miércoles, 26 de marzo de 2025

Perú: el estado de emergencia de Boluarte, una medida reaccionaria


La clase obrera necesita un planteo propio frente a la inseguridad y el crimen organizado 
 El gobierno introdujo a los militares en tareas de seguridad interior 

El gobierno de Dina Boluarte impuso desde el 18 de marzo un estado de emergencia por 30 días en Lima y la provincia de Callao, tras el asesinato del cantante de una popular banda de cumbia en la capital peruana. 
 Desde comienzos de año, se han registrado en Perú más de 450 crímenes y cerca de 2 mil denuncias de extorsión, como parte de un espiral ascendente de esta clase de delitos desde 2017. Esto ha desatado un estado de inquietud y zozobra generalizado que abarca tanto a los sectores más explotados como a comerciantes, transportistas y empresarios. El movimiento obrero es víctima directa de los sicarios. Según la CGTP Joven, 25 referentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) fueron ejecutados por bandas que quieren apoderarse del control de las obras de construcción.
 El estado de emergencia dictado por Boluarte es una medida reaccionaria que restringe la libertad de reunión y circulación, saca a los militares a las calles y permite el ingreso a domicilios y las detenciones sin autorización judicial por parte de las fuerzas represivas. Estas disposiciones, que coartan las libertades democráticas, no tendrán, sin embargo, ningún impacto en la reducción del delito y el desmantelamiento de las bandas criminales, como lo muestra la experiencia de aplicación del estado de emergencia en ciertos distritos limeños a lo largo de 2024. 

 Protestas populares y problemas en el gabinete 

 A pesar de la declaración del estado de emergencia, este viernes 21 se desarrollaba en Lima una convocatoria bajo el lema “No queremos morir” para reclamar a los tres poderes del Estado una respuesta frente al problema de la inseguridad. Adherían a la jornada numerosas bandas musicales, uno de los gremios de transportistas (Anitra), el Colegio de Psicólogos, el Bloque Feminista, la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados de Perú (Anacopri), egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad, entre otros.
 En vísperas de la manifestación, se aprobó en el parlamento una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a que contaba con un férreo respaldo de la presidenta. Boluarte debe confirmar un nuevo ministro en las próximas 72 horas, que sería el séptimo que desfila por ese cargo desde que está en el poder. 
 La moción de censura fue impulsada por los diputados Diego Bazán (de Renovación Popular, una fuerza de ultraderecha que tiene como principal referente al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga), Jaime Quito (de Nueva Constitución, un desprendimiento de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón) y Susel Paredes (quien acaba de romper con Primero la Gente, un partido de centro). El planteo reunió 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. Casi todo el fujimorismo (Fuerza Popular) acompañó la iniciativa. Es decir que, bajo el impacto de la crisis por la inseguridad, algunos de los espacios que sostienen a Boluarte en el poder –la cual carece de una fuerza propia- se vieron obligados a buscar un fusible en el Ejecutivo. 
 Boluarte, quien ha declarado ante los medios que no descarta impulsar la pena de muerte por el delito de extorsión, intenta seguir los pasos del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y de Daniel Noboa en Ecuador, quien impuso el estado de excepción y militarizó el país. Una salida de estas características reforzaría todos los ataques que el gobierno asesino de la mandataria viene instrumentando contra el pueblo, con el apoyo de los principales bloques legislativos. 
 Frente al problema de la inseguridad, las organizaciones obreras necesitan impulsar un planteo propio que apunte al desmantelamiento del aparato represivo, siempre entrelazado con los grupos criminales. Por la nacionalización bajo control obrero de los bancos y los puertos, que son escenario del lavado de dinero y el contrabando. No al estado de emergencia. Fuera el gobierno de Boluarte y el Congreso corrupto. 

 Gustavo Montenegro

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