Este nuevo informe es una colaboración entre la organización de derechos humanos palestina Al-Haq y la agencia de investigación Forensic Architecture con sede en el Reino Unido. El mismo confirma lo que otra media docena de informes, incluido el elaborado por la ONU, habían indicado -la responsabilidad del ejército de Israel- con la novedad de una enorme cantidad de nuevas pruebas que ha logrado recopilar, incluso nuevas imágenes ofrecidas por la cadena Al Jaazera -para la cual trabajaba Abu Aqla- y una reconstrucción con drones realizada en la ciudad ocupada de Jenin.
A principios de septiembre, las autoridades israelíes habían publicado un informe señalando que había una “alta posibilidad” de que Abu Akleh fuera “alcanzado accidentalmente por disparos [de las Fuerzas de Defensa de Israel]”. Esto habría sucedido puesto que los soldados de las FDI estaban disparando contra “sospechosos identificados como pistoleros palestinos armados, durante un intercambio de disparos en el que se dispararon disparos generalizados e indiscriminados que pusieron en riesgo la vida de los soldados de las FDI” (The Intercept, 20/9).
Las reconstrucciones presentadas en el informe señalan que no han existido ni pistoleros ni disparos en los minutos previos al ataque contra las periodistas. Incluso se detalla que la línea de fuego “estaba limpia”, lo que indica una ubicación desde la cual se veía con facilidad a los periodistas. Asimismo, se ha confirmado lo dicho por múltiples testigos sobre la clara visibilidad de los carteles de PRENSA que suelen llevar en el chaleco antibalas y los cascos los periodistas en estas situaciones. La conclusión es clara: fue un asesinato a sangre fría.
Este informe ha sido presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, por parte de la Federación Internacional de Periodistas, el Sindicato de Periodistas Palestinos y el Centro Internacional de Justicia para los Palestinos, en nombre de la familia de Abu Aqla y de el periodista Ali Al Samoudi, herido durante el ataque. Estas mismas organizaciones habían presentado en abril pasado otra denuncia en la CPI sobre ataques, mutilaciones y asesinatos sistemáticos de periodistas en Palestina, pocos días antes de que fuera asesinada Abu Aqla.
A pesar de las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, sobre la necesidad de una investigación independiente -Abu Aqla era ciudadana palestino-estadounidense-, hasta ahora, el Departamento de Estado y el FBI sólo han revisado los informes presentados por las autoridades palestinas e israelíes, acusando no poder llegar a una conclusión definitiva.
La familia, por su parte, ha emitido un comunicado en el que señala: “Es obvio que los criminales de guerra israelíes no pueden investigar sus propios crímenes. Estados Unidos todavía tiene la obligación de investigar y tomar medidas significativas para uno de sus propios ciudadanos. Pero cuando un estado individual no protege a sus propios ciudadanos, es responsabilidad de la comunidad internacional protegerlos a ellos” (Idem).
A medida que se acumulan las pruebas, la denominada “comunidad internacional” se aleja de una denuncia e investigación a fondo para condenar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Abu Aqla. Es una tarea imposible, puesto que esa misma “comunidad internacional” -empezando por la ONU- ha sido la que legitimó la formación del Estado de Israel sobre territorio palestino. Las investigaciones y hallazgos de este caso deben ser utilizadas como una tribuna contra la ocupación sionista y sus crímenes de guerra.
Joaquín Antúnez
26/09/2022
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