sábado, 29 de marzo de 2025

EE.UU.: Trump ataca a la educación con métodos de excepción


En un acto en la Casa Blanca, rodeado de una escenografía de niños y jóvenes sentados en pupitres, Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la que instruye a su secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar las medidas necesarias para iniciar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados de la Unión. 
 En EE.UU., la política educativa (programas educativos, salarios docentes, etc.) es propia de cada estado. Sin embargo, el Departamento de Educación gestiona el otorgamiento de los fondos federales para programas de apoyo a estudiantes sin hogar, escuelas de bajos ingresos, becas de estudio para estudiantes universitarios y becas de investigación. Con “la devolución de la autoridad educativa a los estados”, las decisiones sobre el otorgamiento de los beneficios contemplados en estos programas quedan a merced de los estados y alcaldías (la mayoría gobernados por republicanos). 
 Como el Departamento de Educación fue creado por una ley del Congreso en 1979, su cierre debería hacerse mediante una ley aprobada por el Congreso. Pero la orden ejecutiva obvia su trámite parlamentario, lo que retrata a un gobierno que despliega su política con métodos propios de un régimen de excepción. Sin embargo, con o sin decreto, el cierre ya fue iniciado con los recortes implementados el Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por el archimillonario Elon Musk y el despido de la mitad de sus profesionales dedicados a los programas mencionados (2.100 sobre un total de 4.400 trabajadores). 
 La letra de la orden es explícitamente ideológica (fascista): "Los programas o actividades que reciban los fondos remanentes no promoverán iniciativas de diversidad, equidad e inclusión ni la ideología de género" (El Mundo, 21/03). 
 El ataque a la educación pública se completa con un proyecto impulsado por los republicanos, para instaurar un sistema de cupones mediante el cual empresas y particulares que donen a programas educativos, recibirían el 100 por ciento de su dinero cuando declaren sus impuestos” (Washington Post, 6/03). Las empresas podrían invertir en estos programas, obteniendo deducciones de impuestos y evitando los impuestos sobre las ganancias de capital. Se estima que este plan desviaría $5-10 mil millones en fondos públicos a la educación privada (Work Socialist Web Site, 11/03). 
 Este proyecto está en línea con la orden ejecutiva del 29 de enero pasado, titulada “Ampliar la libertad y las oportunidades educativas para las familias”, y otra, llamada “Poner fin al adoctrinamiento radical en la educación primaria y secundaria”. Ambas fueron inspiradas por America First Policy Institute (AFPI), un lobby fundado en 2021, liderado por la actual secretaria de educación Mc Mahon. La AFPI quiere redefinir la educación norteamericana en torno al chovinismo y a la revisión historiográfica en relación al racismo: “Las élites y corporaciones antipatrióticas (...) han utilizado su poder y dinero para crear y normalizar la narrativa de que Estados Unidos y la fundación estadounidense son inherentemente malos, una narrativa según la cual ser patriótico es ser racista”; y concluye que su misión es “investigar y desarrollar políticas centradas en el patriotismo” (AFPI, 28/06/21). 
 Desfinanciamiento educativo, rescate al capital por vía impositiva, ataque a los derechos a la educación y chovinismo patriótico son los elementos distintivos de la política educativa trumpista. 

 El ataque de Trump a las universidades 

Al anuncio del congelamiento de fondos por 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia, "debido a su pasividad ante el persistente acoso a estudiantes judíos" -una coartada para prohibir las manifestaciones contra el genocidio sionista en Gaza- le siguió la detención ilegal de Mahmoud Khalil, dirigente estudiantil de la rebelión en la Universidad de Columbia contra la “continua inversión financiera de la universidad en corporaciones que se benefician del apartheid israelí, el genocidio y la ocupación militar de Palestina”. 
 La extorsión financiera a Columbia no sólo busca la prohibición de manifestaciones antisionistas; procura intervenir su gobierno y régimen académico. El 13 de marzo pasado, “la administración Trump envió una carta a Columbia exigiendo que la administración realice cambios en su gobierno, sus procesos de admisión y sus programas académicos ‘como condición previa para las negociaciones formales’ con la administración” (New York Times, 18/03). Una pretensión que viola groseramente el régimen universitario.
 La respuesta de las autoridades de Columbia a la extorsión fue “la contratación de 36 ‘oficiales especiales’ con el poder para sacar y arrestar a individuos; y la supervisión de los Departamentos de Estudios de Oriente Próximo, el Sur de Asia y África, así como el Centro de Estudios Palestinos, bajo un vicerrector nombrado por la universidad” (World Socialist Web Site, 25/03). 
 El método de bloqueo de fondos federales como chantaje para introducir cambios en el régimen universitario es sistemático. Como parte de la campaña de eliminación de los programas de “diversidad, equidad e inclusión”, 52 universidades en 41 estados son objeto de investigaciones del Departamento de Educación. “Los estudiantes deben ser evaluados según su mérito y logros, no prejuzgados por el color de su piel”, afirmó Linda Mc Mahon (La Nación, 14/03). Las investigaciones fueron anunciadas un mes después de que el Departamento de Educación emitiera un memorando donde amenaza a las escuelas y universidades con perder los fondos federales si adoptan dichos programas en las admisiones, becas o cualquier otro aspecto de la vida estudiantil. Perversamente, el argumento del gobierno es que esos programas violan la Ley de Derechos Civiles de 1964, al excluir a estudiantes blancos y estadounidenses de origen asiático, cuando su promulgación fue el resultado de las movilizaciones de masas contra la segregación de los afroamericanos de la vida civil. 
 Si en la segunda posguerra, la política del imperialismo logró integrar a la academia en su desarrollo tecnológico y esfuerzo militar, el trumpismo las extorsiona, desfinancia e interviene en su vida académica. Esto es percibido por sectores académicos: “Lo distintivo de lo que está sucediendo es que el concepto mismo de la universidad como institución autónoma está bajo ataque directo. (...) Si durante la Guerra Fría el gobierno financió las universidades para fortalecer a Estados Unidos, la segunda administración del Sr. Trump las trata como una amenaza a desmantelar”, dice una profesora de Yale en una columna de New York Times (18/03). 
 Las tendencias al pasaje del imperialismo democrático al fascismo se expresan dramáticamente en la vida académica de EE.UU. 

 Alejandro Barton
 28/03/2025

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