Un mes de rebelión popular en Colombia

El 28 de mayo, a un mes desde el inicio del paro nacional y la rebelión popular colombiana, nuevas movilizaciones de masas sacudieron el país. La rebelión colombiana, por su extensión en el tiempo, por su desarrollo a escala nacional, por su combatividad, por no conformarse con la caída de una serie de reformas reaccionarias y con la caída de un puñado de ministros, y por su clarividencia en cuestionar al conjunto del régimen imperante, representa el proceso más importante y más álgido de la lucha de clases en América Latina. 

 En el transcurso de este mes, se han erigido miles de bloqueos de rutas en todo el país, sostenidos por trabajadores, jóvenes, campesinos e indígenas y en todo el país florecen las asambleas y cabildos populares. Como consecuencia de los bloqueos, según una encuesta realizada por las cámaras de comercio, de las 13 mil compañías consultadas, el 22% de ellas debió paralizar sus operaciones y el 53% opera con menos de la mitad de su capacidad instalada (El País de Cali, 27/5). En Bogotá, las masas organizadas han rebautizado el Portal de las Américas como el Portal de la Resistencia, del mismo modo que el pueblo chileno rebautizó la Plaza Baquedano como la Plaza de Dignidad. El Portal de la Resistencia se ha constituido como un centro de organización popular y, también al igual que en Chile, ha surgido una “primera línea” compuesta mayoritariamente por jóvenes precarizados, desocupados o estudiantes, que le hacen frente a la criminal represión del gobierno de Duque para permitir que las masas se manifiesten. En Medellín, principalmente en los barrios periféricos, se han llevado a cabo cacerolazos, marchas de antorchas y tomas culturales, como expresiones de lucha contra el gobierno y el régimen (Colombia Informa, 18/5).

 En el Valle del Cauca, epicentro de la rebelión, se mantiene bloqueado el puerto de Buenaventura, el único puerto colombiano de salida al Pacífico. Desde el comienzo de la rebelión, como consecuencia de los bloqueos, se mantienen también paralizados numerosos ingenios del Valle y las fábricas cementeras y papeleras (El País de Cali, ídem) ubicadas en Yumbo. En Cali, la capital del Valle del Cauca, los “puntos de resistencia” en Siloé, La Portada, Meléndez, Puerto resistencia, Puerto Madera, Paso del Comercio, Puente de los Mil Días, Sameco, Loma de la Cruz y La Luna, se han constituido como centros de organización, de donde han surgido la “primera línea” y se han organizado centro de atención médica en comisarías ocupadas por las masas sublevadas. 

 En su mes de desarrollo, la rebelión colombiana logró voltear la reforma tributaria regresiva y la reforma sanitaria privatista, y se llevó puestos al ministro de Hacienda, a la ministra de Relaciones exteriores, al jefe de la policía de Cali y en esta última semana al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, nada menos que el hombre puesto por el gobierno para negociar con el Comité Nacional de Paro. 

 Más represión que “diálogo” 

El “diálogo” impulsado por el gobierno de Iván Duque con el Comité Nacional de Paro se encuentra empantanado y se ha revelado estéril. Es que el gobierno reclama, para proseguir con la negociación, el levantamiento de los bloqueos. Se hace eco, de esta manera, de un resonante lobby patronal que exige el fin de los cortes para poder retomar el ciclo de producción y comercialización. Sin embargo, el CNP no tiene la autoridad ni la capacidad para levantar esos bloqueos -ya que las masas en lucha no lo reconocen como la dirección política de la rebelión.

 Por su parte, el CNP -que rechaza desenvolver y profundizar la lucha hasta que caiga Duque- le reclama al gobierno “garantías democráticas” para que se pueda expresar la manifestación popular. Pero el gobierno volvió a responderle sin ambages. Pues el viernes 28, Duque lanzó una nueva represión criminal, que en Cali se cobró la vida de siete manifestantes, y emitió un decreto habilitando la intervención militar en todo el Valle del Cauca y en otros seis departamentos. Se trata de la declaración disfrazada de una suerte de “estado de conmoción interior”, la figura constitucional que habilita al gobierno a suspender cargos de gobernantes regionales, restringir manifestaciones, asumir el control de los medios de comunicación y realizar inspecciones a domicilios sin orden judicial previa.

 Es claro que el gobierno se ha volcado a intentar apagar la rebelión dando vía libre a una mayor represión. Pretende avanzar con el desalojo de los bloqueos e instaurar un clima de terror con los militares patrullando las calles, en connivencia con las bandas paramilitares, y ocultando las verdaderas cifras de personas desaparecidas. En una rueda de prensa realizada por las organizaciones de derechos humanos el viernes 28 se denunció que de las 59 muertes registradas al momento, 32 fueron homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad y 27 por paramilitares (Contagio Radio, 28/5). A eso, se le suma una larga lista de heridos, de víctimas de violencia sexual, y más de 2.000 detenidos. Finalmente, las organizaciones de DDHH estiman que hay 346 personas desaparecidas, contra las 129 que reconoce la Fiscalía. 

 La resonancia de la rebelión colombiana y la intensa campaña desenvuelta por distintas organizaciones en numerosos países -denunciando la brutal represión estatal y particularmente el alto número de desaparecidos y víctimas fatales- ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública internacional. La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recientemente electa como la nueva ministra de Relaciones exteriores, viajó a EEUU la semana pasada, en busca de un renovado respaldo del imperialismo yanqui al gobierno colombiano. Allí, el imperialismo “demócrata”, le sugirió a la vicepresidenta Ramírez que guarde las formas y acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –aunque no sin antes limpiar el “desorden”. 

 Crisis soberana 

La caída de la reforma tributaria, el proyecto de ley que desató la rebelión popular, significó un tiro en la línea de flotación del plan económico del gobierno. Pues de la mano de ese proyecto ley, ideado por el FMI, el gobierno de Duque pretendía revertir el déficit fiscal y cumplir con el enorme paquete de vencimientos de la deuda pública colombiana. Si al naufragio de la reforma tributaria le sumamos las concesiones sociales que Duque se vio forzado a realizar, el cuadro fiscal se torna completamente crítico. Porque aunque los anuncios sociales sean absolutamente insuficientes, lo cierto es que el gobierno ha debido aumentar al gasto público en momentos donde, por el contrario, pretendía avanzar en un aumento de la recaudación, en base al bolsillo popular, y ajustar el gasto. 

 Como consecuencia de este descalabro, el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo se anoticiaba, a menos de 24 horas de haber asumido oficialmente, que Standard & Poor’s le bajaba el índice de calificación de riesgo de inversión a Colombia. La noticia significa que se encarecerán los costos de endeudamiento del Estado y los capitales colombianos. Esto, en momentos donde el Estado deberá financiar un déficit que se prevé que superará el 8,6% del PBI en 2021 y la deuda pública ya asciende al 60,4% del PBI (Infobae, 22/5). Es por eso que el gobierno mantiene en agenda su objetivo de imponer una reforma tributaria, aunque en esta oportunidad pretenda realizarla logrando un “consenso” con la oposición. 

 De conjunto, vuelve a quedar en evidencia la incompatibilidad de un gobierno fondomonetarista y de un Estado servil a los intereses del capital financiero internacional con la satisfacción de las reivindicaciones más acuciantes y elementales de las masas. 

 Dos políticas 

En el campo de los que apoyan las movilizaciones y se oponen al gobierno de Duque y al uribismo, han quedado sobre el tapete dos políticas antagónicas. 

 De un lado, la de quienes rechazan desenvolver hasta el final la rebelión popular hasta que caiga el gobierno. En esa orientación se anotan el candidato presidencial centroizquierdista Gustavo Petro y la dirección del Comité Nacional Paro. Gustavo Petro ha llamado a levantar los bloqueos, que se han constituido en un bastión clave y fundamental de la rebelión popular. Ha emprendido reuniones y entrevistas con el empresariado, para dar señales de confianza a la burguesía y al imperialismo y perfilarse como el futuro presidente electo de Colombia. Al igual que Lula en Brasil, que Daniel Jadue en Chile o que Pedro Castillo en Perú, se anota como la figura centroizquierdista capaz de canalizar el descontento popular por las vías institucionales en los marcos del régimen. La dirección del CNP tributa a esa línea estratégica. 

 Del otro lado se ubican los que apuestan por el pleno desarrollo de la rebelión y por el impulso de una Asamblea o Encuentro nacional, con el objetivo de echar ahora mismo al gobierno de Duque y abrir paso a una reorganización de Colombia sobre nuevas bases. La caída de Duque no solo significaría un terremoto político para Colombia y toda América Latina, sería también un golpe extraordinario al imperialismo yanqui, que tiene en Colombia a un enclave fundamental. Luchar a fondo por esta última orientación, plantea la defensa de los bloqueos y el impulso de la huelga general. La concreción de un congreso, asamblea o encuentro nacional serviría para superar a la dirección del CNP, centralizando y profundizando la lucha, y para desarrollar un programa. En Colombia, un programa no se puede limitar a un pliego de reivindicaciones sociales y democráticas inmediatas, debe articularse con todo un plan económico y político bajo la dirección de los trabajadores, indígenas y campesinos, donde el no pago de la deuda y la ruptura con el imperialismo, por ejemplo, deberían ocupar un lugar importante. 

 Las organizaciones sociales e indígenas y los amplísimos sectores de las masas que luchan por la caída de Duque, carecen de un mayor nivel de organización y de un programa acabado. Abordar ese problema debe apuntar a poner en pie un partido obrero, socialista y revolucionario, algo que por el momento se encuentra ausente en Colombia. 

 Pablo Giachello

A 60 años del asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo

Luego de más de 31 años en el poder, el 30 de mayo de 1961 sería asesinado el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Luego de ser más que un aliado, un estandarte de la política imperialista de Estados Unidos en la región, Trujillo sería asesinado por un complot dentro de sus propios servicios de inteligencia, junto a sectores de la burguesía nacional apoyados por la CIA. 

 La figura del dictador norteamericano es fundamental para comprender la historia de nuestro continente en el siglo XX, un siglo atravesado por guerras y revoluciones. Su nombre fue conocida por muches a partir de grandes obras literarias, como La Fiesta del Chivo y Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa o En el Tiempo de las Mariposas, de Julia Alvárez. La resistencia del pueblo dominicano contra su dictadura, siendo las hermanas Mirabal unas de las figuras más destacadas y conocidas, estará fuertemente atravesada por la lucha anti-imperialista que atravesó a la región, teniendo a la Revolución Cubana de 1959 como su punto más alto. 

 Estados Unidos y su control semicolonial 

Al igual que el conjunto de Centroamérica, República Dominicana estuvo históricamente atravesada por la opresión imperialista norteamericana. El imperialismo yanqui forzó en 1905 a la firma de la convención Dominico Americana en 1905, muy similar a la enmienda de Platt firmada entre Estados Unidos y Cuba. Esta establecía, entre otras cosas, que la política aduanera dominicana debería estar aprobada por el congreso de los EEUU. Al mismo tiempo, el país caribeño estaba impedido tanto de emitir moneda como de pedir deuda sin la aprobación norteamericana. 

