Cuba quiere producir más alimentos para reforzar su soberanía

El nuevo Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba busca alcanzar la autosuficiencia en un país importador del 80 por ciento de sus alimentos, y donde los elevados precios, escasa oferta y hábitos de consumo dificultan dietas más saludables.
La iniciativa fue aprobada el 22 de julio en el Consejo de Ministros, junto con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, y la Política para Impulsar el Desarrollo Territorial, intervinculadas y estratégicas para este país insular caribeño que gasta unos 2000 millones de dólares anuales en la compra de víveres.
Las autoridades definen el Plan como una plataforma nacional para producir alimentos de forma segura y sostenible, a fin de que la ciudadanía acceda a una alimentación balanceada, nutritiva e inocua, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos, y con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental.
“Darle un soporte institucional a la independencia alimentaria resulta esencial para la economía”, explicó a IPS el economista Armando Nova.
La importación de alimentos supone para Cuba elevadas erogaciones teniendo en cuenta sus pocas fuentes de ingresos, concentradas en la prestación de servicios profesionales, el turismo, productos biotecnológicos, azúcar, ron, tabaco y níquel, entre los más significativos.
Todos esos renglones exportables han sufrido afectaciones por la pandemia de covid-19, y aun sin cifras oficiales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica una contracción de al menos ocho por ciento del producto interno bruto de la isla en 2020.
La dependencia a las compras externas es considerada por las autoridades como un asunto de seguridad nacional y han llamado a sustituir importaciones.
Sin embargo, producir en el país la mayor parte de la comida de sus 11,2 millones de habitantes resulta harto complejo con una agroindustria descapitalizada, bajos rendimientos agrícolas, una casi inexistente flota pesquera y modelos de gestión poco eficientes en su industria alimentaria, entre otros factores.
Las cosechas en la isla se resienten por la salinización o mal manejo de los suelos, dificultades en el suministro de fertilizantes y plaguicidas, o la vulnerabilidad ante el alargamiento de las sequías o intensos huracanes relacionados con el cambio climático.
A ello se suman los efectos del embargo del gobierno de Estados Unidos, vigente desde 1962, intensificado con nuevas restricciones durante la administración del presidente Donald Trump, lo cual, además, obstaculiza el acceso a créditos en los principales organismos internacionales.
Pese a estos problemas, Nova consideró que “es necesario priorizar la producción agropecuaria primaria, la industria procesadora de alimentos y la agroindustria de la caña de azúcar”.
Para algunos de los responsables del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional resulta un reto impulsar sistemas agroalimentarios locales que garanticen el autoabastecimiento en los 168 municipios y 15 provincias cubanas.
En ello, aseguran, tendrá un papel significativo la cooperación internacional, en coordinación con los gobiernos territoriales y el aporte científico de universidades y programas de desarrollo local.
Durante la pandemia, Cuba ha recibido el apoyo de entidades como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la Unión Europea, mediante iniciativas para la entrega de alimentos a comunidades y grupos vulnerables, así como respaldar la producción local.
En junio, un informe de la Cepal y la FAO advirtió que debido a la pandemia los sistemas y cadenas de producción de alimentos globales se encuentran amenazados y se elevaron los precios.
Solo en América Latina y el Caribe 83,4 millones de personas están en riesgo de caer en condiciones de pobreza extrema y hambre este año, indicó el informe.
El artículo 77 de la Constitución cubana, vigente desde abril de 2019, reafirma el derecho de todas las personas a una alimentación sana y adecuada y encarga al estado crear condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población.
Desde 1962, mediante una cartilla de racionamiento, el estado cubano garantiza a cada ciudadano una cuota mensual de arroz, azúcar, granos, café, aceite y proteína animal, a precios subsidiados.
Aunque la llamada canasta básica no cubre todas las necesidades alimentarias, constituye un alivio para los hogares de bajos ingresos y grupos vulnerables.
“Quisiera consumir más viandas (tubérculos), vegetales y frutas, pero sus precios son muy elevados en los puestos de venta privados. En los mercados estatales casi nunca aparecen”, comentó a IPS vía telefónica Clotilde Carmona, una jubilada de 73 años residente en la ciudad de Holguín, a unos 678 kilómetros al este de La Habana.
Entre varias estrategias, el Programa de Autoabastecimiento Municipal iniciado en 2016 proyecta que cada cubano acceda mensualmente a 13,6 kilogramos por persona de productos agrícolas como algunos tipos de tubérculos, hortalizas, granos y frutas.
Sin embargo, en 2019 el indicador se ubicó en alrededor de nueve kilogramos de dichos alimentos, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Agricultura.
El año pasado en la isla se invirtieron 486,7 millones de dólares en actividades como agricultura, ganadería, caza y silvicultura, inferior a los 490 millones de dólares de 2018, según el Anuario Estadístico de Cuba 2019 publicado a fines de agosto por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
“Un país con un importante déficit de alimentos no puede permitirse dedicarle (solo) cinco por ciento de la inversión total a la agricultura, la ganadería y la pesca”, reflexionó en su cuenta de Twitter el economista cubano Pedro Monreal, un experto en el tema.
Profesionales del sector sanitario han alertado sobre un aumento en la ingestión excesiva de productos hipercalóricos o la llamada comida chatarra.
Aunque se trata de un fenómeno mundial, en el caso cubano también está condicionado por factores como malos hábitos alimenticios y dificultades en el acceso a alimentos, pues muchas veces las personas deben optar por los más baratos y de menor calidad nutricional, comentaron especialistas consultados por IPS.
Datos del Ministerio de Salud Pública muestran que el 42 por ciento de la población cubana, entre ellos el 13 por ciento de niñas y niños, presentan sobrepeso u obesidad, catalogado como un problema de salud.
En los últimos años también se visibilizan personas, proyectos comunitarios y emprendimientos que estimulan el consumo de alimentos orgánicos y hasta el veganismo, junto con mensajes de bien público y campañas sobre cultura nutricional promovidas por instituciones estatales.
“Cambiar los hábitos alimentarios requiere años, es un proceso que comienza con la infancia. Sería interesante explicitar sobre el Plan qué se entiende por nutrición y buena alimentación”, dijo a IPS Sabino Halim, un ingeniero mecánico jubilado practicante de la macrobiótica.
“Producir decenas de toneladas por hectárea conlleva una gran inversión en preparación de tierras, equipamientos e insumos”, subrayó el también especialista en emprendimientos agrícolas del proyecto de capacitación y formación de emprendedores Incuba Empresas, adscrito al habanero Centro Loyola Reina, que regenta la orden católica Compañía de Jesús.
De acuerdo con Halim, el éxito del Plan conllevará, entre otros factores, “una real y efectiva liberación de las fuerzas productivas, incluida la empresa estatal”, además de “utilizar recursos al alcance del país como las remesas familiares, los microcréditos, las minindustrias, sin desconocer la posibilidad de la inversión extranjera”.

Por Luis Brizuela
Fuentes: IPS