los ingresos originados por la Contribución Territorial al Desarrollo Local.
Dicho tributo es uno de los que está recogido en la Ley No. 113 (Ley del Sistema Tributario) que se adoptó en 2012 para que las empresas y sociedades mercantiles estatales, entre otras entidades, ayuden al financiamiento de proyectos de desarrollo territorial a través de los consejos de administración municipal.
Lo que pudiera catalogarse como novedoso es el hecho de que la ANPP haya aprobado que la mitad de ese dinero se quede a nivel municipal, algo que la propia Ley No. 113 permite al establecer que en cada ley presupuestaria se fije la forma y los términos para el pago de esta contribución.
Sobre el experimento de Artemisa y Mayabeque creo que a muchos nos quedó claro en las palabras centrales de la mencionada sesión de trabajo a cargo de Raúl Castro, que es necesario, de una buena vez y por todas, la solución de las problemáticas vinculadas con este experimento. En él se han centrado grandes esperanzas para la necesaria reconfiguración de las funciones administrativas y empresariales a nivel local, así como la imprescindible descentralización, algo a lo que Cuba, en mi opinión, debe dirigirse.
Con el término descentralización no pretendo hacer un llamado a la desunión nacional ni mucho menos, pero sí creo que debemos ver este concepto como premisa para la autonomía municipal, entendida esta como un principio de organización y funcionamiento administrativo, que potencia el desarrollo local dentro del marco de los intereses nacionales. Al unísono, debemos comprender que resulta imposible la configuración de estos intereses sin tener en cuenta las necesidades de nuestras comunidades.
Si algo positivo, entre otras cosas, nos dejó la reforma constitucional de 1992, es que se definió a la provincia y al municipio. En su artículo 102 estableció que ambos tienen personalidad jurídica, y en el caso del último se preceptúo que tenía capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales.
No obstante, este precepto no ha tenido el respaldo material para promover el desarrollo de los municipios cubanos. Si estos tienen personalidad jurídica, lo cual supone la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, no se tomaron las previsiones, en el orden económico y administrativo además del jurídico, para que pudieran desarrollar a fondo sus capacidades.
Es por ello que me parece necesaria una Ley Orgánica de Municipios, y más lejos aún, una visión diferente sobre lo local, y las potencialidades que tenemos en esos espacios.
Entendamos que todos los municipios de Cuba no son iguales, de ahí que uno de sus rasgos distintivos sea la heterogeneidad en cuanto a los niveles de desarrollo. También debemos considerar la relativa homogeneidad que en el orden social contiene el país. La descentralización y la autonomía municipal no necesariamente suponen un peligro para la integridad nacional.
Es obvio que no es lo mismo Cárdenas, que tiene dentro de su demarcación territorial el polo turístico de Varadero y además posee petróleo, que Marianao, en la capital del país. Sencillamente son escenarios diferentes con un desenvolvimiento económico en cada caso distinto, de ahí que su peso en la economía nacional también lo sea
Por otro lado, ambos deberían poder satisfacer las necesidades de sus comunidades de acuerdo a sus capacidades. Para ello sería necesario definir, por ejemplo, qué servicios públicos deberían brindar las administraciones municipales, considerando sus posibilidades y permitiendo alianzas entre ellas.
De igual forma el sector privado de la economía podría beneficiar el desarrollo a nivel municipal. Por regla general se piensa en la vía de los tributos para lograr esto, idea que apoyo y que la actual Contribución Territorial al Desarrollo Local concibió solo en el caso de las cooperativas, pero no es esta la única vía.
En el futuro y cuando finalmente caigan los dogmas que no nos dejan llamar a las cosas por su nombre; las PYMES cubanas también deberán pagar tributos para el beneficio de los municipios. No obstante, habrá que darles margen para que se asocien de todas las formas posibles con nuestras empresas locales, esas que hoy tienen altos niveles de descapitalización, y con las instituciones sociales.
Nadie me ha convencido que el patrocinio de una pequeña empresa privada a una escuela de oficios, bajo un esquema de mutuo beneficio (la primera repara el centro escolar y la segunda le brinda mano de obra calificada) sea contrario a los principios del proyecto cubano.
En adición, sería beneficioso que nuestras autoridades municipales posean la capacidad de gestionar pequeños proyectos de inversión extranjera, si contamos con que el capital foráneo también puede ser motor impulsor de las economías locales. Mucho podría significar el desarrollo de procesos inversionistas y alianzas económicas entre las empresas de subordinación municipal e inversores con poco capital que contribuirían a nuestro progreso en menor escala.
Pensemos que Cuba tiene actualmente 168 municipios, y que cada uno de ellos pudiera contar con la inversión de 1 000 000 de dólares provenientes de alianzas con pequeños empresarios extranjeros. Hagan números y verán que las cifras no son despreciables para un país con nuestros problemas económicos, muchos de ellos asociados a la descapitalización de su base productiva.
Es cierto que estas medidas pueden contribuir a la corrupción y el desvío de recursos, pero hasta hoy esos fenómenos se han manifestado y de se manifiestan sin haber logrado tales niveles de descentralización. Por el contrario, el día que estas medidas —propuestas ya por varios especialistas— puedan avanzar en su ejecución, los hoy inoperantes mecanismos de control tendrán algo que controlar.
Por su parte, los ciudadanos y las entidades, ambos contribuyentes, deberán exigir la información sobre cómo y en qué se invierten sus aportes.
Los representantes de la localidad y la administración dejarán de ser meras poleas de trasmisión. Si las autoridades locales cobran tributos, incentivan proyectos de patrocinio y reciben capital foráneo, entonces nadie podrá ir y decirle a los vecinos que no hay presupuesto para solucionar tal o más cual problema. Está claro que siempre habrá determinadas necesidades que solo podrán proveer los niveles centrales, pero hay muchas que se pueden solventar desde abajo y sin muchos recursos.
El reconocimiento constitucional está puesto sobre la mesa hace casi 25 años; la necesidad de una ley para su complementación también; la lenta evolución de un experimento que sigue sin dar resultados es algo con lo se cuenta igualmente. Pero más allá de todo eso hay algo que necesitamos consolidar en la psiquis de muchos decisores: la necesidad de descentrar capacidad de mando, liderazgo, gestión e iniciativa junto con los conceptos de responsabilidad y participación.

Raudiel F. Peña Barrios
Progreso semanal