 La soberanía de la República Dominicana, que mantenía un carácter puramente formal, se vio interrumpida del todo en el año 1916, donde en el marco de las tropas de los Estados Unidos avanzaron en una ocupación directa del territorio. La ocupación, que se mantuvo hasta el año 1924, tuvo como uno de sus principales efectos, además de la profundización del control norteamericano de los recursos naturales del país, principalmente el azúcar, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas dominicanas, fuertemente tuteladas por los servicios de inteligencia norteamericanos. Como resultado de esta ocupación, se crearía la Policía Nacional Dominicana, que profesionalizó las actividades de espionaje y control sobre la población civil y dónde Trujillo haría sus primeros pasos hasta ponerse al frente de la misma. 

 Una vez terminada la ocupación directa de las FFAA norteamericanas, en el año 1924, sería elegido como presidente de la República Horacio Vázquez. Ese mismo año, Vázquez nombraría a Trujillo como el Jefe de las FFAA. La presidencia de Vázquez, al igual que el conjunto de los gobiernos de la región, estuvo atravesado por un fuerte tutelaje norteamericano, resguardando los intereses de las inversiones estadounidenses y garantizando el saqueo de los recursos naturales dominicanos al servicio de las necesidades imperialistas de los Estados Unidos. 

 Crisis de Wall Street y golpe de Estado 

La crisis de Wall Street tuvo en la República Dominicana efectos similares a los sufridos por nuestro país y el conjunto de los países del continente. Una abrupta caída del precio de los commodities, que trajo consigo una fuerte caída del PBI como el resultado de una balanza comercial muy desfavorable. La desocupación y la miseria, crecieron a niveles desorbitantes. El descontento social generado, trajo consigo que el imperialismo norteamericano vea al régimen democrática bajo la presidencia de Vázquez como un verdadero peligro a la estabilidad y la garantía de sus intereses en la región, observando con buenos ojos el surgimiento de dictaduras afines. 

 A partir de esto, los servicios de inteligencia norteamericanos no actuaron en defensa de su aliado Vázquez, sino que apoyaron el alzamiento liderado por un sector de las Fuerzas Armadas dominicanas el 23 de febrero de 1930. Trujillo, jefe del ejército, desoyó las indicaciones presidenciales de sofocar el golpe, uniéndose rápidamente. Luego de una disputa interna entre los distintos dirigentes del golpe, se impuso la dirección de Trujillo, que mediante una política de represión y persecución a sus opositores, se impuso cómodamente en las elecciones de mayo de ese año, asumiendo la presidencia formalmente en agosto. 

 El régimen trujillista

 La sociedad dominicana era abrumadoramente campesina. Ni la débil burguesía nacional, ni la muy pequeña clase obrera jugaron un papel de resistencia contra el golpe. Visto como un garante del orden y de defensa de los intereses norteamericanos y de las familias tradicionales del país, el golpe pasó sin mayores resistencias. La oposición al régimen fue fácilmente sofocada por Trujillo en sus primeros años, quién supo sortear también dos intentos de atentado contra su vida en los años 1934 y 1935. Estos no tuvieron un apoyo masivo, sino que fueron llevados adelante por algunos sectores de productores o pequeños propietarios de negocios, afines al régimen anterior.

 Con el apoyo de Estados Unidos, Trujillo estableció un régimen de poder personal, en el que él y su camarilla de allegados pasaron a controlar el conjunto del aparato estatal. Es conocido que muchas veces allegados al dictador caían en desgracia por alguna sospecha de Trujillo, siendo removidos del cargo, dando lugar a una pelea feroz por los cargos en el que Trujillo arbitraba, utilizado también para ejercer un mayor control para con sus funcionarios. La persecución, encarcelamiento y tortura de opositores era moneda corriente en la vida dominicana bajo Trujillo. 

 Al mismo tiempo, reivindicando un nacionalismo que entendía a la Republica Dominicana como heredera de la tradición española y católica, a los cuales se le endilgaba un papel civilizador, la dictadura de Trujillo llevó adelante una verdadera política de segregación racial, en particular con los inmigrantes haitianos, a los que de manera progresiva se le fue restringiendo el ingreso al país. Esta política tuvo su pico en 1937 a partir de la masacre llevada adelante por el ejército dominicano, acompañado por bandas fascistas de estudiantes que ese año asesinaron por ordenes de Trujillo a más de 10.000 haitianos residentes en Republica Dominicana. Intentando presentarlo como la acción de campesinos enojados, el ejército buscó encubrir su accionar utilizando machetes y herramientas cortantes, ejercitando niveles de violencia brutales. Este verdadero genocidio generó una enorme repercusión en Haití, donde a través de enormes huelgas y movilizaciones, se acusaba al presidente haitiano de connivencia con el régimen Trujillista, forzándolo a iniciar una campaña internacional exigiendo justicia. Sin embargo, y a pesar del eco mediático tuvo, la enorme pauta publicitaria que pagó Trujillo en los principales diarios norteamericanos y de la región, como así también el apoyo del gobierno norteamericano, le permitieron pasar la crisis sin grandes consecuencias, pagando una módica suma a modo de compensación a las familias de las víctimas. 

 La mayoría de los historiadores coincide en señalar que Trujillo modernizó tanto al Estado como a la capacidad productiva de su país. Sosteniendo a las inversiones norteamericanas, Trujillo avanzó hacia un aumento de la productividad del azúcar y otros productos de exportación. Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, República Dominicana asistió tardíamente al proceso en el que muchos de sus pares latinoamericanos se había adentrado unos años antes: la industrialización por sustitución de importaciones. Esto dio lugar a un nuevo desarrollo del país desarrollando a la clase obrera, así también como una creciente burguesía local, que entraron en contradicciones y choques con el tutelaje y la absorción del excedente llevado adelante por el régimen trujillista. 

 Este proceso, estuvo caracterizado por niveles de violencia y explotación que le han permitido a muchos historiadores caracterizarlo como la versión dominicana de la acumulación originaria del capital. La proletarización forzosa de miles de campesinos a partir de la expulsión o ventas forzosas de sus tierras fue llevada adelante a través de la intimidación o en muchísimos casos mediante el encarcelamiento o asesinato. El proceso del país caribeño, tuvo un fuerte tutelaje estatal, que por las características del régimen, engrosaban el poder a la vez que el patrimonio del propio Trujillo. Al igual que otros países de desarrollo capitalista tardío, en el caso dominicano la excesiva apropiación del excedente por parte del Estado, y la camarilla gobernante de Trujillo y sus familiares y allegados, fue tanto un factor de desarrollo en sus primeros años, como a su vez un factor determinante en su descomposición final, en el que la incipiente burguesía, como a su vez el imperialismo norteamericano empezaba a ver con irritación el peso del Estado en la producción y en la apropiación de la riqueza social del país que estos sectores buscaban acaparar. 

 La resistencia obrera y estudiantil 

Un primer foco de resistencia dentro del movimiento estudiantil se vio en la intervención de las universidades impulsada por Trujillo, que terminaba con la autonomía universitaria en los primeros años de su gobierno. Sin embargo, el mayor alcance de la resistencia y organización de la clase obrera y los estudiantes se vería durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, algo impulsado a partir de la industrialización que empezó a dar forma a una clase obrera creciente.

 Además de la influencia ejercida por los miles de inmigrantes españoles, quienes después de haber peleado en el bando republicano se escaparon de la dictadura Franquista, los niveles de explotación sufridos en las fábricas, como así también las condiciones habitacionales en las ciudades, empezarían a generar un malestar dentro de la clase obrera que empezaba a dar sus primeros pasos para organizarse. Este proceso estuvo acompañado por el intento de Trujillo de mostrar su régimen como uno más democrático, dieron pie a la legalización de organizaciones independientes al Partido Único Dominicano. Así, en el año 1943, se aprueba la ley de autonomía sindical, luego de la gran huelga del año 42, dentro de la que se destaca la huelga de les trabajadores azucareros. En el año 1944 sesionará el V Congreso Obrero de la central sindical dominicana, aunque lejos estuvo de reflejar una autonomía frente al gobierno. Mediante un fuerte control, Trujillo a través de la burocracia sindical ligada al Partido Dominicano se aseguró de que este tenga dentro de una de sus resoluciones la defensa incondicional del gobierno de Trujillo. Sin embargo, el proceso abierto por la huelga del año 42, tendría un nuevo capítulo en el año 1946, donde nuevamente tuvieron lugar toda una serie de huelgas, que empezaban a mostrar un contenido político además de lo meramente reivindicativo.

 Ya unos años antes, en el año 1939, un grupo de exiliados en Cuba, formaron el Partido Revolucionario Dominicano. Con un programa democrático, rechazaban el levantamiento armado como método de insurrección. Unos años después, e influenciados por los movimientos antiimperialistas de la región, surgiría el Partido Democrático Revolucionario Dominicano, con un contenido más izquierdista. Bajo la comprensión de que el inminente triunfo de los aliados, y una mayor influencia de la URSS, la dictadura de Trujillo estaría al caer. Defendiendo la estrategia estalinista del frente popular, el PDRD tendría como uno de sus principales puntos de desarrollo en su pata juvenil: la Juventud Revolucionaria. Sin limitarse al movimiento estudiantil, donde rápidamente logró una fuerte adhesión, este también creció al interior de las barriadas obreras, reclutando muchos jóvenes a sus filas. Este grupo, formado por residentes dominicanos, militó clandestinamente hasta el año 45, donde decidieron hacer su primer actividad pública: Una volanteada en Santo Domingo. La respuesta del régimen no se hizo esperar: gran parte de sus participantes fueron detenides, siendo algunes asesinades y otros forzades al exilio. La organización se disolvería 

 En 1945, y como resultado de un acercamiento a la URSS, sería legalizado el Partido Comunista Dominicano. Al igual que su par cubano con el gobierno de Batista, este resolvió integrar el gobierno de Trujillo, pasando a llamarse Partido Socialista Popular. Sin embargo, el viraje del gobierno norteamericano a partir de la doctrina Truman y el inicio de la Guerra Fría, implicó a su vez un viraje con sus gobiernos satélites en la región. De esa manera, Trujillo ya no debía posar ninguna apertura democrática sino que volvería a llevar adelante su régimen dictatorial sin ningún atenuante, prohibiendo el PSP y deteniendo a la mayoría de sus militantes en el año 1947.

 Guardián anti-comunista de la región 

A partir de 1947, Trujillo pasaría a tener un papel central en la política anti-comunista impulsada por el imperialismo norteamericano. De esa manera, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas Dominicanas asistirían a una fuerte profesionalización, con cursos de entrenamiento en Estados Unidos y España. La «democracia» yanqui y la dictadura de Franco tenían el objetivo común de coordinar la contención de los procesos revolucionarios que empezaban a desarrollarse en la región. El contenido nacionalista y anti-imperialista de muchos de estos empezaban a confluir cada vez más con los planteos marxistas, algo visto con preocupación por el imperialismo norteamericano, reforzando su apoyo a las dictaduras de la región como la mayor garantía frente a la amenaza comunista. 

