Cuba continúa este viernes su denuncia en la ONU por el recientemente revelado ZunZuneo, un programa aplicado por Estados Unidos para generar desestabilización mediante mensajes enviados a teléfonos celulares en la isla.
La Mayor de las Antillas presenta el caso ante el Grupo de los 77 más China, bloque integrado por 133 países en desarrollo.
El pasado martes, el embajador alterno cubano ante Naciones Unidas, Oscar León, informó al Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) sobre el ZunZuneo, iniciativa subversiva para la cual Washington utilizó millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos.
En una reunión del Movimiento integrado por 120 naciones, el diplomático exigió al gobierno estadounidense respeto por el Derecho Internacional y la Carta de la ONU, así como el cese de sus acciones ilegales y encubiertas contra Cuba.
Durante el encuentro del Mnoal, Belarús, Ecuador, Nicaragua, Siria, República Democrática de Corea y Venezuela, entre otros países, manifestaron su respaldo a Cuba y expresaron preocupaciones por el uso con fines desestabilizadores de nuevas herramientas de la información y la comunicación.
Según las revelaciones realizadas a principios de abril por medios de prensa estadounidenses, el programa secreto incluyó empresas fachadas y servidores en varios continentes, en aras de ocultar el origen de los mensajes enviados a miles de usuarios, en principio con “contenidos no controversiales”, para luego incitar a la subversión interna.
El lunes último, el representante permanente de Cuba en la ONU, Rodolfo Reyes, denunció ante el Comité de Información de este organismo mundial el empeño de Washington en subvertir el orden político, económico y social escogido soberanamente por el pueblo del país caribeño.
Además del ZunZuneo, Reyes colocó en la palestra la continuidad de las transmisiones ilegales de radio y televisión.
De acuerdo con el Embajador, la más reciente operación desestabilizadora infringe leyes cubanas y norteamericanas, como la CAN-SPAM Act, aprobada por el Congreso en 2003, que prohíbe enviar mensajes comerciales o de otro tipo sin que el destinatario exprese su consentimiento.
Por otra parte -agregó- se viola una vez más la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con el uso de las nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales, para fines bien diferentes a los destinados a promover las relaciones pacíficas y la cooperación internacional.
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