 Trujillo, y el Servicio de Inteligencia Militar, bajo el mando de Johnny Abbes García, fueron actores fundamentales de la región durante la década de los 50. Fueron una fuerza de apoyo a los regímenes de Batista o Somoza en Cuba y Nicaragua, estos fueron a la vez claves para organizar el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala. El caso de Arbenz constituía un mensaje claro para la región: cualquier proceso nacionalista, por más limitado que sea el choque que este tenga con los intereses norteamericanos, sería tildado como una amenaza soviética, sustituyéndolos rápidamente por regímenes militares. La coordinación del SIM con la CIA en la región puso a Trujillo como uno de los principales aliados de Estados Unidos en el continente. Esto fue premiado por Estados Unidos en el año 1955 a través de una gran gira llevada adelante por su vice presidente Richard Nixon, quién llenó de elogios al dictador y su régimen El poder de Trujillo a partir de este apoyo era tal, que actuaba como un subordinador de los gobiernos militares de la región, como fue el caso de Castillo de Armas en Guatemala, asesinado por el SIM en el año 1957, luego de que muestre señales de autonomía frente a Trujillo. 

 Revolución Cubana y descomposición del régimen 

El proceso revolucionario cubano iba a hacer que el imperialismo norteamericano tenga un nuevo viraje en su estrategia de contención de los procesos revolucionarios en la región. Luego de apoyar material y militarmente a todas las dictaduras centroamericanas, el inminente triunfo de la Revolución Cubana, hizo que en 1958 el gobierno norteamericano le retire su apoyo a Batista. A su vez, estos entendían que Trujillo debía dar un paso al costado para evitar “una nueva Cuba”. Mientras que en 1958, el gobierno norteamericano retiraba su apoyo al dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, aliado de Trujillo, para apoyar el gobierno democrático de Betancourt, Trujillo se negaba a correr la misma suerte. Además de rechazar renunciar, este exigía que el gobierno norteamericano quite su apoyo al gobierno venezolano, llegando a planear un atentado hacia el presidente venezolano ese mismo año, aunque sin éxito. 

 Mientras el imperialismo empezaba a soltar la mano a Trujillo, el eco de la Revolución Cubana se hacía sentir. Inspirado por el Movimiento 26 de julio se crearía en Republica Dominicana el Movimiento 14 de junio. Apoyados por los guerrilleros cubanos, estos planearon una invasión al país para el 14 de junio de 1959, para crear un foco insurreccional en el país. El foco fue fácilmente aplastado, pero la pelea contra Trujillo avanzó con procesos de lucha y organización de miles de jóvenes y trabajadores. La organización que más adhesión ganó fue el propio movimiento 14 de junio, en el que participarán las hermanas Mirabal, donde Minerva será una de sus principales dirigentes. 

 El malestar sentido entre las clases populares, empezaba a hacerse eco en la burguesía dominicana, los sectores terratenientes y los propios funcionarios del gobierno. El peso excesivo que Trujillo tenía en la economía dominicana, antes visto como un garante del desarrollo empezaba a sentirse cada vez más como un factor de freno a los intereses norteamericanos y a la incipiente burguesía dominicana. La radicalización del proceso cubano hizo que el gobierno norteamericano viera a la dictadura de Trujillo como un mal menor, limitando su apoyo a la conspiración en su contra. 

 Asesinato y transición

 El asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960 había convulsionado al país y la región. El presidente Balaguer, puesto a dedo por Trujillo empezaba a notar los ánimos caldeados del país y a intentar negociar con Estados Unidos a espaldas de Trujillo. 

A pesar de los intentos contrainsurgentes de Trujillo y el jefe del SIM Johnny Abbes García, este iba a ser asesinado el 30 de mayo de 1961. A pesar de la fuerte persecución llevada adelante por García y Ramfis Trujillo, hijo del dictador, la muerte de Trujillo impidió una continuidad de este sector en el gobierno. El apoyo de Kennedy a Balaguer, sumado al levantamiento de las fuerzas de aviación el 19 de noviembre de 1961, conocido como la Rebelión de los Pilotos, forzó a Ramfis y Abbes García a abandonar el país. El proceso abierto en el 1962, con la asunción de Bosch en febrero de 1963, sería nuevamente interrumpido por un golpe en septiembre de ese mismo año. Las leves reformas que este quiso introducir fueron vistos por la Iglesia Católica, la burguesía dominicana y el imperialismo norteamericano como una amenaza, culminando un breve experimento «democrático» impulsado por Estados Unidos en 1964 con una invasión directa de más de 42.000 soldados norteamericanos. 

 Maco Alonso

Cuba denunció que las sanciones de EEUU le impiden fabricar vacunas suficientes

El país cuenta con cinco candidatas a vacuna contral el coronavirus de desarrollo propio. 

Dos de elles, Soberana 2 y Abdala, se encuentran a la espera de la autorización para su uso de emergencia o condicionado 

 Cuba, que está desarrollando sus propias vacunas contra el coronavirus, denunció que el endurecimiento del embargo de Estados Unidos le imposibilita fabricar suficientes dosis para su población, lo que retrasa su campaña de inmunización. 

 "Hay que decir que nosotros no hemos vacunado más cubanos porque no hemos tenido los recursos para hacer más vacunas, para que el mundo esté claro", dijo Yuri Valdés, director adjunto del gubernamental Instituto Finlay de Vacunas, durante una sesión de la Asamblea Nacional en la que los legisladores llamaron a parlamentarios del mundo a sumarse al reclamo de que cesen las sanciones y el embargo, impuesto hace 60 años por Estados Unidos.

 La insuficiencia de dosis "no es por falta de evidencia técnica, es porque no hemos tenido los recursos, porque esos recursos han sido bloqueados", explicó el científico ante legisladores de su país y otras personalidades internacionales que participaron de la sesión de manera virtual, según la agencia de noticias AFP. 

 Si el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden "a lo mejor no tiene tiempo de revisar toda la política con Cuba, ésta que tiene que ver con todos los cubanos que están ingresados (en hospitales por Covid), con los cubanos que estamos vacunando" debe ser revisada, pidió Valdés. 

 "Hay que emplazar al Gobierno de Estados Unidos, decir, está bien, no lo revises todo pero revisa eso, ocúpate, tu puedes ser la diferencia entre fallecidos y no fallecidos", enfatizó. 

 Desarrollo propio 

Cuba cuenta con cinco candidatos a vacuna de desarrollo propio. Dos de ellos, Soberana 2 y Abdala, se encuentran a la espera de la autorización para su uso de emergencia o condicionado, por parte de las autoridades sanitarias del país, prevista para junio. 

 La isla caribeña reportó 933 decesos y 138.899 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Pero ante el creciente número de contagios registrados en los últimos meses, el Gobierno emprendió una campaña de vacunación en poblaciones de riesgo con esos inmunizantes en desarrollo hace dos semanas, y tiene previsto vacunar al 70 por ciento de la población para agosto. 

 Durante el Gobierno del republicano Donald Trump, Washington impuso cerca de 250 sanciones contra Cuba, que Biden ha dejado intactas. "Estados Unidos reforzó la agresión a Cuba en el marco de la Covid-19", denunció el presidente de la comisión de Relaciones Internacionales del parlamento, Alberto Núñez. 

 Organizaciones solidarias con Cuba en Estados Unidos, Chile, España, Italia y otros países se organizaron para conseguir 20 millones de jeringas para poder vacunar a la población de 11,2 millones. 

 Además, una entidad gubernamental suiza y la ONG MediCuba Europa otorgaron en abril un financiamiento urgente de 600.000 dólares para la adquisición de jeringas. 

 Publicado en telam.com, 28/05

El nuevo paquete de medidas anunciado por Biden

Estados Unidos se prepara para una transición convulsiva.

 Los anuncios de Biden, con motivo de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, llamaron la atención de la prensa internacional, quien puso de relieve que nos encontrábamos ante la agenda más ambiciosa en la historia moderna de Estados Unidos. Hay quienes señalan que hay que remontarse al primer mandato de Franklin Roosevelt en 1933, cuando impulsó su New Deal contra la gran Depresión, para encontrar algo tan osado y abarcador. 

Los anuncios de Biden comprenden millonarios paquetes dirigidos a fomentar el empleo y de ayuda económica a los sectores más postergados de la población norteamericana. 

 Dichos anuncios son inseparables del cuadro de situación que se registra en Estados Unidos. Un retrato de lo que está pasando lo brindó el propio Biden en su discurso, quien no escatimó palabras al referirse al escenario actual: “La peor pandemia en un siglo. La peor crisis económica desde la Gran Depresión.

 El peor ataque a nuestra democracia desde la guerra civil”. El panorama descripto es suficientemente elocuente sobre la catástrofe que hoy sacude a Estados Unidos y que se extiende a todos los planos: económico, sanitario y social y, agreguemos, político. Es un síntoma inconfundible de la decadencia histórica y el derrumbe de la primera potencia capitalista, confirmando que el epicentro de la crisis mundial capitalista y de la pandemia está concentrado en el propio suelo norteamericano. Ambos factores combinados han provocado estragos en la población, en especial en la más vulnerable, y es lo que está en la base de la rebelión popular que tuvo lugar el año pasado y que conmovió los cimientos del régimen político, los partidos y sus instituciones. La rebelión no solo precipitó la derrota de Trump sino que condiciona a la propia gestión demócrata. La pobreza, la marginalidad y la falta de perspectivas, en especial en la juventud, han ido alimentando un creciente estado de insatisfacción, descontento, que ha terminado transformándose en ira social y quedó exteriorizado en el estallido el año pasado. 

 Planes de estímulo

 Consciente de este escenario, Biden utilizó su discurso para presentar a los congresistas dos programas de ayuda económica. El llamado «Plan de Familias Estadounidenses», una propuesta legislativa con un costo de aproximadamente 1,8 billones de dólares, que comprende ayuda a las familias para pagar el cuidado infantil (que incluye el preescolar gratuito para personas de bajos ingresos), dispone que los colegios comunitarios sean gratuitos en sus primeros dos años, mejora el sistema de becas para estudiantes de bajos ingresos y otorga licencia familiar y médica a sectores de bajos recursos. El programa incluye hasta 2025 un crédito tributario por hijos, que se amplió durante la pandemia y que los demócratas esperan mantener como un programa gubernamental permanente. 

 Un segundo programa consiste en el llamado «Plan de Empleo Estadounidense», que iría unido al aumento de la producción industrial e inversión en infraestructura en Estados Unidos. Según el mandatario, su proyecto pondrá a los ingenieros y empleados de la construcción a trabajar en obras «más eficientes» desde el punto de vista energético y sustentable en el plano ambiental. 

 El programa, para el que pidió también un aumento del salario mínimo a 15 dólares, también aboga porque los estadounidenses compren productos locales y que las empresas locales que produzcan bienes lo hagan en Estados Unidos (una suerte del compre nacional, que rigió en distintos momentos en Argentina). 

 Reforma tributaria 

Biden plantea una reforma tributaria para financiar estos paquetes. Hay quienes han resaltado un cambio radical en la materia, pero lo cierto es que solo ha revertido apenas parcialmente la reducción impositiva impuesta por Trump.

 El proyecto demócrata eleva la tasa del impuesto de sociedades del 21 al 28 por ciento (revirtiendo solo la mitad del recorte fiscal de Trump) y restaura la tasa del impuesto sobre la renta para los superricos al nivel que prevalecía bajo George W. Bush (del 37 por ciento al 39,6 por ciento). Es decir, estamos en presencia de una política muy tímida. Más allá de la retórica, ha tenido cuidado de no incursionar contra los intereses corporativos, lo cual, de todos modos, no implica que la clase capitalista se prive de expresar sus reservas o rechazo a la medida. Tengamos presente que el mundo de los negocios y financiero, empezando por Wall Street, tiene muy presente que, más allá de la alharaca que se haga contra los ricos, el grueso de la ayuda estatal de la Casa Blanca está reservado en favor de las empresas, ya sea en forma directa o encubierta. Por supuesto, que el gasto público incluye el contrato de empresas norteamericanas, que se verán beneficiadas con el plan de infraestructura programado. Pero, más allá de ello, la clave de la ayuda es la que viene realizando la FED con crédito barato a tasa cero y la compra de bonos y activos de las empresas, incluidas aquellas cuya solvencia está cuestionada. 

 Todo este paquete tiene que pasar por el Congreso, donde lo más probable es que tropiece con la oposición republicana y también de una parte de la bancada demócrata. De modo tal, que va a tener recortes, sobre los que ya Biden abrió el paraguas en su discurso. Pero, aún en sus términos actuales, está lejos de resolver el descalabro y colapso de la economía. Aún en pleno rebote, hay 10 millones de desocupados nuevos que no han logrado reinsertarse en el mercado de trabajo. La reactivación en el caso hipotético de prosperar, absorberá apenas parcialmente esa enorme masa de parados sin perjuicio del hecho de que el rebote de la economía que se constata irá de la mano de rebajas salariales y de una ampliación del trabajo precario, como ya ocurrió en el pasado. No olvidemos que en la crisis financiera de 2008, bajo Obama, los nuevos trabajadores de la industria automotriz ingresaron con la mitad del sueldo de los más antiguos.

 ¿Reversión de la crisis? 

La tentativa de Biden es un intento extremo de revertir la crisis capitalista, que se arrastra. Los rescates millonarios puestos en marcha desde la crisis financiera de 2008 fracasaron en remontar la bancarrota capitalista. El auxilio estatal no fue destinado a la inversión productiva sino que fue a parar a la especulación, incluida la recompra por parte de las empresas de sus propias acciones. Previo a la pandemia, el mundo ya estaba entrando en recesión, cuyo telón de fondo es una gigantesca crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales. La deuda corporativa, en estos últimos años, siguió creciendo (representa el 80% del PBI), mientras se achicaron sensiblemente los márgenes de rentabilidad a cero o pasaron a tener un signo negativo. En la actualidad, el capital ficticio es inmenso y se sostiene a través de una valorización artificial, armando burbujas recurrentes y de mayor amplitud. El proceso económico en marcha no puede sortear una depuración del capital sobrante y que, como tal, en el marco de la anarquía capitalista, está llamado a procesarse en forma convulsiva a través de quiebras, bancarrotas y reorganizaciones violentas que implican cierres, achiques y despidos en masa. El Estado capitalista no es un ente suspendido en el aire, es un engranaje de la organización social capitalista y como tal no puede sustraerse a sus leyes (¡la ley del valor!), y menos aún está en condiciones de sustituirla. El intervencionismo estatal está al servicio del capital y como tal participa de sus límites y contradicciones. Por lo tanto, es afectado y arrastrado por su crisis; más aún, de ser un factor contrarrestante de la crisis, termina siendo un agravante. 

 Esta circunstancia está presente y vale como nunca en el escenario actual. Basta tener en cuenta que la ayuda estatal se vino sosteniendo en un endeudamiento récord (que supera al PBI norteamericano) pero, sobre todo, por una emisión que no tiene antecedentes. Este fenómeno ahora se va a acentuar. Los planes de estímulo lanzados por Biden involucran un gasto total 6 billones de dólares, un 30% del PBI. Habrá que ver cuántas de estas erogaciones podrán ser cubiertas por una recaudación impositiva, cuyo alcance y resultado son inciertos.

 La emisión y el endeudamiento no son recursos ilimitados y menos aún inocuos. Lo que asoma como amenaza es una desvalorización del dólar (que ya viene produciéndose), lo que podría provocar un abandono masivo de la divisa estadounidense y un refugio en el oro o en otros activos que puedan oficiar como reserva de valor. De un modo general, esto también está ocurriendo con las principales monedas, como el euro, que vienen apelando, aunque todavía en forma atenuada, a los mismos métodos que los yanquis para enfrentar la crisis. Por lo pronto, esto ha abierto una cadena de devaluaciones competitivas. La guerra comercial se completa con una guerra monetaria, cuyo desarrollo plantea en perspectiva un dislocamiento de la economía mundial en caso de que las principales divisas dejen de funcionar como medios de pago aceptados internacionalmente.

 Guerra comercial y belicismo 

Biden aprovechó el discurso para volver a la carga contra China y Rusia, a quienes el Pentágono presentó como enemigos estratégicos. Entre otras cosas, Biden formuló la advertencia de que no está dispuesto a tolerar el robo de las patentes tecnológicas y los derechos de propiedad intelectual, y que va a defender al país de la competencia desleal, en especial del gigante asiático. La bandera del presidente demócrata en favor de que Estados Unidos reconquiste el liderazgo y gane la competencia en el siglo XXI no se diferencia mucho del “American First” de Trump. El nacionalismo económico de un país imperialista -y con más razón de Estados Unidos- va de la mano con un reforzamiento de la guerra comercial y un expansionismo militarista. Las palabras de Biden anticipan un nuevo salto en la escalada y el intervencionismo yanqui a escala general, apuntando a que Estados Unidos recupere la hegemonía mundial que está en retroceso y su lugar como gendarme internacional. A su turno, la tendencias a un recrudecimiento de la guerra comercial es una confesión que el impasse capitalista, que se concentra en Estados Unidos como principal potencia del planeta, ha llegado a un punto tal que no pueden resolverse por medio “pacíficos” y económicos; que hay que apelar crecientemente a medios extraeconómicos -o sea, salidas de fuerza y belicismo. 

 La sombra de la rebelión popular 

En su discurso Biden volvió a reiterar su apoyo a la sindicalización de los trabajadores, que ya tuvo un anticipo con su respaldo a la organización sindical de los trabajadores de Amazon. 

 El presidente llamó al Congreso a sancionar la Ley de Protección del Derecho de Sindicalización -la Ley PRO- que facilitaría los pasos en esa dirección, removiendo las trabas engorrosas vigentes en la actualidad. 

 Biden es consciente de que no hay posibilidad de avanzar en sus planes si no encauza su frente interno. Y allí aparece en escena nuevamente la sombra de la rebelión popular. El clima de efervescencia y malestar que hizo eclosión en las protestas del año pasado no deja de contagiar a los trabajadores, en especial a la juventud obrera, en particular aquellos que pertenecen a las minorías que vienen sufriendo con más virulencia el impacto de la crisis. 

 Si bien el movimiento obrero no ha tenido un rol protagónico en las grandes protestas del año pasado, la conflictividad sindical viene en aumento y el panorama descripto encierra un potencial explosivo, que se nutre además de una descomposición y descrédito del sistema político norteamericano, sus instituciones y partidos. Por lo pronto, este malestar podría abrir un escenario de huelgas salvajes, sin interlocutores válidos. 

 Biden ha optado por adelantarse a ese proceso y alentar una sindicalización controlada, con el concurso de la burocracia sindical, de modo de encuadrar y disciplinar a los trabajadores ante la perspectiva de una curva ascendente de huelgas y conflictos gremiales, con grandes chances que sigan creciendo. Con más razón si tenemos presente que la crisis económica y social está en desarrollo y está lejos de cerrarse. 

 De conjunto, el discurso de Biden es un indicador de la entrada de Estados Unidos a una nueva etapa convulsiva, cuyos principales capítulos están por escribirse. 

 Pablo Heller 

 05/05/2021

Continuidad del 8vo Congreso del Partido

“Las vacunas de Cuba han dejado en evidencia a Occidente": Pascual Serrano

Colombia: las Mamás “Primera Línea”

Cuando las mujeres dan un gran paso adelante. 

 En el medio de la rebelión popular colombiana, un grupo de madres ha decidido conformar parte de la primera línea en Bogotá, tirando por la borda años de estereotipos. 

 En palabras de las propias madres: “Llevábamos varias noches viendo con miedo y angustia cómo la policía atacaba a nuestros jóvenes que salían a protestar por sus derechos. Llegamos a la conclusión de que si íbamos a hacer un trabajo social, lo debíamos hacer bien: en la primera línea, poniendo el cuerpo para defender a los manifestantes” (elpais.com, 19/5). Lo que ellas llaman trabajo social no es ni más ni menos que ser parte de la lucha de clases contra el narco-estado represor en el que viven. 

 Para salir a combatir palmo a palmo con la juventud, las madres tuvieron que organizarse y dejar a sus hijos por las noches al cuidado de sus abuelas. Una vez resuelto eso, buscaron la forma de defenderse de las fuerzas represivas: primero examinaron materiales entre la basura para hacer escudos, pero como no consiguieron nada útil gastaron sus ahorros para pagar escudos negros a los que les pintaron en blanco la inscripción “MAMÁS 1 LÍNEA”. Su voluntad de lucha despertó la solidaridad de estudiantes universitarios que les regalaron anteojos de protección contra los gases policiales.

 Se trata de un grupo de madres “jefas de hogar”, actualmente desocupadas. Son parte de los 21 millones de colombianos bajo la línea de pobreza. Sus reclamos son claros, según lo cuenta Johana, una mamá de 36 años: “Exigimos cosas mínimas: derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, una renta básica para darle de comer a nuestra familia” (elpais.com, 19/5). No solo son claros, también son incompatibles con el capitalismo decadente en el que vivimos. 

 Su presencia en las calles juega un doble rol: por un lado, en el enfrentamiento directo, por otro en la búsqueda del quiebre de la voluntad represiva de los uniformados. Así lo cuenta un joven jugador de futbol que lidera otro grupo de Primera Línea de Bogotá: “Para nosotras ellas son un gran apoyo”. Se refiere a que la policía, al verlas, duda ante de continuar reprimiendo. Del otro lado de la trinchera se escuchó a agentes decir “Al final, todos tenemos una mamá” (ídem). 

 Son conscientes de que cada noche enfrentan la posibilidad de morir en los choques con la policía. Lo ven a su alrededor, muy de cerca, desde el comienzo de la rebelión, en la televisión y en las calles de su barrio. Han tenido miedo, y lo han superado. No se trata solo de solidaridad de clase, que tienen, sino de una idea fundamental: “Yo creo que la quemada de un bus, los vidrios rotos de una tienda, o las paredes pintadas no tienen comparación con la vida de un ser humano, sea policía o manifestante. La vida no tiene precio” dicen las madres. Entienden correctamente, saben, que para luchar por la vida tienen que luchar contra Duque y el Estado. 

 Su lucha es conmovedora y atraviesa fronteras. Las madres de 1° línea colombianas expresan la fuerza de la lucha de clases del pueblo rebelde. De ahora en más en Colombia es correcto escribir Mamá así, con mayúsculas, con la letra grande como el coraje de estas mujeres que se organizan y van al frente. 

 Ariel Barreiro 

 26/05/2021

José Martí

A 30 años del fin de la Operación Carlota

Migración, la crisis humanitaria del capitalismo decadente

Hacia finales de 2018 las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos se convirtieron en multitudinarias. En 2019 Trump declaró a la frontera con México en “emergencia nacional”, y utilizó leyes durante la pandemia para expulsar masivamente a inmigrantes, ensañándose sobre todo con los niños. Había prometido crear un “muro” en la frontera. En enero, ya bajo la administración Biden, una caravana de migrantes hondureños fue detenida en Guatemala mediante la represión policial.

 Trump desmanteló el derecho de asilo, una reivindicación fundamental de los migrantes, que sufren las consecuencias de las bandas de narcotraficanes, las pandillas y la represión para militar, y por sobre todo la pérdida de trabajo, la expulsión del campo y una desocupación masiva. El derecho de asilo hace referencia, precisamente, al peligro que corre la vida de las personas y de las familias. La ‘democracia’ norteamericana aparece cuestionada en su propio terreno, o sea la vigencia del estado de derecho y del derecho internacional. Ningún gobierno latinoamericano ha planteado la cuestión en estos términos; por el contrario, México prohíbe a los migrantes guatemaltecos el paso hacia Estados Unidos, Guatemala a los de Honduras, en tanto que, en Argentina, se renuevan con distintos pretextos la migración de los países vecinos. En el momento actual, con Biden, crecen las redadas en Estados Unidos contra los llamados inmigrantes ilegales; en los últimos días las pantallas de la televisión, en Brasil y en Chile, mostraron en abundancia la llegada de aviones fletados por el gobierno norteamericano, devolviendo a inmigrantes a esos países. La cuestión de los niños no acompañados se ha convertido en crucial; miles de ellos están alojados en campamentos que carecen de provisión de alimentos y ropas, bajo maltrato, amenaza de abuso y abusos. Los centros de inmigración en EEUU (llamados “ICE”) se convirtieron en verdaderos “campos de concentración”. Fueron, por supuesto, focos de contagio durante la pandemia.

 Del ICE al DHS 

Varios meses después de asumir, Biden ordenó a cerrar 39 centros de detención ICE, pero para reemplazarlos por los centros del DHS (Department of Homeland Security), en función de alcanzar los “estándares de calidad demandados”. El personal de los DHS fue el que Trump utilizó para reprimir y militarizar las ciudades durante las protestas de Black Lives Matters el año pasado. Muchos de los centros son de carácter privado y se desconoce tanto el número de detenidos como así también cómo se hará el proceso de traslado (CNN, 20/5). 

 Miles de niños fueron separados de sus padres en la frontera suroeste de Estados Unidos durante el gobierno Trump. EEUU acusó a los padres de delitos federales de inmigración y los envió a las cárceles, mientras que los niños fueron declarados "no acompañados" y colocados en albergues. Hay más de 500 niños en esta situación. Para cruzar las fronteras, los migrantes han llegado a pagar 15.000 dólares. 

 En marzo de este año, 19.000 niños migrantes sin acompañantes llegaron a EEUU desde México, la cifra mensual más alta. Fue cinco veces más que en 2020. Los agentes fronterizos de EE. UU. señalan que expulsaron del país a aproximadamente un tercio de los padres e hijos inmigrantes el pasado marzo. 17.000 de los casi 53.000 padres e hijos capturados en la frontera el mes pasado fueron deportados bajo una orden de salud pública relacionada con la pandemia del Covid-19, con el nombre de “Título 42”. 

 Más del 60% de los casi 180.000 migrantes en la frontera con México fueron expulsados durante abril, según indica la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza con migrantes (LA Times, 22/5). “De los 173.460 encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes en abril, 108.301 fueron con adultos que viajaban solos, y más de la mitad de ellos eran mexicanos. Los números fueron los más elevados desde abril del 2000, pero la mayoría fueron expulsados rápidamente del país con base en los poderes federales habilitados por la pandemia, solicitados el año pasado por el entonces presidente Donald Trump y mantenidos por el presidente Biden” (ídem). 

 A diferencia de las deportaciones, las expulsiones no tienen consecuencias legales y muchos migrantes vuelven a cruzar las fronteras. La Patrulla Fronteriza dice que el 29% de las personas expulsadas en abril habían sido expulsadas previamente (ídem). 

 Biden ha negociado con algunos países centroamericanos límites a la inmigración a cambio de acuerdos económicos, vacunas (México), o favores con el FMI. El gobierno va a reabrir los casos de los migrantes a los que se ordenó la deportación después de que no comparecieron a una cita programada. Los defensores dicen que algunos migrantes no pudieron asistir a las audiencias porque fueron “secuestrados” en México. Se ordenó la deportación de casi 28,000 migrantes debido a que no comparecieron ante el tribunal desde 2019, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

 El “Título 42” 

El “Título 42” lleva ese nombre por una sección de una ley de salud pública de 1944. Trump la usó en marzo del 2020 para negar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Biden ha dejado la medida en vigor, aunque con excepcciones para los menores de edad que cruzan sin compañía de adultos. Se sigue aplicando a los adultos solteros y a algunas familias. 

 De conformidad con esa norma, las personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzan la frontera son expulsadas de regreso a México sin que se les dé la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Biden ratificó el 25 de marzo que su administración está “enviando de regreso a la gran mayoría de las familias que vienen”, y que está “tratando de resolver con México, su voluntad de recuperar a más de esas familias" (France24). Sin embargo, la atención a los reclamos de asilo está paralizada. 

 “Aquí mueren personas. Se pierden personas. Personas de las que no se vuelve a saber nunca. Desaparecen”, dijo Canales, director del South Texas Human Rights Center -Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas- (LATimes, 22/5). 

 Posdata de Jorge Altamira 

La cuestión migratoria, a nivel mundial, ha creado una crisis humanitaria internacional mucho antes de la aparición del Coronavirus. Se trata entonces de una tendencia, no del hecho puntual causado por un virus sin fronteras. Es la manifestación más aguda de la decadencia del capitalismo. Se distingue radicalmente de los infortunios sufridos por las masas en los albores del capitalismo y de la acumulación originaria del capital. La crisis humanitaria de hace cinco siglos develaba la descomposición del mundo antiguo y la transición hacia un régimen social que llevaba en sus entrañas un poderoso desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora asistimos a la descomposición del régimen capitalista y hacia una transición histórica hacia su abolición. En las entrañas del capital operan poderosas fuerzas destructivas, que se manifiestan en todos los órdenes de la vida cotidiana.

 De otro lado, la actitud asumida frente a la crisis migratoria revela la completa pudrición de los regímenes patronales en América Latina, sean ‘nacionales y populares’ o ‘neoliberales’. No solamente no se han pronuciado contra esta crisis humanitaria, tampoco lo han hecho para defender una norma elemental del derecho como el asilo. El mexicano López Obrador se ha convertido en un gendarme tercerizado de Estados Unidos, lo mismo los gobiernos centroamericanos. Trafican seres humanos por la disminución de algún pago al abusvio FMI o a los fondos internacionales. El constitucionalismo que ha reemplazado el ciclo de dictaduras de finales de la década del cincuenta hasta la década del ochenta del siglo pasado, ha sembrado una secuela de pobreza y descalificación social como nunca antes en la historia. 

 El ataque salvaje a los migrantes y la denegación de los derechos más elementales, tampoco aparece en los programas políticos ni en las iniciativas de acción de la Izquierda. El Foro de Sao Paulo hace precisamente mutis. La izquierda que se declara portavoz del marxismo, no sale de sus ocupaciones nacionales, salvo cuando se trata de crear un grupo en otro país con las mismas deficiencias. La cuestión migratoria es, sin embargo, de la mayor importancia política internacionalista. De un lado se trata de una lucha contra el imperialismo yanqui, en lo que atañe a América Latina, porque el saqueo de las economías de su patio trasero es la principal causa de la ola de emigración. Para ganar para una lucha internacional a los obreros norteamericanos, es necesario mostrar la responsabilidad del imperialismo yanqui en la crisis. A nivel mundial es una lucha contra las guerras imperialistas y para forjar una unidad entre los pueblos oprimidos de Asia y África con los obreros de los estados opresores.

 Un Conferencia internacional de los luchadores de toda América Latina, Estados Unidos y Canadá, y sus organizaciones, es un paso necesario e impostergable, para iniciar una campaña por el respeto al derecho de asilo y al libre tránsito entre todos los pueblos del mundo.

 Emiliano Monge

 24/05/2021

El mantra de la prensa cubana “independiente”

Gaza y La Habana: el amor a los bombardeos de la “disidencia” cubana

La risa de un bolivariano no se puede apagar fácilmente

JESÚS SANTRICH, militante revolucionario colombiano y nuestro-americano, ha sido aniquilado. Honor a quien merece honor. 

 Los disparos y las granadas que le quitaron el aliento eran del ejército colombiano, al igual que el cuchillo o la navaja con que mutilaron su mano ya sin vida. Las órdenes vinieron de Iván Duque, el pichoncito apadrinado por “il capo mafia” Álvaro Uribe. Dos lúmpenes genocidas igualmente colombianos, acorralados por una de las rebeliones populares más importantes que vive Colombia en las últimas décadas. 

 Pero que nadie se llame a engaño. Hablemos sin eufemismos. La estrategia que guió esta operación claramente viene de “más arriba”: Estados Unidos e Israel, dos estados asociados que hace largos años dirigen la guerra contrainsurgente en Colombia. No desde lejos, sino con personal propio, militar y de inteligencia, en el terreno mismo del conflicto social más prolongado de todo el continente. Cuando se lee en los informes de numerosos analistas internacionales que “Colombia es el Israel de América latina” no se está frente a una metáfora literaria. Cada uno de los comandantes insurgentes colombianos que fue ejecutado (desde Alfonso Cano e Iván Ríos al “Mono” Jojoy, llegando hasta Jesús Santrich), tenía asignado detrás suyo un general israelí y tropas norteamericanas de combate. El ejército colombiano simplemente pone la tropa, como hace más de medio siglo sucedió con la ejecución de Ernesto Che Guevara, fusilado a sangre fría en La Higuera por manos bolivianas que apretaron el gatillo, pero dirigidas en el mismo terreno por la inteligencia estadounidense. Es un secreto a voces. Lo sabe todo el mundo. Está documentado.

 ¿Hacía falta ejecutar a un militante revolucionario ciego? ¿Tanto miedo le tenían el Pentágono norteamericano, el Ejército israelí y las Fuerzas Armadas colombianas a una persona no vidente que se movía con un bastón? Sí, le tenían miedo. Y ahora que murió… le van a tener más temor todavía, porque el ejemplo inquebrantable de este revolucionario comunista seguramente cobrará otras dimensiones, como pasó en su época con Camilo Torres, con el Che Guevara y con tantos otros revolucionarios y revolucionarias de Nuestra América. 

 ¿Quién era Jesús Santrich? Difícil definirlo en pocas líneas. En primer lugar, un militante revolucionario de tiempo completo. Pero su biografía no se detiene allí. Santrich es también uno de los grandes pensadores marxistas de Nuestra América. Su producción teórica incluye más de una decena de libros (que se consiguen en internet), donde explora desde el romanticismo de Karl Marx hasta el pensamiento libertario de Simón Bolívar, pasando por el conocimiento riguroso de la historia de incontables pueblos originarios, sus culturas, sus cosmovisiones y también, sus religiones. Porque a diferencia de algunos presuntos “materialistas” altaneros y arrogantes (en el fondo simples ignorantes, que por pereza mental jamás se han tomado el trabajo de intentar comprender en profundidad los sentimientos y las creencias de los pueblos que dicen defender), Santrich conocía al dedillo diversas expresiones de la espiritualidad religiosa popular de los explotados y las sometidas del continente. 

 Pero tampoco se queda ahí su contorno y su figura. Su mochila insurgente cargaba también una cantidad incontable de libros de poemas, de dibujos, de canciones. En uno de sus escritos más sugerentes entrecruzaba la biografía de Manuel Marulanda Vélez, líder histórico de su organización (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, Segunda Marquetalia) con… ¡Beethoven! Santrich se sumergía con absoluta comodidad en la historia de la filosofía, en la literatura, en la música y la pintura. ¿Qué político burgués del continente se hubiera animado a debatir con él cara a cara? Había que tener mucha espalda para poder discutir y refutar a alguien de ese estilo. Ni Duque ni Uribe ni Santos hubieran podido soportar media hora de polémica pública, frente a frente, sin guardaespaldas ni pistoleros o sicarios. Por eso la impotencia. Por eso el odio visceral. Por eso la orden de perseguirlo y ejecutarlo, ¡sabiendo que estaba ciego! ¿Quién sino un cobarde puede asustarse frente a una persona ciega? Eso es Duque. Un cobarde. Eso es Uribe. Un cobarde. Eso es Santos. Un cobarde. No tuvieron fuerza para lidiar con sus discursos, con su sarcasmo, con su ironía. 

 Sí, ironía. Porque Jesús Santrich cultivaba el humor con placer y disfrute, como buen caribeño que se precie de tal. En uno de los últimos videos que filmó y que circuló viralmente por las redes de internet, interpretó magistralmente el saxo, recitó una larguísima poesía en homenaje al comandante Hugo Chávez (dejando bien en claro que la insurgencia bolivariana y comunista jamás aceptaría el patrioterismo santanderista de aldea ignorante ni la trampa envenenada de enfrentar a dos pueblos hermanos, como el colombiano y el venezolano) y remató por allí con una ironía que hacía soltar la risa. Se despedía diciendo, si la memoria no me falla: “Nos vemos… dijo el ciego”.

 ¡Jesús Santrich se reía de sí mismo! Cualquier psicoanalista sabría que no hay mayor gesto de salud mental que poder reírse de uno mismo. ¿Alguien pudo observar alguna vez a Macri reírse de sí mismo? ¿A Piñera? ¿A Bolsonaro? ¿A la dictadorzuela boliviana? ¿A Uribe? ¿A Iván Duque? ¿Al presidente de la principal potencia occidental? ¿Al primer ministro de Israel? ¡Nunca! Para cualquiera de esos personajes de un tren fantasma, bizarro y lumpen, el humor sería interpretado como “signo de debilidad”. 

 ¡Santrich murió riendo y haciendo bromas! (en su país al hecho de hacer bromas se lo conoce popularmente como “mamar gallos”). Podía reírse y bromear porque se sabía fuerte y sólido. Su fortaleza no viajaba en helicóptero de combate ni en un tanque de guerra. Venía de la causa justa que defendía, de la verdad de sus proyectos inspirados en Marx y en Bolívar, de la nobleza de sus ideales por los cuales estuvo dispuesto a morir. Cualquiera de sus enemigos en su situación hubiera ensuciado sus pantalones por el miedo.

 La risa burlona, la ironía feliz, el humanismo a toda prueba. De esa madera están hechos y hechas las personas que no están atadas a las mezquindades del Mercado, a las mediocridades de la burocracia, al dinero de sus cuentas bancarias y sus negocios sucios. 

 Estados Unidos, usando peones locales, decidió acabar con él. ¡Qué la heroica Revolución Cubana y la Venezuela bolivariana pongan las barbas en remojo! El anciano “keynesiano” y “populista” Joe Biden no viene a traer “diálogo”, “pluralismo” ni “buena vecindad”. Viene a intentar salvar, a los manotazos, un Imperio en terapia intensiva. ¿Volverá a tener efecto la sonrisa envenenada de los compinches de Obama? ¿Sus becas? ¿Sus “filantrópicas” invitaciones a visitar “la democracia” de ojos azules? ¿Sus “pasantías académicas” destinadas a cooptar gente joven? ¿Otra vez venderán sus espejitos de colores mientras continúan sembrando y regando de bases militares el continente americano? ¿Las organizaciones populares creerán, nuevamente, que con el cambio de administración en la casa de paredes blancas renacen por arte de magia John Lennon y Yoko Ono?

 La ejecución impiadosa del comandante Jesús Santrich ha dejado, tristemente, las cosas en claro. Nada de “flower power”. El imperialismo sigue existiendo. Ni los ciegos se pueden salvar de la furia desbocada de la contrainsurgencia norteamericana, ejecutada en forma quirúrgica por sus peones locales, de piel morena y obediencia ciega. 

 A pesar de la pandemia y el aislamiento social, algo logra escucharse por entre las plantas y los árboles. Por allí deben andar haciendo bromas y planeando nuevas insurgencias Jesús Santrich y Camilo Torres, Fidel Castro y Marulanda, el Che Guevara rodeado de jóvenes rebeldes de Palestina. 

 El ejemplo moral es más fuerte que todo el armamento del mundo. No se puede aniquilar. Los pueblos de América han despertado y ya nadie podrá callarlos. ¡Hasta la victoria siempre, querido Trichi, entrañable compañero Jesús Santrich! ¡Nunca dejes de tocar el saxo ni la flauta, nunca abandones tus dibujos, tus poemas ni tus bromas.

Néstor Kohan 

22/05/2021 

Alto al fuego, un revés para Israel

Celebración del alto al fuego en Gaza.

 Un alto al fuego bilateral entre Israel y Hamas puso fin desde las primeras horas del viernes a once días de bombardeos sionistas contra la Franja de Gaza, que dejaron 232 muertos y provocaron daños en decenas de escuelas, además de forzar el cierre del único laboratorio de pruebas contra el Covid-19 del enclave. Casi 17 mil viviendas resultaron destruidas. En la negociación intervinieron Estados Unidos, Naciones Unidas, Egipto y Qatar, estos dos últimos como nexos con la milicia islámica. El presidente norteamericano Joe Biden volvió a reivindicar, en el anuncio de la noticia, el derecho de Israel a defenderse, en referencia al lanzamiento de cohetes por parte de Hamas. Esta impostura, que equipara la violencia de los opresores y los oprimidos, evita deliberadamente referirse a los desencadenantes de la escalada, porque muestran la responsabilidad del Estado sionista. La crisis actual empezó con la orden de la Corte Suprema israelí para desalojar a un grupo de familias en el barrio Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, en favor de nuevas colonias, y con el despliegue de militares en los lugares de rezo de la comunidad musulmana, durante el Ramadán (mes sagrado para esta confesión).

 Todo esto desató las movilizaciones más grandes de los últimos años, fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad. El estallido mostró que la población árabe-israelí, que vive bajo un régimen de apartheid, había llegado a un punto de saturación, frente al sostenido desarrollo de los asentamientos (que alcanzó en 2020 la cifra récord en una década).

 La política de anexión del Estado sionista, que tiene en los hechos que mencionamos nada más que su último capítulo, es el motor de las recurrentes masacres que sufre el pueblo palestino. 

 El alto al fuego constituye un revés para Israel, que no ha podido quebrar la resistencia armada de Hamas y se vio desafiado por la movilización conjunta del pueblo palestino. El gobierno de Benjamin Netanyahu retrocede apenas unos días después de una histórica huelga general, sin antecedentes desde 1976, que unió a los árabes-israelíes y la población de Cisjordania. El temor a un levantamiento general fue advertido por Biden y la Unión Europea, que en los últimos días empezaron a plantearle a Netanyahu que aceptara un cese de hostilidades. También ha jugado su papel la enorme movilización internacional, con cientos de miles de personas en todo el mundo, especialmente Europa y Medio Oriente. El jefe de relaciones exteriores de Hamas, Osama Hamdan, planteó que como parte del acuerdo había garantías de Israel de respetar los sitios de rezo y de no avanzar contra las familias de Sheikh Jarrah, pero esto fue enfáticamente desmentido por el ministro de defensa israelí, Benny Gantz. En Sheikh Jarrah, por lo pronto, la población advierte que la orden de desalojo aún no ha sido anulada y que se ha montado un fuerte despliegue de seguridad en el ingreso al barrio, que bloquea el ingreso de palestinos de otros lugares, pero permite pasar a las bandas de extrema derecha (Jerusalem Post, 20/5). Estas bandas son las mismas que atacaron las manifestaciones contra los bombardeos, muchas veces al grito de “muerte a los árabes”. A la vez, las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir este viernes en la Explanada de las Mezquitas, a fieles que realizaban cánticos en apoyo a Gaza y celebraban el alto al fuego. El asunto de Sheikh Jarrah, y en general todo Jerusalén Este, se ha vuelto una pulseada clave que concentra la atención del pueblo palestino y habrá que seguir su evolución. 

El alto al fuego reactiva también la lucha política interna en Israel, que había quedado relativamente apagada. Rápidamente, varios referentes de la derecha (Avigdor Lieberman, de Yisrael Beitenu; y diputados del Partido Religioso Sionista) salieron a atacar a Netanyahu por los escasos frutos conseguidos. La crisis política en Israel es profunda: el actual primer ministro ganó las últimas elecciones, pero fracasó nuevamente en formar una mayoría de gobierno, por lo que ahora está encargado de lograrlo el principal referente opositor, Yair Lapid. Si Lapid no tiene éxito y no prosperan acuerdos en el parlamento, el país iría a su quinta elección en dos años y medio. Las grandes movilizaciones y la huelga general pusieron en evidencia también que la cuestión palestina sigue siendo un eje de la situación regional. Es un golpe a las burguesías árabes, que vienen profundizando una política de normalización de relaciones diplomáticas con Israel (Emiratos, Bahrein, Sudán, y en la fila está Arabia Saudita), en nombre de que la cuestión palestina había quedado en un segundo plano. 

 El rechazo a las burguesías árabes crece en la población palestina. Al mismo tiempo, la Autoridad Palestina, como fruto de sus lazos crecientes con Israel, también se viene viendo desacreditada, principalmente ante la nueva generación de jóvenes que ha protagonizado las últimas movilizaciones.

 La dinámica expansionista del Estado de Israel conduce a profundos choques y convulsiones en la región. El sionismo ha ido aumentando sostenidamente el radio de su colonización desde su fundación. El “acuerdo del siglo” Trump-Netanyahu, provisoriamente suspendido por la crisis política en Israel, plantea extender ese dominio incluso al valle del Jordán. El pueblo palestino ha sido sometido a vivir hacinado en cantones entrecortados por la vigilancia militar sionista, en tanto que la Franja de Gaza es directamente una prisión a cielo abierto. Como ya vimos, la colonización avanza también en Jerusalén Este y en las ciudades árabes-israelíes. Pero, al mismo tiempo, la población árabe-israelí sigue aumentando, un asunto que desvela a los sionistas. 

 La política colonialista del Estado de Israel ha inviabilizado incluso planteos como la “solución de dos estados”, que buscaban forjar un seudoestado palestino, en algunos pocos territorios, a cambio de la legitimación de la dominación sionista. La única perspectiva que ofrece el Estado sionista, aliado del imperialismo en el control del Medio Oriente, es la masacre del pueblo palestino y su limpieza étnica. Es necesario oponerle el derecho al retorno de los refugiados y la lucha por una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

Prensa Obrera

Patricia Arés habla sobre el prestigio en Cuba

Huelga histórica y juventud palestina frente a la ofensiva criminal de Israel

Un héroe mira Miami y su libertad de expresión

Histórica huelga nacional de palestinos contra los ataques de Israel

Entrevista a Juan de la Cruz Sánchez Ramírez // Viva la rebelión en Colombia

EEUU financia la explosión social en Cuba y se produce… en Colombia

Una rebelión popular en las entrañas del Estado sionista

El ejército israelí avanza por tierra y aire sobre Gaza, en la mayor ofensiva desde 2014. 

Sus bombardeos ya dejaron 119 muertos, entre ellos 31 niños. Pero los desalojos en el área palestina de Jerusalén, la represión y el incendio de la mezquita de Al Aqsa, y el ataque a Gaza detonaron, además, una inesperada bomba fronteras adentro, que estalló en la cara del primer ministro, el genocida Benjamín Netanyahu. 

 El martes, cientos de chicas y chicos palestinos -“árabes israelíes” los denomina el Estado ocupante, en un intento fracasado de borrar su pertenencia nacional- tomaron las calles de Lod, al sudeste de Tel Aviv, después del funeral de un joven asesinado por los sionistas.

 “Hemos perdido totalmente el control de la calle, están prendiendo fuego a las sinagogas y escuelas judías, incendiando cientos de vehículos. La guerra civil ha estallado en Lod”, advirtió el alcalde Yair Revivo, que pidió que se declarara el Estado de emergencia. Netanhayu mandó 500 policías de frontera. Su comandante exclamó: “Estamos viendo algo nunca visto en ciudades mixtas”. Y ordenó abrir fuego contra los “árabes israelíes”. 

 Las protestas se extendieron rápidamente a todo el país, con miles de jóvenes, algunos apenas entrando en la adolescencia, que se daban ánimo y se citaban a través de Tik Tok. El analista Jack Khoury, del diario Haaretz de Tel Aviv, describe las protestas como un “movimiento popular”, conformado “en su mayoría por la generación más joven, que no reconoce el liderazgo político ni de la Autoridad Palestina ni de los líderes árabes en Israel o en la Franja de Gaza. Nadie puede detenerlos, y una acusación por alterar la paz no los disuadirá”. Los dirigentes de Hamás, afirma, “no tienen ningún control sobre los acontecimientos”. 

 “Estamos aquí hoy y volveremos todos los días. En las últimas elecciones, la gente dijo que los ciudadanos árabes eran indiferentes, que no iríamos a votar. Pero no votamos ni participamos en el juego democrático ya que la Knesset no es nuestro campo. Nuestra arena es la calle. Ahí es donde damos voz a lo que sentimos, ¡no nos quedaremos callados!”, explicó uno de los manifestantes. 

 El miércoles patotas de colonos y grupos ultraderechistas quemaron comercios árabes, intentaron linchar a algunas personas, incendiaron vehículos en el sur de Tel Aviv, Haifa y aldeas árabes. Colonos de Cisjordania fueron llevados hasta Lod: están albergados en el viejo edificio municipal y su primera tarea fue destrozar el cementerio musulmán. The Times of Israel, de Tel Aviv, informó que marcharon por Jerusalén, Haifa y Tiberias al grito de “muerte a los árabes”. Varios rabinos importantes convocaron a acudir a Lod y otras ciudades “para defender a sus residentes judíos, e incluso permitieron una serie de fallos religiosos que violaban el Shabat para hacerlo” (Haaretz 14.5). 

 Los ataques fascistas no lograron sofocar un levantamiento que se ha extendido a la mayor parte de las ciudades “mixtas” o las aldeas palestinas. Netanyahu admitió que “ahora no hay amenaza mayor que estos disturbios” y el New York Times lo acusó de estar llevando a Israel “a una guerra civil entre judíos y palestinos” (12-5-21). 

 Los palestinos con ciudadanía israelí son el 20 por ciento de la población, casi dos millones de personas. La mitad vive bajo la línea de la pobreza. Existen por lo menos 65 leyes que los discriminan directa o indirectamente en todos los órdenes de la vida, desde los derechos a la tierra y la vivienda hasta la asignación de recursos del Estado, el acceso a la educación o el debido proceso cuando son detenidos. Human Rigts Watch, la organización derechohumanista más importante de Estados Unidos, en un demoledor informe del 27 de abril pasado, afirma: “Se ha traspasado el umbral: las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución” (1). 

 El propósito declarado de los últimos gobiernos israelíes es culminar la limpieza étnica, concluir la tarea que Ben Gurion dejó sin terminar: expulsar hasta el último “árabe israelí”, construir un país étnicamente puro, un Estado judío. Sin embargo, “la lucha interna dentro de Israel amenaza con ser más desestabilizadora que los ataques con cohetes desde Gaza”, opina The Guardian (12-5). 

 Los Acuerdos de Abraham diseñados por el gobierno de Donald Trump —que “normalizaron” las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos—, “reforzaron la noción de que la causa palestina, en esencia, ya no es relevante. Los titulares de hoy demuestran la falacia de ese pensamiento”, concluye el NYT. Y advierte: “Todo esto podría calmarse en tres o cuatro días, ya que Hamás, Israel, Egipto, Jordania y la Autoridad Palestina consideran que les conviene imponer su voluntad en la calle. O no. Y si se convierte en otra intifada, en la que el pueblo impone su voluntad a sus dirigentes, este terremoto sacudirá a Israel, Gaza, Cisjordania, Jordania, Egipto y los Acuerdos de Abraham” (12.5).

 Olga Cristóbal 

 14/05/2021 

Notas

 https://www.hrw.org/es/news/2021/04/27/las-practicas-abusivas-de-israel-constituyen-crimenes-de-apartheid-y-persecucion

Colombia: dos semanas de paro y rebelión popular

Entre la represión y el “diálogo” y el camino de Cali 

 A la caída del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, escriba del proyecto de reforma tributaria que disparó la rebelión popular, le ha seguido ahora la caída de la ministra de relaciones Exteriores Claudia Blum. La ahora ex ministra Blum ha sentido el asedio de la opinión pública internacional, que ha condenado la represión criminal que el gobierno de Iván Duque ejecuta contra el pueblo colombiano.

 Aunque la renuncia de la ministra se hizo pública el viernes 14, había sido presentada según diversos medios varios días antes, luego de que se transformara en un escándalo internacional la emboscada perpetrada por las bandas paramilitares y las fuerzas represivas contra la guardia indígena en Cali. Aquella emboscada del domingo 9 por la tarde tuvo como saldo 14 campesinos heridos con balas de plomo.

 La represión, a poco más de dos semanas de desatada la rebelión popular, ya se ha cobrado la vida de más de 40 manifestantes, a lo que hay que sumarle los centenares de heridos y un número desconocido de desaparecidos. El viernes 14, organizaciones de derechos humanos de la localidad de Popayán denunciaron el suicidio de una joven de 17 años, luego de ser detenida en las inmediaciones de una manifestación y violada por miembros de la policía. A raíz de este hecho, se produjo un estallido de furia en Popayán, con movilizaciones a las comisarias en repudio a las fuerzas de seguridad, lo que derivó en enfrentamientos y una brutal represión que nuevamente se cobró la vida de un joven. Voceros de la oposición han salido a pedir por la cabeza del director del Esmad y de la policía nacional. La rebelión ha puesto en jaque también al proyecto de ley de reforma de la salud privatista, otros de los reclamos centrales de las masas movilizadas. La presión popular es lo que ha empujado a los parlamentarios de los partidos Conservador, “de la U” y Liberal, a retirar su apoyo al proyecto, luego de haberlo acompañado originalmente. Solo el gobierno y el partido Cambio Radical, la fuerza a la que pertenece el ministro de Salud Fernando Ruiz, sostiene el proyecto de reforma sanitaria. Pero Ruiz, además de encontrarse cuestionado por el pueblo que rechaza la reforma, ha sido regañado por el presidente de su propio partido, que le pidió la renuncia. Una eventual salida del ministro de salud, en momentos donde la crisis epidemiológica ha dejado a Colombia con la ocupación de camas UTI al 100%, significaría un nuevo salto en la crisis política que afronta el gobierno de Duque. 

 El “diálogo”

 La estrategia política adoptada por el gobierno tiene dos aristas fundamentales. Por un lado profundiza la represión, apoyándose incluso en las bandas paramilitares, con el objetivo de generar un clima de terror y disuadir la movilización popular, lo que por el momento ha fracasado. Por el otro impulsa el “diálogo”, tanto con la oposición como con el Comité Nacional de Paro, con el objetivo de mostrarse como un gobierno ‘sensible’ a las demandas populares. 

 Duque apunta especialmente a persuadir a la juventud, la gran protagonista de la rebelión, a través de concesiones parciales. El lunes pasado anunció la gratuidad de las matrículas de la educación superior durante el segundo semestre de 2021, para los estudiantes de los primeros tres años. En una reunión que mantuvo el jueves con los funcionarios de las 16 subregiones y los 170 municipios que integran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), anunció el impulso de “nuevos proyectos con mano de obra local y mano de obra joven». Naturalmente, no perdió la oportunidad de condenar, junto a los gobernadores y los alcaldes, “los bloqueos” de rutas que levanta el pueblo colombiano y «todas las formas de violencia”, equiparando la resistencia popular con la represión criminal que el propio gobierno impulsa. 

 Una parte de la oposición, la Coalición de la Esperanza, se ha sumado al “dialogo” impulsado por el gobierno. Antes, una de sus principales referentes, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, rechazó las “protestas violentas”, pidió la militarización de Bogotá e incluso habilitó que las instalaciones del Colegio Claretiano en Bosa sean utilizadas por los helicópteros de la Policía. Aunque el llamado Pacto Histórico no se ha sumado al “diálogo”, su principal referente, Gustavo Petro, ha dejado en claro en un artículo de opinión firmado por él, que su fuerza “no está con la consigna de derribar a Duque” y que “Duque debe terminar su mandato” (Cuarto de Hora 9/5). Es decir que -en contraste con el clamor de las masas colombianas, que reclaman que Duque se vaya ahora- Petro busca que el descontento se canalice a través de las elecciones presidenciales de 2022. Por su parte, el Comité Nacional de Paro (CNP) acudió a la convocatoria al diálogo de Duque con un pliego. Esto, a pesar de que la rebelión popular colombiana trasciende al CNP, que no es reconocido como un interlocutor válido y legítimo por parte de las masas en lucha. Sucede que la dirección del CNP le cerró la participación a una enorme masa de organizaciones y ha quedado prácticamente reducido a las tres centrales obreras. 

Por su subordinación política a la oposición patronal, el CNP rechaza luchar por la caída de Duque y por ende se resiste a profundizar la rebelión. Es por eso que en vez de impulsar un congreso de trabajadores, para transformar el paro en una verdadera huelga general, solo se limita a impulsar convocatorias a movilizaciones aisladas. El paro del 28 de abril solo ha continuado como consecuencia de la presión que generó el estallido de la rebelión popular. El gobierno de Duque debe negociar con una dirección que no es reconocida por las masas en lucha y a la cual ni siquiera puede garantizarle su pliego mínimo de reivindicaciones, ya que va en la dirección opuesta a su plan de austeridad, diseñado por el FMI y los acreedores externos. 

 El laboratorio de Cali 

De la mano de la rebelión ha surgido un extensísimo proceso de organización, con el nacimiento de asambleas populares y una “primera línea” que le hace frente a la represión, como se ve en el Portal de las Américas de Bogotá. Sin embargo, es en la ciudad de Cali, la tercera más importante del país, y más en general en todo el Valle del Cauca, donde se procesa la experiencia más avanzada de la rebelión colombiana. 

 Según el periodista caleño Luis Alfonso Mena, en Cali existen puntos de movilización y resistencia en Sameco, en Puerto Resistencia, en Terrón Colorado, Loma de la Cruz, entre otros. Los camioneros se sumaron a los piquetes en Cali, permitiendo únicamente el pase de alimentos y medicamentos. La llegada de la Guardia Indígena y la Minga el 2 de mayo, con más de 5 mil indígenas, terminó de transformar a Cali en el epicentro de la rebelión. Hacia el norte del Valle, se encuentra paralizado el Puerto Buenaventura, el principal puerto del país de acceso al pacífico. En el municipio de Yumbo, denominada la capital industrial del Valle del Cauca, al norte de Cali, se encuentra jugando un importante papel el Sintramunicipio, un histórico sindicato combativo que ha logrado parar la producción industrial, algo que no se veía desde el paro 1977. El 6 de mayo, una reunión de representantes electos de los 15 puntos de resistencia y de numerosas organizaciones, realizada en la Universidad del Valle del Cauca, emitió un comunicado que alertó sobre el rol desmovilizador de las mesas sectoriales convocadas por Duque, cuestionó la representación del CNP y convocó a impulsar asambleas populares y a que se centralicen en un espacio único de coordinación. 

 El 10 de mayo, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, decretó el cierre total del departamento, con el objetivo de aislar la lucha en Cali y que solo tengan paso las fuerzas armadas. Un “diálogo” montado por el gobierno nacional y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con los sectores en lucha, terminó siendo levantado en el medio de un escándalo. Es que mientras se ficcionaba un “diálogo”, en Buga, otra localidad cercana a Cali que también pertenece al Valle del Cauca, la policía desenvolvía una represión brutal con el objetivo de levantar un bloqueo de ruta. 

 En Cali y en toda Colombia, está presente la tendencia a la puesta en pie de asambleas populares y a su coordinación. Numerosas organizaciones combativas y de izquierda, levantan la consigna “Fuera Duque” y junto con ello plantean el impulso de un Encuentro Nacional de emergencia o una Asamblea Popular Nacional. Su concreción significaría un paso adelante fundamental, para centralizar el movimiento de lucha, elaborar un programa económico y político de los obreros, los campesinos, los indígenas y estudiantes, e impulsar la huelga general hasta que caiga Duque. 

 Pablo Giachello

Camilo Cienfuegos. El Alma de la Revolución Cubana

Jesús Santrich FARC-EP 2da Marquetalia Ɩ Desde alguna parte de Colombia

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Grandes luchas obreras en Canadá

Portuarios, docentes, enfermeras y trabajadores de la alimentación salen a la lucha.

 Canadá, un país presentado a menudo por los apologistas del capital como un paraíso democrático, en el que la clase obrera puede vivir prósperamente, ha sido conmovido recientemente por luchas muy importantes que dan cuenta de lo farsesco de dicha aseveración. 

 Uno de esos acontecimientos fue la huelga de 1.150 trabajadores del puerto de Montreal contra la precarización laboral –han estado trabajando sin contrato desde 2018-, los brutales ritmos de trabajo y el régimen de disciplinamiento imperante que ha venido redundando en despidos sistemáticos. 

 La movida fue convocada a fines de abril por el sindicato canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés), la organización sindical más grande de Canadá, cuyos afiliados son unos 700.000 trabajadores. Este convocó la medida de fuerza luego de una intensa campaña de provocaciones montada por la patronal portuaria. El sindicato venía desarrollando una política de colaboración con las patronales, lo que había sumergido a este en un inmovilismo. La primera acción huelguística organizada por la CUPE tuvo lugar en julio de 2020, 18 meses después de la expiración de los contratos laborales; luego se realizó otra en agosto, la cual se extendió durante 12 días. El Congreso de Trabajadores canadienses, la central nacional a la que están afiliados la mayoría de los sindicatos, trabajó para aislar la huelga. Se trata de una central completamente adaptada al régimen burgués, que apoya al “opositor” Nuevo Partido Democrático y que viene dejando pasar todas las medidas anti populares. 

 El gobierno liberal de Justin Trudeau salió con los tapones de punta contra la lucha de los obreros portuarios, acusándolos de causar pérdidas millonarias e incluso de haber retenido la llegada de vacunas contra el Covid-19, una maniobra pérfida habida cuenta el compromiso de los trabajadores en relación a permitir el movimiento mercantil de suministros para enfrentar la pandemia.

 El gobierno, con los votos del Partido Conservador, quebró la medida al imponer la draconiana ley de “vuelta al trabajo”, una legislación que prácticamente ilegaliza el derecho a huelga e introduce a un “mediador” cuya función es llegar a un acuerdo entre ambas partes. Si la negociación fracasa, un árbitro designado por el gobierno dictará todas las cláusulas contractuales pendientes. Ante este nuevo episodio, la CUPE ha dicho que “desafiará” la ley del gobierno canadiense, aunque todavía no se conoce plan de lucha alguno. 

 Docentes 

A principios de mayo, por otro lado, docentes de los colegios universitarios CEGEP fueron a la huelga contra la precarización laboral, en defensa de la libertad de cátedra y para que el gobierno y las patronales avancen hacia nuevas negociaciones contractuales para los 500.000 trabajadores del Estado. La medida fue votada por los sindicatos afiliados a la Federación de Docentes de CEGEP, que representa a unos 3.000 profesores en varios establecimientos de Quebec. Esta ya había realizado una huelga el pasado 30 de marzo.

 El movimiento educativo canadiense tiene una importante tradición de lucha. En febrero de 2020, Ontario fue paralizada por una gran movilización docente que reclamó paritarias equivalentes al costo de vida y asimismo para ponerle fin a los recortes presupuestarios. Luchas de estas características se libraron en todo el año 2019. 

 Trabajadores de Nestlé y personal de salud 

En la medianoche del sábado 30 de abril, en Toronto, casi 500 obreros de Nestlé han ido a la huelga por el pase a planta permanente, contra los contratos temporales y por el aumento de las pensiones, luego de que fracasaran las tratativas entre el sindicato Unifor, el más grande del sector privado canadiense, y la compañía de chocolate. 

 En este marco, un grupo de enfermeras de VON Canadá desarrollaron una huelga en Sarnia, Ontario, después de que fracasaran, también, negociaciones salariales y contractuales. Muchas enfermeras de VON trabajan a tiempo completo pero no acceden a los beneficios de ese tipo de contratos, incluida la licencia por enfermedad con goce de sueldo. Se trata de una lucha que tiene un valor político importante pues a pesar de haber sido aislada por las burocracias sindicales ha puesto sobre la mesa el vaciamiento del sistema de salud que lleva adelante el gobierno canadiense. 

 ¿Gobierno progresista? 

Estas luchas tienen como telón de fondo el impacto de la crisis capitalista mundial en el país y la política de ajuste que desarrolla el gobierno de Trudeau para intentar sortearlo. El “progresista” Trudeau capitanea un gobierno de fuertes lazos con el gran capital, desenvuelve una política de opresión hacia los pueblos originarios, y su país acompaña todas las aventuras militares de la Otan. 

 Los aumentos del salario real vienen siendo mínimos y en muchos casos inexistentes, lo que ha configurado un cuadro acuciante para las masas que tenderá a agravarse ya que se espera que en los próximos meses se registre un nuevo ascenso en los precios de los alimentos, mientras se han recortado -o eliminado- los programas de asistencia a las familias introducidos al comienzo de la pandemia y uno de cada tres canadienses son insolventes. Entretanto, la clase capitalista se halla embarcada en un ataque a los trabajadores de características inusitadas, con despidos y recortes de diversas conquistas, como las pensiones. La economía canadiense sigue estando medio millón de puestos de trabajo por debajo de los niveles previos a la pandemia. 

 Trudeau, asimismo, se encuentra desenvolviendo una política de rescate de la clase burguesa. En esta línea, el premier ha anunciado en abril pasado un plan de 5.900 millones de dólares canadienses para asistir a Air Canada, la aerolínea más importante del país –que ha despedido a más de la mitad de su fuerza laboral-, cuyo paquete contiene la inyección de 500 millones en acciones de la empresa. 

 Los trabajadores están llamados a intervenir de manera independiente ante la ofensiva gubernamental y patronal en curso, con un pliego de reivindicaciones que incluya el aumento de salario, la prohibición de despidos y un seguro al desocupado equivalente a la canasta básica familiar para que la clase obrera no pague los platos rotos del capital en crisis.

 Nazareno Kotzev